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Interculturalidad (783)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las instancias correspondientes otorgar recursos extraordinarios para el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El organismo informó que el fideicomiso del mecanismo no recibió recursos en el presupuesto de 2017, por lo que utiliza remanentes de años anteriores.

La CNDH obtuvo esa información, ya que participa en la junta de gobierno de esa instancia de protección, gracias a lo cual detectó el faltante de los recursos.

Si bien en el presupuesto de años anteriores se aprobó una partida especial para el fideicomiso del mecanismo, en 2017 no se destinaron recursos al mismo, por lo que actualmente se utilizan remanentes de años anteriores, cuestión que muy probablemente provocará que en los últimos meses de 2017 se terminen los recursos y exista imposibilidad de continuar financiando las medidas de protección que actualmente favorecen a cientos.

Por ello, se dio a conocer que el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dirigió una solicitud al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, y a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, para que de manera coordinada ambas instancias acuerden y destinen los recursos extraordinarios necesarios para que el fideicomiso pueda continuar financiando las medidas de protección durante 2017, y se programe en el momento oportuno el presupuesto para 2018 que incluya los recursos necesarios.

La CNDH enfatizó que la situación de violencia en muchas regiones del país ha hecho necesario que defensores de derechos humanos y periodistas se incorporen al mecanismo con la finalidad de contar con medidas de protección, pues éstas suponen una salvaguarda.

Para el organismo nacional no destinar esos recursos extraordinarios supondría que periodistas y personas defensoras que son beneficiarias del mecanismo se puedan quedar sin las medidas de protección aprobadas para salvaguardar su seguridad y su vida. De ahí la importancia de que se destine el presupuesto solicitado por González Pérez.

De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, México es uno de los cinco países de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo. Tan sólo el año pasado sólo Irak y Afganistán registraron mayor índice en homicidios de esos profesionales. En tanto que la CNDH ha informado que de 2000 a 2016 fueron ultimados 119 periodistas en el país. Además, datos extraoficiales indican que al menos 60 defensores de derechos humanos han sido asesinados de 2010 a 2016.

Lizeth Edith Guzmán Ramírez, de 32 años, fue encontrada sin vida el pasado 15 de abril al interior de su casa, después de que su esposo, Roberto Paredes Gálvez, de 35 años, la apuñalara en al menos en tres ocasiones.

 

Los hechos se registraron en la calle 5 de mayo, en la comunidad de San Miguel La Toma, perteneciente al municipio de Chietla. Ahí, Lizeth le pidió dinero a su esposo para comprar algunas cosas que necesitaba para preparar elotes, esto molestó a Roberto, quien la insultó y la golpeó.

Después, con un arma blanca, la apuñaló en el abdomen, espalda y cuello. En el lugar se encontraba uno de sus hijos, identificado como Felipe Adrián de 13 años, quien también recibió un navajazo en su mano e intentaba pedir auxilio para su madre.

Aunque el agresor huyó del lugar, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Chietla y puesto a disposición de la Fiscalía General regional de Izúcar de Matamoros, por el delito de homicidio.

Estos son los feminicidios que se han cometido en Puebla en lo que va de 2017.

30 Desconocida, Zinacatepec

El pasado 13 de Abril, los restos de una mujer fueron hallados en terreno baldío en la localidad del municipio de San Sebastian Zinacatepec.

29 María Luisa, Puebla

El cuerpo de la mujer de 65 años fue encontrado dentro de un taller mecánico de la colonia Aquiles Serdán, de la capital poblana. Aparentemente, fue asaltada por dos hombres que después la golpearon con un martillo hasta matarla.

28 Jéssica Patricia Pérez, Coronango

La mujer de 19 años de edad, que estaba embarazada, fue encontrada este jueves 6 de abril en campos de cultivos de maíz en Coronango. El cadáver presenta signos de violencia física y sexual

27 Noemí Guadalupe Vergara, Huaquechula

El cadáver de la mujer de 20 años de edad fue encontrado el jueves 30 de marzo en la carretera Tlapanalá-Atlixco. El cuerpo estaba desnudo, le faltaba la pierna izquierda y su pierna derecha estaba totalmente quemada.

El subcomandante Galeano, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), llamó a cerrar filas y “luchar todos en colectivo” porque lo que viene no es ni remotamente el punto más álgido de lo que hasta ahora se ve.

Al terminar el seminario de reflexión crítica Los muros de capital, las grietas de la izquierda en las instalaciones del Cideci-Unitierra de San Cristóbal de las Casas, Galeano envió un mensaje vía video en el que expuso que es urgente luchar todos juntos porque “lo peor está por venir y las individualidades por muy brillantes y capaces que se sientan no podrán sobrevivir si no es con otros, otras”. 

“El zapatismo como pensamiento libertario no reconoce a los ríos Bravo y Suchiate como límites de su aspiración de libertad”, ya que su lema de “para todos todo, no reconoce fronteras”, pues “la lucha contra el capital es mundial”, dijo Galeano.

Indicó que la lucha de los originarios no puede ni debe de circunscribirse a México, debe de alzar la mirada, el oído y la palabra e incluir todo el continente, desde Alaska hasta Tierra del Fuego.

En su videopresentación, Galeano señaló que es urgente luchar, pero “en colectivo es mejor que en lo individual; no puedo explicarles científicamente por qué y tienen todo el derecho de acusarme de esotérico o de algo igualmente horrible. Lo que hemos visto en nuestro limitado y arcaico horizonte es que el colectivo puede sacar a relucir lo mejor de cada individualidad.

“No es que el colectivo te haga mejor y la individualidad te haga peor. No. Cada quien es quien es: Un complejo manojo de virtudes y defectos, lo que sea que signifiquen unas y otros pero en determinadas situaciones afloran las unas o los otros. Prueben aunque sea una vez, no les va a pasar nada. En todo caso, si son tan maravillosos como se conciben a sí mismo, entonces reforzarán su posición de que el mundo no los merece, pero tal vez encuentren dentro de ustedes mismos habilidades y capacidades que no sabían que tenían”, agregó Galeano.

Abundó: “Prueben, total, si no les gusta siempre pueden volver a su cuenta de Twitter, a su muro de Facebook y desde ahí seguir diciéndole al mundo entero lo que debe de ser y hacer”.

“Nosotras, nosotros, hemos visto cómo el trabajo colectivo no sólo ha permitido la supervivencia de los originarios a varias tormentas terminales, también avanzar cuando son comunidad y desaparecer cuando cada quien ve por el bienestar propio e individual”, mencionó ante los simpatizantes y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

En lo que se refiere a las comunidades indígenas zapatistas, continuó: “El trabajo colectivo no lo llevó el EZLN, tampoco el cristianismo; ni Cristo ni Marx tuvieron que ver con el que en momentos de peligro frente a amenazas externas, y también para las fiestas, la música y el baile la comunidad en territorio de los pueblos originarios se hace un solo colectivo.

“Yo les recomendaría que aprovechen lo que va a hacer el Congreso Nacional Indígena (CNI) a partir de mayo de este año. Esperamos de veras que el CNI cumpla su propio mandato y no caiga en la búsqueda de votos y de cargos, sin que lleve el oído hermano para quien abajo es dolor y soledad, que lo alivie con el llamado a la organización”.

En Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, un proyecto de minería de oro y plata a cielo abierto en etapa de exploración avanzada, concesionado a la empresa Minera Gavilán, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals, pone en riesgo la salud de los habitantes, el medio ambiente y el acceso al agua, denuncia un informe realizado por Organizaciones civiles y especialistas en geoquímica, biología y salud.

Desde 2014, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua; el Centro de Estudio para el Desarrollo Rural (Cesder); el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) inciaron el acompañamiento a la población de Ixtacamaxtitlán, a fin de llevar a cabo una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) en el perímetro donde se desarrolla el proyecto minero.

El informe titulado “Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos. Por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la Cuenca del Río Apulco” reveló que la actividad ocasiona impactos sobre la atmósfera, el paisaje y la tierra, que se traducen en alteración del suelo, erosión, deforestación, polvo y gases. Además, la flora, fauna y el equilibrio ecológico de las regiones sufren las consecuencias, debido a la remoción de la vegetación, la alteración del hábitat, el desplazamiento de los animales, la pérdida de biodiversidad y los impactos en la agricultura.

Otro de los daños ocasionados por la minería, arroja el informe, es la contaminación del agua por cianuro, metales pesados y químicos derivados del drenaje ácido de roca; asimismo induce la reducción del vital líquido en el volumen disponible; la competencia por el cambio de su uso; el empobrecimiento del acuífero y el incremento de sedimentos.

 

En el tema de la salud, destaca ese estudio, la actividad extractiva provoca la ingestión de metales pesados, lo cual es dañino para los huesos, los riñones, el hígado y el cerebro. Asimismo, es un agravante de enfermedades crónicas; afecta los sistemas nervioso, digestivo y óseo; desencadena padecimientos de ojos y piel y es factor cancerígeno.

El documento precisa que la contaminación por cianuro impacta en el cerebro y el corazón; además puede llegar a provocar estado de coma y muerte. El polvo y los gases afectan el tracto cardiorespiratorio. El ruido produce pérdida de sensibilidad auditiva, trastornos del sueño, efectos cardiovasculares y fisiológicos, en la salud mental, cambios en el comportamiento y es factor de estrés en niñas y niños.

Un sábado cualquiera, a las 18.58 de la tarde, los ecuatorianos están en el cine, cenan algo en el patio de comidas de un centro comercial o pasan el rato en su casa. Ese día suele haber pocos coches por las calles cuando de lunes a viernes, a esa misma hora, se taponan las principales vías de las ciudades. Pero un sábado cualquiera del año pasado, el del 16 de abril, no se ha borrado de la memoria colectiva. 55 segundos bastaron para que hoy, cuando se cumple un año, Ecuador siga hablando del terremoto que se llevó la vida de 671 personas, que hirió a 4.879 más, que obligó a esperar entre los escombros hasta ser rescatados a otras 113 más y que también desplazó a 80.000 de sus casas.

En 2017, el seísmo de 7,8 en la escala de Richter es arma arrojadiza en campaña electoral, es motivo de discusión política entre la gente común, sigue siendo además orgullo nacional por la respuesta solidaria y unida de los ciudadanos durante los días posteriores a la tragedia y es la portada de los principales periódicos e informativos. Hoy, cuando han transcurrido 365 días mucho más rápido que el escaso y eterno minuto que asoló dos provincias de la costa norte ecuatoriana, se hace recuento de lo recuperado y de lo que falta por hacer.

Las familias ya no lloran ni se desesperan ante las cámaras de televisión, pero casi 4.000 personas siguen viviendo en albergues temporales. Podrán permanecer ahí hasta la tercera semana de mayo, que es la fecha prevista por las autoridades para cerrar los campamentos de emergencia. El terremoto afectó a 69.000 viviendas, de las que 22.015 necesitaban volver a construirse de cero y se demolieron casi 10.000 edificios, según la recopilación de estadísticas del Comité de la Reconstrucción.

La recuperación total de Manabí y Esmeraldas, las dos provincias más golpeadas por el terremoto, durará hasta tres o cuatro años, de acuerdo con el presidente Rafael Correa. El mandatario ecuatoriano hizo un repaso, en su habitual comunicado a la nación de los sábados, a los avances en la recuperación y recordó que el costo de la reconstrucción supera los 3.000 millones de dólares para recomponer, junto a las viviendas, los negocios, las empresas y los servicios básicos, los 83 kilómetros de carreteras destruidos, las 875 escuelas, los 51 centros médicos y hospitales.

Este año, además de cumplirse un año del imprevisible terremoto, Manabí se ha reencontrado con un viejo enemigo conocido: un invierno demasiado lluvioso. En Ecuador, la etapa invernal se refiere normalmente a los meses de diciembre a abril cuando hace más calor y llueve más. Tanto más ha caído entre marzo y abril que se ha declarado la alerta naranja en seis provincias. Los 1.400 eventos entre inundaciones, deslizamientos de tierra en las poblaciones de las laderas de Los Andes, hundimientos de carreteras y desbordamiento de ríos han provocado la muerte de 26 personas, han afectado a otras 127.000 y a 29.000 viviendas. Se han destruido también 7.000 hectáreas de cultivo, como el arroz que es uno de los alimentos básicos de la dieta ecuatoriana, según los últimos reportes de la Secretaría General de Riesgos.

A diferencia de Perú y Colombia, no ha habido grandes sucesos, pero la erosión constante de las lluvias ha afectado a 26.000 ecuatorianos dejando pueblos anegados donde el agua ha subido a cinco metros en los momentos más críticos y a la altura de la rodilla, en su punto más bajo. Para poder movilizar fondos que estaban previstos para otros menesteres, según las autoridades, el Gobierno ha declarado esta semana el estado de emergencia en las zonas comprometidas y ha renovado, un año después del terremoto, el estado de excepción declarado entonces en Manabí.

Cada año, en todos los océanos del mundo se extraen 26 millones de toneladas de peces producto de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, lo que genera un grave daño a los ecosistemas marinos del planeta, alerta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

A fin de frenar el saqueo de los ecosistemas marinos, de los cuales se extrae cada año con la pesca legal entre 91 y 93 millones de toneladas de peces que han hecho de los productos alimentarios del mar los más comercializados del planeta, con un valor de exportación en 2016 de 142 mil millones de dólares, la FAO impulsa una iniciativa para impedir que el pescado capturado ilegalmente llegue a las mesas de los consumidores.

Se trata del proyecto denominado Directrices voluntarias sobre sistemas de documentación de las capturas, a fin de rastrear los peces desde su punto de captura, a través de toda la cadena de suministros, y evitar que llegue al mercado de consumo. Es, afirma la organización multinacional, un esquema de vigilancia desde el mar hasta la mesa.

El documento será suscrito por los miembros de la FAO en en Roma, Italia, del 3 al 8 de julio, luego de que el texto fue aprobado por unanimidad tras cinco años de negociaciones.

Sin embargo, este no es el único esfuerzo que la FAO realizó para frenar la pesca ilegal. En junio de 2016 entró en vigor el primer acuerdo internacional para acabar con la pesca ilegal, suscrito por 29 países –entre los que no se incluye México– que obliga a las naciones a vigilar sus puertos para detectar esta práctica, e impedir la descarga y venta de pescado capturado de forma indebida y compartiendo información sobre los buques que pescan de forma poco escrupulosa.

La nueva iniciativa, afirma la FAO, busca poner fin a la comercialización de la pesca ilegal y garantizar la preservación de los recursos alimentarios que provienen de los océanos.

La documentación de las capturas empieza con la certificación de pesca legal de los envíos de pescado por las autoridades nacionales. Dicha certificación acompaña al pescado que se procesa y comercializa a escala nacional o internacional. Sólo los pescados con documentación válida pueden ser exportados o comercializados a los mercados donde exista el requisito de la certificación de captura legal.

A fin de endurecer las medidas contra los pescadores piratas, las nuevas directrices establecen que las naciones que lo suscriban deberán exigir a los buques pesqueros extranjeros que soliciten autorización para entrar a los puertos con la suficiente antelación, aportando información detallada sobre sus identidades, sus actividades y el pescado que llevan a bordo.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) exigió la libertad de tres tzotziles que fueron encarcelados por las autoridades ejidales en una comunidad de Chenalhó.

De acuerdo con el CNI, el pasado martes 11, alrededor de las 23:00 horas, un grupo de personas –encabezado por Juan Gómez Jiménez, Juan Pérez Pérez y Antonio Méndez Sántiz– llegó hasta el lugar donde viven Alonso Ruiz López, Alonso Jiménez Méndez y Manuel Jiménez Méndez, y por órdenes de Manuel Sántiz Vázquez, agente municipal del barrio Río Jordán, municipio de Chenalhó, se los llevaron sin explicación alguna. 

Armados con palos y machetes, y algunos con armas de fuego, el grupo pidió a los tres indígenas que salieran de sus domicilios, y al hacerlo fueron privados de su libertad y trasladados a la cárcel del ejido Los Chorros, donde permanecerán retenidos hasta que cada uno pague cinco mil pesos a cambio de su libertad.

“Los compañeros retenidos y otras familias, como parte de la Organización Civil Las Abejas, miembros del Congreso Nacional Indígena, se han negado a participar con proyectos del mal gobierno (…), por lo que han sido presionados y amenazados para tomar cargos de gestores, a lo que se han negado por contar con sus propios promotores de salud”, destacó el CNI en un comunicado.

Recordó que en el ejido Los Chorros surgieron los grupos paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997, “quienes además de gozar de impunidad, desde entonces presionan a Las Abejas para aceptar los programas del mal gobierno”.

El CNI repudió la agresión y exigió la inmediata e incondicional liberación de los retenidos.

“Exigimos respeto absoluto a las decisiones autónomas tomadas por la asamblea de Las Abejas y nos pronunciamos en contra de la simulación que ha hecho el mal gobierno para proteger a los mandos políticos y militares responsables de la muerte de 45 compañeros y cuatro no nacidos en 1997”, apuntó.

Y remató: “Desde el Congreso Nacional Indígena saludamos la campaña Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza que levantan los hermanos de Las Abejas en el contexto de los 20 años de la masacre en Acteal y en contra la impunidad que prevalece en favor de los autores materiales e intelectuales del terror y la muerte a manos de paramilitares”.

Muy cerca de la tierra que vio nacer a Emiliano Zapata existe una figura femenina que se hace llamar La Comandanta y que defiende a los cultivadores de frijoles en vías de extinción para fomentar el desarrollo regional a través del pago de un precio justo a los campesinos mexicanos.

“Decido crear La Comandanta para que este mercado tradicional (del frijol) pueda aspirar a un mercado mayor, más justo, trayendo estos alimentos a las grandes ciudades”, explica la mexicana Silke German, artífice de este proyecto.

El plan ya cuenta con una red de seis campesinos que siembran variedades de la zona que estaban en peligro como el frijol sangre de toro, vaquita, ayocote morado o el frijolito negro criollo.

México concentra la mayor diversidad de frijoles del mundo, ya que de las 150 variedades silvestres que existen, 70 son endémicas de esta tierra.

Se distribuyen en siete grupos principales: negros, amarillos, blancos, morados, bayos, pintos y moteados, según recogen estudios de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

German, de origen alemán, reconoce haberse topado con algunas resistencias, por lo que para fomentar la siembra paga por adelantado. Este año espera colocar en el mercado 6.5 toneladas de esta leguminosa.

Uno de los “soldados” de La Comandanta es Adrián Allende Díaz, originario de Tlayacapan (central estado de Morelos) y que apoya la iniciativa desde que arrancó en enero de 2016.

“Las personas de campo dejamos de trabajar porque no había mercados. Hoy que renace este proyecto queremos trabajar junto con la señora”, explica Allende, uno de los muchos migrantes que buscó fortuna en Estados Unidos y regresó deportado a México.

“La situación económica me orilló a irme y esta vez no fue como yo lo esperaba, la situación está más difícil, nos regresamos derrotados”, confiesa.

Según cifras del informe Frijol 2016 de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, el consumo per cápita de la leguminosa en el país muestra una tendencia a la baja durante los últimos 30 años.

De un promedio de 16 kilogramos por persona por año en la década de 1980 ha pasado a 8.4 kilogramos en la actualidad, una cifra preocupante en un país cuya base alimenticia es frijol, maíz y chile.

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