Interculturalidad

Interculturalidad (658)

En un mundo lleno de comida, 20 millones de personas están al borde de la hambruna, incluyendo a 1,4 millones de niños que están en riesgo inminente de muerte. De cara a esta realidad desalentadora, hay una pregunta para los más poderosos del mundo: ¿Por qué en 2017 no han podido revertir una catástrofe tan arcaica y prevenible?

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, alertó el miércoles sobre el riesgo de hambruna en Somalia, Yemen y en el noreste de Nigeria. Esta semana, la ONU declaró que hay hambruna en zonas de Sudán del Sur.

“En nuestro mundo abundante no hay pretextos para la inacción o la indiferencia”, dijo Guterres en una conferencia de prensa, en la que estaba acompañado por los líderes de las agencias de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas.

Cada uno de los países en los que hay hambruna está en guerra o, como en el caso de Somalia, está recuperándose de décadas de conflicto.

¿Qué es la hambruna?

La hambruna es un estado específico y raro. Se declara después de que se cumplen tres criterios: cuando uno de cada cinco hogares en un área determinada enfrenta la carencia extrema de comida; cuando más del 30 por ciento de la población está severamente desnutrida, y cuando en un día dos personas de cada 10.000 mueren. 

El economista en jefe del Programa Mundial de Alimentos en Roma, Arif Husain, la describió a inicios de semana así: “Cuando declaras que hay hambruna ya han sucedido cosas muy malas: hay personas que ya han muerto”.

La última vez que se declaró hambruna en Somalia fue en julio de 2011, después de que se calcula que 260.000 personas murieron, la mayoría en un periodo de dos meses.

¿Por qué la gente tiene hambre?

Guterres mencionó dos razones para la crisis actual. La primera es que no hay dinero suficiente: las Naciones Unidas necesitan 5,6 mil millones de dólares para atender esta situación y la mayor parte de esta cantidad la requieren para finales de marzo. Apenas tienen dos por ciento de ese dinero, dijo. Aún no está claro si Estados Unidos —el mayor donante del mundo en materia humanitaria— continuará cumpliendo con sus compromisos bajo el gobierno del presidente Donald Trump.

La segunda causa es que los cuatro países que están en riesgo de padecer hambruna se tambalean ante el conflicto y, en muchos casos, los líderes de partidos enfrentados están bloqueando a los trabajadores humanitarios para llevar la ayuda a donde más se necesita.

“Quiero hacer un llamado personal a los partidos en conflicto para atenerse a la ley humanitaria internacional y que permitan a los trabajadores humanitarios acercarse a las personas necesitadas”, dijo Guterres. “Sin acceso, cientos de miles de personas podrían morir, incluso si tenemos los recursos para ayudarlos”.

Integrantes del Frente de Comunidades Indígenas en Defensa de los Recursos Naturales del Río Santa Catarina demandaron la intervención del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Héctor Astudillo Flores para que impidan la extracción de arena y grava de ese río, que surte de agua a 26 comunidades de los municipios de Ometepec, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca e Igualapa, en la Costa Chica.

Misael Damián de la Cruz, uno de los dirigentes amuzgos, recordó que desde 2008 se ha saqueado el río Santa Catarina por particulares de Guerrero y Oaxaca, y en ocasiones salen hasta 80 camiones llenos de arena y grava sin que las autoridades intervengan. Además, recordó, ya se secó otro río: el Quetza, que se ubicaba en San Juan de Los Llanos, municipio de Cuajinicuilapa.

Exigió el cumplimiento del convenio firmado el 26 de mayo de 2009 en Huixtepec con Alberto Marroquín, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Julio Sánchez Hernández, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y la Comisión Nacional del Agua, en el que se acordó prohibir sacar material pétreo del río Santa Catarina.

Precisiones del convenio

Explicó que el convenio señala que la delegación de la Semarnat en Guerrero, a partir de esa fecha, se comprometió a no emitir ninguna autorización de impacto ambiental para la extracción de material pétreo del río Santa Catarina, sin el acuerdo previo de las comunidades colindantes.

Paul Nolasco Velasco y el difunto Rey Hernández llegaron en 2011 con nuevos permisos de explotación, pero en 2012 no lo permitimos; en 2013 y 2014, volvieron los saqueos, y luego los indígenas ya no pudieron pescar mojarras, porque ya no había agua. Dos jóvenes murieron ahogados porque la maquinaria dejó varios hoyos, por lo que responsabilizamos a Nolasco, pero no le hicieron nada, recordaron.

Misael Damián destacó que los nuevos saqueadores son Jorge Sandoval Melo, ex secretario del ayuntamiento de Ometepec; Alberto Román Guillén, hijo del teniente coronel Marcos Román Bahena, quien fungió como funcionario en diversas administraciones del ayuntamiento de Acapulco, junto con su hermana Sandra, regidora en el ayuntamiento de Ometepec, quienes continúan el despojo.

En 2016 hubo un aceleramiento de la crisis de los derechos humanos en América Latina, según el Informe Anual de Amnistía Internacional 2016/17. El documento registra un alarmante incremento de obstáculos y restricciones a la justicia y las libertades fundamentales, así como las violentas estrategias de represión en la región.

“Con frecuencia, los Estados hicieron un uso indebido de los sistemas judiciales y de los aparatos de seguridad para responder a la disidencia y al creciente descontento de la ciudadanía, y aplastarlos de modo implacable”, señala el informe.

Países como México, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala fueron algunos de los más afectados por los abusos y la impunidad ante las violaciones a los derechos humanos.

“La crisis está interconectada con todo lo que pasa en la región”, explicó Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. “Las acciones violentas de los organismos de seguridad y la falta de una respuesta eficaz de las autoridades para hacer cumplir el respeto a los derechos humanos, cada vez complejiza más las estrategias estatales para atender a los problemas sociales”.

El informe destaca el caso de México como uno de los más graves y señala que “la impunidad por tortura y otros malos tratos seguía siendo casi absoluta”. La procuraduría de este país informó que se estaban revisando 4715 expedientes de investigación por este tipo de abusos, pero había más de 3000 peticiones pendientes de tramitación.

Otro elemento que hace más complejo el caso mexicano es la enorme afluencia de migrantes que recibe anualmente, debido a su proximidad geográfica con Estados Unidos. Se calcula que cada año unas 400.000 personas indocumentadas cruzan la frontera sur de México; el documento muestra que hasta octubre de 2016 se habían presentado 6898 solicitudes de asilo, pero solo se les concedió la condición de refugiados a 2162 personas. El 93 por ciento de las solicitudes provenían de ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala.

Sumergido en la peor crisis de derechos humanos de América, México cumple 10 años de la llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado con una violencia generalizada e impunidad casi absoluta, señala Amnistía Internacional (AI) en su informe anual 2016/17.

En el apartado sobre México, la organización destaca no sólo la repetición persistente y sistemática de violaciones a los derechos humanos, como la práctica de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y abusos de poder, sino también la gravedad y el aumento de los mismos delitos respecto de años pasados.

En la presentación del reporte, Erika Guevara-Rosas, directora de las Américas de AI, señaló que 2017 no pinta nada bien en materia de derechos humanos. Estamos empezando y vemos una debacle en el respeto y protección a derechos humanos que está llegando a niveles catastróficos, afirmó la activista, en referencia a la política de odio y antimigratoria de Estados Unidos.

Por su parte, Tania Reneaum, directora para México de AI, se refirió a los 10 años que cumplió la llamada “guerra contra el narco”, ya que los registros oficiales indican que aumentó el número de soldados y marinos desplegados en operaciones de seguridad en todo el país, pero los índices de violencia y de violaciones a los derechos humanos también reportan un acelerado incremento.

Con base en el informe de AI, dijo que el gobierno tiene registrados 36 mil 56 homicidios hasta el final de noviembre de 2016, la cifra más elevada desde Zamora, que comenzó el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, frente a los 33 mil 17 que se reportaron oficialmente en 2015.

Vemos cada vez con mayor preocupación que no se están fortaleciendo las policías, sino que se está generando un marco legal que permita la continuación de la presencia militarizada en las calles, dijo Tania Reneaum.

El informe de AI reprocha que por tercer año consecutivo las autoridades no hayan publicado cifras de personas muertas o heridas en enfrentamientos con policías y fuerzas militares, ya que algunas organizaciones civiles han reportado que la tasa de letalidad es extremadamente alta, pues en un enfrentamiento predomina esencialmente el número de muertos, muy por debajo de quienes resultan heridos o son detenidos.

Pobladores de nueve municipios de Puebla advirtieron al gobierno del estado que iniciarán el resguardo de pozos comunitarios profundos, riachuelos y ojos de agua para impedir el saqueo del recurso, a raíz de la aprobación de la reforma al Artículo 12 Constitucional que busca privatizar el servicio.

La advertencia se dio este miércoles en la ciudad de Puebla, donde ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer la constitución de la agrupación Pueblos Unidos Contra la Privatización del Agua (PUCPA), que tiene como finalidad la derogación a la reforma privatizadora.

A nombre de los pueblos habló Maurilio Galiote Mixcóatl, de la región de Cholula, quien alertó: “Si el gobierno intenta adueñarse de nuestros pozos comunitarios, riachuelos  y ojos de agua, no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que ninguna fábrica llegue y vamos a tomar en custodio los pozos profundos”.

El dirigente social dijo que el agua no es del gobierno ni de nadie, pero tampoco es una mercancía para ponerle precio.

Defensores del agua de Ocotepec

En la rueda de prensa, estuvieron presentes Alejandro Torres Xocolatl, Miguel López, Maurilio Galeote, Artemio Pérez Medina y Gloria Tepale, quienes informaron que la defensa del agua no sólo tiene que darse desde los gobiernos sino también desde la ciudadanía.

El PUCPA está conformado por pobladores de una decena de municipios, entre ellos Juan C Bonilla, Coronango, Tlaltenango, San Miguel Xoxtla y sus comunidades, San Andrés y San Pedro Cholula, así como Ocotepec.

Además dio a conocer que cuentan con cinco actas de Cabildo donde se rechaza la reforma al Artículo 12, Fracción 6, de la Constitución Local.

Por lo anterior, adelantaron que van a presentar un escrito al Congreso del estado, donde firme regidores y comunidades agrupadas en el PUCPA, para invalidar el decreto.

Exigen consulta a los pueblos originarios

Maurilio Galiote Mixcóatl informó que el objetivo principal de la nueva agrupación es exigir al Congreso del estado que derogue la ley, porque además de violentar la autonomía de los municipios, la reforma es el primer paso para su privatización.

Dejó en claro que el frente de ciudadanos no tiene afiliación política, aunque reconoció que algunos pobladores tienen militancia.

A la par, indicó que realizarán foros no tanto académicos ni publicitarios, sino actos donde la gente de los pueblos participe y sirvan como una consulta, como lo ampara la Ley.

Maurilio Galiote recordó que la demanda de la defensa del agua no es tema nuevo para los pueblos cholultecas.

Para el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la situación de las lenguas indígenas del país es preocupante, por lo que deberían ser declaradas como patrimonio cultural inmaterial por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Así lo señaló mediante un comunicado del INAH, al celebrarse el Día Internacional de la Lengua Materna.

En ese marco, recibió el galardón Mexitli por parte de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con motivo de sus cincuenta años de trayectoria en la arqueología.

Al recibir el reconocimiento, el director del Proyecto Templo Mayor dijo: 

“Es preocupante que alrededor de la mitad de las hablas indígenas de nuestro país estén experimentado desplazamiento lingüístico, muchas de ellas están en esa vía. Se necesitan acciones que reduzcan este proceso considerando lo asentado en el Artículo 2 constitucional, referente a la composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.”

El galardón, que consiste en una escultura realizada por Pedro Ramírez Ponzanelli y que evoca al sacerdote que condujo la peregrinación de los mexicas de Aztlán a Tenochtitlán, fue entregado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Javier Bolaños Aguilar.

Matos habló en su discurso del símbolo prehispánico que guió la peregrinación, el águila parada en una nopalera devorando una serpiente, para señalar que ha sobrevivido la colonización, y debe ser considerado en estos momentos desafiantes para México como un símbolo de resistencia:

“Es el mejor momento para echar pa’lante y qué mejor que hablar de lo que nos identifica a nivel internacional: la Bandera y el Escudo nacionales.”

A unos días de realizarse el Día de la Bandera, el arqueólogo destacó que el águila fue símbolo de las banderas mexicanas del primer y segundo imperio, con Agustín de Iturbide y Maximiliano de Habsburgo, así como durante la República Restaurada (1867-1881)

El gobierno mexicano tendrá que responder sobre la aplicación de la reforma energética de 2014 y su impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de grupos aborígenes y comunidades locales.

El tema forma parte del cuestionario enviado por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil mexicana al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integrado por 18 expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), vigente desde mayo de 2013. 

Tal instancia, que cuenta con especialistas de Brasil y Colombia, iniciará el examen de México durante la 60 presesión del Grupo de Trabajo del 27 de febrero al 3 de marzo en Ginebra y que también incluirá evaluaciones de Colombia, Corea del Sur, Federación Rusa y Moldova. El escrutinio final tendrá lugar durante el 62 periodo de sesiones del Comité en septiembre y octubre próximos en esa misma ciudad suiza.

El documento, elaborado y respaldado por 61 redes y organizaciones de la sociedad civil, contiene 78 preguntas sobre aplicabilidad y efectividad de derechos, derechos sindicales, la no discriminación, igualdad de género, trabajo, agua y saneamiento, alimentación, ambiente sano, educación, salud y cultura.

En la primera pregunta se le pide al Estado mexicano proporcionar elementos para evaluar si ha habido avances en la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

 

Además, le solicitan indicar las medidas concretas tomadas para consultar debidamente a las comunidades indígenas y locales afectadas por proyectos a gran escala en sus territorios y procurar obtener su consentimiento previo e informado para el desarrollo de esos emprendimientos.

Las ONG cuestionan por qué el gobierno ignoró a los grupos aborígenes y comunidades en el diseño, aprobación y ejecución de las leyes de reforma energética de 2013 y 2014 y que abren al capital privado nacional y extranjero la explotación, refinación, distribución y comercio de hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad.

Tal marco incluye “disposiciones sobre el uso y ocupación de las tierras y territorios susceptibles de afectar directamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de estos pueblos y comunidades. Asimismo, sírvanse informar si se plantea alguna reforma legislativa para subsanar estas cuestiones con mecanismos de participación adecuados”.

El artista plástico Francisco Toledo publicó hoy, Día Internacional de la Lengua Materna, un reporte especial sobre discriminación lingüística pues afirmó que no es una fecha para celebrar, sino para llamar la atención de un sistema que ha relegado las lenguas indígenas.

La publicación, impresa en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), contiene el reporte especial “Lenguas indígenas. Discriminación estructural”, del reportero Arturo Rodríguez García, publicado en la edición 2102 del pasado 12 de febrero por el semanario Proceso y Periodismo CIDE, con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg.

Para Toledo, las lenguas indígenas han sido relegadas no sólo por las políticas públicas, sino también por intelectuales, educadores y artistas que inclusive siendo oaxaqueños, no difundieron la cultura en lengua indígena.

Como ejemplo mencionó a José Vasconcelos, el “gran educador” quien planteaba que las lenguas indígenas dejarían de existir. O bien, Andrés Henestrosa y Gabriel López Chiñas, quienes siendo de origen zapoteco escribieron muy poco y difundieron escasamente las lenguas de su natal Oaxaca.

“Estamos haciendo un esfuerzo por dimensionar la problemática de las lenguas indígenas. Creo que con esta publicación se hace un llamado de atención a las autoridades para que atiendan la conservación (de las lenguas)”, expresó el artista.

El IAGO y La Maquinucha Ediciones, iniciaron la circulación del mencionado reporte especial durante un acto organizado por Toledo con motivo del día internacional de la Lengua Materna.

La publicación consta de tres reportajes en los que se muestra cómo el hablar alguna lengua indígena puede derivar en que el hablante sufra la violación de tres derechos básicos: educación, justicia y libertad de expresión.

La publicación fue impresa en una máquina risográfica que posee el IAGO. Se trata de un mecanismo de impresión de origen japonés, que en la última década ha cobrado auge entre diseñadores y artistas plásticos.

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