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Al año se realizan en el mundo 35 abortos por cada mil mujeres en edad reproductiva, de 15 a 44 años, un descenso de cinco puntos comparado con estadísticas de 1990-1994. No obstante, América Latina es la única región en la que estas cifras continúan en aumento, pues de 40 se incrementó a 44 en 2010-2014, señaló Fátima Juárez, investigadora de El Colegio de México, en el seminario 10 años de la despenalización del aborto.

Indicó que a pesar de que El Caribe tiene la tasa más alta, de 60 a 65, es América Central donde más se ha incrementado al pasar de 27 a 33.

En su ponencia México: ¿qué sabemos sobre las complicaciones del aborto en la salud?, dijo que las estimaciones de las tendencias de la interrupción del embarazo se necesitan para monitorear el progreso hacia la reducción de la demanda no satisfecha de anticonceptivos y motivar la inversión para evitar que las mujeres recurran a abortos inseguros y sus consecuencias para la salud donde legalmente no es posible.

Fátima Juárez refirió que el aborto inseguro continúa siendo una de las principales causas de muerte materna y morbilidad. Las complicaciones más comunes de este procedimiento son su realización incompleta, sangrado excesivo e infección.

Indicó que México, Colombia y Guatemala tienen las tasas más elevadas de mujeres hospitalizadas por complicaciones relacionadas con el aborto, que oscilan de 9.1 a 8.6 por cada mil.

A escala estatal, Baja California Sur tiene la tasa más alta de hospitalización y la más baja es Yucatán.

Señaló que dependiendo de quién es el proveedor, los abortos ilegales tienen mayor o menor riesgo. La desigualdad del país también se observa en las complicaciones, indicó, y agregó que comparadas con mujeres de de estratos altos, que pueden pagar el costo de un aborto, las mujeres rurales pobres tienen mayor probabilidad de que sea inseguro, ya sea porque lo realizan las comadronas o es autoinducido.

Sin modificación al contenido de la minuta del Senado en materia de uso de la mariguana con fines tarapéuticos, la Cámara de Diputados avaló su contenido, considerándolo un hecho histórico. Por mayoría aplastante de 374 votos en favor, siete en contra y 11 abstenciones, el dictamen fue turnado al Ejecutivo federal para su efectos constitucionales, y convertirla en norma.

Durante meses, la minuta durmió el sueño de los justos archivada en San Lázaro. El jueves fue aceptada en las comisiones de Justicia y Salud, y ayer aprobada con el respaldo de casi cuatro centenares de diputados –ayer no acudieron a trabajar más de 100–, que festejaron el logro.

No obstante, para algunos diputados la nueva reglamentación quedó a deber porque no se entró al debate sobre el uso de la cannabis con fines recreativos, porque los consumidores son objeto de violencia y vejación de parte de distintos actores del Estado, mientras otro sector considera que abrir el uso de ésta generaría más problemas sociales. Esas son las posturas aún imperantes en el Congreso.

Rechazan reservas del PAN

La minuta ya había sido consensuada en sus términos por todas las fuerzas políticas, pese a lo cual el PAN intentó modificar el contenido de la reforma proponiendo que la mariguana para uso medicinal debería ser importada. Los panistas presentaron cuatro reservas para el caso, y todas fueron rechazadas por el resto de las fuerzas políticas.

Entonces, lo que restó en el proceso aprobatorio fueron parabienes. Se aplaudieron los beneficios del uso terapéutico de la cannabis, con fundamento en que “está comprobado científicamente que la mariguana tiene propiedades que pueden ayudar al control de ciertas enfermedades. Por citar un ejemplo, el Consejo Nacional Contra las Adicciones de nuestro país emitió una publicación donde se explica el potencial terapéutico de este tipo de fármacos. Estos fármacos a base de cannabis ayudan a tratar enfermedades como cáncer, sida, glaucoma, esclerosis y algunas formas de epilepsia”, se argumentó en el pleno.

Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, reprobó el uso excesivo de la fuerza utilizada por elementos de la Policía Federal para dispersar a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, mientras se manifestaban afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“El gobierno de México debe recordar que es ilícito usar formas de control que, como los gases y otras sustancias químicas irritantes, afecten a personas que no tienen que ver con la manifestación o que participando de ella no hacen uso de la violencia”, apuntó.

De acuerdo con Reneaum, el uso de la fuerza es una clara violación de los estándares internacionales de derechos humanos y una afrenta más a las familias y compañeros de los estudiantes desaparecidos hace más de dos años.

El de los 43 estudiantes desaparecidos, recordó, es un caso que no ha sido debidamente investigado por las autoridades mexicanas, y hasta ahora se desconoce la suerte o paradero de las víctimas debido a que no se han esclarecido los hechos.

En una nota publicada en Apro se dio a conocer que un reducido grupo de familiares de los 43 normalistas desparecidos y estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa pretendían realizar un mitin frente a la Segob para pedir una reunión con el titular Miguel Ángel Osorio Chong.

El grupo nunca alcanzó su objetivo: en la calle de Bucareli, a media cuadra del Reloj Chino, se toparon con un muro de hierro y luego con bombas de gases lacrimógeno. Por el ataque resultaron lesionados cinco padres de los desaparecidos.

El fiscal General del Estado de Puebla (FGE), Víctor Carrancá Bourget, nombró a Enrique José Flota Ocampo como fiscal Anticorrupción, lo cual ha generado una ola de indignación de organizaciones defensoras de los derechos humanos y, principalmente, de los agraviados por los hechos violentos ocurridos en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan en el año 2014, cuando la Policía Estatal reprimió una manifestación y mató a un niño de 13 años de edad.

Esto de acuerdo con la investigación que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras emitir la recomendación número 2VG/2014 por las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo de Chalchihuapan, contra el entonces gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, quien hoy aspira a una candidatura presidenciable.

La inconformidad de los activistas se debe a que Enrique Flota fue el fiscal Jurídico de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, que estuvo a cargo del caso Chalchihuapan, y de emitir la disculpa pública por parte del gobierno de Moreno Valle a la señora Elia Tamayo Montes, madre del niño asesinado José Luis Tehuatlie Tamayo.

También estuvo en sus manos la situación de los presos políticos del sexenio morenovallista, que sumaron entre procesados y perseguidos más de 350 casos, así como la solicitud de Alerta de Género para Puebla, con 116 feminicidios documentados de enero de 2016 a la fecha.

Elia Tamayo denunció a los medios de comunicación que fue presionada por parte de Enrique Flota Ocampo para que aceptara las disculpas públicas bajo la amenaza de que si no lo hacía volverían a meter a la cárcel al alcalde de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, quien fue excarcelado en septiembre pasado, después de dos años en prisión.

Incluso la mujer refirió que el nuevo fiscal Anticorrupción en Puebla la presionó a través de un grupo de abogados para que exonerara al ex secretario de Seguridad Pública del estado Facundo Rosas, responsable del cruento operativo policiaco contra la comunidad, donde su hijo fue asesinado.

La designación de Enrique Flota se da a raíz de una serie de reformas para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción en Puebla, como una homologación de la propuesta impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.

La Unión Europea endureció su posición en la negociación con Reino Unido sobre su salida del bloque, concretamente respecto al derecho de los ciudadanos, la factura a pagar por Londres y los servicios financieros, según un documento consultado este martes por la AFP.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentó a finales de marzo un borrador con las orientaciones de la UE en las negociaciones que los diplomáticos de los países europeos debaten desde entonces, cara a su aprobación por parte de los mandatarios este sábado en una cumbre en Bruselas.

En sus últimas modificaciones, los 27 quieren garantizar "el derecho a adquirir la residencia permanente tras cinco años seguidos de residencia legal", tanto para los británicos residentes en el resto de países del bloque, como para los europeos que viven en Reino Unido.

Después de que los británicos votaran a favor del Brexit en una consulta cuyo debate estuvo centrado en limitar la migración, la cuestión de los derechos de los ciudadanos es uno de los temas espinosos del proceso de divorcio junto a la cuestión de la factura.

La UE precisa en el documento que Reino Unido deberá abonar el dinero comprometido por Londres en "el marco financiero plurianual" vigente hasta 2020, pese a que el Brexit podría tener lugar de manera efectiva en el primer trimestre de 2019.

Según fuentes europeas, el monto que debería abonar Londres por su marcha podría alcanzar los 60.000 millones de euros (64.000 millones de dólares) en total.

Respecto a la cuestión de los servicios financieros, los representantes de los países de la UE rechazan su inclusión en cualquier futuro acuerdo de libre comercio con Reino Unido y precisan que este "deberá proteger la estabilidad financiera de la UE y respetar su régimen de regulación", según el texto.

El documento no modifica la propuesta de Tusk de que cualquier acuerdo sobre las futuras relaciones entre Gibraltar y la UE deberá contar con el acuerdo previo entre Londres y Madrid.

Los ministros de Asuntos Europeos debatirán el jueves este documento, antes de que los mandatarios europeos se pronuncien sobre él el próximo sábado.

Londres lanzó el pasado 29 de marzo el proceso de divorcio con la UE, cuyas negociaciones efectivas podrían comenzar a principios de junio, tras las elecciones legislativas anticipadas del 8 de junio en Reino Unido.

Rodrigo Tot, un tímido agricultor e indígena guatemalteco que entabló una titánica lucha contra una gigante minera y las autoridades de su país para recuperar las tierras de su comunidad, fue galardonado con el prestigioso Premio Ambiental Goldman 2017.

La distinción a Tot, de 60 años, llega después del asesinato, el año pasado, de dos ganadores latinoamericanos anteriores.

La fundación Goldman elogió a Tot por el intrépido liderazgo de su pueblo y la defensa de su tierra ancestral pese a los costos, como el asesinato de su hijo hace cinco años.

Pastor evangélico y líder indígena q'eqchi dijo que el premio no cambia nada. Me siento contento, pero también me siento la misma persona. Creo que eso sería un estímulo al trabajo que hacemos, pero estoy tranquilo, comentó antes de asegurar que sabe que el premio es por la lucha que ha librado por su tierra y sus recursos naturales.

Latinoamérica es la región más peligrosa para los activistas medioambientales, con más de 570 asesinados entre 2010 y 2015, según la organización Global Witness con sede en Londres.

En marzo de 2016 la hondureña Berta Cáceres –también ganadora del Goldman– fue asesinada en su casa y en enero de 2017 desconocidos mataron al mexicano Isidro Baldenegro, otro galardonado con el mismo premio.

Tot ha pasado casi medio siglo de su vida en la comunidad Agua Caliente Lote 9, en las montañas del municipio de El Estor. Es un hombre de baja estatura, que habla poco pero con gusto y humildad sobre el reconocimiento.

La comunidad inició una pelea hace 43 años para exigir al Estado guatemalteco que devolviera los títulos de propiedad a Tot y otros 63 campesinos que los perdieron a pesar de haber pagado por ellos. Su tierra es rica en oro y níquel, lo que la vuelve seductora para las empresas.

El rostro de Tot se iluminó al hablar de su tierra. Con orgullo explicó que el suelo de su hogar es invaluable por la cantidad de recursos naturales que tiene y que por eso lo defiende. Hay 10 nacimientos de agua y de ella se abastecen muchas comunidades. Nosotros estamos reservando la montaña porque al terminar la montaña ya ni agua habrá.

La situación en Yemen, uno de los países más pobres del mundo, supone actualmente la mayor crisis humana, puesto que 7 millones de personas corren el riesgo de morir de hambre, alertó este lunes la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarias (OCHA).

En vísperas de la celebración en Ginebra de una conferencia de donantes para Yemen, la OCHA dirigió un exhorto urgente a los gobiernos y a empresas privadas para que participen y con lo recaudado se pueda mitigar la crisis en el país árabe.

De acuerdo con el organismo de la ONU, de 2 mil 100 millones de dólares que Yemen necesita para paliar la situación este año, sólo se ha recaudado poco más de 15 por ciento.

Desde 2015 Yemen sufre una cruenta guerra entre rebeldes hutíes chiítas y un gobierno apoyado por Arabia Saudita y una coalición militar sunita. La población civil está atrapada entre los frentes de guerra y está expuesta constantemente a asaltos y bombardeos.

Según datos proporcionados por la OCHA, en Yemen cada 10 minutos muere un niño menor de cinco años a causa de enfermedades evitables. La vida un millón 200 mil niños está en peligro por su alto grado de desnutrición. En el país, 8 millones de personas carecen de agua potable. Dos tercios de los 27 millones de habitantes necesitan ayuda y protección urgentes.

La oposición realizó este lunes un gran plantón en el este de Caracas, en el cual bloqueó un tramo de la principal autopista de la ciudad, al continuar las protestas contra el presidente Nicolás Maduro, en una jornada en la que se reportó la muerte de una persona en Mérida y otra en Barinas, con lo que suman 23 decesos en casi tres semanas de movilizaciones.

Verificamos y confirmo la muerte de dos hombres durante las manifestaciones en Barinas y Mérida, informó una fuente de la Fiscalía.

Los fallecidos son dos hombres, de 42 y 54 años, y hay siete heridos, de acuerdo con un boletín del Ministerio Público.

Tarek Saab, defensor del Pueblo, precisó que el fallecido en Mérida, Jesús Sulbarán, quien recibió un tiro en el abdomen, era un manifestante pro gobierno, mientras dirigentes de un partido opositor dijeron que la víctima en Barinas protestaba contra Maduro.

El diputado opositor Williams Dávila rechazó la versión de Saab y aseguró que Sulbarán participó en el plantón organizado en Mérida y que fue atacado por paramilitares afines al gobierno.

También hubo reportes de violencia en Táchira.

La oposición ocupó un tramo de la autopista Francisco Fajardo por más de ocho horas, en una protesta que transcurrió pacíficamente, a excepción de algunos incidentes aislados.

Miles de personas llegaron hasta una sección de la autopista en el municipio de Chacao, donde detuvieron el tránsito, se concentraron, ondearon banderas y cantaron himnos y consigas contra Maduro.

El gran plantón se repitió en la mayoría de las 23 regiones del país. El gobierno calificó la protesta de irresponsable por obstruir la libre circulación.

La acción se hoy se tradujo en un cambio de estrategia: si bien previamente se habían llevado a cabo marchas por la misma autopista, que fueron reprimidas, esta vez se llamó a ocupar sólo un tramo vecino a Chacao.

Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (Congreso), resaltó la voluntad de la gente de permanecer en la protesta, pese al intenso sol.

El pueblo salió, cumplió, se mantuvo casi nueve horas en resistencia. Lamentablemente hubo disparos en Mérida y Barinas. Fue una gran victoria a un gran costo de vidas irreparables, pero lograremos saciar la sed de libertad que tiene nuestro pueblo, dijo Guevara al término del plantón.

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2 days ago
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Organizaciones de la sociedad civil e investigadores denunciaron esta tarde las últimas violaciones a los derechos del pueblo maya, ocurridas en el marco de la consulta sobre siembra de soya transgénica ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de 2015. La Misión de Observación (MO) conformada por 27 organizaciones e investigadores acusaron que el Estado mexicano incumple el fallo de la SCJN sobre consulta al pueblo maya.   A pesar de que el máximo tribunal ...
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