Interculturalidad

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Autoridades y vecinos de la comunidad El Mezquite Primero, municipio de Zimapán, denunciaron que la minera Carrizal Mining SA de CV vierte jales o desechos en el arroyo del fondo de la barranca de San Francisco, que surte de agua a localidades indígenas otomíes de la sierra Gorda hidalguense.

Germán Andrade Cervantes y Martín Sánchez, delegado y ex delegado, respectivamente, de El Mezquite Primero, y Víctor Guerrero, de la agrupación Comunidades Unidas de Zimapán (CUZ), aseguraron que Carrizal Mining SA de CV arroja polvos tóxicos al arroyo, lo que ha contaminado el agua y la tierra, con la complacencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Sin embargo, Carlos Alberto Silva Ramos, director general de la empresa –que tiene un contrato con Peñoles para explotar minas en Zimapán, de donde ex-traen plata, plomo, zinc y cobre– rechazó los señalamientos y aseguró que cuenta con un certificado de industria limpia otorgado por la Profepa.

Los representantes en Hidalgo de la citada dependencia se han negado de manera reiterada, desde hace tres semanas, a dar entrevistas al respecto.

En un recorrido que La Jornada realizó por El Mezquite Primero, situado en la zona boscosa de la sierra Gorda de Zimapán, se constató que en algunas partes el agua del arroyo de la barranca de San Francisco está blanquecina a causa, según Andrade Cervantes, de los polvos grisáceos provenientes de una de las presas de jales de Carrizal Mining.

Arsénico y cianuro en suelos

En algunos puntos, la tierra de la orilla del arroyo tiene tonalidades rojizas, lo que de acuerdo con Víctor Guerrero, es prueba de que los jales están contaminando el suelo con arsénico y cianuro, utilizados en el proceso de separación de metales.

Alertó que esto resulta altamente peligroso, pues provocará la paulatina desertización del bosque, así como la proliferación de casos de cáncer.

Explicó que en los meses de abril, mayo y junio, que por lo regular son muy lluviosos, las precipitaciones provocan la crecida de arroyo que se encuentra en el fondo de la barranca, por lo que los polvos contaminantes son conducidos por la corriente de agua a poblados vecinos que se encuentran a lo largo del afluente.

Los cadáveres de dos mujeres, de 25 y 27 años de edad, fueron hallados este sábado 22 de abril en la carretera federal Acatzingo-Xalapa, a la altura de San Salvador el Seco.

Los cuerpos estaban semidesnudos, sin ropa interior y presentaban huellas de violencia, en su mayoría de arma corto contundente.

Las autoridades ministeriales mantienen el tema con mucho sigilo y únicamente informaron que ambas mujeres habían muerto atropelladas, sin embargo fuentes de seguridad revelaron a Periódico Central que por las características del hallazgo y las heridas, se trata de dos nuevos feminicidios.

Por esto se teme que las autoridades estén ocultando información debido a la gran cantidad de feminicidios que se han suscitado en Puebla.

Las víctimas son de tez morena, cabello oscuro y trascendió que trabajaban en un bar de la zona. Debido a que se encontraban semidesnudas, no se halló ningún documento para poder identificarlas.

Ya se investiga si en algún municipio cercano de la zona o en Veracruz hay algún reporte de mujeres desaparecidas.

Con estos suman 34 feminicidios en lo que va del año, ocurridos en la entidad poblana. 

Estos son los feminicidios que se han cometido en Puebla en lo que va de 2017:

32. Soledad Sánchez, Tehuacán 

Soledad Sánchez, de 40 años de edad, viajaba en un automóvil cuando sujetos a bordo de una motocicleta comenzaron a dispararle. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la noche del 21 de abril, en la calle Sonora Sur de la colonia México Sur, del municipio de Tehuacán.

Adán de la Cruz Gallegos, de 45 años, es un indígena zapoteco del estado de Oaxaca (Sur de México) que lleva siete años preso, esperando a que un tribunal decida si es culpable o no de dos delitos de secuestro.

 

Su abogado asegura que fue detenido sin orden de aprehensión el 4 de octubre de 2010 en las calles de su ciudad natal, Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, a unos 400 kilómetros al este de la capital de Oaxaca.

Lo acusan por los secuestros de la médica Amira Sánchez Martínez, el 13 de octubre de 2009, y el de Julio Rasgado, el 27 de julio de ese año.

Al inicio del proceso judicial, no tuvo un traductor –su lengua materna es el zapoteco y no habla bien español–. Hace siete años firmó una declaración de culpabilidad, pero su actual defensor público afirma que no fue de su autoría , sino que se la redactaron y lo obligaron a firmar. El abogado prefiere omitir su identidad ante el temor a perder su trabajo por ser un funcionario federal.

Adán Cruz Gallegos, un indígena de Oaxaca, lleva siete años preso esperando a que un tribunal decida si es culpable o inocente de dos delitos de secuestro. 

Un certificado médico en el expediente del caso señala que fue golpeado durante los primeros días que estuvo detenido.

En enero de este año la defensa de Adán presentó varios documentos para probar su inocencia. Una es la declaración del gerente de un hotel en Champotón, Campeche, quien aseguró que el día que Amira Sánchez fue secuestrada, Adán de la Cruz estaba alojado ahí, lejos de donde ocurrió el crimen. La carta es parte del expediente penal 98-2010 del Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca.

Pero también existe una carta de la empresa para la cuál laboraba de la Cruz, según la cuál, el 13 de octubre de 2009 el hombre estaba trabajando en Seybaplaya, Campeche, una ciudad ubicada a 768 kilómetros de distancia de Juchitán, donde ocurrió el secuestro.

Algo similar pasa con el secuestro de Julio Rasgado. El expediente judicial de Cruz –entonces empleado de la empresa Nabor Drilling Perforaciones– contiene documentos oficiales del Servicio Marítimo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en los cuales se acredita que el 21 de julio de 2009, Adán de la Cruz Gallegos abordó la plataforma (petrolera) Alkal Delta (Akal G-R), en la ciudad del Carmen, Campeche, donde estuvo 28 días.

Esto, dice su abogado, demuestra que el acusado no estaba en Juchitán el día que secuestraron a Rasgado.

El juez que lleva el caso, Anastacio Ochoa Pacheco, asegura que la Ley penal impide que una persona acusada de secuestro y delincuencia organizada –como es el caso de Adán– enfrente su proceso fuera de prisión. El juez explica que la Constitución mexicana establece un plazo máximo de un año en prisión preventiva, salvo cuando el imputado requiera mayor tiempo para defenderse. 

“En estos casos hay complicaciones y se retrasan. A veces no hay traductores, o no viene el agente aprehensor que debería declarar. O no hay gasolina para trasladar al reo, o hay bloqueos, o es díficil encontrar a las personas con las que se va a carear. Y si no seguimos el debido proceso nos impugnan y retrocedemos tres años. Y él ha ofrecido muchas pruebas, son estrategias de la defensa”, dice el juez para justificar, en parte, la larga estadía de Adán en la prisión.

El juez Ochoa dice que, hasta que no se evacúen todas las pruebas ofrecidas, de una y otra parte, y se realicen las pruebas periciales pendientes, no podrá dictar una sentencia.

La esposa de Adán, Rosa Ramírez Tolentino, recuerda que cuando detuvieron a su marido estaban saliendo del templo después de bautizar a su hija. “Íbamos a hacer fiesta, los invitados estaban esperándonos, pero ya no llegamos, porque a él se lo llevaron”, dijo.

Organizaciones de la sociedad civil que han acompañado al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y han trabajado en el proceso de discusión y elaboración del proyecto de dictamen de Ley General sobre la Desaparición de Personas, criticaron los cambios realizados al documento porque “rompen con el modelo de contrapesos para abatir la impunidad y la aquiescencia del Estado en las desapariciones”.

En un comunicado destacaron que al analizar los comentarios al proyecto de dictamen enviados ayer por el Poder Ejecutivo, “vemos con mucha preocupación recibir una propuesta regresiva, que está por debajo de la construcción colectiva trabajada con familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en la materia desde hace casi dos años”. 

Entre los principales puntos de preocupación resaltan siete, el primero de ellos, la inclusión del término “persona no localizada”.

Las organizaciones sostienen que si bien están de acuerdo con que debe distinguirse la situación de desaparición vinculada a un delito con la de no localización, como indica el comentario que aparece en la fracción V del Artículo 2, consideran que el uso que se le da a tales términos –dentro de todo el texto– los equipara, en lugar de distinguirlos.

“Esto es grave, a tal grado que incluso en lo que atañe a la declaración de ausencia, se extiende a ambas categorías, sin reconocer la naturaleza de la figura jurídica”.

En segundo lugar, señalan que se vuelve a condicionar y subordinar las acciones de búsqueda a la calificación jurídica, y ello tendrá dos consecuencias: saturaciones en fiscalías especializadas y/o ineficacia en la localización de personas dentro de las primeras 72 horas.

Puntualizan que las acciones de búsqueda en campo dependen de las facultades de las autoridades ministeriales, sus límites y de su voluntad. En cuanto a competencias, la búsqueda sigue la suerte de la investigación, apunta el comunicado.

La oposición venezolana volvió ayer a las calles para continuar las protestas contra Nicolás Maduro. Tras la gran marcha del miércoles, el objetivo de los manifestantes consiste en mantener viva esa presión. Muchos se dicen dispuestos a movilizarse a ultranza, a pesar de los choques con las fuerzas de seguridad en la jornada anterior, que dejó al menos tres fallecidos, y que ayer seguían. Los líderes opositores acusaron a las autoridades de “represión” y estas responsabilizaron a los manifestantes de al menos una de las muertes.

La escalada de tensión en Venezuela no cesó con la que fue bautizada como “madre de todas las marchas”. Eso fue el punto de partida para nuevas protestas, aunque los convocantes comunican sus planes día a día, sobre todo a través de las redes sociales. Cientos de ciudadanos volvieron a concentrarse este jueves en las mismas zonas que el miércoles desde las 10 de la mañana. Con el paso de las horas fueron aumentando y se convirtieron en miles. En la plaza de Altamira, en el oeste de Caracas, en vías estratégicas como la de Prados del Este, y con la meta inicial: alcanzar la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de la ciudad. Este viernes lo harán en los barrios y urbanizaciones y el sábado prometen volver a marchar. 

Las circunstancias de la marcha, no obstante, eran distintas. El 19 de abril fue un día festivo, mientras que este jueves era laborable. Por esta razón, Henrique Capriles, líder de Primero Justicia y uno de los dirigentes más significados de la oposición, pidió que los venezolanos pudieran “ausentarse de su actividad laboral o académica”. “Hoy [por el jueves] también estamos en la calle para rechazar la represión”, enfatizó el también gobernador del Estado de Miranda, inhabilitado recientemente por 15 años. Volvieron a producirse choques con las fuerzas de seguridad. La Guardia Nacional volvió a recurrir a los gases lacrimógenos para disolver algunas concentraciones de opositores. “Si ayer estaban agresivos, hoy están más agresivos”, dijo Capriles.

Mientras tanto, el Gobierno de Maduro, que intenta vincular a la oposición con los episodios de violencia desde el inicio de las protestas, hace tres semanas, aseguró que al menos uno de los tres fallecidos el miércoles, una mujer antichavista tiroteada en el Estado de Táchira, murió según su investigación a manos de un militante del partido de María Corina Machado, el opositor Vente Venezuela. Hace tres años, el exalcalde del municipio Chacao de Caracas, Leopoldo López, fue encarcelado con la acusación de haber instigado en 2014 unos disturbios tras unas manifestaciones.

Los sirios evacuados de localidades sitiadas de Siria reanudaron este viernes el viaje hacia su destino final después de haber permanecido bloqueados en los autobuses durante 48 horas, una operación de evacuación suspendida por un sangriento atentado y divergencias de último minuto.

El fin de esta evacuación de civiles y combatientes de localidades controladas por el régimen o por los rebeldes sellará la primera fase del acuerdo alcanzado entre el régimen de Bashar al Asad y los rebeldes que permitió la evacuación de más de 11.000 personas.

Para las 3.300 personas evacuadas el miércoles, la espera fue larga. Los 60 autobuses en los que debían partir estaban detenidos en dos zonas de tránsito en la periferia de Alepo (norte).

Desde el miércoles por la mañana, 45 autobuses cargados de civiles y combatientes evacuados de Fua y Kafraya, dos localidades de la provincia de Idlib, estaban parados en Rashidin, en la periferia rebelde de Alepo.

En paralelo, 11 autobuses que llevaban a los de tres localidades rebeldes -Zabadani, Serghaya y Jabal Sharqi- estacionaban desde el miércoles por la noche en la zona de Ramusa, controlada por el Gobierno al sur de Alepo.

La operación estaba suspendida a la liberación de 750 prisioneros de las cárceles del régimen.

Una parte de los autobuses, de ambos lados, "reemprendieron el camino" hacia su destino final respectivo, indicó a la AFP Rami Abdel Rahman, director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Pero Rahman no podía confirmar de momento si los prisioneros fueron liberados.

"Los 11 autobuses abandonaron Ramusa para dirigirse a la provincia de Idlib", destino final de los habitantes de localidades rebeldes y controladas por insurgentes y yihadistas, explicó Abdel Rahman.

En simultáneo, otros "10 autobuses partieron de Rashidin y entraron en la ciudad de Alepo, bajo control total del régimen sirio desde finales de 2016, precisó.

Esta evacuación había comenzado hace una semana, pero fue suspendida por un sangriento atentado el sábado que dejó 126 muertos, de los cuales 68 niños.

El régimen acusó a los rebeldes, que desmintieron su responsabilidad. El ataque no ha sido reivindicado.

El jueves, el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, afirmó que el ataque lo cometieron personas disfrazadas de trabajadores humanitarios.

Según unos testigos del atentado, un vehículo que distribuía comida a los niños estalló cerca de los autobuses que transportaba a los evacuados.

Las políticas públicas hacia la comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTTI) son escasas y aisladas, por lo que se requiere que las autoridades dejen de pensar en trabajar para una población homogénea y consideren la diversidad, consideró Nadia Sierra, de estudios, promoción y desarrollo de los derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el foro Política pública LGBT+México, realizado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo que falta una visión enfocada en la orientación sexual y la identidad de género, así como construir un diagnóstico de necesidades y posibles políticas públicas a adoptar, dónde se pueden implementar y darles un seguimiento.

Refirió que cada una de las poblaciones de la diversidad sexual requiere políticas específicas.

Ricardo Baruch, del Instituto Nacional de Salud Pública, participante en el foro, ejemplificó que en el tema de salud surgen dos vertientes poco visibles: el reconocimiento de las necesidades de las personas trans para el cambio de sexo, que las lleva a hacer uso de hormonas o a inyectarse aceite para realizar cambios en sus cuerpos porque no hay instancias médicas que las atiendan; igualmente, señaló, en el caso de las personas intersexuales, que nacen con diferentes tipos de variaciones de las características sexuales, y no hay normas o leyes que digan a los médicos qué es lo que tienen que hacer por lo que, dijo, el pediatra decide el sexo del bebé y las complicaciones en un futuro pueden ser incluso reproductivas.

Vigilia por Chechenia

Por segunda noche consecutiva, integrantes de la comunidad LGBTTTI se manifiestaron afuera de la embajada de Rusia en la Ciudad de México para exigir al gobierno poner un alto a la persecución y matanza de esta población en Chechenia.

En la vigila informaron que diversas organizaciones entregaron una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que haga un llamado al gobierno ruso y para que éste se comprometa con la promoción, protección, reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, abordará la próxima semana en Londres el proceso de negociación del Brexit con la primera ministra británica, Theresa May, anunció este jueves una portavoz del ejecutivo comunitario.

"Juncker viajará a Londres el próximo miércoles 26 de abril invitado por la primera ministra May para discutir sobre el proceso de negociaciones del Artículo 50", indicó la portavoz Mina Andreeva, quien precisó que el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, formará parte de la delegación europea.

La visita del presidente del ejecutivo comunitario llegará una semana después de que el Parlamento británico diera su visto bueno al adelanto electoral propuesto por May para el próximo 8 de junio con el objetivo de reforzarse antes de las negociaciones de divorcio con la UE.

Tras el anuncio del adelanto electoral, los 27 ya han indicado que este no modifica su calendario para el Brexit, cuyas negociaciones "reales" comenzarán tras las elecciones, apuntó Juncker el miércoles después de hablar con teléfono con May.

Los europeos mantienen sus preparativos de cara al inicio de estas complicadas negociaciones.

Así, los mandatarios europeos reunidos sin Reino Unido el 29 de abril en Bruselas deberán aprobar las orientaciones de negociación planteadas por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

A continuación, el Consejo de la UE las convertirá el 22 de mayo en directrices concretas de negociación que deberá seguir el responsable negociador de los 27 para el Brexit. A partir de ese momento, las negociaciones ya podrían empezar por parte del lado europeo.

Jean-Claude Juncker será el tercer dirigente de una institución europea en viajar a Londres desde que May activara formalmente el Artículo 50 el 29 de marzo, después de Tusk el 6 de abril y del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, este jueves.

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