Interculturalidad

Interculturalidad (658)

El 4 de marzo de 2013, Peña Nieto asistió al primer evento de su gobierno relacionado con el sector agropecuario, en Culiacán, Sinaloa.

Ahí tuvo que escuchar del líder de la Liga de Comunidades Agrarias, Germán Escobar Manjarrez, que las cosas habían cambiado y que ese estado ya no era el granero generoso de México que fue.

El agricultor y político también del PRI –fuera del discurso que llevaba escrito- le pidió al primer mandatario que detuviera el acaparamiento de maíz que resultó del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), firmado en 1994 y que para el campo empezó en 2008. Le hizo ver que por el acuerdo había una crisis.

Ante el Presidente, hizo cuentas. Que la semilla, el fertilizante y el diésel costaban el triple que hacía tres años. Y que además, las transnacionales amenazaban con traer maíz blanco de Sudáfrica.

Pero el Presidente no le contestó nada. Peña Nieto indicó que refrendaba el compromiso del gobierno federal para la modernización y tecnificación del campo sinaloense. Esa vez, cuando su Gobierno tenía apenas tres meses, el Presidente fijó su postura respecto al campo mexicano: el silencio. Después, el sector no volvió a ser tema de sus discursos ni de su agenda política. Si en materia de seguridad y violencia, en la presente Administración se impuso la discreción, en la del campo mexicano se instaló la omisión.

Para los ex presidentes priistas, el campo era el eje temático tanto de sus campañas como de sus Gobiernos. Por lo menos en la palabra, los campesinos eran personajes respetados y hasta inmaculados. Vicente Fox continuó con esa tradición, aunque Felipe Calderón, concentrado en el tema de la seguridad, la rompió.

 

Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) creó en 1965 el Banco Nacional de Crédito Agropecuario y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).

Luis Echeverrría Álvarez (1970-1976) promulgó en 1971 la Ley Federal de la Reforma Agraria y la Ley Federal de Aguas.

José López Portillo (1976-1982) le pidió perdón a los campesinos durante su campaña electoral y en 1979, expidió la Ley de Fomento Agropecuario.

Miguel de la Madrid (1982-1988) reactivó el reparto agrario con la formación de la UNORCA.

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) reformó el artículo 27 constitucional en materia agraria en 1992 y en 1994, ya en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), creó el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo).

Ernesto Zedillo (1994-2000), dirigió en 1997 el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) a las familias rurales y en 1999, hizo desaparecer a la Conasupo dado que el cáncer de la corrupción la carcomía.

Vicente Fox Quesada (2000-2006), en la alternancia política, lanzó la Financiera Rural, y;

Felipe Calderón (2006-2012), concentrado en la Guerra en contra del Narcotráfico, lo olvidó.

Enrique Peña Nieto (2012-2018) no ha presentado nada.

No queremos flores, sino derechos, muestra una mujer entre cientos y cientos que marchan este miércoles nublado del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para exigir un año más igualdad de género a través del Día Internacional de la Mujer.

Entre tambores, cruces rosas que demandan “ni una menos” y banderas blancas y moradas que combinan con las jacarandas de Paseo de la Reforma, gritan “vivas de las llevaron, vivas las queremos”.

“Nos queremos vivas, libres y sin miedo”, pide una joven habitante de un país que registra un alto índice de feminicidios.

Los hombres también marchan este 8M. Algunos acompañando a o varias mujeres y otros, como José Luis, caminan solos entre la masa.

“Estoy harto de la violencia en México y Latinoamérica”, dijo.

Si hay desigualdad en el núcleo familiar, expuso, ¿qué podemos esperar? El patriarcado ha vivido durante muchos años, añadió mientras más adelante gritaban “hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal”.

Valentina, maestra de primaria, viste una playera morada y porta un cartel criticando que al llamar “princesas” a las mujeres se limiten sus roles.

Desde el salón de clases, dijo, fomenta la igualdad entre alumnas y alumnos para que lo asimilen y lo lleven a sus casas.

La familia, aseguró, es fundamental para evitar el machismo que hoy las mujeres salieron a pedir que se termine.

 

“Dicen que las mujeres hacen a los machos al decir que no laven ni limpien y solo estudien y trabajen”, afirmó.

“Yo soy libre de luchar por el mundo que quiero”, dicen en letreros.

Como en otras protestas civiles, se recordó a los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero también a las miles de desaparecidas y madres de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Exigen libertad a las presas por abortar.

“Que nuestras hijas sean libres y no valientes”, expone otro letrero.

El morado, rosa y blanco abunda en esta “lucha feminista”.

Tampoco se olvidan a “las víctimas de impunidad” de cada uno de los feminicidios.

Una joven camina con un vestido blanco manchado de sangre a lado de un trasvesti que pide “Ni una menos”.

Por parte del movimiento 8M que llamó a paro laboral de mujeres en varios países, cantan “de noche o de día / desnudas o vestidas / en la calle o en las casas / se respetan nuestras vidas”.

Una manifestante, detrás de una manta de vaginas, aseguró que está marchando “en contra de la violencia machista. Queremos estar vivas”.

Mientras algunas hacen pintas de mariposas en el suelo o intervienen monumentos, otras gritan al unísono “no me da la gana ser asesinada por quien dice que me ama”.

El color morado que predomina en la marcha por el Día Internacional de la Mujer vuelve a fusionarse con las jacarandas de la Alameda a un lado del término de la marcha en el Hemiciclo a Juárez.

Mujeres, niñas y hombres no han parado de exigir, durante más de una hora, no más asesinadas, no más sistema patriarcal, y pedir libertad y derechos por igual.

Entre grandes imágenes de Rosario Castellanos, Frida Kahlo, Sor Juana Inés, Comandanta Galeana y otras, las mujeres aplauden y piden que no haya indiferencia ante los asesinatos.

“Si las mujeres asesinadas no descansan, menos nosotras”, reza un letrero que cargan dos hombres.

Sólo dos horas separan a la ciudad colonial de Cartagena de Indias, máximo exponente del turismo de Colombia y situada en el paradisíaco Caribe, de la región de Montes de María, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado que durante casi 60 años ha azotado al país latinoamericano. Un territorio en el que los derechos humanos se han vulnerado a través de las prácticas comunes de esta guerra interna: desplazamientos forzados, homicidios, amenazas, control de tierras y también con la violencia sexual contra las mujeres, una de las fórmulas de agresión menos visibilizada en estas décadas de enfrentamiento.

De las 8.048.252 víctimas -alrededor de la mitad de ellas, mujeres- contabilizadas por el Registro Único de Víctimas (RUV) del Gobierno colombiano, 18.594 sufrieron delitos contra la integridad sexual - cifra que asciende a 19.269 si se habla de actos de esta categoría-. Números que se auguran mayores porque no todos los hechos han sido documentados. "Todos los actores armados que han participado en el conflicto en Colombia han cometido delitos sexuales contra las mujeres y las niñas: la fuerza pública, que sería la responsable de cuidar de la ciudadanía, la guerrilla de las FARC y los paramilitares", explicó el pasado viernes la abogada colombiana Adriana Benjumea, durante la presentación del informe de la ONG Movimiento Por La Paz (MPDL) 'Los impactos de la violencia sexual en el marco del conflicto armado en Montes de María', con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra hoy. Un estudio que revela que "los paramilitares fueron los autores del 60% de las agresiones identificadas".

"Catorce personas me violaron"

El objetivo de esta investigación, a la que accedieron a participar 101 mujeres -aunque fueron identificadas 187 con esta problemática- de los 15 municipios que componen la mencionada región colombiana, es visibilizar este tipo de delitos. "Catorce personas me violaron. Me patearon y se fueron. Cuando llegó mi compañero le dije: 'Me violaron'. En lugar de darme consejo, él recogió sus cosas y se fue". Éste es uno de los testimonios anónimos recogidos por el MPDL. Mujeres castigadas física y psicológicamente, que conviven con las cicatrices de aquellas violaciones y con el temor a denunciar por las posibles represalias de sus agresores y la estigmatización social.

El Parlamento Vasco ha aprobado este miércoles una declaración institucional en la que se pide, entre otras cosas, al Gobierno de Iñigo Urkullu que elabore una ley que ponga fin a la violencia que se ejerce contra la mujer. Con el apoyo de todos los partidos políticos, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la presidenta Bakartxo Tejeria y parlamentarias del resto de grupos, han leído la declaración en el exterior del edificio legislativo durante el paro de diez minutos que han secundado los parlamentarios.

La declaración define la violencia machista como la "consecuencia más grave de la desigualdad" y considera que "toda forma de violencia perpetrada contra las mujeres debe ser combatida tanto en la vida pública como en la privada, incluida la trata de mujeres, la explotación sexual, la violencia en el ámbito doméstico y otros actos contra los derechos humanos de las mujeres".

Los firmantes se comprometen a estudiar las necesidades en la atención a las mujeres y menores refugiados y ha instado a todas las instituciones a construir un sistema educativo "basado en el respeto que garantice la formación en igualdad entre todas las personas". Este sistema, entre otras cosas, deberá contemplar la "perspectiva de género desde los primeros ciclos y enseñar a resolver los conflictos de forma pacífica y no sexista, de manera que sea la mejor prevención contra la violencia de género".

En materia laboral y económica, el Parlamento continuará apoyando las políticas que posibiliten el logro de la autonomía personal y económica de las mujeres.

Además, anima a los municipios del territorio a dar visibilidad la aportación de la mujer en la vida de los pueblos "mediante la incorporación de nombres de calles, plazas y espacios públicos, y se visualice, cuente e investigue la historia de las mujeres" para ponerla en valor. A los ayuntamientos también les insta a elaborar "mapas de puntos críticos" para la seguridad de las mujeres con el fin de eliminarlos y que se eviten en sus nuevos desarrollos urbanísticos.

Después de recorrer 425 kilómetros, seis horas en autobús, durante las cuales se sentía muy nerviosa, Daniela, de 23 años, quien prefiere no dar su apellido, llegó a un centro de salud público en la capital y allí se encontró una sala de espera repleta de gente. Le sorprendió ver "a niñas acompañadas de sus padres y a adolescentes con sus novios". Recuerda que el médico anotó en su libreta: "8,5 semanas". El suyo fue un aborto "muy doloroso", por aspiración –succión del contenido del útero–, frente a la otra alternativa que se ofrece que es con medicamentos, para estados menos avanzados y que se utiliza en un 86% de los casos, según la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. "Pensé que me estaba muriendo. La anestesia no me hizo nada, sentía todo lo que me estaban haciendo", explica Daniela.

El único motivo de aborto legal en México es la violación. Dependiendo de cada Estado la ley contempla algunos supuestos. Entre los más comunes, se encuentran que la vida de la madre esté en riesgo, que el feto tenga malformaciones o que haya "una conducta imprudente o culposa de la mujer embarazada", es decir, en el caso de que se produzca un aborto espontáneo o provocado. 

"Tenía 27 años y fue una decisión difícil", dice Elena, procedente del Estado de México, quien prefiere no revelar su verdadero nombre. "Quería ejercer mi carrera, trabajar de bióloga, hacer algo más con mi vida", explica. Rosa, de 29 años, coincide con Elena: "Una mujer tiene que poder elegir y me gustaría que los Estados tuvieran leyes que nos permitieran tomar nuestra decisión". Esta encargada de una tienda de ropa en San Luis Potosí, al igual que Elena, apunta que no contaba con recursos económicos cuando se quedó embarazada.

“Él me empezó a jalonear de las muñecas, me tiró, me pegó en la cara y la espalda. A parte de los moretones de las muñecas, me hizo uno en la cadera y otro en los brazos. Yo sólo me resistía, yo nunca le pegué… Sólo ponía toda mi fuerza para no moverme de la puerta”, contó Mariana una joven que fue maltratada por su novio y encerrada casi todo un día en la que era su casa.

Mariana y su agresor fueron novios por cinco años, vivieron juntos y están en proceso de separación. Ese día, después de haber pasado la noche con su nueva pareja, se citó con ella “frente a sus narices”. Ella se alteró y en medio del llanto se puso en la puerta del departamento para no dejarlo salir. Sabía con quién iba.

El hombre la golpeó, y cuando a Mariana ya no le quedaba fuerza para resistirse, la aventó a la cama de su recámara, cerró la puerta con llave y se fue. La dejó encerrada casi todo el día: desde las 11 de la mañana a las 9 de la noche. En ese intervalo, él solo fue como a las 2 de la tarde a ver cómo seguía, pero no la liberó. En consecuencia, ella llamó a su jefe de para avisar que no iría a laborar.

“[Llamé] mintiendo que me habían asaltado y que estaba muy asustada porque no podía ni trabajar”, narró. Su computadora se quedó en la sala y no pudo hacer nada.

 

“Me dejó ahí [en la recámara], me encerró con llave, y todavía le quitó la manija a la puerta para que no la abriera. Me dejó encerrada porque temió que fuera tras él, y su amante me viera”, recordó.

“Al día siguiente comencé con terapia alternativa”, dijo Mariana. Los moretones le duraron dos semanas, no trabajar ese día le costó 600 pesos y una semana de atraso en el pago de su quincena. Hoy paga 600 pesos semanales por ir a terapia psicológica.

***

Derivado del daño físico y emocional que demanda gastos médicos, terapia psicológica, absentismo laboral y políticas públicas, la violencia contra las mujeres costó en México 245 mil 118 millones de pesos en 2015, lo que equivale al 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), reveló el estudio “El costo de la violencia contra las mujeres en México” realizado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG).

El estudio, realizado a petición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y coordinado por la economista y demógrafa en la Facultad de Economía de la UNAM Hilda Eugenia Rodríguez Loredo, explica que cada vez que una mujer es golpeada debe gastar dinero para ir al médico, ir a denunciar, ir a terapia psicológica, o deja de recibir sueldo por faltar al trabajo.

“Este dato del 1.4 por ciento del PIB realmente es bajo, porque el cálculo de ese costo es solamente la violencia en el interior de los hogares por parte de la pareja en mujeres casadas. La violencia de género tiene un costo mayor si consideramos la violencia laboral, la escolar e incluso en la comunidad”, especificó en entrevista telefónica.

Rodríguez Loredo dijo que “esto no sólo significa afectación física y emocional, sino además toda una interrupción de su vida productiva, tener que recurrir a gastos cuando muchas veces están en condiciones económicas de por sí difíciles. Es un costo alto para las familias”.

 

El Gobierno mexicano, por su parte, invierte el 5 por ciento del gasto total en programas de prevención, apoyos sociales y procesos jurídicos incluidos en el “Anexo 13 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

La violencia también “tiene un impacto social”, no sólo en las mujeres víctimas, ya que las instituciones gubernamentales destinan ese dinero en vez de invertirlos en desarrollo de las comunidades, generar más empleos o abrir más escuelas, destacó la economista Hilda Rodríguez.

“De por sí ya vivimos serias dificultades en términos presupuestales porque no se ha dado una solución al problema de la violencia que se reproduce y crece, por lo que nos habla de un uso ineficiente totalmente de los recursos”, expuso.

En los últimos 10 años han desaparecido de todo el estado mil 248 personas; la mayoría de ellas radicaban en la ciudad de Puebla y formaban parte de grupos marginados que vivían en los cinturones de pobreza en las orillas de la capital.

La cifra se desprende del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de la Secretaría de Gobernación (Segob) y fue expuesta por los integrantes de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (Redddh) y del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo (FNLS), que iniciaron esta semana la jornada nacional: “Las Víctimas del Terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos hasta encontrarlos”.

Ángel Lueza Ruiz, de la Redddh, destacó que la estadística de la Segob podría ser mucho mayor, pues la Encuesta Nacional de victimización y percepción sobre Seguridad Pública sobre delitos ocurridos en la entidad, del Inegi, refiere que solo 7.74 de los hechos delictivos cometidos en el estado de Puebla, como podría ser la desaparición, constan en averiguación previa.

En ese tenor informó que existe otra estadística que calcula 385 casos de personas desaparecidas solo durante 2016, aclaró que la cifra no es oficial, pues ha sido recopilada por las organizaciones a partir de un recuento hemerográfico de la entidad.

Es así que los defensores de derechos humanos y familiares de los desaparecidos consideran que el número de personas no ubicadas, reconocida por la Segob se encuentra muy por debajo de la realidad, pues la autoridad no puede reconocer cuando favoreció en la desaparición.

“En el caso de las desapariciones las denuncias es mucho menor, porque el que ejerce este tipo de acción es el estado mexicano. En consecuencia la denuncia es mínima y la estadística que se produce a partir de la denuncia no tiene una correcta catalogación ni registro de las personas que están siendo desaparecidas, incluso se mencionan como desaparecidas o no localizadas”, dijo Lueza Ruiz este lunes en conferencia de prensa.

Uno de los casos más representativos de desaparición en la entidad fue el de Fermín Mariano Matías, era estudiante de la maestría en geofísica en la UNAM y fue desparecido el 24 de junio de 2009, su cuerpo fue presentado un mes y tres días después en el estado de Tlaxcala, en un paradero conocido como La Macabrona, municipio de San Juan Totolac.

Al ser oriundo de Puebla, la entonces Procuraduría General de Justicia manifestó no tener elementos para continuar con la investigación y la turnó a la dependencia homóloga de Tlaxcala pero ahí terminaron la investigación apenas seis meses después.

Así lo narró, Ollin Amaro, hijo de otro desaparecido y posterior ejecutado: Gumaro Amaro Ramírez, antropólogo social, abogado, obrero, trabajador universitario, consejero universitario.

El integrante del FNLS aseguró que el esquema seguido por el Estado mexicano en la aplicación de la represión y eventual desaparición se va adecuando y perfeccionando, depende del lugar y el contexto que se viva en el momento.

“Hoy más que nunca la unidad de las víctimas del terrorismo de Estado es una necesidad imprescindible. La denuncia política es una herramienta de lucha a la cual las organizaciones populares no podemos renunciar, de tal manera es el mecanismo para desenmascarar al Estado mexicano como el responsable de las desapariciones del pueblo trabajador en todo el territorio nacional”, enfatizó Amaro.

En medio de este escenario, diferentes organizaciones a nivel nacional organizaron la jornada de protestas que inicia este lunes y concluye el próximo 30 de mayo con una movilización en la Ciudad de México.

Existen otros mercados mejores que el estadounidense para exportar los productos del campo mexicano y no hay temor si se cancela el Tratado de Libre Comercio con los EUA, así lo manifestó Ángel Vázquez Calderón, campesino del municipio de Tarímbaro en Michoacán, quien estimó que el problema del campo nacional es la falta de apoyo gubernamental en la tecnificación de las labores de producción agrícola, informa Excélsior.

Afirmó Ángel, el gobierno mexicano debe aumentar los apoyos a los productores agrarios y observar otras rutas para las exportaciones, “yo pienso que de renegociar el Tratado pues que le busque más hacia Europa, más hacia Asia, hacia otras partes no sólo Estados Unidos, yo pienso que debe darle más prioridad al campo para competirles, invertir más que nada en buenas semillas, dignificar el campo, hacerlo más competitivo comparado con ellos porque donde se empieza es de aquí del campo y así nunca vamos a compararnos con ellos”.

Ángel Vázquez trabaja descalzo y sin las herramientas adecuadas para sembrar y cosechar el maíz, junto a sus compañeros comienza sus arduas labores a la salida del sol y termina sin descanso hasta el atardecer, señaló estar cansado de las promesas políticas con las que se chantajea permanentemente a los campesinos, quienes incansablemente ofrecen su máximo esfuerzo a cambio de unos cuantos pesos, “queremos que nos den créditos, semillas y nosotros lo estamos pagando, lo que nosotros queremos es trabajo porque puras promesas, puras promesas y al último abandonado el campo, ahí ven muchas parcelas solas, por qué, porque no hay dinero”, asestó.

Excelente oportunidad

En lo que respecta a las deportaciones de migrantes mexicanos, Ángel comentó que el presidente estadunidense no está tomando en cuenta la importancia de la mano de obra de los connacionales por lo que se está corriendo el riesgo de una debacle en la producción agrícola de los Estados Unidos, “Donald Trump quiere aventar todos para acá quien le va a trabajar el campo, somos los mexicanos los que trabajan el campo allá, todo se va a quedar allá nadie va a sembrar, yo estuve mucho tiempo en los Estados Unidos, yo nunca miré un gringo en un surco ni sembrando ni cosechando, puro mexicano somos allá”.

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2 days ago
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