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Interculturalidad (999)

En 1960, el Gobierno de Adolfo López Mateos contrató al economista húngaro-británico Nicholas Kaldor, uno de los más destacados de su tiempo, para que emitiera un veredicto sobre el sistema fiscal mexicano. Sus conclusiones podrían reducirse a cuatro: el sistema tributario era ineficiente, generaba una recaudación baja —lo que limitaba el gasto social—, mantenía muchos subsidios y, en suma, era injusto. Casi seis décadas después, pese a los avances, todos estos problemas —y muy especialmente el último— siguen tan vivos como entonces.

México tiene el segundo sistema fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que menos corrige la desigualdad. Cabría pensar que, al medirse con las mayores potencias económicas del mundo, su posición natural debería ser esa. Pero si se compara con otros pares latinoamericanos, su posición también deja mucho que desear: iguala menos que Argentina, Brasil, Chile o Uruguay, todos ellos países equiparables por renta per cápita. La razón principal es el tamaño del Estado, “de los más pequeños de la región”, destaca Hugo Beteta, jefe de la CEPAL (el brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico de América Latina) en México. El gasto social argentino o brasileño, sin ir más lejos, es prácticamente el doble que el mexicano. 

Cuatro multimillonarios mexicanos tienen tanto como el 50% de la población más pobre del país; el 10% controla más de las dos terceras partes de la riqueza nacional y el 1% acumula un tercio del total. Solo en la última década, en la que la economía ha crecido a un ritmo ligeramente superior al 2% anual, la riqueza privada mexicana se ha expandido a un ritmo del 8%. “México es un país con muchos recursos; tiene riqueza de sobra para evitar situaciones de pobreza que hoy se ven. No es presentable”, resume el economista Carlos Tello, ex secretario de Programación y Presupuesto en el Gobierno del priísta José López Portillo.

El origen de los problemas está tanto en la situación de partida –una sociedad históricamente acostumbrada a la inequidad– como un gasto público “desenfocado”, que no promueve la equidad. “Se orienta, en buena medida, a las zonas más desarrolladas del país: educación, salud, infraestructuras… Es muy vieja la tradición de que las áreas de muy alto desarrollo sean también las que más influencia tienen sobre el presupuesto”, critica. “No hay ninguna política de solidaridad regional, como en la Unión Europea o en Estados Unidos”.

A eso hay que sumar una de las presiones fiscales más bajas de América –”los impuestos son reducidos y la capacidad de evadirlos, elevada”, agrega Tello–, lo que lastra la tan necesaria recaudación fiscal. “El rezago es enorme y no queda otra que subir los tributos”, sentencia. La raíz del problema, según Moramay López-Alonso, profesora de Historia Económica de la Universidad de Rice(Houston, Texas), está en la ausencia de una cultura de pago de impuestos. “Es una cuestión de educación. Se ven como una obligación y no como un deber ciudadano. Las clases acomodadas han estado históricamente acostumbradas a las exenciones y mientras no haya ejemplaridad de los más ricos, las clases medias y bajas no van a querer pagar más”. “Se ha estigmatizado lo público y el papel del Estado”, complementa Tello, también profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La distorsión fiscal –medida como el desincentivo al trabajo si se suben los impuestos por empleado– es la segunda más baja de toda las economías desarrolladas, lo que sugiere que hay mucho margen para aumentar la carga tributaria. Pero ni siquiera la izquierda, a quien le correspondería elevar la voz sobre la justicia social y la necesidad de generar más recursos fiscales, subrayan López-Alonso y Tello, se ha posicionado nítidamente a favor. La profesora de Rice, no obstante, sí se muestra optimista sobre las generaciones más jóvenes, que “sí están desarrollando una idea de responsabilidad, también en el ámbito fiscal”.

Colombia cierra este martes un ciclo de más de medio siglo marcado por la violencia de las FARC. Los cerca de 7.000 combatientes de la primera guerrilla del país culminan la entrega de armas y comienzan la fase final de su reincorporación a la sociedad. Pero este proceso no basta para alcanzar una paz completa. Hace diez días una bomba mató a tres mujeres en Bogotá, hay grupos insurgentes que siguen secuestrando y las mafias de narcotraficantes declararon en mayo la guerra a la policía al verse acorraladas por las fuerzas de seguridad. Las autoridades afrontan el desafío de consolidar la normalidad. 

El camino recorrido en Colombia desde la firma de los acuerdos entre el Gobierno de Juan Manuel Santosy las FARC, el año pasado, no tiene precedentes. La guerra con esa organización ha terminado. "No es lo mismo tener a una guerrilla todavía armada que una guerrilla que ha dejado las armas. Entonces, yo creo que lo que logramos es una permanencia de esta situación posconflicto, y eso me parece notorio. El sentido de lo histórico es que se logra la plena irreversibilidad [del conflicto]", explica a EL PAÍS Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

Sin embargo, la violencia persiste. Hace dos sábados la sociedad colombiana se enfrentó a sus peores fantasmas. En medio de una tarde de compras, la explosión de un artefacto colocado en un baño de mujeres del centro comercial Andino acabó con la vida de tres jóvenes y dejó una decena de heridos, sembrando el pánico en la capital. Una semana después, las fuerzas de seguridad realizaron diez registros y detuvieron el sábado a ocho sospechosos del ataque, a los que ayer se sumó uno más. “Las evidencias en poder de los investigadores señalan que los cuatro hombres y las cuatro mujeres pertenecerían al autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP)”, señaló la fiscalía. Se trata de un grupo insurgente menor que, según las autoridades, tuvo vínculos con células del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Esta guerrilla, la más relevante todavía activa, se sentó en febrero con el Gobierno en una mesa de diálogo en Quito (Ecuador) para tratar de negociar un cese al fuego. Sus dirigentes condenaron, al igual que las FARC, el atentado del Andino, pero su estructura horizontal y caótica complica esas conversaciones, que apenas han avanzado. En torno a la medianoche del viernes, el ELN liberó a dos periodistas holandeses que tenía secuestrados desde hacía una semana en la región del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela.

La liberación se produjo después de un día de confusión, en medio confirmaciones y desmentidos. La guerrilla alegó que en esa zona, abandonada por el Estado, “la posibilidad de efectuar privaciones temporales de la libertad a personas desconocidas y ajenas a las comunidades se corresponde con una actitud preventiva, de ejercicio de protección y seguridad, natural para cualquier fuerza insurgente”. La realidad es que el ELN todavía no ha dejado la práctica del secuestro, lo que se ha convertido en la razón de máxima fricción con el equipo negociador del Gobierno.

A estas circunstancias se suma la violencia de grupos armados que viven del narcotráfico. El más peligroso, el llamado Clan del Golfo, se caracterizó por la ofensiva contra el Estado conocida como plan pistola. Es decir, un ofrecimiento a los sicarios de 700 dólares por cada policía asesinado que, salvando las distancias, devolvió al imaginario colectivo a los tiempos de la guerra contra Pablo Escobar.

Menos atentados

Con todo, es evidente que la Colombia contemporánea es muy diferente a la Colombia del pasado. "El número de atentados terroristas es bastante inferior y ha ido cayendo", señala Restrepo, quien destaca que "el radicalismo violento es excepcional". Tras el desarme de las FARC, además, las fuerzas de seguridad "pueden ocuparse de ejecutar acción militares sin la preocupación de romper el cese al fuego", lo que en su opinión "es una muy mala noticia para el crimen organizado y el ELN".  "En Colombia se está confundiendo miedo con inseguridad y una percepción de inseguridad", continúa este analista. Pero los riesgos son, de facto, menores.

“El mensaje es que el terrorismo no paga y que el terrorismo será castigado por la justicia, castigado por las autoridades”, afirmó Santos tras conocer la detención de los presuntos responsables del atentado en el centro comercial. El presidente advirtió desde el primer momento de que no permitirá que nada perjudique el camino a la paz. “Hemos avanzado mucho para consolidar la tranquilidad de los colombianos y tengan la seguridad de que no vamos a permitir que lo logrado hasta ahora sea frenado por un puñado de extremistas, de cobardes o de quienes no quieren la reconciliación del pueblo colombiano”, aseguró.

El Papa y la reconciliación

Ese es el objetivo central, en estos momentos, de las autoridades, que afrontan el reto de asentar una convivencia pacífica en un clima de elevada polarización de la sociedad, en la que muchos sectores siguen rechazando los acuerdos con las FARC. Precisamente, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana impulsaron la semana pasada una “gran coalición” para las elecciones de 2018, que aún no tiene cabeza de lista, “entre los distintos sectores que obtuvieron la victoria del no en el plebiscito”.

En este contexto, el papa Francisco viaja a Colombia en septiembre con una meta: la reconciliación. Jorge Bergoglio presidirá un “gran encuentro de oración por la reconciliación nacional” en Villavicencio, capital del departamento del Meta (centro del país), uno de los más azotados en las últimas décadas por la guerrilla y por la producción de coca.

En cualquier caso, el viaje del Papa, que visitará también Bogotá, Medellín y Cartagena durante cuatro días, es una oportunidad para dar nuevos pasos hacia la paz, sobre todo en el diálogo con el ELN. La Iglesia católica colombiana pidió la semana pasada a los equipos negociadores del Gobierno y de la guerrilla que hagan lo posible para “concertar y convenir un acuerdo bilateral de cese al fuego y hostilidades” con ocasión de la visita.

Más de la mitad de la población que trabaja lo hace desde el sector de la informalidad, misma que su tasa aumentó 0.02 puntos porcentuales en mayo con respecto al mes de abril, reportó hoy el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi)

La dependencia presentó hoy su más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo referente al mes de mayo, en la que, la tasa de la informalidad laboral se ubicó en 56.6 por ciento en el quinto mes del año. La tasa fue superior 0.02 puntos porcentuales a la registrada en abril cuando se ubicó en 56.4 por ciento.

El Inegi cataloga en el sector de informalidad a la población ocupada “que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo”, indicó.

En comparación con el mismo mes del 2016, la informalidad bajó 0.098 puntos, abundó el Inegi.

La tasa de desempleo en México se ubicó en el 3.6 por ciento de la población económicamente activa (PEA) en mayo, inferior al 4 por ciento del mismo mes de 2016.
De acuerdo con datos ajustados por estacionalidad, el nivel de desempleo se situó en el 3.5 por ciento en el quinto mes del año, una tasa 0.1 por ciento inferior a la registrada en abril pasado, indicó la institución en un comunicado.

La población subempleada, la que declaró tener necesidad y disponibilidad para ofertar más horas de trabajo que las que su ocupación actual le permite, alcanzó el 6.9 por ciento de toda la ocupada, una cifra inferior al 8.5 por ciento reportado un año antes, en cifras originales.

El Inegi, que considera empleadas a las personas mayores de 14 años que trabajan al menos seis horas a la semana y en cualquier puesto, situó la tasa de ocupación en el 96.4 por ciento de la PEA en mayo.

Las personas en la economía informal representaron el 56.6 por ciento del total de la población ocupada, por debajo de la tasa del 57.3 por ciento que había en mayo de 2016. 

El 43 por ciento de la población ocupada se concentró en el sector servicios, el 18.3 por ciento en el comercio, el 16.7 por ciento en la industria manufacturera y el 12.6 por ciento en las actividades agropecuarias.

Otro 8 por ciento en la construcción, el 0.8 por ciento en otros sectores como la minería, la electricidad, el agua y el suministro de gas, y el 0.6 por ciento restante no especificó su actividad.

El 68.6 por ciento de los trabajadores son asalariados, el 22.3 por ciento autónomos, el 4.5 por ciento son empleadores o patrones y el 4.6 por ciento son personas sin pago fijo que trabajan en negocios o parcelas familiares.

El número de desempleados disminuyó en México en 2016 en 329 mil 372 personas y se situó en 1 millón 911 mil 126, lo que permitió reducir la tasa de paro en 7 décimas, hasta 3.5 por ciento, un nivel que no registraba desde 2007.

México cuenta con 123.5 millones de habitantes, según las proyecciones demográficas realizadas a partir del último censo de población para 2017.

En 2014, el 46.2 por ciento de la población -55.3 millones- vivía en la pobreza, según el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Treinta y tres meses después de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, no hay ningún avance en las indagatorias realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) que genere confianza entre las familias de las víctimas ni certidumbre sobre el paradero de sus hijos. Mucho menos han podido acceder a la verdad y la justicia.

Ante los nulos resultados en las indagatorias sobre el caso, los padres de los 43 normalistas desaparecidos han emplazado a la dependencia de procuración de justicia del gobierno federal a entregar, a más tardar en la segunda semana de agosto, resultados concretos sobre los avances en las cuatro líneas de investigación que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó agotar.

En ese contexto, este lunes se realizará una acción global más por Ayotzinapa, la número 33, la que recuerda que han pasado dos años y nueve meses sin mayores avances en las indagatorias, sin que haya castigo para los responsables, sin que se conozca la verdad y los porqués de los hechos, y con una prolongada ausencia de los 43 normalistas, señalaron familiares de las víctimas.

Las líneas de investigación en las que exigen mayores avances son: la probable participación del Ejército en la agresión contra los 43 estudiantes, el análisis de los datos de telefonía celular tanto de los jóvenes como de sus agresores, el supuesto involucramiento de policías federales y municipales de Huitzuco (municipio cercano a Iguala) en la desaparición de algunos alumnos y que se explore la hipótesis de que la agresión del 26 y 27 de septiembre de 2014 contra sus hijos estuvo motivada porque tomaron accidentalmente un autobús de pasajeros que transportaba droga del trasiego de Iguala a Chicago, Estados Unidos.

El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, ha señalado en varias ocasiones que la falta de resultados en las investigaciones sobre lo ocurrido hace 33 meses es parte del continuo de impunidad que se vive en México desde hace décadas para dejar sin castigo múltiples casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves a los derechos humanos.

Para poder ser escuchados nuevamente por representantes del gobierno federal, los padres de los normalistas tuvieron que mantener un plantón por 26 días (del 20 de abril al 16 de mayo de este año). Debido a esa medida de presión funcionarios gubernamentales hicieron el compromiso de retomar las cuatro líneas de investigación propuestas por el GIEI.

Sin embargo, en la más reciente reunión (el 31 de mayo pasado) entre los familiares y representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto, estos últimos entregaron a los padres un cronograma que fija fechas para dar avances y algunas se postergan hasta octubre.

De ahí la exigencia de los afectados de que sea en agosto, y no después, cuando el gobierno brinde respuesta.

Así, se espera que durante la manifestación de este lunes a las cuatro de la tarde, que irá del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez en Ciudad de México, demanden una vez más la entrega de esos avances, así como verdad y justicia sobre el caso. Y es que, insistieron, ya han pasado muchos meses y las indagatorias ya deben ser dadas a conocer. Hemos dado el suficiente tiempo y espacio para avanzar en esos puntos, ha insistido Rosales.

El investigador Lorenzo Álvarez Filip, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la UNAM, obtuvo el World Reef Award 2017, otorgado por la International Society for Reef Studies, debido a su trabajo en conservación de arrecifes coralinos y el impacto antropogénico en su degradación.

El reconocimiento anunciado en la página web de ese organismo, será entregado en 2020 en Bremen, Alemania, en el marco del Congreso Internacional de Arrecifes Coralinos, que reunirá especialistas de todo el mundo. Sobre el galardón, Álvarez Filip expresó a través de un comunicado de la máxima casa de estudios: 

“Me da mucho gusto porque este premio lo otorga la sociedad más grande y reconocida entre quienes trabajamos con arrecifes. Es muy halagador y me da energía para seguir produciendo investigación científica de calidad y ayudar a que este conocimiento llegue a quienes tiene la capacidad de tomar decisiones para la protección de estos ecosistemas”.

Biólogo egresado de la UNAM, se definió como “ecólogo”, y durante su trayectoria profesional ha enfocado gran parte de sus esfuerzos a los arrecifes del Caribe:

“Hace 50 años un arrecife que definíamos como saludable o en buen estado debería tener entre 40 y 50 por ciento de cobertura de coral; en la actualidad se aprecia una pérdida drástica: la mayoría sólo tiene entre 10 y 15 por ciento”.

En cuanto a su labor para promover la conservación y protección de esos entornos, comentó que desde 2011 colabora en la iniciativa Arrecifes Saludables, en donde cada dos años se genera un reporte sobre su estado y se difunde al público en general:

“Como investigador, colaboro en áreas naturales protegidas para generar y sistematizar datos sobre la condición de los arrecifes, pues aunque hay mucha información a veces no está integrada para ser interpretada fácilmente y emprender acciones de manejo”, dijo.

Maestro en Ecología de Arrecifes Coralinos, por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, en Baja California; también doctor en el mismo tema en la University of East Anglia, Reino Unido, y realizó un posdoctorado en la Simon Fraser University, en Canadá.

A su regreso a nuestro país se incorporó como investigador en el ICMyL, Unidad Académica de Sistemas Arrecifales en Puerto Morelos, Quintana Roo, donde es docente de posgrado. Además de ser presidente de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos y miembro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Autor de diversas investigaciones, artículos y libros, mismos que se pueden ver a través de la ICMyL:

“En estos años mi principal interés ha sido investigar cuáles son los principales agentes que degradan los arrecifes de coral, pero también trabajo en cuestiones relacionadas con los efectos que tienen las acciones positivas, como lo son las áreas naturales protegidas”, concluyó.

Integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) envió hoy un comunicado al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el objetivo de respaldar a la periodista Sanjuana Martínez frente a las amenazas de muerte y con connotación sexual que recibe en redes sociales como consecuencia de su labor.

La RNDDHMR denunció que la periodista comprometida con la defensa de los derechos humanos recibe mensajes y fotografías violentas, así como insultos como formas de hostigamiento a través de Facebook y Twitter, plataformas electrónicas que utiliza para difundir su trabajo periodístico de denuncia de abusos de poder y corrupción.

“Ya está mi comando buscándote para colgarte de un puente” o “Vivo con la esperanza de despertar con la noticia de que ya decapitaron a @SanjuanaMtz ¿dónde están los narcos cuando se necesitan?”, son algunos de los mensajes que recibe la periodista.

A continuación se reproduce el texto difundido por la RNDDHM:

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación

Lic. Roberto Campa Cifrián
Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación

Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

PRESENTES 

 

Desde finales de mayo pasado, Sanjuana Martínez, periodista comprometida con la defensa de los derechos humanos e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), recibe mensajes violentos, a través de las redes sociales (Facebook y Twitter) que emplea para difundir su trabajo periodístico de denuncia de abusos de poder y corrupción.

Los mensajes, de distintos remitentes, contienen amenazas de muerte, expresadas con palabras e imágenes, como balas e incluso, el cuerpo de una mujer cortado a la mitad y arrojado a la vía pública.

Bajo amenaza, los agresores de Sanjuana intentan que desista de su labor, pues de lo contrario, le advierten, se busca que “le den un levanton y la llenen de plomo”(sic). Le dicen también que se cuide porque “ya está mi comando buscándote para colgarte de un puente”. Finalmente, alguien le escribe: “Vivo con la esperanza de despertar con la noticia de que ya decapitaron a @SanjuanaMtz ¿dónde están los narcos cuando se necesitan?”.

Las manifestaciones de violencia que Sanjuana Martínez vive en las redes sociales incluyen también insultos, como medida de hostigamiento. Algunas destacan por su connotación sexual, como cuando recibe imágenes de penes (situación cada vez más frecuente) o amenazas de violación.

Las 222 mujeres defensoras y periodistas articuladas en la RNDDHM repudiamos estos hechos. Nos preocupan las amenazas de muerte contra Sanjuana Martínez, particularmente porque se enmarcan en un contexto de continuidad y recrudecimiento de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos en México (alimentado por la impunidad y permisibilidad institucional), que propició que sólo en 2017 se perpetraran al menos cuatro asesinatos de mujeres defensoras y periodistas, entre ellos, el de Miroslava Breach, en Chihuahua.

La violencia no da tregua en México. A pesar de los esfuerzos del Gobierno mexicano y del aumento de 700% en la inversión de seguridad pública en cuatro años, los homicidios de mayo han superado todos los registros desde 1997. A lo largo de ese mes, las 32 fiscalías de todo el país iniciaron 2.186 averiguaciones previas por asesinatos. Esto supera las 2.131 averiguaciones abiertas en el peor mes del Gobierno de Felipe Calderón, el presidente que inició la guerra contra el narcotráfico. En cinco meses de 2017 el país acumula 9.916 carpetas abiertas por homicidio, un 30% más que el mismo periodo de 2016, según los datos oficiales publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mayo dejó 2.452 víctimas de homicidio, 28% más que las registradas el mismo periodo de 2016. La cifra no es definitiva pues las fiscalías locales suelen ajustar sus expedientes tras las pesquisas. Las cifras oficiales serán dadas a conocer más adelante. No obstante, el dato es el más alto registrado desde enero de 2014, cuando el Gobierno de Enrique Peña Nieto inició una nueva forma de contabilizar los muertos que ha dejado la ofensiva contra la delincuencia organizada.

Hay que remontarse hasta el sangriento 2011, el pico de violencia en la Administración del PAN, para hallar un dato peor que el que dejó mayo. En 2011 hubo 27.199 asesinatos –24 por cada 100.000 habitantes–, un aumento de 160% respecto a 2006, el año que arrancó el Gobierno de Calderón. Cinco meses de 2017 han registrado 11.155 víctimas de homicidio, casi la mitad que aquel año ominoso.

En más de la mitad de México aumentó la violencia. 18 de 32 estados superaron en mayo la cifra de asesinatos de abril. Los casos más graves son el de Estado de México con 225; Guerrero con 216 homicidios; Baja California con 197; Sinaloa con 184 y Chihuahua con 158. El 58% de los asesinatos se ha cometido con armas de fuego, según cálculos de la organización no gubernamental Desarma México.

Los precios al consumidor subieron 0.15 por ciento en la primera quincena de junio por lo que la inflación se elevó a una tasa anual de 6.30 por ciento, superior a los pronosticado por analistas que ya preveían que la inflación alcanzaría un nuevo máximo. 

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, (Inegi) presentó hoy el Índice Nacional de Precios al Consumidor, (INPC) el cual reportó un crecimiento quincenal de 0.15 por ciento, el más alto desde el 2012.  El aumento es seis veces más alto que el presentado en la misma quincena de 2016 cuando el INPC creció apenas 0.02 por ciento, y la tasa inflacionaria fue de 2.55 por ciento anual.

Analistas de Citibanamex pronosticaron un nuevo máximo para la inflación en junio, misma que esperaban que se colocaría en 6.26 por ciento interanual en la primera quincena y en 6.28 por ciento al cierre de mes, igual a la observada en enero de 2009.

El índice de precios subyacente, que mide mercancías y servicios, subió 0.17 por ciento quincena, por lo que a tasa anual su variación fue de 4.28 por ciento. Los costos de mercancías crecieron 0.18 por ciento y de los servicios se elevó 0.16 por ciento.

En relación al índice de que mide los precios de productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por Gobierno, subió 0.09 por ciento quincenal alcanzando una variación anual de 11.07 por ciento

Los costos de los productos agropecuarios subieron ligeramente 0.03 por ciento la primer quincena de junio por lo que su tasa de inflación se elevó a 7.97 por ciento impulsada por una inflación de 12.88 por ciento en los costos de frutas y verduras que subieron 0.01 por ciento quincenal.

El precios de los energéticos crecieron 0.19 por ciento por lo que la tasa anual se ubicó en 15.63 por ciento; mientras que las tarifas autorizadas por Gobierno crecieron 0.03 por ciento, y su variación anual es de 8.83 por ciento.

El índice de precios de la canasta básica registró un aumento de 0.10 por ciento, así como una tasa anual de 8.61 por ciento. En la misma quincena de 2016 las variaciones fueron de 0.04 y 0.78 por ciento, respectivamente, detalló el Inegi en su reporte. 

Los servicios telefónicos, turísticos, consultas médicas, en fondas, restaurantes, loncherías, taquerías, son los que presentaron la mayor alza de 0.29 por ciento, con una inflación de 4.26 por ciento, seguido de alimentos, bebidas y tabacos que se encarecieron 0.26 por ciento, para ubicarse en una tasa anual de 6.87 por ciento y los energéticos con un alza de 0.19 por ciento para ubicarse en una inflación anual de 15.63 por ciento.

Los productos que más se elevaron durante la primer mitad de junio fue el chayote con un incremento quincenal de 13.69 por ciento, el transporte aéreo que subió 8.71 por ciento, seguido del jitomate en 6.75 por ciento; la papa y otro tubérculos subieron 3.50 por ciento y el gas doméstico LP en 2.04 por ciento.

La reducción más significativa en éste mes fue en el tomate verde, pues es el producto que más descendió 14.66 por ciento, seguido de la uva que bajó 13.16 por ciento, el chile poblano 10.33 por ciento, la lechuga y col en 4.42 por ciento y la calabacita en 4.36 por ciento.

La inflación alcanzó una tasa de 6.16 por ciento en mayo, más del 3 por ciento esperado por el Banco de México (Banxico), presionada al alza por el tipo de cambio (18.70 pesos) y por el incremento en enero de entre 14 y 20 por ciento al precio de las gasolinas por el retiro del subsidio.

Los expertos de Citibanamex estimaron un Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en 0.11 por ciento quincenal, a difundirse este jueves 22 de junio. La inflación subyacente sería de 0.16 por ciento quincenal y de 4.81 por ciento interanual. La inflación no subyacente crecería a 10.09 por ciento, desde los 10.49 por ciento de la quincena previa.

Al cierre de junio, el INPC crecería a 0.22 por ciento mensual y 6.28 por ciento interanual. Para la inflación subyacente se anticipa un incremento de 0.30 por ciento mensual, que implica una tasa anual de 4.83 por ciento , por arriba de la reportada en mayo pasado (en 4.78 por ciento). Este pronóstico implica que la inflación no subyacente ascendería a 10.93 por ciento desde 10.60 por ciento del mes previo.

Ante este escenario, la totalidad de los expertos adelantan que el Banco de México (Banxico) elevará este jueves en 25 puntos base su tasa de referencia, a 7.0 por ciento. Su estimado para el cierre de año fue confirmado en 7.25 por ciento, mientras que para 2018 su previsión fue elevada de 7.0 por ciento a 7.13 .

Las expectativas para la inflación general y subyacente para el cierre de año se mantuvo en 5.9 por ciento y 4.9 por ciento, respectivamente. Sin embargo, para el cierre de 2018 el consenso elevó sus pronósticos de 3.7 por ciento a 3.8 por ciento, para la inflación general; y de 3.64 por ciento a 3.70 por ciento, para la subyacente.

Un escenario más alentador es otorgado a la moneda mexicana, cerraría 2017 en 18.70 por dólar, desde una cotización de 19.50 por dólar arrojada en la encuesta pasada. Para 2018 se adelanta en 18.50, desde los 19.15 por dólar previos.

 

El pasado 31 de mayo, el Banco de México (Banxico) aumentó 0.2 puntos porcentuales su previsión del crecimiento económico para el 2017 al pasar de un rango de 1.3 – 2.3 por ciento a 1 .5 – 2. 5 por ciento, mientras que la inflación -prevé- seguirá por encima del intervalo de variabilidad, de 4 por ciento, pero esperan que a finales de año y principios de 2018 tomará una tendencia a la baja, hacía un 3 por ciento.

El Banco Central se alineó a la previsión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el pasado 22 de mayo la elevó también a un rango de 1.5 – 2.5 por ciento de un previo 1.3 – 2.3 por ciento.

Ese mismo día Agustín Carstens insistió en que la inflación no está fuera de control y fue reiterativo al decir que las acciones tomadas por el Banco Central, (el aumento de tasa de interés a 6.75 por ciento) han sido oportunas y decididas; otro de los aspecto que destacó insistentemente es que la expectativa sobre la inflación es que empezará a disminuir a finales de 2017.

“La inflación no está fuera de control, realmente tomando en cuenta la secuencia de los choques, el hecho de que se han dado de manera simultánea, pues eso nos explica el desempeño de la inflación. […] Lo que nos da confianza en hacer este pronunciamiento, que no quiere decir complacencia, es que el banco de México ha venido actuando de manera muy determinada desde el inicio de la secuencia de los choques”, subrayó.

Mientras que 36 grupos de análisis analistas del sector privado, consultados en mayo por el Banco de México ajustaron al alza su estimación para la inflación de 2017 de un 5.67 por ciento que preveían en abril a un 5.90 por ciento. En cuanto a la tasa de interés, también incrementaron la previsión, pues estiman que llegará hasta 7,23 por ciento para finales de éste año, mientras que para en el tipo de cambio y en crecimiento económico fueron más optimistas.

 

El pasado 7 de junio la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ajustó a la baja expectativas de crecimiento de México para 2017 y 2018 en el 1.9 por ciento y el 2 por ciento, respectivamente, cuatro décimas menos en cada caso de lo que había anticipado en noviembre.

En su informe semestral de perspectivas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dejó la previsión de crecimiento para 2017 y 2018 en el 1.9 por ciento y el 2 por ciento, respectivamente, cuatro décimas menos en cada caso de lo que había anticipado en noviembre.

En abril, los precios al consumidor subieron 0.12 por ciento, y la tasa inflación creció a 5.67 por ciento durante, la cual, superó la expectativa de los analistas consultados por el Banco de México (Banxico) que fue de 5.67; mientras que el alza en los precios es la más alto en ocho años comparado con los mismos lapsos desde el 2009 en que el INPC subió 0.35 por ciento.

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en el primer trimestre del año la inflación ha rompió casi una década pues se ha colocado en niveles más desde el 2008.

En enero los precios al consumidor subieron 1.70 por ciento para llegar a una tasa de inflación anual de 4.72 por ciento. El aumento de los precios en el primero mes del año fue el más alto registrado en casi dos décadas, al ser el más alto en 18 años debido al aumento de las tarifas elécticas y las gasolinas. La inercia en el alza a los energéticos impactó a la inflación en los meses posteriores: en febrero la inflación general creció 4.86 por ciento y en marzo, los precios al consumidor presentaron un alza de 0.61 por ciento mensual, así como la tasa de inflación anual se colocó en 5.35 por ciento, el doble de lo que se posicionó durante el mismo periodo de 2016 cuando se ubicó en 2.60 por ciento anual.

Con información de Economía Hoy

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En 1960, el Gobierno de Adolfo López Mateos contrató al economista húngaro-británico Nicholas Kaldor, uno de los más destacados de su tiempo, para que emitiera un veredicto sobre el sistema fiscal mexicano. Sus conclusiones podrían reducirse a cuatro: el sistema tributario era ineficiente, generaba una recaudación baja —lo que limitaba el gasto social—, mantenía muchos subsidios y, en suma, era injusto. Casi seis décadas después, pese a los avances, todos estos problemas —y muy especialmente el ...
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