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La probable extinción de la vaquita marina ha llevado a México a tomar medidas extremas. El Gobierno mexicano emprenderá este año un plan para reproducir al cetáceo más pequeño del mundo en cautiverio. La estrategia llega cuando el número de ejemplares apenas alcanza la treintena y dos años después de la implementación de una estrategia de protección de su hábitat en el alto golfo de California. El ministro mexicano de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, ha explicado este lunes en la televisión el programa para conservar a este mamífero marino. 

El primer paso será la construcción de un santuario en el golfo de California que Pacchiano ha descrito como “similar a los delfinarios a mar abierto”. Allí los ejemplares de la marsopa estarán alejados de los depredadores naturales —como tiburones y otros cetáceos— así como de los pescadores. En septiembre, especialistas del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) comenzarán la recolección de vaquitas para atraerlas al santuario. “Vamos a capturar a las vaquitas, en este santuario, donde vamos a garantizar que nadie pueda entrar y que no haya ninguna amenaza. Con un grupo de expertos internacionales vamos a ayudarlas a que se reproduzcan”, ha explicado Pacchiano.

 

Las autoridades medioambientales utilizarán tres delfines de la Armada de Estados Unidos, que regularmente rescatan buzos, para encontrar los ejemplares y guiarlos hasta el santuario. La tarea es compleja debido al tímido comportamiento de la vaquita marina. La marsopa suele vivir en lo más profundo del mar y solo se asoma unos segundos a la superficie para respirar. La vaquita marina evita a toda costa el contacto con las embarcaciones, lo que dificulta su preservación en cautiverio. En este intento desesperado por mantener la especie con vida, el Gobierno mexicano invertirá tres millones de dólares y organizaciones civiles contribuirán con un millón más.

Pacchiano ha estimado que al terminar el 2017 existirá evidencia suficiente para saber si el plan de reproducción en cautiverio funciona. “Esta es la última llamada que tenemos para evitar la extinción de la especie”, ha dicho. Las alertas se dispararon hace más de tres años cuando las organizaciones ambientalistas encontraron que en un año, de 200 ejemplares la población de vaquita marina se redujo a la mitad. Entonces, las autoridades prohibieron la pesca en el alto golfo de California, compensaron económicamente a los pescadores e iniciaron un programa de vigilancia a cargo de la Fuerzas Armadas.

La población de vaquita marina se encuentra en mínimos y la pesca ilegal en el golfo de California continúa. La muerte de la marsopa suele ser colateral, ya que los pescadores furtivos buscan capturar peces totoaba. La vejiga natatoria de la totoaba se exporta ilegalmente a China donde se sirve en sopas como un afrodisíaco y remedio medicinal. El plato puede costar hasta 20.000 dólares. La vaquita marina muere atrapada en las redes que sirven para capturar a este pez. La semana pasada el actor Leonardo DiCaprio llevó la atención sobre la extinción del cetáceo al exigir, a través de sus redes sociales, al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, acciones para evitar la desaparición de esta especie. El Gobierno mexicano pedirá a la fundación de DiCaprio fondos para costear el último esfuerzo para salvar a la vaquita.

Los proyectos de muerte no solo son impulsados por parte de las instituciones gubernamentales y las empresas, sino hasta el mismo clero, sostuvo José Luis Leyva Machuca, representante en la región del Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena y Popular (Mascip).

De acuerdo con lo que reveló el líder de esa organización, el propio obispo de la diócesis de Tehuacán, Rodrigo Aguilar Martínez, estuvo en una reunión con varios de los sacerdotes de la Sierra Negra y la minera Autlán, que es la empresa que pretende construir una hidroeléctrica en la zona de Tlacotepec de Porfirio Díaz y Zoquitlán, sobre los ríos Coyolapa y Atazala.

Leyva Machuca expuso que fue uno de los sacerdotes que dan servicio en esa lejana región de la diócesis, quien les mencionó lo anterior, luego de que ya se había comprometido a brindarles un servicio religioso, pero se negó proporcionarlo por esa causa, de modo que para los habitantes que se oponen a dicho proyecto tal actitud desde el clero resulta desalentadora.

“Dicen que recibieron instrucciones del obispado y sabemos que tuvieron reunión con ellos (…) que la Minera Autlán estuvo presente y estuvo ahí el obispo” explicó el líder de Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena y Popular, quien lamentó que se proceda de ese modo por parte de una institución que debería velar por el bien de los más desprotegidos.

Recordó que en esa parte de la región, la mayoría de los habitantes profesan la religión católica y son personas que guardan mucho respeto por los líderes religiosos, por lo cual consideró que se debe tomar una actitud diferente desde los sacerdotes y el mismo obispo para no impulsar los proyectos que van a ser nocivos para los habitantes.

Asimismo resaltó que uno de los temas que con mayor fuerza ha abordado el Papa Francisco, es el que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, de modo que urgió a la grey católica en la región a ser congruente con su pastor y ser solidarios con los pueblos que luchan para evitar un daño a una de las pocas zonas donde la naturaleza aún se preserva en condiciones aceptables.

José Luis Leyva pidió “que analicen los padrecitos, que no perjudiquen más de lo que están las personas”, debido a que la mayoría de la gente en esa región vive en marginación y pobreza y lo poco que tienen para subsistir son sus tierras, pero si la hidroeléctrica se instala, se va a trastocar el medio ambiente de manera drástica, al grado de que el campo deje de producir, enfatizó.

Mientras organizaciones civiles advierten que hay al menos 3 mil 400 puntos identificados en el país de descargas de aguas municipales sin tratamiento que terminan en ríos, arroyos, barrancas, lagos o el mar, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoce que 57.5 por ciento recibe tratamiento.

Sobre las descargas de aguas residuales de la industria no hay transparencia, pues sólo se reporta el volumen tratado, pero no la cantidad de líquido sin tratamiento y menos aún dónde se vierte, según el Informe sobre violaciones al derecho humano al agua y saneamiento que elaboraron alrededor de cien organizaciones para presentarlo al relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua, el saneamiento y el alcantarillado.

Exposición a heces fecales

El documento refiere que en la mayoría de las poblaciones mexicanas los excrementos vuelven a quedar en contacto con la población por conducto de los ríos, barrancas y mar, y contaminan fuentes de agua de comunidades.

Precisa que se hace saneamiento mejorado, el cual se refiere a tecnologías como alcantarillado, tanques sépticos y otros, lo cual no garantiza que los residuos fecales se descarguen en condiciones de seguridad respecto de su confinamiento, vaciado, transporte, tratamiento y reutilización y eliminación de los subproductos del tratamiento.

En el texto se informa que se generan alrededor de 228 metros cúbicos por segundo de aguas residuales municipales, de las cuales se colectan 210, pero se trata alrededor de la mitad y el resto termina en el medio ambiente. Incluso apunta que puede estar contaminada 90 por ciento del agua superficial.

Un enfrentamiento entre militares y ladrones de combustible que deja varios muertos, entre ellos uno presuntamente por un tiro de gracia de un uniformado; un asalto a una sede del PRI, el partido gobernante, deja cinco cadáveres; una madre activista, que buscaba desaparecidos, asesinada en Tamaulipas… La sucesión de hechos es de mayo, pero podría ser del mes pasado. O lo será, con cambios de escenario, seguramente el próximo. La violencia, un cáncer para México, y la consiguiente impunidad se expanden como metástasis sobre un sistema que se vuelve cada vez más ingobernable.

2017 avanza como el año más violento del sexenio del presidente, Enrique Peña Nieto, el último completo antes de que abandone la residencia de Los Pinos. El mes de marzo fue el que más homicidios dolosos registró desde la llegada del mandatario. Como lo fueron primero febrero y enero. En esta ocasión, se tienen constancia de 2.020 asesinatos. La barrera de los 2.000 no se superaba desde 2011 –los registros oficiales se iniciaron en 1997–, siendo presidente Felipe Calderón, el mandatario que ordenó sacar al Ejército a las calles hace ya más de 10 años y cuya guerra contra el narco lejos de ser eficaz ha dejado más de 100.000 muertos y 30.000 desaparecidos.

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, en sus siglas en inglés), en su informe anual, situaba a México como el segundo país más violento del mundo, con 23.000 asesinatos, solo por detrás de Siria, con 50.000 y antes que Afganistán e Irak, con 17.000 y 16.000 respectivamente. El organismo británico ahonda en el incremento de un 22,8% del crimen en el último año, lo que considera un deterioro en una de las principales promesas de campaña de Peña Nieto. Además, recuerda que México ha sido incapaz de sacar adelante la Ley de Seguridad Interior, una hoja de ruta para la actuación de las fuerzas armadas y federales en el combate al crimen organizado.

Un juez federal ha concedido este jueves la libertad condicional a José Manuel Mireles, exlíder de las Autodefensas de Michoacán, un grupo de civiles armados creado para protegerse del crimen organizado —ligado al narcotráfico— en el oeste de México. Un juzgado de Uruapan, la ciudad más grande del Estado de Michoacán, ha afirmado que Mireles reúne los requisitos que establece la Constitución mexicana para que pueda continuar su proceso judicial –cuya vista oral no tiene fijada fecha– en libertad, condicional y bajo fianza. El activista, que se encuentra en prisión preventiva desde junio de 2014, se enfrenta a una causa penal por tenencia de armas cuyo uso es exclusivo del Ejército.  

La libertad de Mireles conlleva cuatro medidas cautelares: ha de presentarse periódicamente ante el juzgado en el que será procesado y deberá pagar una fianza de 30.000 pesos (unos 1.500 dólares). Tampoco podrá salir del Estado de Michoacán —"ni del país", añade la nota judicial—, ni acercarse o comunicarse "con determinadas personas" cuya identidad no se especifica. 

El abogado de José Manuel Mireles, Ignacio Mendoza, ha pedido, en declaraciones a este diario, la absolución de su defendido, a quien ha definido como "un preso político, por eso tardó la decisión de libertad condicional, por eso se retrasa su juicio". El letrado Mendoza ha sostenido que Mireles "tenía permiso para utilizar esas armas". "¿Quién lo autorizó? El Gobierno mexicano", ha añadido. 

Hace ya casi tres años, el 27 de junio de 2014, el portavoz de este movimiento de policías comunitarios fue detenido en una gran operación junto a otras 80 personas. Numerosos grupos de autodefensa surgieron en los últimos años en los Estados más convulsos de México contra la violencia del narcotráfico. Frente a la impunidad, distintas agrupaciones de civiles buscaron acuerdos con el Gobierno federal para poder utilizar armas contra el crimen organizado. Sin embargo, en la mayoría de los casos se movieron en un limbo legal.

El ex líder de los grupos de autodefensa de Michoacán José Manuel Mireles Valverde enfrentará su proceso penal en libertad; para ello deberá pagar una fianza de 30 mil pesos, no podrá salir de la entidad ni del país y deberá acudir a firmar el libro de procesados cada dos semanas.

Lo anterior fue establecido por el juez quinto de distrito con sede en la ciudad de Uruapan, Rubén Olvera Arreola, al conceder la sustitución de prisión preventiva por libertad bajo caución, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Al filo de las 20 horas de ayer, familiares y abogados del doctor Mireles presentaron ante el juzgado quinto de distrito el billete de garantía por 30 mil pesos, con lo cual se solicitó que lo dejaran en libertad, lo que al cierre de esta edición aún no sucedía.

Mireles Valverde estaba internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, que se ubica en el municipio de Tepic, en el estado de Nayarit.

El líder de las autodefensas michoacanas fue detenido el 27 de junio de 2014, junto con un centenar de sus compañeros, por los delitos de uso de armas prohibidas y por posesión de drogas, aunque este último ilícito no fue acreditado por la autoridad.

Mireles se levantó en armas en el municipio de Tepalcatepec el 24 de febrero de 2013, al igual que otros grupos de diversos municipios michoacanos para enfrentar a integrantes del cártel de Los caballeros templarios, debido a que los delincuentes tenían atemorizada a la población de la zona de Tierra Caliente.

Míriam Elizabeth Rodríguez Martínez, fundadora de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas, fue acribillada la noche del 10 de mayo por pistoleros en su domicilio, ubicado en la colonia Paso Real, municipio de San Fernando, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Reportó que a las 22:30 horas del miércoles un comando irrumpió en la vivienda de la activista y abrió fuego contra ella. La víctima murió mientras era trasladada al hospital general de San Fernando. Su esposo y dos de sus hijos sobrevivieron al ataque.

Desde 2012 Míriam Rodríguez se dedicó a localizar a su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, secuestrada en San Fernando, municipio donde en agosto de 2010 el cártel de Los Zetas asesinó por la espalda a 72 migrantes de Centro y Sudamérica y en abril de 2011 fueron enterrados 183 cadáveres en fosas clandestinas.

A falta de apoyo institucional, dos años después Míriam Elizabeth halló los restos de su hija en una fosa clandestina y recopiló evidencias con las que comprobó ante las autoridades la responsabilidad de 16 personas en el secuestro y el homicidio Karen Salinas.

Gracias a las investigaciones de Rodríguez Martínez, 13 personas fueron detenidas y se giraron tres órdenes de aprehensión contra presuntos homicidas.

Para el 30 de mayo tenía prevista una reunión con colectivos de búsqueda de desaparecidos de otros estados.

Niegan relación con fuga de reos

En abril pasado, la activista –quien ofreció apoyo a 14 agrupaciones dedicadas a la búsqueda de desaparecidos del valle de San Fernando y de todo Tamaulipas– denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos haber recibido amenazas de muerte y acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a pedir protección.

La PGJE informó ayer que abrió la carpeta 220/2017 por homicidio doloso contra quien resulte responsable y negó que el crimen tenga relación con la fuga de reos ocurrida en marzo pasado en el penal de Ciudad Victoria.

El juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla otorgó la protección a cuatro pueblos de origen nahua del municipio de Atlixco, y ordenó a las autoridades realizar una consulta indígena objetiva e informada sobre la construcción del Gasoducto Morelos en las faldas de volcán Popocatépetl.

Los pueblos afectados que interpusieron el juicio de garantías número 402/2015 contra la obra que ejecutó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fueron San Jerónimo Calera, Santa Lucía Cosamaloapan, San Isidro Huilotepec y San José El Recreo.
En entrevista, la abogada Patricia Montaño, a cargo de la defensa legal, destacó a La Jornada de Oriente que este amparo sienta precedente en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, donde atraviesa el gasoducto.

Por lo tanto, informó que la consulta ciudadana tendrá que efectuarse en las más de 60 comunidades que se encuentran sobre la traza del gasoducto, proyecto que se dio a conocer en 2011 en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.

Montaño informó que el proceso legal fue largo, y la justicia a favor de los pueblos llegó 2 años y cinco después de presentar el amparo.

“Se necesita fe, esperanza y paciencia para que la justicia en México dé una señal que está viva. El proceso comenzó a desahogar pruebas periciales un año después, en agosto de 2016, para que hasta ahora se diera el fallo del juez a finales de abril”, expuso.
Reveló que esta tardanza se debió a que se efectuaron al menos ocho pruebas periciales, que robustecieron el fallo que tomó el juez de distrito.

Entre ellas, citó las pruebas de Geofísica, Protección Civil, Antropología e Impacto Ambiental, además de la información técnica que proporcionó el Centro Universitario para la Prevención de Desastres (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla.
Enfatizó que estas pruebas evaluaron el doble riesgo de los pueblos que cercan el volcán. Primero la posible erupción del Popocatépetl, y en segundo término la explosión del gasoducto.

Patricia Montaño explicó que el juez se fundamentó en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el principio “pro homine” o “pro persona”, que consiste en que cualquier autoridad debe interpretar la norma en el sentido que más favorezca a las comunidades.

En ese sentido, dijo que la norma que utiliza el juez de Distrito no fue si quiera de la Constitución, sino el Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acerca de los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

“El juez considera que las cuatro comunidades de origen nahua y, por lo tanto, las autoridades antes de iniciar el procedimiento para la construcción del gasoducto, tenían que haber realizado una consulta indígena a la población, cosa que no sucedió”, refirió.
Por el contrario, la abogada señaló que la autoridad impuso el proyecto en un contexto de violencia y usó la fuerza pública de manera desmesurada contra los pueblos opositores al gasoducto.

“Es así como resuelve el juez, otorgando el amparo para efecto que se realice la consulta indígena de manera informada y objetiva”, expuso.

Agregó que el foco principal de esta consulta, es que “se dijeron muchas mentiras a cerca del proyecto, orquestadas por la propia CFE”.

Una vez que se realice una consulta indígena, manifestó, es como se va a reponer el procedimiento, a partir de lo que opinen las comunidades de la zona del volcán Popocatépetl en la parte de Atlixco, respecto al proyecto.

-¿Hay una fecha para la realización de la consulta? –se le preguntó.

-Todavía no, los tiempos legales son muy lentos.

Ahora lo que hizo la Concesionaria Gasoducto de Morelos fue impugnar la resolución, por medio del recurso de revisión, que se llevará cinco o seis meses.

“Dependiendo de lo que se resuelva, tengo mucha esperanza que se confirme la resolución, es como se implementará la consulta”, comentó.

-En este momento, ¿está parada la operatividad del gasoducto?

-Están paradas las actividades. Existen otros amparos promovidos por la parte de Tlaxcala y Morelos, y eso fue lo que detuvo el proyecto.

En Atlixco –informó- pudimos ver físicamente y dar fe que el tubo ya está tendido y enterrado, pero todavía no inicia su operación, y no van a operar hasta que el proceso jurídico se resuelvan.

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