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Fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas y chorros de agua a presión contra manifestantes que respondieron con piedras, cócteles molotov y bombas de pintura, en una nueva marcha de miles de opositores contra el presidente Nicolás Maduro y que pretendía llegar al Tribunal Supremo de Venezuela.

Cubiertos con escudos improvisados de madera, y el rostro oculto con pañuelos y algunos con máscaras antigases, un grupo de jóvenes resistió a los embates de gases y chorros de agua que lanzaron los antimotines en una estratégica vía del este de Caracas.

Los manifestantes prepararon bombas de excremento, que llaman “cócteles puputov”, pero en la confusión no quedó claro si las habían lanzado contra las fuerzas de seguridad.

Algunos encapuchados explicaron que decidieron usar esta nueva táctica ante el aumento de la “represión” de la policía y los militares, quienes han dispersado las protestas lanzando bombas lacrimógenas.

Desde que estalló la oleada de protestas, unas 38 personas murieron y cientos permanecen detenidas, tras choques con las fuerzas de seguridad, saqueos y otros disturbios, donde hoy se reportó el fallecimiento de un hombre de 27 años.

“Murió joven Miguel Castillo (27) durante manifestación en Las Mercedes”, confirmó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter, sin precisar cuál fue la causa del deceso.

Indignado, un grupo de manifestantes acudió a la clínica de Las Mercedes, donde fue llevado el joven tras ser herido mortalmente.

“Nos están matando, así sean niños, ancianas, jóvenes. Nos están matando. ¡Coño!”, gritó un joven.

“¿Hasta cuándo?, hoy es un chamo de 27 años”, manifestó una mujer.

Gerardo Blyde, alcalde del municipio Baruta –al que pertenece Las Mercedes–, aseguró que Castillo murió “por herida intercostal”, aunque no precisó el tipo de artefacto que provocó el fatal desenlace.

“Miguel era hijo de una funcionaria administrativa del gobierno municipal de Baruta. Exigimos justicia verdadera”, emplazó el edil en Twitter, al dirigir su mensaje a la titular de la Fiscalía, Luisa Ortega.

A la par, Daniel Ramos, un fisioterapeuta de 38 años, sentenció: “Quieren aferrarse al poder y seguir robando, por eso hay que seguir en la calle. La gente se está muriendo de hambre. No soy un burgués, vivo en un barrio (humilde) de Caracas”.

Pese a que las fuerzas de seguridad frenaron con bombas lacrimógenas el paso de los manifestantes hacia el centro de la capital, los opositores se concentraron en distintos puntos de Caracas con la meta de llegar a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La oposición convocó esta marcha para exigir elecciones generales y rechazar la convocatoria de Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente “popular”, que según ella es un “fraude” porque no garantiza el voto universal.

En respuesta, Maduro acusa a la oposición de desatar la “violencia terrorista” para derrocarlo y afirma que la Constituyente es la vía para lograr la paz y reconciliación del país, sumido en una severa crisis política y económica.

Cuando unos merodeadores armados acorralaron su hogar en Yei, Sudán del Sur, Aisha, madre de dos, huyó a pie con su hijo más joven atado a su espalda.

En el camino hacia la frontera, el grupo fue detenido por unos hombres armados. Cuando les ordenaron arrodillarse, Aisha creyó que los matarían.

“Nos atacaron y querían matarnos, pero yo llevaba un niño pequeño”, dijo Aisha, convencida de que la mirada del niño de cuatro años, Jonathan, fue la que les salvó la vida.

“Cuando me vieron así, solo me dijeron que me fuera”.

Durante el ataque, su hijo mayor, Godwin, de 13 años, sintió el grave peligro en el que estaban y se preocupó. Pero Aisha continuó asegurándole que todo estaría bien, y se enfocó en mantener el espíritu de los niños mientras caminaban por los bosques de Uganda.

“Nos atacaron y querían matarnos, pero yo llevaba un niño pequeño”.

“Alenté a los niños. Les dije que todo mejoraría. Que vinimos aquí buscando protección, ya que algo había pasado en nuestro hogar. Pero que en algún tiempo, todo estaría bien”.

Godwin y Jonathan, quienes ahora están seguros en el campamento para refugiados Bidbidi, son parte de los más de un millón de niños que han huido de los más de tres años de conflicto en Sudán del Sur, anunciaron hoy el UNICEF y el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Según los últimos datos de la ONU, los niños y niñas representan el 62% de los más de 1,8 millones de refugiados sursudaneses. La mayoría han llegado a Uganda, Kenia, Etiopía y Sudán.

Dentro de Sudán del Sur, más de mil niños han sido asesinados o heridos desde que comenzó el conflicto en 2013, mientras que alrededor de 1,4 millones de menores han sido desplazados internamente.

Cerca de tres cuartas partes de los niños y niñas del país no van a la escuela, el porcentaje más alto de menores no escolarizados a nivel mundial.

Los traumas, los trastornos físicos, el miedo y el estrés que han sufrido tantos niños representan solo una parte del peaje que se está cobrando esta crisis. Los menores corren el riesgo de ser reclutados por parte de las fuerzas y grupos armados y, con las estructuras sociales tradicionales dañadas, son muy vulnerables a la violencia, los abusos sexuales y la explotación.

Un joven murió este miércoles durante una multitudinaria protesta contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas, elevando la indignación por una escalada de violencia que deja 38 fallecidos en 40 días de manifestaciones.

Miguel Castillo, de 27 años, falleció por una herida en el tórax -cuya causa no precisó la Fiscalía-, tras participar en la movilización de miles de opositores, que degeneró en fuertes choques con policías y militares.

Varios manifestantes fueron impactados por las ráfagas de bombas lacrimógenas que lanzaron militares y policías desde camiones blindados contra la marcha en la principal autopista de Caracas.

"¡Asesinos!" y "¡nos están matando", gritaron entre llantos varias personas en el centro médico, tras confirmarse la muerte de Castillo.

Al conocer de este fallecimiento, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó "la brutal represión del régimen".

Las manifestaciones, que exigen la salida de Maduro mediante elecciones generales, iniciaron el 1 de abril luego de que el máximo tribunal de justicia se adjudicó temporalmente los poderes del Parlamento, único poder que controla la oposición.

Justamente la marcha de este miércoles buscaba llegar a la sede del tribunal, en el centro de Caracas, pero siempre los antimotines han bloqueado y dispersado a los manifestantes a punta de gases.

- Más firme que nunca -

Con escudos de madera y metal, y encapuchados, decenas de jóvenes se pusieron al frente de la movilización, lanzando piedras, cócteles molotov y bombas de pintura contra las uniformados. Algunos arrojaron excrementos.

La multitud se replegó luego de tres horas ante al aumento de los gases y los chorros de agua. "Estuvo dura la gente, estamos aprendiendo, costó hacernos retroceder", comentó a la AFP Rodrígo Moscoso, de 43 años.

Los opositores también rechazan la convocatoria de Maduro a una Asamblea Constituyente "popular", por considerar que con ello busca una "Constitución a su medida para perpetuarse en el poder".

"La moral de este pueblo está más firme que nunca. No vamos a aceptar una Constitución hecha por Maduro y sus amigos", afirmó el líder opositor Henrique Capriles, mientras se limpiaba con un pañuelo restos de gases.

Las marchas tienen como combustible el malestar popular por la crisis económica que golpea al país petrolero, con una severa escasez de alimentos y medicinas y una inflación que es la más alta del mundo.

La situación genera preocupación internacional. Este miércoles, la OEA aplazó para el lunes la definición de la fecha en que los cancilleres abordarán la crisis, en lo que la canciller venezolana Delcy Rodríguez consideró como "una derrota" de los "países intervencionistas".

- ¿Militarización de la justicia? -

La tensión aumentó esta semana con el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares, lo que la oposición denunció como una maniobra del gobierno para "criminalizar" y "desactivar" las protestas. El gobierno aún no se pronuncia sobre esos procesos.

Según el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, 73 personas han sido encarceladas, acusadas de "rebelión" por tribunales militares, sobre todo en el estado Carabobo (noroeste).

La Fiscalía pidió este miércoles que sean juzgados por tribunales civiles y no militares 14 detenidos en Rosario de Perijá (noroeste), donde un grupo de personas destrozó la estatua del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) e intentó quemar la alcaldía.

"Si ya militarizaron todo, ¿cómo no van a militarizar la justicia? (...) quieren control total", aseguró el diputado opositor Henry Ramos Allup. Almagro calificó la medida como una "práctica de las dictaduras".

- ¿Constituyente de paz o guerra? -

Maduro, cuya gestión es rechazada por el 70% de los venezolanos según encuestas, asegura que las manifestaciones han derivado en "actos terroristas" y focos de "insurgencia armada".

El presidente dijo haberse visto obligado entonces a convocar a una Constituyente para reforzar la Constitución que impulsó su mentor Chávez y lograr la reconciliación del país.

"Maduro dio un 'batacazo' (golpe inesperado) a la oposición con esta Constituyente. Aquí no van a traer el caos", dijo el joven Andrés Mejía, en una masiva concentración de chavistas en el centro.

En el acto, Elías Jaua, delegado presidencial para impulsar la Constituyente, la defendió como el "camino a la paz" frente a la "violencia de la derecha fascista".

La oposición descarta participar en la Constituyente, porque la mitad de los 500 asambleístas serán elegidos entre sectores controlados por el chavismo, lo que a su juicio niega el voto universal. Maduro asegura que será "popular" y no de "élites".

La Constituyente deja en suspenso las elecciones presidenciales de diciembre de 2018, las de gobernadores (pospuestas en 2016) y las de alcaldes de 2017.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplaudió la elección de Luis Ernesto Vargas Silva como comisionado de ese organismo por parte del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Es un gran honor haber sido elegido como comisionado de la CIDH, un puesto tan relevante para la protección y promoción de los derechos humanos en los países del continente americano. Como comisionado pongo mi experiencia como juez al servicio de los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, víctimas y Estados.

Trabajaré por mejorar la efectividad del Sistema y por avanzar en una cultura de respeto a los derechos humanos en todos los países miembros de la Organización”, dijo Vargas Silva al ser elegido.

En un comunicado, la CIDH informó que el nuevo comisionado es doctor en derecho y ciencias sociales de la Universidad Libre de Colombia, especializado en derecho de familia de la misma Universidad, y doctorando en derecho privado, derecho de la persona y de la familia de la Universidad de Zaragoza. Tiene 40 años de servicio en la judicatura colombiana y fungió como magistrado de la Corte Constitucional entre marzo de 2009 y febrero de 2017.

Como magistrado de la Corte Constitucional presidió la Sala Especial de Seguimiento creada para la ejecución de la sentencia estructural T-025 de 2004 mediante la cual esa Corporación declaró un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado. En esta labor materializó su compromiso con la constatación judicial del avance, rezago o retroceso en la superación de la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de la población desplazada. En 2014, durante su periodo constitucional, fue designado presidente de la Corte Constitucional.

Además, Vargas Silva es autor de numerosos ensayos en derecho procesal, de un libro sobre la reforma al código de procedimiento civil colombiano, así como de una colección de monografías sobre derecho Constitucional.

El periodo para el que fue electo como comisionado de la CIDH culmina el 31 de diciembre de 2019. Su candidatura fue presentada por Colombia tras la renuncia de Enrique Gil Botero –el 9 de marzo pasado–, designado ministro de Justicia en su país. Enrique Gil Botero había sido elegido comisionado en junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para un período de cuatro años que inició el 1 de enero de 2016 y cuyo término era originalmente el 31 de diciembre de 2019.

Vargas Silva fue seleccionado este 10 de mayo por el Consejo Permanente de la OEA para completar ese período de gestión.

Tres de cada 10 hogares en Puebla son mantenidos por madres solteras o separadas, y seis de cada 10 jefas de familia ganan, en promedio, 160 pesos diarios, la cantidad representa poco menos de 5 mil pesos al mes, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que dio a conocer con motivo del Día de las Madres.

Respecto a la unidad económica donde laboran las mamás, destaca que 35.3 por ciento de ellas trabaja en empresas y negocios, pero 34.3 por ciento se desempeña en el sector informal y el 12.2 por ciento realiza trabajo doméstico remunerado, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

De acuerdo con la misma información, hasta el cuarto trimestre de 2016 las madres ocupadas de 15 y más años, se caracterizan por tener jornadas menos extensas que las de las mujeres ocupadas sin hijos. Del total de madres ocupadas, 45 por ciento labora 40 o más horas a la semana, en tanto que de las mujeres sin hijos, 55 por ciento cumple jornadas semanales de más de 40 horas.

En cuanto a la situación de pareja, los datos del Inegi refieren que del total de mamás que están unidas, 43.5 por ciento es casada, pero en 4.2 por ciento de estos casos, su cónyuge o pareja reside en otra vivienda. Situación similar viven las madres que se juntaron por unión libre y conforman 27.6 por ciento, pues en 6.2 por ciento de los casos su pareja se fue de la casa.

Un aspecto relevante en el análisis de la situación conyugal de las mujeres con hijos es el número de uniones tempranas y prácticamente únicas, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, de las mujeres de 15 a 54 años que alguna vez estuvieron unidas y con al menos un hijo nacido, 33.5 por ciento se unió por primera vez antes de los 18 años de edad, mientras que 92.1 por ciento solo ha tenido una unión.

Ahora bien, de las mamás que aún se encuentran en su adolescencia, de 12 a 19 años, 85.8 por ciento tiene solo un hijo. En las madres jóvenes, de 20 a 29 años, el porcentaje con solo un hijo disminuye a 45.4 por ciento y aumenta la proporción de mujeres que tienen dos hijos.

Las estadísticas oficiales reflejan también que la fecundidad es uno de los eventos demográficos que inciden en la estructura y composición de la población, y las mujeres por su condición biológica son el centro de atención para la medición de este tema.

En Puebla la tasa global de fecundidad es de 2.44 hijos por mujer, para el quinquenio de 2009 a 2013, y el grupo de edad con la tasa de fecundidad más alta es el de las mujeres de 20 a 24 años de edad.

Cuando triunfó la revolución cubana, la comunidad homosexual sufrió la crudeza y la intolerancia de quienes pretendían construir un nuevo estado como así lo dejó bien claro Fidel Castro en su discurso del 13 de marzo de 1963. “Nuestra sociedad no puede dar cabida a esa degeneración”, aseguró tajantemente. El Gobierno los enviaba, sin cargos ni juicio y sin ningún tipo de explicación o justificación, a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, las UMAP, donde les sometían a trabajos forzados, entre maltratos y vejaciones, junto a otros sectores considerados inadaptados sociales, desviados, extravagantes o contrarrevolucionarios. Se creía que el trabajo y un régimen estricto serviría para rehabilitarlos pero acabaron consiguiendo, en realidad, desatar una ola de persecución y marginación contra la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) en Cuba. 

Antonio pasó once meses en uno de aquellos campos de trabajo cuando apenas contaba con 18 años después de ser detenido por “peligrosidad social”. Era estudiante de magisterio cuando fue denunciado por un familiar suyo “por llevar depiladas las cejas”, recuerda. Y no se olvida de aquellas jornadas bajo el sol de aquel 1966 cortando cañas de azúcar, donde se compatibilizaba el trabajo con charlas de concienciación y diversos tratamientos que pretendían cambiar la orientación sexual de los homosexuales internos. “Allí estábamos mezclados homosexuales, disidentes o traidores con gente de las artes y la cultura, incluso coincidí con un joven Pablo Milanés. Mi gran suerte fue encontrarme con un vecino que cumplía allí como oficial de guardia y me protegía en cierto modo, pero las vejaciones a otros reclusos eran continuas. Dos compañeros del barracón se suicidaron por la humillación diaria que recibían, los tratamientos de choque donde se hacían todo encima y las malas condiciones de vida”. Aunque reconoce que el precio más caro que pagó fue el ver truncada su carrera como maestro de escuela ya que el Gobierno cerraba las puertas a la educación o al estudio. “No permitían a los homosexuales impartir clases para evitar dar mal ejemplo a los jóvenes por muy afines que fuéramos a la revolución”, recuerda,

En 1971, el Congreso Nacional de Cultura y Educación declaró la homosexualidad como una desviación incompatible con la revolución, así, no podían ni trabajar en el mundo de la educación, ni en el universo de la cultura, decisión que daría pie a la institucionalización y sistematización de la homofobia, generando una represión de la homosexualidad que marcaría durante décadas el devenir de la isla. El colectivo LGBTI se vio envuelto en un entorno marcado por la marginalidad, el peligro y la prostitución, incluso a pesar de que en 1979 el Gobierno inició el proceso de despenalización para las relaciones entre personas del mismo sexo. Desde entonces, Cuba ha enmendado alguno de sus errores, tanto a nivel político como social y la situación de esta comunidad se ha vuelto más visible, aunque los prejuicios sociales han logrado mantener a esta comunidad en la exclusión y el rechazo durante años. No fue hasta 1997 cuando se modifica el Código Penal cubano y se eliminan las últimas referencias discriminatorias hacia la homosexualidad.

Al menos 34 personas han muerto y más de 2.000 se han visto afectadas por el cólera en Yemen en los últimos once días, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) este martes.

"Se han producido 34 muertes relacionadas con el cólera y 2.022 casos de diarrea aguda en nueve gobernaciones, incluida Saná, entre el 27 de abril y el 7 de mayo", informó un responsable de la OMS a la AFP.

Por su parte, la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) manifestó su preocupación este martes por el "número creciente de casos de cólera y de diarrea aguda" en Yemen y precisó, en un comunicado, que había tratado cientos de casos en cinco provincias desde finales de abril.

"Nos preocupa que la enfermedad se propague y quede fuera de control", declaró Shinjiro Murata, jefe de la misión de MSF en Yemen.

El responsable solicitó "apoyo inmediato" a los centros de salud que siguen operativos en el país, y que se abastezca a la población con ayuda humanitaria "de forma urgente para limitar la propagación de la epidemia".

Citando al ministerio de Salud yemení, MSF afirmó que se habían detectado 310 casos sospechosos de cólera en la capital, Saná, donde la situación sanitaria empeora cada día más debido a una huelga de basureros, que reclaman que se les pague sueldos atrasados.

Es la segunda oleada de muertes a causa del cólera en el último año en Yemen, donde una encarnizada guerra civil ha arrasado con el sistema hospitalario y provocado el desplazamiento y la miseria de millones de personas.

Para la OMS, Yemen es una de las mayores catástrofes humanitarias del planeta junto a Siria, Sudán del Sur, Nigeria e Irak.

Naciones Unidas estima que más de 7.000 yemeníes han muerto desde 2015 y tres millones de personas han perdido su hogar.

La inflación no da tregua en México. El índice general de precios escaló en abril un 5,82%, ligeramente por encima de las expectativas de las principales casas de análisis, y marco un nuevo máximo en casi ocho años, según las cifras dadas a conocer este martes por la oficina de estadística mexicana. El índice subyacente –que no tiene en cuenta ni el precio de los alimentos ni de los productos energéticos, los más volátiles– subió, por su parte, un 4,72% en el cuarto mes del año respecto al mismo periodo de 2016. Es la mayor alza mensual de precios desde mayo de 2009, justo después de la crisis financiera global y en pleno encarecimiento de las materias primas. 

Detrás de esta espiral inflacionista emergen dos factores: el encarecimiento de los carburantes tras la reciente liberalización del mercado, que encarece el transporte de gran parte de los productos que forman parte de la cesta de la compra de los mexicanos, y la depreciación del peso frente al dólar, que encarece las importaciones. Y todo pese a que en abril los precios de la electricidad cayeron por la entrada en vigor del esquema de tarifas eléctricas de temporada cálida en varias ciudades de México. Para detener esta espiral inflacionista, el Banco de México ha decretado en los últimos meses varios incrementos consecutivos en los tipos de interés y los mercados financieros dan por descontado que el precio del dinero cerrará el año en el entorno del 7%, cinco décimas por encima de la tasa actual.

Por grupos de productos, tal y como ha venido sucediendo en meses anteriores, el rubro de energéticos fue el que más escaló –15,88%–, seguido por el de alimentos, bebidas y tabaco –6,77%– y el de tarifas autorizadas por el Gobierno –6,29%–. En el lado contrario, la vivienda fue lo que menos aumentó: un 2,55%. 

Los productos o elementos del índice que más incidencia tuvieron sobre el alza de la inflación –teniendo en cuenta su peso ponderado en el índice– fueron el jitomate (25,6% de subida en abril frente a marzo), el pollo (3,13%), las loncherías, fondas, torterías y taquerías (0,76%) y el aguacate (18,54%), todos ellos básicos en la dieta mexicana. Por el contrario, la electricidad (-13,36% gracias al nuevo esquema tarifario de temporada) y el gas de uso doméstico (-2,95%) amortiguaron el incremento de precios.

Las ciudades en las que más duro pegó la inflación en abril fueron San Andrés Tuxla (Veracruz), donde el índice general de precios creció a una tasa nueve décimas mayor que en la media del país; y San Luis Potosí (capital del Estado homónimo) y Cortázar (Guanajuato), ambas con un incremento superior en un 0,77% a la media nacional.

En México, el alza de precios –aun siendo muy inferior al registrado en décadas anteriores, como a finales de los ochenta, cuando el índice general llegó a crecer a tasas anuales de triple dígito– se ha convertido en una suerte de impuesto de los pobres. Las capas más modestas de la población mexicana han sido las más golpeadas por el mazo inflacionista por tres motivos: la no revisión salarial en el caso de los trabajadores informales; el mayor aumento de precios de los productos que constituyen la canasta básica de consumo –y que consumen la mayor parte de los ingresos de los sectores más humildes– y el escaso acceso a herramientas de ahorro financiero.

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2 days ago
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Organizaciones de la sociedad civil e investigadores denunciaron esta tarde las últimas violaciones a los derechos del pueblo maya, ocurridas en el marco de la consulta sobre siembra de soya transgénica ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de 2015. La Misión de Observación (MO) conformada por 27 organizaciones e investigadores acusaron que el Estado mexicano incumple el fallo de la SCJN sobre consulta al pueblo maya.   A pesar de que el máximo tribunal ...
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