Interculturalidad

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Sin sotana, vestido con pantalón vaquero pero con una cruz de madera en el cuello, el padre Alejandro Solalinde llegó en una camioneta de la Universidad de Guadalajara a la capilla de Telcampana, en pleno Llano Grande, con una sonrisa amigable, aunque el tema de su charla es duro: advierte que el hartazgo social que se percibe en todo el país podría ser el detonante de una revolución.

El pasado sábado 4, el sacerdote católico indicó que Jalisco es uno de los estados con mayor número de desaparecidos en todo el territorio nacional (las autoridades estatales reconocen 2 mil 300 casos). Frente a más de 50 personas del municipio de San Gabriel, marcado a su vez por este flagelo social, comentó que también otros lugares, como el Estado de México, se han convertido en focos rojos por el número de familias afectadas.

A diferencia de otros actos públicos, en este apareció resguardado por varios escoltas, cuyos servicios aceptó ante las amenazas que ha recibido y los constantes riesgos que enfrenta por emitir sus opiniones. Además, relató que se lo sugirió su amiga Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón y precandidata del PAN a la Presidencia de la República.

Aclara que, a pesar de su amistad con Zavala, no le gustaría que fuera presidenta. En cambio le apuesta a la conformación de un movimiento social encabezado por jóvenes y mujeres que inicie una gran transformación del país en el proceso electoral de 2018:

“Imagínense que estos dos sectores se unieran, que unieran sus votos, inspirados obviamente por el espíritu santo, pero también coordinados en redes sociales por su sentido común; que ellos promovieran el gran cambio para alcanzar un México distinto a partir de 2018. Ahorita no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque sería a través de la vía electoral. La otra es la revolución, que tampoco se descarta, y no por parte mía, sino porque hay gente que está perdiendo la paciencia. No queremos eso, porque la lucha a nadie va a ayudar, todos vamos a perder.”

A unos metros de las ruinas de la exhacienda de Telcampana, que perteneció al diputado maderista Jacinto Cortina, Solalinde se reconoció como un clérigo incómodo para el gobierno y para la Iglesia católica por sus declaraciones y por su constante activismo en favor de los derechos humanos, de los desaparecidos y principalmente a causa de su defensa de los migrantes.

Ese día 4 visitó Ciudad Guzmán por invitación del Centro Universitario del Sur, perteneciente a la Universidad de Guadalajara, y del seminario mayor de la arquidiócesis de Ciudad Guzmán. También lo convocaron habitantes de Telcampana, en San Gabriel, con quienes se reunió aproximadamente de las 11:00 a las 13:00 horas.

En el lugar del encuentro, hace poco más de un año una célula del crimen organizado controlaba el ingreso y la salida de cualquier persona de esa ranchería poblada por menos de 30 familias.

México es el país de la desigualdad, no sólo económica, medida en ingresos, sino social, afirmaron investigadores de El Colegio de México (Colmex), quienes destacaron que entre los desafíos para abatirla está la lentitud con la que ocurren los cambios para generar una sociedad más equitativa.

En entrevista, Silvia Giorguli, presidenta del Colmex, explicó que como parte de la larga tradición de investigación y debate de esa casa de estudios, a partir de este año se crea la Red Estudios sobre las Desigualdades, a fin de abrir espacios de análisis y reflexión sobre los diferentes tipos de inequidades que enfrenta nuestro país, el segundo más dispar de América Latina, sólo después de Chile.

Impulsamos, dijo, una mirada fresca, un enfoque nuevo sobre temas que son ya parte de los problemas estructurales que enfrentamos. Por ello, a partir de este 21 de marzo se iniciarán los trabajamos de diversos seminarios, que en este 2017 abordarán tres temas vinculados con esta problemática: educación, trabajo y migración.

Patricio Solís, experto en el tema y coordinador del Seminario sobre desigualdades, destacó que la disparidad trasciende los aspectos económicos, porque no sólo se expresa en un ingreso desigual. Lo vemos en prácticamente todas las esferas de la actividad social, como la educación y la salud, donde no sólo vemos un problema de acceso, sino de calidad en los servicios a los que población puede acceder.

Es un tema del que se habla mucho, pero se investiga poco. Y precisamente lo que queremos es acercar a distintos sectores, no sólo académicos, sino gubernamentales y de la sociedad civil para analizar dónde y por qué se generan las inequidades, cuál es el papel de las instituciones del Estado para aminorarlas, y si las políticas públicas aplicadas han funcionado o no para abatir el problema.

Landy Sánchez, coordinadora del Seminario sobre trabajo y desigualdades, que se inicia este 21 de marzo con el tema del futuro del empleo en la industria automotriz, indicó que se buscará abrir el debate con especialistas nacionales e internacionales, pero también con dirigentes de este sector productivo, porque se enfrenta un escenario complejo en esta industria, en el cual se pueden analizar las diversas inequidades que se generan.

Otro de los ejes que abordará la Red, que realizará de marzo a noviembre de este año diversos seminarios y mesas redondas, será la educación y los desafíos del nuevo modelo educativo frente a las distinciones sociales.

El número de personas muertas por las lluvias e inundaciones que afectan al Perú desde diciembre llegó a 72, anunció este sábado el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.

Veintidós de esas muertes corresponden a esta semana, en la que la situación empeoró notablemente, en especial en la costa norte del país. En solo las últimas 24 horas hubo 10 fallecidos.

Zavala indicó además que 572 mil personas se han visto afectadas, incluidas 72 mil que perdieron prácticamente todo lo que tenían.

"Hay lugares que tienen intensidades de lluvias mayores que las que tuvimos en los fenómenos El Niño en 1982 y 1998. Es uno de los momentos más difíciles de los últimos años", añadió el jefe del gabinete ministerial en diálogo con periodistas locales.

El aumento en el número de víctimas en los últimos días obedece a que la costa peruana, en donde se concentran ahora los mayores daños, alberga a más de un 60 por ciento de la totalidad de los habitantes del Perú.

La tragedia deriva de lo que los científicos locales llaman "fenómeno de El Niño costero", que responde a varios factores, incluido el cambio climático, y que ha hecho que la temperatura promedio del mar aumente entre cuatro y cinco grados en comparación al verano.

Ese fenómeno causa lluvias en los Andes y la costa, que han rebalsado ríos y quebradas y bajan como trombas en busca del océano. El agua mezclada con lodo, basura y todo tipo de objetos que halla en el camino genera profundo impacto, sobre todo en Lima y los departamentos de Piura, La Libertad, Lambayeque, Tumbes y Áncash.

El denominado Niño costero es distinto al fenómeno El Niño que afecta con cierta recurrencia a gran parte del Pacífico, pues esta vez el calentamiento se limita al mar del Perú y al del sur de Ecuador.

Para algunos científicos, el hecho podría ser el anuncio de un El Niño intenso para este año, pero hay no hay acuerdo al respecto. El Niño suele llegar hacia la Navidad, fecha de la que extrae su nombre por "El Niño" Jesús de la tradición cristiana.

Hace dos años, en 2015, Olivia Ramírez se emocionó al ver cómo en el Valle de San Quintín empezaron las protestas de sus compañeros jornaleros. Pensó de manera inmediata que por fin les aumentarían el sueldo. Recuerda que se puso contenta al ver que alguien ya se había animado a protestar y ella de inmediato apoyó el movimiento porque supe que lo que resultara, sería benéfico para todos.

Pero dos años después, Olivia llegó en una caravana que duró 14 días, que salió de Baja California, recorrió siete entidades y llegó a la Ciudad de México para exigir que sus triunfos obtenidos de protestas y paros de labores en 2015, se cumplan, como lo prometió y lo firmó el Gobierno federal.

El Valle de San Quintín está ubicado en el municipio de Ensenada y conglomera a cerca de 20 zonas agrícolas del país que se especializa en la producción y exportación de hortalizas y fruta.

El 17 de marzo de 2015, las y los jornaleros de San Quintín realizaron un paro de labores histórico y denunciaron que las condiciones en que trabajaban eran una “esclavitud moderna”. Cerca de 80 mil trabajadores decidieron abandonar el silencio e hicieron públicas las condiciones de trabajo que se forjaron durante 30 años. Mujeres, hombres y menores trabajan hasta 15 horas en los campos de fresas, pepino, arándano, chile, tomate, mora y calabaza, están expuestos de manera directa a los químicos, trabajan diario y sin ninguna prestación, viven en casas de cartón y plástico por las que además deben pagar una renta, con un salario de máximo 150 pesos diarios.

También se hicieron públicos los casos de hostigamiento y abuso sexual a trabajadoras por parte de los capataces de los campos.

Olivia, una mujer de 40 años, que trabaja ahí en San Quintín en la pisca de fresa, tomate, calabaza, pepino, tomatillo, cherry, frambuesa, mora y más, se fue de Oaxaca, lugar donde nació, cuando tenía 12 años. Desde entonces no ha dejado de trabajar ahí y se fue porque siempre se le dijo que los empleos cerca de la frontera eran mejor pagados.

 

Diario, ella, por ser mujer, se despierta a las 3 de la mañana y hace tortillas y comida. A las 4:45 toma el camión que la lleva al trabajo, porque entra a las 6:30 y sale hasta las 18 horas.

Luego llega a su casa, se baña  y prepara la cena. Dice que si bien le va, podrá lavar ropa, sino tendrá que tomarse un día para lavar.

–¿Su día de descanso lo usa para lavar?

–¡No! Ahí no hay día de descanso, nosotros lo tomamos y ni siquiera es para descansar, es para lavar toda la ropa, a limpiar la casa y claramente es un día sin pago. Entonces hay veces que me termino durmiendo hasta las 12, aunque me tenga que despertar tres horas después, con tal de no faltar al trabajo. 

Olivia explica que luego del aumento que los patrones les dieron, que fue de 40 pesos, sirvió de poco porque vino luego un incremento forzado en su producción diaria.

“Cuando nos pagaban a 120 pesos, entrábamos a las 6:30 y salíamos a las 15 horas. Ahora, que ya pagan 150 pesos, salimos hasta las 18 horas. Si antes con 15 cajas ya se sacaba el día, ahora ya son 18 o 20 cajas, 50 u 80 botes. Todo diario”, dice.

Convencidas de que la asistencia técnica internacional es la única salida a la imparable espiral de violencia e impunidad que arrastra México desde hace al menos diez años, organizaciones civiles llaman con urgencia a la creación de un consejo asesor en materia de derechos humanos, que fue una de las 14 recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, al gobierno de Enrique Peña Nieto, tras su visita oficial al país en octubre de 2015. 

Así, durante el 34 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, en Ginebra, los primeros días de este mes, integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y de Open Society Justice Initiative (OSJI), se reunieron con funcionarios del Alto Comisionado, con representantes de países europeos ante el Consejo y con el embajador permanente de México ante organismos internacionales, Jorge Lomónaco, para llamar la atención sobre las recomendaciones de Al Hussein, dadas a conocer a fines del año pasado.

Tales recomendaciones son las primeras que un representante de la ONU del nivel de Al Hussein hace después de una visita oficial a un país. El protocolo dicta que en esos casos sólo se lee un mensaje, como también se hizo en su momento. 

Atrocidades

Para Olga Guzmán Vergara, directora de Incidencia de la CMDPDH, y Michael W. Chamberlin, coordinador de estrategia jurídica del Fray Juan de Larios, tan grave es la crisis de derechos humanos en México, que la reacción del representante de la ONU fue la de un relator especial o la de un grupo de trabajo, al emitir recomendaciones que el Estado mexicano está obligado a cumplir.

Guzmán y Chamberlin, quienes acudieron a Ginebra además a presentar el informe de OSJI sobre México, Atrocidades innegables, sostienen en entrevista con Proceso que la propuesta del funcionario de la ONU surgió de una petición expresa de las organizaciones de la sociedad civil durante su visita en 2015, mediante una carta en la que le presentaron un duro diagnóstico de la crisis de derechos humanos en México.

Miles de personas se manifestaron hoy por el centro de Barcelona en contra del proceso que impulsa el Gobierno catalán para independizar la región nororiental del resto de España.

Unas 12 mil personas, según los organizadores, salieron a las calles de la capital regional para sumarse a la iniciativa de la plataforma Sociedad Civil Catalana (SCC) con el lema "Paremos el golpe separatista. Por la democracia, la libertad y la convivencia".

La marcha entre las plazas de Urquinaona y Sant Jaume contó también con el apoyo de políticos del Partido Popular de Mariano Rajoy, los liberales de Ciudadanos y el Partido Socialista de Cataluña.

"Estamos aquí para dar un toque de atención, porque la democracia, la libertad y la convivencia están en peligro ante un proceso que amenaza el orden y la legalidad", explicó durante la marcha José Domingo, presidente de SCC.

Domingo aludió así al proceso que impulsan los partidos independentistas catalanes para "desconectar" la región del resto de España, en medio de una creciente tensión con Madrid.

El Gobierno local de Carles Puigdemont ha prometido para este año un referéndum vinculante sobre la independencia de la región, una posibilidad que el Gobierno central de Rajoy rechaza de plano.

La manifestación salpicada de banderas catalanas y europeas y carteles con lemas como "Nosotros no nos vamos" o "Paremos el golpe" concluyó con la lectura de un manifiesto antiindependentista.

"Los independentistas pretenden que el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de la Generalitat, los ayuntamientos, las diputaciones y el resto de instituciones que controlan se aparten de la legalidad para convertirlas en instrumentos de sus propósitos ilegales e ilegítimos", denunció el texto.

El boicot contra el camarón mexicano, anunciado hoy por organizaciones civiles de Estados Unidos, es una consecuencia de la ineficacia del Gobierno mexicano para actuar en la protección de la vaquita marina, alertaron la organización Greenpeace y pescadores afectados. La medida, coincidieron, afectará a las comunidades que viven de la pesca y no sólo a las del Alto Golfo –hogar de la marsopa– sino a las de todo el país.

“El boicot es simplemente el resultado de los malos manejos que ha tenido el Gobierno mexicano con la conservación de la vaquita”, dijo Miguel Rivas, coordinador de la campaña de Océanos de Greenpeace México, en entrevista para SinEmbargo. El activista señaló que durante muchos años se minimizó el problema y se creyó que era de índole ambiental, cuando en realidad se trata de tema socioambiental que incluye no sólo a las especies del mar de Cortés, sino a la gente que vive en los alrededores.

Rivas vaticinó que con la administración de Donald Trump, la situación podría empeorar. “Significa que podríamos tener embargos generales, como una política de Gobierno y no sólo como un boicot de los consumidores al camarón mexicano”, dijo.

El pescador Rual Martín Verdugo Montoya lamentó la decisión de las organizaciones de la sociedad civil estadounidenses que convocaron a boicotear el camarón mexicano, y responsabilizó al Gobierno de Enrique Peña Nieto de esta situación que deja en la indefensión a cientos de familias que dependen económicamente de la pesca.

“Nos parece muy lamentable. Todo el tiempo nos ha pasado que nos castigan a nosotros los pescadores por la ineficiencia de nuestro Gobierno. Nosotros estamos pagando los platos rotos. Tanto la vaquita marina como los pescadores estamos a punto de extinguirnos, mientras la pesca furtiva incrementa”, lamentó.

Ante este panorama, el pescador hizo un llamado a las organizaciones de Estados Unidos a que “tengan consciencia” de que a quienes están afectando con el boicot es a los pescadores y a las familias que dependen de esta actividad.

Pidió que “no hagan lo mismo que ha hecho el Gobierno mexicano: castigarnos a nosotros. Si el Gobierno es el que está fallando, pues que hagan medidas que lo castiguen, que es quien no ha cumplido, pero no a nosotros y a nuestras familias”.

Verdugo Montoya extendió una invitación a los grupos civiles a que visiten las comunidades a fin de que “vean la realidad que estamos viviendo. Porque de lejos, todo el mundo opina, pero nadie mira realmente lo que estamos pasando nosotros”.

El incremento de peticiones de refugio en México de quienes huyen de la violencia y los problemas de sus países, genera preocupación por los recursos que se requieren para atender a los migrantes, reconoció Mark Manly, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Y aunque para este año se esperan unas 22 mil solicitudes de refugio, es decir más del doble que en 2016 cuando hubo unas 9 mil peticiones, el presupuesto de la Agencia de Naciones Unidas será el mismo de 4 millones de dólares, precisó el representante de la ONU.

Expresó que a nivel internacional se encuentran con preocupaciones presupuestales por las crisis de refugiados a nivel global, sin embargo, existe el compromiso de ACNUR para respaldar a la sociedad y las autoridades de México para enfrentar los nuevos escenarios.

Para esos fines, dijo en entrevista, se han establecido recursos para construir más albergues y asegurar condiciones adecuadas para recibir a quienes migran, aunque éstas no son suficientes aún.

Mark Manly dijo que de 2011 al año pasado las solicitudes de refugio fueron al alza en mil por ciento, como también la estadística a quienes el gobierno les concedió esa categoría.

De acuerdo con esas cifras, el 90 por ciento de solicitantes provienen de Honduras y El Salvador; los restantes son de Cuba, Venezuela y Guatemala, entre otros.

El funcionario de la ONU comentó que cada vez más quienes llegan de Centroamérica a territorio nacional “no vienen en busca de mejores horizontes, más bien, vienen buscando salvar sus vidas y cada vez ven a México como un país de destino”, y que la mayoría de trámites inician en Chiapas, Tabasco y Veracruz, después buscan el norte para asentarse.

Este martes finaliza el itinerario que integrantes del Sistema de Naciones Unidas en México realizan por la frontera sur, encabezados por el coordinador residente, Antonio Melpoceres.

Los responsables de las agencias y programas de Naciones Unidas se reunieron con el presidente municipal de Tapachula, Neftalí del Toro, e integrantes del cabildo, estuvieron también en la Estación Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración (INM), clasificada como la más grande en Latinoamérica.

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