Interculturalidad

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El relator especial para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Enrique Gil Botero, renunció a su cargo para ocupar el Ministerio de Justicia de Colombia.

Botero, quien además era relator sobre los Derechos de Migrantes en Barbados, Chile y Guatemala, fue pieza clave en las negociaciones para la conformación del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa, en el que se establecen visitas del relator de país para supervisar el avance de las indagatorias para la localización de los 43 estudiantes desaparecidos. 

En el contexto del inicio del 161 Periodo de Sesiones, la CIDH informó de la separación de Gil Botero, quien presentó su renuncia el pasado jueves 9. Ese mismo día, el presidente de la CIDH, James Cavallaro, notificó la decisión del colombiano al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, “a fin de llenar la vacante”.

En un comunicado, la CIDH informó que de acuerdo con el estatuto del órgano de derechos humanos, en un plazo de 30 días los países miembros de la OEA presentarán candidatos al secretario general, quien a su vez presentará la lista al Consejo Permanente de la Organización, que tomará la decisión sobre la vacante.

Agregó que al iniciar este miércoles el primer periodo de sesiones del año, los comisionados elegirán a quienes encabezarán la mesa directiva –un presidente y dos vicepresidentes– y deliberarán sobre la coordinación de las relatorías de país y temáticas que estaban a cargo de Gil Botero, quien fue elegido en la Asamblea de 2015 y debía terminar su mandato en diciembre de 2019.

Este año expirarán los mandatos de los comisionados James Cavallaro, presidente de la CIDH; el mexicano José de Jesús Orozco, y el brasileño Paulo Vanuchi.

Si queremos conservar a la familia como el núcleo primario de los valores que rigen la convivencia social, debemos aceptar que el concepto de ésta cambie, sostuvo el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.

Al inaugurar el congreso “¿Familia o Familias en México? Diversidad, convivencia y cohesión social en la sociedad contemporánea”, expuso que el 60 por ciento de los hogares en el país ya no sigue el modelo tradicional, conformado por una madre, un padre y sus hijos, y se estima que existen alrededor de 160 mil hogares homoparentales, es decir, de parejas del mismo sexo con hijos.

En contraste, sostuvo, el 71.8 por ciento de la población considera que la familia ideal es aquella integrada de manera tradicional; una de cada cuatro personas opina que las familias formadas por parejas del mismo sexo son inaceptables, y un 9.7 por ciento piensa que no existe un tipo de familia ideal.

“México es, en muchos rubros, un ejemplo de diversidad y pluralidad y los datos confirman que nuestras familias no son la excepción. Los números son concluyentes: si queremos conservar el valor de la familia como el núcleo primario de los valores que rigen nuestra convivencia social, debemos reconocer que el concepto debe cambiar”, subrayó.

En el Salón Juárez, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, expuso que debido al incremento de las rupturas conyugales y la creciente e irreversible aceptación social de la homosexualidad, el concepto de familia ha tenido un replanteamiento global sin precedente. Sin embargo, hay quienes se resisten, por prejuicios y cerrazón, a aceptar los nuevos derechos; cierran los ojos a la realidad, creyendo que los cambios de paradigmas amenazan nuestros valores y el orden social.

“A ellos habrá que abrirles los ojos y dejar, con convicción, que la evolución social continúe y permita la formación de nuevos núcleos familiares acordes a la realidad. Ésta no es tarea fácil, como no lo es ninguna que nos obligue a encarar prejuicios y asumir opiniones distintas a las mayorías, pero cuando la convicción es seguir el camino de la inclusión y la diversidad, la tarea es indispensable y en ella habrá que seguir trabajando”, abundó Graue.

Por ello, celebró que el congreso organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) constituya un foro que permita desahogar con claridad y sin prejuicios estos temas, comprender la complejidad de contextos que influyen en la integración familiar y encontrar las mejores soluciones para el desarrollo pleno de la sociedad. Es la tarea que nos viene por delante.

Las y los afromexicanos integran el grupo de personas que sufren la mayor discriminación en el país, incluso más que las y los indígenas, señaló la maestra Elvia González del Pliego Dorantes, coordinadora del Programa de Asuntos de Género de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

De acuerdo con González del Pliego, algunas mujeres afromexicanas discriminadas por el color de su piel, rasgos y fisonomía son obligadas a cantar el Himno Nacional durante la labor de parto o al requerir atención médica en clínicas de salud “para ver si son mexicanas o migrantes; para ver si les dan consulta o no”.

Guerrero y Oaxaca son dos de los estados que cuentan con personas afromexicanas, mismas que debido a su raza son insultadas y agredidas incluso por habitantes de comunidades cercanas a las suyas. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en el país hay 1.4 millones de personas que pertenecen a este grupo.

“Por lo anterior, en la IBERO nos interesa poner la mirada en ellas y en ellos, los afromexicanos, para empezar a trabajar con nuestros estudiantes y  profesorado en proyectos para apoyar a esta comunidad, y reivindicar todo lo que no se le ha dado y reconocido a lo largo de la historia de México”.

En ese sentido, y gracias a la colaboración del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (organización feminista dedicada a la formación de liderazgos sociales con perspectiva de género, derechos e interculturalidad), la Universidad Iberoamericana abrirá sus puertas a mujeres afromexicanas para que dentro del campus puedan hacer un posicionamiento sobre la riqueza cultural que han aportado a México, a través de su danza, música y pintura.

Semana de Género, Arte y Diversidad en la IBERO

La presencia de las afromexicanas en la IBERO se dará en el marco de la "2da. Semana de Género, Arte y Diversidad"que se llevará a cabo del 21 al 24 de marzo del presente año, donde ellas serán uno de los diferentes grupos que mostrarán, en el foro artístico de la semana, “las problemáticas que nos están doliendo como país”.

La ballena gris realiza una de las migraciones más largas del mundo para su reproducción. Cada año hembras preñadas y juveniles de esta especie recorren 12 mil kilómetros en el Océano Pacífico, desde los mares de Bering, Chukchi y Beaufort en Alaska, hasta las lagunas costeras de Baja California Sur, para aparearse y dar a luz a sus crías. 

En lo que va de la presente temporada de reproducción de la ballena gris se han contabilizado 708 crías en el complejo lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro, 79 en San Ignacio y unas 80 en Bahía Magdalena, informó el director regional de la Península de Baja California y Pacífico Norte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Benito Bermúdez Almada.

Una historia de éxito

La población mundial de ballena gris se estima en más de 26 mil ejemplares. Cada año nacen en promedio más de mil crías, todas ellas en aguas de Baja California Sur.

La ballena gris estuvo al borde de la extinción. En 1920 quedaban menos de mil ejemplares en el mundo como consecuencia de la caza indiscriminada para el aprovechamiento de su grasa, la cual se utilizaba como aceite para alumbrar lámparas.

En 1949, la Comisión Internacional Ballenera, de la que forma parte México, acordó una veda permanente para la ballena gris, con lo cual comenzó la recuperación de la especie que en la actualidad es admirada por más de 100 mil turistas cada año, que viajan de todo el mundo para observarla en las lagunas costeras de Baja California Sur.

En 1972 el gobierno mexicano decretó la creación de los primeros santuarios de ballenas en las lagunas San Ignacio y Ojo de Liebre-Guerrero Negro, ubicadas dentro de la Reserva de la Biosfera El Vizcaino en Baja California Sur.

Por su valor universal excepcional como el mejor sitio en el mundo para la reproducción y crianza de la ballena gris, en 1993, la CONANP inscribió como Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad al Santuario de Ballenas de El Vizcaíno.

Más de 500 personas se concentraron en esta ciudad para celebrar el tercer aniversario del Frente Indígena Campesino de México (Ficam), quienes desde esta ciudad se pronunciaron por la libertad de los presos políticos, exigieron un alto a los proyectos de muerte e hicieron patente su rechazo a la privatización del agua.

En la reunión plenaria, expusieron sus propuestas y puntos de vista, los integrantes de organizaciones como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maiz), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), el Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (Uprez).

Ahí se expresaron las preocupaciones de las comunidades indígenas, relacionadas con los proyectos de mineras, presas e hidroeléctricas que en diferentes puntos del país son impulsadas por los gobiernos tanto Federal, Estatal y Municipal.

Se hizo el compromiso de mantener la unidad entre las organizaciones, con el objetivo de luchar en conjunto contra esos proyectos, ya que se trata de iniciativas que tienden a despojar a los pueblos rurales de sus riquezas y convertirlos en esclavos de industrias transnacionales.

Francisco Jiménez Pablo, integrante de la Comisión de Enlace del Ficam y líder de la CNPA, manifestó que el despojo de la tierra lo decreta el gobierno para que luego las empresas sean las que se aprovechen de esos recursos, acción que se trata de imponer en todo el país, con lo que se impone más marginación y pobreza a los actuales dueños de la tierra, por lo que llamó a resistir a esas iniciativas.

Jiménez Pablo exigió la inmediata liberación del líder de la Unión de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, Rubén Sarabia Simitrio, así como de los demás presos de conciencia que fueron encarcelados en la entidad.

Indicó que el trabajo de las organizaciones es también enfocado a la defensa de los derechos humanos, por lo cual mantienen ese frente de solidaridad con los luchadores sociales que han sido privados de su libertad.

Luego de la asamblea, todas las organizaciones realizaron una marcha por la ciudad, misma que concluyó con un mitin en el zócalo, desde donde también expresaron su rechazo a la privatización del agua.

Los niños sufrieron una “escalada drástica” en la violencia por la guerra civil siria durante 2016, alertó la ONU en un reporte que muestra que las muertes infantiles aumentaron por lo menos un 20 por ciento en comparación al año anterior. El reclutamiento de menores de edad también incrementó en más del doble.

El reporte emitido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, califica al 2016 como el peor año hasta ahora para los niños cuyas vidas han quedado en vilo por el conflicto sirio, que este mes cumple seis años de duración.

“La profundidad del sufrimiento no tiene precedentes”, dijo Geert Cappelaere, el director regional de Unicef para el Medio Oriente y África norte. “Cada y uno de estos niños tendrá cicatrices para toda su vida que conllevan consecuencias horripilantes para su salud, bienestar y futuro”, añadió en un comunicado emitido en conjunto con el reporte.

Por lo menos 652 niños murieron en diversos ataques alrededor del país, el mayor número desde que empezaron a llevarse registros verificados de muertes de menores en 2014, según el informe. De esos 652, por lo menos 255 –más de un tercio– murieron dentro de una escuela o cerca de una. Eso refleja cómo todos los bandos del conflicto han ignorado el papel de los colegios como un lugar seguro dentro de la guerra. Otro documento de Unicef, publicado en diciembre, reportó que fueron registrados 84 ataques en contra de escuelas durante 2016.

El reporte también indica que más de 850 niños fueron reclutados el año pasado, en comparación con 362 casos durante 2015. Aunque la mayoría de los reclutamientos fueron impulsados por grupos insurgentes y por extremistas, dijo Najwa Mekki, portavoz de Unicef, “todas las partes” reclutaron a menores, algo prohibido por la ley internacional humanitaria.

“Los niños están siendo usados y reclutados para luchar directamente en los frentes y cada vez más asumen roles de combate, incluidos casos extremos como verdugos, atacantes suicidas y guardias de prisiones”, señala el reporte.

Además, 280.000 niños viven en zonas de difícil acceso y prácticamente desconectados de cualquier ayuda humanitaria. Casi seis millones de menores dependen de esta para sobrevivir, doce veces más que en 2012.

Más de dos millones de niños sirios viven como refugiados en Turquía, Líbano, Jordania, Egipto e Irak; suman más de la mitad de todos los sirios que han huido de su país desde que el conflicto se desató en marzo de 2011 tras protestas contra el gobierno de Bashar al Asad.

Durante las últimas dos semanas, se han perpetrado siete feminicidios en Puebla. El caso más reciente es el asesinado de Lucía Diego Ángeles, de 36 años de edad, quien fue encontrada sin vida, con puñaladas en el cuello, tórax y signos de violencia.

El cuerpo de Lucía fue hallado en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, y su muerte representaría el feminicidio 19 en Puebla, en lo que va del año.

Familiares de la mujer acusaron que su pareja, Juan J., es el probable responsable del asesinato, por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para dar con su paradero.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes al interior de un domicilio ubicado en Ranchito San Miguel que se encuentra en un camino de terracería en la entrada de Azumiatla.

Paramédicos de la ambulancia 035 del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) arribó a la vivienda ubicada en el Camino a Azumiatla, luego de que solicitaron el apoyo para atender a un mujer quien se encontraba severamente herida.

Los rescatistas ofrecieron la atención médica necesaria pero la mujer ya había perdido la vida.

Dos días antes, con signos de tortura, fue hallado encontrado el cadáver de una mujer en la carretera federal de Tepeaca, a la altura de la comunidad de San Felipe Tenextepec.

La víctima de aproximadamente 30 años de edad no portaba ninguna identificación por lo que se desconoce su identidad.

El hallazgo se registró alrededor de las 8 horas de este miércoles 8 de marzo, coincidentemente con el Día Internacional de la Mujer, cuando pobladores de la región reportaron el caso al número de emergencia 911.

De enero a la fecha, el fiscal de Puebla, Víctor Carrancá Bourget reconoció como feminicidios a 13 de los 18 asesinatos de mujeres que ha ocurrido en el estado.

En la mayoría de los casos, las mujeres perdieron la vida debido a una agresión violenta por parte de su pareja y en su propia casa, confirmó el funcionario estatal.

Dos días antes, este lunes 6 de marzo, fue encontrada sin vida la joven Alondra Magali Romero Cortés, quien contaba con 17 años de edad y era madre de dos bebes, de uno y dos años.

Su cuerpo fue encontrado al interior de su casa en la calle Francisco Márquez en la comunidad de San Juan Chachapa, del municipio de Amozoc.

Las primeras indagaciones de la policía municipal apuntan a que la mujer pudo haber perdido la vida a manos de su pareja sentimental.

Durante la última semana de febrero, se perpetró el cuarto feminicidio en una semana en el estado de Puebla, el caso 16 en lo que va del año.

En el municipio de Chiconcuautla, fue hallado el cuerpo sin vida de Juana de los Santos al fondo de una barranca en la comunidad de San Lorenzo Tlaxipehuala, con un impacto de bala en la frente y marcas de golpes.

Se ha reportado 19 feminicidios en el estado en lo que va del año.

El 27 de febrero, un par de mujeres fueron asesinadas con extrema violencia en el municipio de Huejotzingo, los homicidios que encuadran con el delito de feminicidio representan los casos 14 y 15 de 2017.

El primero de los feminicidios que se dio a conocer fue el de Socorro de 70 años de edad; la mujer rentaba un cuarto en construcción en la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo, al hombre que se presume la habría matado.

Mientras el segundo caso de feminicidio de Enriqueta Trujillo Osorio, de 45 años de edad, tuvo lugar en la comunidad de San Luis Coyotzingo, también del municipio de Huejotzingo. El cuerpo fue hallado con golpes y después le prendieron fuego.

Organizaciones no gubernamentales pidieron al gobierno incluir en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017–2021 un capítulo específico sobre la situación actual del delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y ejecutar y destinar anualmente recursos económicos suficientes a las instituciones gubernamentales encargadas de dar cumplimiento a la Estrategia Estatal contra este flagelo.

En rueda de prensa, integrantes de diversas organizaciones plantearon también que las acciones que establezca el gobierno estatal se sustenten en la política pública establecida en la Estrategia contra la Trata y su Plan Sexenal, además de hacer las adecuaciones pertinentes de acuerdo con las condiciones actuales de la problemática, a partir de la prevención, atención y protección integral multidisciplinaria, investigación y judicialización, y coordinación interinstitucional ente los diferentes órdenes de la administración pública.

Asimismo, subrayaron la necesidad de impulsar una estrategia educativa integral y permanente con perspectiva de género y masculinidades no violentas, que transforme los patrones culturales y enseñe a la población estudiantil y docente a identificar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, entre otras formas de violencia, a prevenirla, a no generarla y a no reproducirla en el estado.

En su momento, Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, informó que dicha propuesta fue presentada y entregada al gobierno del estado en el Foro Igualdad de Género para Ser más Justos, que se celebró el pasado miércoles en Natívitas, como parte de la estrategia Construir y Crecer Juntos para la elaboración del PED 2017–2021.

Por ello, confiaron en que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez tome en cuenta esta propuesta en la construcción del PED, si es que pretende cumplir su política de gobernanza moderna, en la que se requiere de la participación ciudadana para la resolución de problemas que aquejan a la entidad.

La propuesta ciudadana que entregaron al gobierno está respaldada por 3 mil 667 firmas de ciudadanas y ciudadanos tlaxcaltecas de 44 municipios de la entidad, resaltó.

En la rueda de prensa estuvieron presentes integrantes y representantes del Centro Fray Julián Garcés, del Centro de Economía Social Fray Julián Garcés, del Centro de Atención a Familias Migrantes (Cafami), así como de equipos parroquiales de la Pastoral Social.

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