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Tras 12 horas de trabajos de bomberos y brigadistas de Protección Civil para sofocar el incendio ocurrido en la zona conocida como Pico del Águila, en la sierra del Ajusco, que se inició la noche del pasado miércoles, la mañana de ayer algunas llamas volvieron a reavivarse debido a los vientos presentados en la Ciudad México.

Helicópteros del agrupamiento Cóndores de la policía capitalina sobrevolaron la zona para coordinar los trabajos de extinción y evitar que se afectaran más de las 70 hectáreas que fueron alcanzadas por las llamas. El último reporte fue que el siniestro quedó finalmente controlado.

El secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, y el responsable de esa misma área en la delegación Tlalpan, César Hernández, confirmaron esa extensión de zona de reserva ecológica consumida, y detalló que una de las causas es la época de estiaje, la cual provoca que los arbustos y pastizales estén secos, pues no se detectaron árboles caídos o muertos que hubieran generado el incendio.

Indicó que a diferencia del año pasado, cuando se tenían emergencias por la época invernal, en este año no ha llovido, por lo que los incendios vienen con todo en esta temporada de estiaje, porque el área se encuentra sumamente seca.

De acuerdo con el reporte delegacional, los brigadistas permanecieron en el lugar realizando tareas de mitigación como brechas cortafuegos para evitar que los fuertes vientos reavivaran las llamas y el fuego se extendiera. A lo largo de los trabajos de combate y control se atendieron en el lugar a ocho brigadistas por lesiones leves sin necesidad de traslado.

Información de esas áreas de protección civil refieren que en este año se han registrado 361 incendios forestales principalmente en las delegaciones Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco, que han afectado mil 900 metros cuadrados, mientras el año pasado sumaron 966 con mil 574 hectáreas dañadas.

Una decena de superbacterias resistentes a los antimicrobianos y a los antibióticos suponen una gran amenaza a la salud pública, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) al emitir la lista de aquellos patógenos que considera prioridad combatir.

El organismo exhortó a los expertos en control de infecciones de los hospitales, así como a los investigadores farmacéuticos, a enfocarse en combatir primero los patógenos más peligrosos.

La tasa a la que han surgido nuevas cepas de bacterias resistentes a los medicamentos en años recientes, promovida por el uso excesivo de antibióticos tanto en humanos como en ganado, aterroriza a los expertos en salud pública. Muchos consideran que las nuevas cepas son tan peligrosas como los virus del Zika o del Ébola.

“Nos estamos quedando sin opciones de tratamiento muy rápidamente”, dijo la doctora Marie-Paule Kieny, subdirectora general de la OMS, quien divulgó la lista. “Si lo dejamos solo a los dictados del mercado, los nuevos antibióticos que necesitamos con más urgencia no serán desarrollados a tiempo”. 

A fines de febrero, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades estimó que las superbacterias son responsables de la muerte de unos 25.000 europeos cada año. En Estados Unidos se calcula que matan, como mínimo, a 23.000 personas al año.

El reporte de la OMS nombra a tres patógenos como “prioridad crítica”. Se trata del Acinetobacter baumanii y Pseudomonas aeruginosa resistentes a los carbapenémicos —antibióticos de amplio espectro y usados para tratar numerosas infecciones—, así como de la familia de las Enterobacterias, que incluye la salmonela o el Escherichia coli, que son resistentes a carbapenémicos y cefalosporinas de tercera generación.

Otros son de prioridad “alta”, como el estafilococo aureus resistente a la meticiclina (SARM), responsable de casi un tercio de las infecciones por bacterias “come-carne” o un patógeno que causa gonorrea y es resistente a los antibióticos.

La tercera categoría incluye versiones resistentes de neuomococo, shigella o Haemophilus influenzae, que causan infecciones comunes durante la niñez. La mayoría son curables, pero los doctores temen que algunas cepas resistentes superen a las más débiles.

La amenaza de hambrunas en Nigeria, Somalia, Yemen y Sudán del Sur preocupa a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que calcula que 37 países, 28 de ellos en África, requieren de ayuda alimentaria externa.

"Esta es una situación sin precedentes. Nunca antes nos habíamos enfrentado a cuatro amenazas de hambruna en varios países simultáneamente", aseguró el director general adjunto de la FAO, Kostas Stamoulis.

"Hay que actuar rápido y proporcionar no solo ayuda alimentaria sino también apoyo a los medios de vida para asegurar que estas situaciones no se repiten", pidió.

En un comunicado divulgado este jueves, la FAO, cuya sede central se encuentra en Roma, advirtió sobre las graves dificultades para acceder a los alimentos en las zonas que sufren conflictos civiles y donde se registran además sequías, como ocurre en África oriental.

Según el informe Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, "alrededor de 37 países requieren ayuda alimentaria externa, 28 de ellos en África, como consecuencia de los efectos persistentes de las sequías provocadas por El Niño el año pasado sobre las cosechas".

En Sudán del Sur se declaró formalmente una situación de hambruna, "mientras que en el norte de Nigeria, Somalia y Yemen, la seguridad alimentaria es también motivo de gran preocupación", denuncia la entidad de Naciones Unidas.

En Sudán del Sur alrededor de 4.9 millones de personas sobre una población de 11 millones, han sido clasificadas como en situación de crisis, emergencia o hambruna.

En el norte de Nigeria, 8.1 millones de personas se enfrentan a condiciones de inseguridad alimentaria aguda y en Yemen, donde se estima que 17 millones de personas -dos tercios de la población- padecen inseguridad alimentaria, casi la mitad de ellos necesitan ayuda de emergencia.

En Somalia, el conflicto, la inseguridad civil y la sequía se han unido para hacer que haya más del doble de personas -ahora unos 2.9 millones- padeciendo grave inseguridad alimentaria respecto a hace seis meses.

 

Por carecer de “las más elevadas credenciales profesionales, de una larga carrera académica al máximo nivel o de experiencia en el sector público en puestos superiores”, Paloma Merodio Gómez, la candidata que designó el presidente Enrique Peña Nieto para ocupar el puesto vacante en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), no cumple con el perfil requerido para una “tan alta encomienda”.

“Existen candidatas cuya idoneidad trasciende las consideraciones personales sobre Merodio Gómez esgrimidas por el Ejecutivo”, aseveró hoy un colectivo conformado por organizaciones y académicos que exigió al Senado no ratificar el nombramiento de la candidata de Peña Nieto. 

Como órgano superior de dirección del Inegi, la Junta de Gobierno determina la producción de información estadística, decide qué información revierte un interés nacional –y cual no debe divulgarse por motivos de seguridad nacional–, además de que aprueba las normativas internas y programas de trabajo del instituto.

En noviembre de 2015, Merodio se trasladó de la Unidad de Planeación Estratégica Institucional (UPEI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –donde “coordinaba las encuestas de satisfacción”, según aseveró en su declaración patrimonial de servidora pública– a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entonces a cargo de José Antonio Meade Kuribreña.

Ahí, asumió la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales, puesto que ocupa actualmente.

De acuerdo con el Inegi, para ocupar un puesto en su Junta de Gobierno se requiere que el aspirante sea un “profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía” o bien, “un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas” y que “haya ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado”.

De acuerdo con su declaración patrimonial, Merodio Gómez es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Administración Pública por la Universidad de Harvard.

Por quinto mes consecutivo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció ayer aumento a las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y de uso doméstico de alto consumo, el cual entrará en vigor este mes.

A través de un comunicado, la empresa señaló que en comparación con febrero, las tarifas eléctricas para el sector industrial aumentan entre 13.3 y 17.2 por ciento en el tercer mes del año, para el sector comercial subirán entre 8 y 12.1 por ciento y la de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) subirá 8 por ciento.

La CFE indicó que las tarifas eléctricas para los clientes domésticos de bajo consumo no se incrementarán, a pesar del aumento en los precios de los combustibles utilizados para la generación de energía eléctrica, y a la depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar observados recientemente.

Los aumentos en las tarifas de los sectores industrial, comercial y de alto consumo doméstico comenzaron a registrarse de manera mensual desde noviembre pasado.

Para ese entonces las tarifas del sector industrial, que afectan a la planta productiva nacional y en particular a las empresas que utilizan de manera intensiva la energía eléctrica –como es el caso del sector acerero– acumulaban un aumento de entre 25 y 30 por ciento respecto de noviembre de 2015.

En este mismo periodo de un año contado a partir de noviembre pasado, el incremento de las tarifas en el sector comercial ya acumulaba entre 17 y 23 por ciento respecto de noviembre de 2015 y la tarifa de uso doméstico de alto consumo acumulaba incremento de 17 por ciento en el lapso de referencia.

En noviembre del año pasado las tarifas industriales crecieron entre 5.6 y 7.2 por ciento, en diciembre volvieron a subir entre 2.6 y 3.6 por ciento, en enero se incrementaron entre 3.7 y 4.5, y el mes pasado crecieron entre 6.4 y 8.4 por ciento.

Las tarifas del sector comercial tuvieron alzas consecutivas desde noviembre, cuando se incrementaron entre 3.3 y 5 por ciento, en diciembre subieron entre 1.4 y 2.4 puntos porcentuales, y en enero y febrero tuvieron nuevas alzas de entre 2.6 y 3.5 y 3.8 y 5.8 por ciento respectivamente.

En el caso de las tarifas de alto consumo doméstico las alzas comenzaron desde octubre, con aumento de 0.1 por ciento, para volver a incrementarse en noviembre, 3.3; en diciembre, 1.4; en enero, 2.6, y en febrero, 3.8 por ciento.

Si bien el gobierno federal aseguró que con la aprobación de la reforma energética las tarifas eléctricas bajarían de precio, dicho comportamiento duro poco.

Por otra parte, los precios de la gasolina Premium y el diésel se incrementaron un centavo a partir de este jueves, mientras que la Magna permanecerá sin cambio, informó la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Por su probable participación en el secuestro y feminicidio de María José Feliciano, joven estudiante de 21 años, quien en abril del año pasado fue asesinada en el interior de un hotel de Tehuacán, fue detenido un hombre de 24 años de edad a quien la Fiscalía General del Estado identificó como Leonardo N.

María José era estudiante de estomatología en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP); la joven fue reportada como desaparecida, pero su familia denunció después el secuestro, ya que tras su desaparición recibieron llamadas telefónicas donde les pedían una cantidad económica a cambio de su libertad.

La desaparición ocurrió el 26 de abril, pero al día siguiente empleados del hotel Posada del Viajero, ubicado en la avenida Independencia de esta ciudad, hallaron el cuerpo sin vida, al interior de la habitación marcada con el número 27.

En el lugar se informó que la chica había ingresado al hotel acompañada de un sujeto, cuyo paradero se desconocía, ya que abandonó el lugar unas horas antes del hallazgo del cadáver,  por lo que las indagatorias se iniciaron por parte de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI).

La tarde de este miércoles, la fiscalía emitió un comunicado a través del cual informó que fue detenido uno de los probables responsables del secuestro y feminicidio de María José, ya que según se informó no fue el único que participó en los hechos que terminaron con la vida de la estudiante, oriunda de Ajalpan.

Tras investigar el caso, indica el informe, se encontraron pruebas contundentes de la participación de Leonardo N., en ese caso, por lo cual se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión, misma que fue otorgada el pasado lunes.

Se perpetró el cuarto feminicidio en una semana en el estado de Puebla, el caso 16 en lo que va del año.

Este martes, fue hallado el cuerpo sin vida de Juana de los Santos al fondo de una barranca en la comunidad de San Lorenzo Tlaxipehuala, en el municipio de Chiconcuautla, con un impacto de bala en la frente y marcas de golpes.

Las primeras versiones fueron dadas a conocer por el esposo de la víctima, Arturo Velázquez, quien aseguró que la mujer se fue cuidar a su madre enferma, y por esta razón no había regresado a dormir a casa.

Velázquez dijo que la última vez que vio a Juana fue por la mañana de este lunes, cuando se dirigió a su trabajo y ella continuaba durmiendo en su vivienda.

Sin embargo, al regresar y no encontrar a su esposa, el hombre inició su búsqueda hasta hallarla muerta en el fondo de la barranca del paraje conocido como Tizalco.

Los hechos que habrían ocurrido en otro sitio y únicamente en ese lugar arrojaron el cadáver, quedaron asentados en la Carpeta de Investigación número CDI/128/2017/HUAUCHI.

Apenas en el inicio de semana, un par de mujeres fueron asesinadas con extrema violencia en el municipio de Huejotzingo, los homicidios que encuadran con el delito de feminicidio representan los casos 14 y 15 de 2017.

El primer homicidio que se dio a conocer fue el de Socorro de 70 años de edad; la mujer rentaba un cuarto en construcción en la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo, al hombre que se presume la habría matado.

Mientras el segundo caso de feminicidio de Enriqueta Trujillo Osorio, de 45 años de edad, tuvo lugar en la comunidad de San Luis Coyotzingo, también del municipio de Huejotzingo. El cuerpo fue hallado con golpes y después le prendieron fuego.

Los primeros reportes apuntan que el pasado viernes, el marido agredió a golpes Enriqueta, y después se la llevó por la fuerza. Al ver que no regresaba, comenzaron a buscarla y posteriormente la encontraron calcinada en unos terrenos de labor, ubicados en esa comunidad.

En martes subieron a 11 el número de municipios que interpondrán por separado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el decreto que privatiza el agua en el estado de Puebla.

En las últimas horas los gobiernos de Quecholac y Zoquitlán hicieron público que presentaron el proceso legal en la capital del país, antes de que venza el plazo a raíz de la publicación de la reforma al Artículo 12 Constitucional en el Periódico Oficial del Estado, el pasado 27 de enero.

Mientras el cabildo de Quecholac admitió que sí aprobó la iniciativa para la privatización del agua, pues su redacción es confusa cuando se refiere que quitarán la facultad a los ayuntamientos para la administración del agua, cinco regidores de Zoquitlán interpusieron la controversia constitucional para frenar los despojen del manejo del líquido.

Los regidores de Zoquitlán informaron que buscarán revocar el acta de cabildo firmada por el presidente municipal, Fermín González León, a favor de la privatización del agua.

Los 11 ayuntamientos se sumaron al frente opositor que encabeza el gobierno de San Pedro Cholula, presidido por el alcalde José Juan Espinosa Torres, emanado del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Los 11 municipios son San Pedro Cholula, Juan C Bonilla, Coronango, Tehuacán, San Martín Texmelucan, San Gabriel Chilac, Tlatlauquitepec, San Miguel Xoxtla, Tlaltenango, Zoquitlán y Quecholac.

Hay que recordar que el decreto fue publicado, tras la aprobación en sigilo de la reforma al Artículo 12 Constitucional por parte Congreso del estado.

A partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, se cuentan con 20 días hábiles para interponer las controversias constitucionales por los actos de gobierno a cargo de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La movilización que iniciaron los gobiernos de diferentes regiones, principalmente en el área metropolitana a Puebla, en donde se concentra la tercera parte de la población del estado, está coordinada con frentes y asociaciones ciudadanas como Puebla en Lucha, la Asamblea Social del Agua (ASA) y Pueblos Unidos Contra la Privatización del Agua (PUCPA).

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