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El cuerpo encontrado el pasado martes 21 de marzo en una barranca de la colonia Miguel Hidalgo de la capital del estado de Puebla resultó ser de una mujer que, hasta el momento, se mantiene en calidad de desconocida. Se presume que antes de ser asesinada, la víctima fue secuestrada.

Por las condiciones en cómo fue encontrado el cuerpo podría tratarse del feminicidio 23 en el estado de Puebla, en lo que va del año.

Junto al cadáver había otra bolsa para basura con un perro muerto en su interior. El animal era de raza, por lo que se cree que pertenecía a la mujer.

Los reportes originales indicaban que el víctima había sido de un hombre, sin embargo la necropsia reveló después que era de una mujer adulta y que tenía implantes en los senos.

Además, estos reportes también dieron a conocer que la causa de muerte fue el estrangulamiento.

El hallazgo se realizó por vecinos de la zona, quienes entre los matorrales percibieron el fuerte olor a descomposición, encontrando el cuerpo de la mujer.

En la misma semana, el jueves 23 de marzo, fue encontrado el cuerpo de una mujer, al interior de una bolsa de plástico negra y con los pies atados con cinta canela.

El hallazgo ocurrió por la mañana, al fondo de una barranca en la colonia 13 de Abril, en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán.

La mujer se llamaba Elvia Martínez Rivera y era originaria de Acayucan, Veracruz. Fue identificada por su paraje sentimental, quien no cuenta con documentación oficial para poder reclamar el cadáver.

Asesinan a ex estudiante de la Universidad Iberoamericana de 70 puñaladas

Mientras que el caso más llama la atención de los últimos días fue el asesinato de la ex estudiante de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, Minerva Hernández Calderón, de 26 años de edad, quien recibió 70 puñaladas con un cuchillo cebollero del feminicida.

Hoy se sabe que un joven abogado, plenamente identificado, resultó ser el feminicida de Minerva, porque ella se negó a tener una relación con él, y tras sostener una ríspida discusión el presunto sospechoso le asestó varias puñaladas en el cuerpo.

Este martes, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo dos cateos a domicilios de José Rodrigo V, en los fraccionamientos Estrellas del Sur y GeoVillas de Santa Clara.

En una de las casas hallaron evidencias vinculadas al feminicidio de Minerva, tales como ropa con manchas de sangre y el arma punzocortante con la que apuñaló a la mujer en varias ocasiones.

Los hechos quedaron asentados en la carpeta de investigación 4297/2017/ZC, donde se confirma el delito de feminicidio, el 21 registrado en la entidad poblana, y el segundo en la semana.

De acuerdo a la versión de los testigos, la persona que presuntamente la atacó y de quien se desconoce su identidad, escapó del lugar luego de cometer el crimen en el fraccionamiento San José Vista Hermosa de la capital poblana.

Al sitio llegó la unidad de la Policía Municipal P-059, mientras que los vecinos indicaron que habían visto salir corriendo de la vivienda a un hombre vestido con playera blanca, pantalón de mezclilla y aparentemente con un cuchillo en la mano.

Al ingresar al inmueble, los uniformados se percataron que Minerva presentaba heridas en varias partes del cuerpo provocadas con un arma punzocortante y no contaba con signos vitales.

La próxima mujer que aparezca muerta en tres o cuatros días, está viviendo violencia, me dice mirándome a los ojos Adriana Romo del colectivo Red de Mujeres de La Laguna.

Porque el homicidio de una mujer, aclara con el tono de voz de quien conoce, es lo último de una serie de violencia y abusos. “El homicidio es el punto máximo y las denuncias por violencia están rebasadísimas”, menciona.

Lo sabe la señora Elena. Su hija Cecilia Eguía de la Fuente, fue asesinada en Torreón presuntamente por su esposo Edgar hace dos años. Su caso es uno de los 47 feminicidios reconocidos como tal por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila entre 2013 y 2016.

Cecy, una mujer de sonrisa rutilante de 29 años y tres hijos, fue hallada muerta el 5 de octubre de 2014, semidesnuda, a un lado de un canal de aguas negras. Del cuello a la cabeza estaba tatuada de agresiones. “Estaba negra”, recuerda Elena, la madre. Fue presuntamente ahorcada por su esposo. Pero como dice Adriana Romo, ese fue el punto máximo. Antes hubo un antecedente de violencia.

La primera vez que Elena supo que su hija era golpeada, fue un día que Édgar la pateó. Vivían en casa de Elena. “Si no me volteo, le da la patada al bebé en la cabeza”, le dijo Cecy hace años. El bebé hoy es el mayor de 3 hermanos de 14, 10 y 9 años.

A Édgar lo corrieron de la casa pero tiempo después volvieron a estar juntos y se fueron a una casa propia. Por días, Édgar, un trabajador de Comisión Federal de Electricidad, dejaba encerrada a su esposa Cecy en la casa. “Nunca me dijo que la golpeaba pero después se escapó y los vecinos me la llevaron”, recuerda Elena.

Cecy volvió con su esposo seis meses después con la condición que acudiera con el psicólogo. Iba a terapia individual y de pareja. “Yo misma le dije ‘Cecy, veo que sí ha cambiado, que ya no es agresivo”, recuerda Elena. “Sí cambió”, le afirmaba Cecy a la madre. Pero en el fondo, Cecy seguía siendo violentada.

Cada mes, ejércitos de mujeres llegan a los Centros de Justicia de la Mujer en Coahuila o a los institutos municipales de la mujer a denunciar abusos, pedir asesorías por pensiones, advertir de amenazas o clamar apoyo por el maltrato verbal.

Sin embargo, pese a la creación de institutos y el discurso de proteccionismo, las cifras de violencia y la percepción de vulnerabilidad de las mujeres, no cesa.

Adriana Romo, miembro del colectivo Red Regional de Mujeres de La Laguna, considera preocupante que no haya una disminución de casos de feminicidios y mucho menos de violencia hacia la mujer, pese a programas, talleres y pláticas que dan los nuevos institutos, el Centro de Justicia para la Mujer y la Secretaría de la Mujer.

Dice que se tiene que revisar lo que no está funcionando porque los casos siguen y no hay variaciones. “Nos vamos a ver los reportes de las mujeres que solicitan asesoría o ayudas pues vemos un incremento”, comenta.

La primera ministra británica, Theresa May, notifica este miércoles la activación del Artículo 50 del Tratado de la UE, el primer paso de un proceso que en el mejor de los casos durará dos años y que llevará a la ruptura de la Unión Europea. He aquí las respuestas a los interrogantes que se abren a partir de ahora.

¿Ha empezado la negociación del Brexit?
Comienza oficialmente en cuanto llega a Bruselas la carta oficial de la primera ministra británica, Theresa May, indicando que invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa para arrancar el proceso de salida de la UE. No está claro cómo lo hará, pero se espera que poco después del mediodía tenga lugar el acto simbólico, quizás en un acto con el representante permanente de Reino Unido ante la UE dando en mano la misiva a Donald Tusk. Tampoco está definido si será un documento de dos o tres páginas o algo más largo.
¿Qué dice el Artículo 50 del Tratado de la UE?
El artículo tiene cinco puntos. El primero, el importante, establece que "Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión". El segundo apartado simplemente fija el procedimiento: "El Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. Este acuerdo se negociará con arreglo al apartado 3 del artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo". El resto fija el plazo, indicando que Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación a que se refiere el apartado 2, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo". Y dicen que si Reino Unido quisiera volver a unirse, se tendrían que repetir los trámites como cualquier otro Estado.
¿Qué ocurrirá cuando llegue la carta?
En el momento en el que el presidente del Consejo, Donald Tusk, la reciba, comienzan varios procesos simultáneos. El primer paso es que Tusk remita a todas las capitales las llamadas "guidelines", unas pautas o directrices para la negociación. Según han explicado en Bruselas en las últimas semanas, será "un gesto político", pero sin muchísimo contenido. Tusk confirmó el lunes que "en las 48 horas posteriores" a la recepción remitirá el documento, que ya está confeccionado. Además, el polaco tendrá que convocar una Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas para que respalden esas líneas maestras y se concrete el mandato negociador europeo, Michel Barnier.

Este miércoles la organización Periodistas de A Pie ha convocado a una velada a realizarse a fuera de la Catedral de Puebla, a fin de protestar por la violencia contra el gremio en el país. La movilización forma parte de una manifestación escalonada en diferentes ciudades, que inició este domingo en Jalisco.

El pasado lunes la movilización ocurrió en Morelos, el martes en Oaxaca, mientras que el jueves, viernes, sábado y domingo entrantes se efectuarán en Sinaloa, Chiapas, Chihuahua y Guanajuato, según el calendario dado a conocer por Periodistas de a Pie, cuyo pronunciamiento se reproduce a continuación:

“En los 4 años de gobierno que lleva Enrique Peña Nieto como presidente, el número de periodistas asesinados y los desaparecidos que siguen sin respuesta, sumados a los ataques por día a los trabajadores de los medios –uno cada 22 horas–, describe en dígitos el clima de represión y violencia bajo la que ejercemos los periodistas, eso sin escudriñar las condiciones laborales que van de malas a deplorables. 103 periodistas asesinados en los recientes tres sexenios, tres nada más en marzo de 2017. Ningún indicio de los desaparecidos. ¿Hay necesidad de repetir la cifra o explicarla de otra manera para que en la sociedad se entienda la barbarie en la que México se encuentra?

“No somos personajes de una clase especial, no exigimos un trato privilegiado, sólo las garantías constitucionales para poder seguir haciendo periodismo y ejercer la libertad de expresión, sin que nuestra integridad física, psicológica y emocional se vea abatida por violencia revanchista, porque incomoda lo que narramos, porque al poder (fáctico y constitucional) no le conviene que se sepa la verdad.

“La Secretaría de Gobernación podrá mantener el monstruo o elefante blanco llamado Mecanismo de Protección, pero quien nos debe cuentas claras y efectividad en su mandato, es principalmente la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR. En 6 años hay un acumulado de 900 averiguaciones previas abiertas por delitos contra periodistas, solo dos han culminado en condenas; 99.5 por ciento de los casos no han recibido justicia… eso que en este país se ha vuelto una metáfora de vacío. Basta de disuadir a los compañeros que acuden al MP a interponer una denuncia, basta de perder expedientes, basta de opacidad, basta de criminalizarnos, basta de evadir la facultad que tiene la Feadle para atraer las investigaciones y explorar la línea de la labor periodística como motivo de un asesinato, desaparición y agresión.

La tortura en México es generalizada, se ejecuta más en el sureste del país y con mayor ahínco en los estados en donde se quiere simular un ambiente de seguridad, como es el estado de Puebla.

Así lo señaló Héctor Cerezo Contreras, integrante de la organización de derechos humanos que lleva su apellido, pues se fundó por su familia cuando él y sus dos hermanos fueron torturados y privados de la libertad entre 2001 y 2009, supuestamente por hacer explotar tres cajeros bancarios en la Ciudad de México, hecho que nunca se comprobó.

A partir de su excarcelación, los hermanos Cerezo se han dedicado a documentar casos de violaciones a derechos humanos, presos políticos, y casos de tortura, como les sucedió a ellos.

De visita en la ciudad de Puebla, Héctor Cerezo comentó que la aplicación de la tortura se utiliza ahora como un método de investigación policiaca, en la que mientras más detenidos se consigan, mayor efectividad puede tener una investigación de parte de la Fiscalía General del Estado. 

Lo peor de aplicar un martirio contra las personas, dijo, es el nivel de impunidad contra los casos de tortura. Y en Puebla no se conoce algún caso de alguna persona que este purgando una condena por la aplicación de la tortura, señaló en entrevista con La Jornada de Oriente.

Al no haber un castigo a los que están perpetrando la tortura, el mensaje que se manda es que pueden seguir cometiendo y no hay ninguna consecuencia. Algunas veces sólo se queda en alguna recomendación de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), o de las Comisiones estatales. Pero los gobiernos por lo regular no la aceptan completamente o la aceptan a medias. Pero lo más importante es que no existen consecuencias legales, dijo el activista.

Fiscalía de Puebla tiene 25 recomendaciones

De febrero del 2011 a la fecha, la Fiscalía General del Estado, otrora Procuraduría, ha recibido 25 recomendaciones de parte de la CNDH y también de la CDH del estado, las últimas dos se emitieron este año y tienen que ver con violaciones al derecho humano de la integridad y seguridad personal.

Las recomendaciones derivaron de mil 59 quejas que recibió la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla por posibles violaciones a los derechos humanos, según se detalla en el informe que presentó el fiscal del estado, Víctor Carrancá Bourget, ante el Congreso del estado el 27 de enero pasado.

El informe también detalla que en los últimos seis años se dieron cursos, “tales como el Uso Legítimo de la Fuerza, Derechos de las Mujeres, Eliminación de la Tortura, Acceso a la Justicia…  dirigidos tanto a servidores públicos como a sociedad en general, se benefició a un total de 3 mil 444 personas”, según precisa el documento.

De acuerdo con el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fueron 16 los gobiernos municipales del estado de Puebla que interpusieron por separado una controversia constitucional contra la privatización del agua en la entidad.

De los 16 recursos legales hasta el momento la Corte admitió 15 y sólo está por definir el caso del municipio de Tlacotepec.

Se trata de los municipios: Chiautla con número de recurso 90/2017; Izúcar de Matamoros (89); Tlacotepec (101); Altepexi (87); Zinacatepec (86); Tehuacán (85); Chilac (82); Tlaltenango (80); Zoquitlán (69); Ajalpan (67); Coxcatlán (66); Coronango (65); Juan C Bonilla (62);San Pedro Cholula (53); Soltepec (64), y Mazapiltepec (63).

Generalmente interpuesta por los alcaldes, síndicos y regidores, los gobiernos interpusieron la reforma a la Constitución Pública de Puebla, en lo referente a la fracción 6 del artículo 12, realizada mediante decreto aprobado por el Congreso local el pasado 27 de enero, mimas que violenta la autonomía municipal.

En entrevista, el abogado Gerardo López Ramírez expuso que la controversia constitucional lleva un procedimiento de estudio y análisis largo, “pero estamos confiados en que sí procederá para impedir la privatización del agua en el estado de Puebla”.

Al respecto, refirió que existen las condiciones y los argumentos legales suficientes para que se derogue la ley a favor de los municipios que exigen no les quiten la facultad de administrar el servicio.

Precisó que 16 municipios de Puebla presentaron escritos ante el Congreso local para notificar de su inconformidad de lo que han llamado “la venta del agua”.

Además del intento de la privatización del agua, señaló que el gobierno del estado en confabulación con el Congreso de Puebla vulnerando la autonomía de los municipios, como lo marca el artículo 115 constitucional.

Consideró que estas controversias van a tener una resolución favorable, pero dijo que de no ser así movimientos sociales como el de Izúcar de Matamoros están discutiendo una serie de acciones ciudadanas para confrontar legalmente la medida.

Gerardo López manifestó que diferentes movimientos ciudadanos y organizaciones sociales se está uniendo para dar la batalla contra la autoridad estatal.

Esto luego de señalar que existen tratados internacionales a los que está sujeto el Estado mexicano que garantizan que el agua es un derecho humano.

El defensor del movimiento de Izúcar de Matamoros dijo que el gobierno de Antonio Gali Fayad dice que no hay tal privatización del agua en el estado, entonces pidió que se integre a la Constitución de Puebla que el agua es un derecho humano y no puede privatizarse.

Ya inició una nueva temporada escolar en Afganistán pero 3,7 millones de niños y niñas no podrán asistir por el aumento de la violencia, los desplazamientos y la pobreza.

Se prevé que este año se incremente esa cantidad —que representa casi uno de cada tres niños afganos en edad escolar— puesto que la violencia entre las fuerzas armadas y los talibanes se ha intensificado, además de que Pakistán ha implementado la deportación de los refugiados afganos, según informes de Save the Children.

‘Me encantaba ir a la escuela, pero no nos alcanza’

Lina, de 12 años, es de la provincia de Kapisa, en el noreste de Afganistán; sin embargo, hace siete años sus familiares fueron desplazados debido a los enfrentamientos. Ella vive en un campo de refugiados en Kabul. Fue a la escuela durante tres años antes de que la sacaran.

Me gustaba mucho ir a la escuela, pero no tenemos suficiente dinero para comprar cuadernos y otros útiles. Nuestros parientes están enojados con nosotros por dejar la escuela, pero sin cuadernos no era posible estudiar ni hacer tarea.

Si no voy a la escuela, no seré nada en el futuro; si voy a la escuela, puedo convertirme en doctora. Quiero ser doctora.

Aquí vivimos en tiendas de campaña, tenemos dos. Yo duermo con mis cinco hermanos y hermanas en una, y mi padre, mi madre y dos hermanas pequeñas duermen en la otra.

Desayunamos las sobras de la cena del día anterior, si quedan. Si no, comemos pan y té. Después de desayunar, traigo agua del pozo que está a una hora de camino a pie. Conseguir agua potable para nuestra casa es mi responsabilidad; traigo agua en una carretilla, en estos pequeños barriles, dos o tres veces al día. También recolecto pequeños pedazos de madera y plástico para quemarlos y calentar nuestra casa.

‘Si vas a la escuela, tendrás un buen futuro’

Zahid, de ocho años, es de Srukh Rod, un distrito al este de la provincia Nangarhar. Él y sus hermanos ayudan a su padre a recolectar restos de metal en Jalalabad, una ciudad cercana.

Toda mi familia duerme en un cuarto que rentamos por 25 dólares mensuales. Después de levantarme, me lavo la cara y desayuno té y pan; después tomo mi costal y me voy al mercado.

Durante el día, recojo restos de metal, madera y papel. A la hora del almuerzo, espero frente a una panadería donde el panadero o alguien más me obsequia un trozo de pan que comparto con mi amigo o mi primo.

Vendemos lo que recolectamos durante el día por 20 centavos, después llevo el dinero a casa y compramos té, azúcar o algo más. Lo máximo que gano en un día son 50 centavos.

No voy a la escuela porque no tenemos dinero para pagar los gastos escolares. Los 20 centavos que gano son para comprar azúcar y té.

Mis parientes y amigos van a la escuela, y cuando los veo me dan ganas de ir y estudiar. Si vas a la escuela, tendrás un buen futuro. Si no vas, no.

Las mujeres lesbianas, bisexuales y trans tienen menos posibilidades de desarrollarse plenamente en el ambiente laboral debido a su orientación sexual. De las que trabajan, 80 por ciento sufre discriminación y acoso por parte de sus compañeros, dijo Gloria Careaga, de Fundación Arcoiris.

Careaga participó en el 61 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas, donde señaló que este sector de la población se ve obligado incluso a ocultar su orientación sexual porque las pone en una situación de vulnerabilidad, estrés y sobre todo obstaculiza su productividad.

En el panel Desafíos y logros de las mujeres LBT en el trabajo, expuso que aunque la mayoría de estas mujeres son capaces de identificar los distintos tipos de agresiones que enfrentan en el ámbito laboral, no hacen nada, ignoran lo sucedido o cambian de trabajo. Son muy poquitas las que denuncian con la autoridad correspondiente.

Eso es un desafío muy grande, porque entonces cómo avanzamos en la construcción de la ciudadanía si te estás dando cuenta que te están lesionando y no haces nada, añadió. No obstante, dijo que esta situación está relacionada con la falta de confianza en las instituciones, con el sistema patriarcal que tenemos, donde no sienten que la autoridad las va a respaldar, y, por otro lado, muchas veces con la ignorancia de que somos sujetos de derechos.

Indicó que el diagnóstico que hicieron de este sector muestra que las mujeres LBT trabajan principalmente en el servicio público.

Ante este panorama, Careaga subrayó la necesidad de avanzar e ir más allá de la visibilización de esta comunidad. “El movimiento LGBTT, en sus inicios, planteó la consigna ‘estamos en todas partes’” para mostrar que no sólo eran las personas ocultas en los bares. “En todos los espacios hay lesbianas, gays y trans”, pero ahora, dijo, se requiere exigir el respeto a sus derechos.

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