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Dos hombres en la conservadora provincia indonesia de Aceh afrontan cada uno 100 bastonazos, después de que sus vecinos los reportaran a la policía religiosa islámica por mantener relaciones sexuales entre sí.

Si se les declara culpables, serían los primeros en ser condenados a golpes con una vara según una nueva norma introducida hace dos años, indicó Marzuko, investigador jefe de la policía de la Sharia.

Vecinos de un barrio de la capital provincial, Banda Aceh, reportaron el 29 de marzo a los dos hombres, de 23 y 20 años, indicó Marzuki, que sólo utiliza un nombre. 

Los hombres, señaló, “confesaron” ser una pareja homosexual, algo respaldado por un video grabado por un vecino y que circulaba por internet. En las imágenes se ve a uno de los hombres desnudo y visiblemente alterado mientras parece pedir ayuda por su celular. Mientras, el segundo acusado recibe empujones reiterados de otro hombre que impide a la pareja salir de la habitación. 

Aceh es la única provincia de Indonesia, un país de mayoría musulmana, que aplica la ley Sharia. Se trata de una concesión obtenida del gobierno nacional en 2006 para poner fin a una guerra de varios años con grupos separatistas.

Los vecinos del barrio de Rukoh sospecharon de los dos hombres porque a menudo parecían ser íntimos, y se habían propuesto descubrirles mientras mantenían relaciones sexuales, dijo Marzuki.

“Basándonos en nuestra investigación, el testimonio de los testigos y las pruebas, podemos demostrar que incumplieron la ley de Sharia y podemos llevarlos ante la corte”, añadió.

La homosexualidad no es ilegal en Indonesia, aunque el Tribunal Constitucional está evaluando una evaluación judicial para penalizar el sexo fuera del matrimonio y entre personas del mismo sexo.

Ante la apertura de la “Conferencia de Bruselas sobre el Apoyo al Futuro de Siria y la Región”, ACNUR y el PNUD –en representación de las 240 organizaciones colaboradoras nacionales e internacionales, y de los gobiernos de países de acogida en la región- se encuentran extremadamente preocupados por el bajo nivel actual de los fondos de respuesta para ayudar a millones de refugiados sirios y a las comunidades que los acogen.

Con el conflicto en Siria entrando en su séptimo año, hay 5 millones de refugiados sirios viviendo en Egipto, Irak, Jordania, el Líbano y Turquía, y muchos más que han hecho un peligroso viaje hasta Europa y más allá. Sin embargo, cuando el mundo se prepara para reunirse en Bruselas, solo se ha recibido una fracción de los fondos necesarios para darles asistencia.

El enfoque y estrategia regional principal – el Plan Regional para los Refugiados y la Resiliencia (3RP) –precisa de 4.630 millones de dólares para continuar con la distribución de ayuda y protección vitales para refugiados y comunidades de acogida. Hasta la fecha solo se han recibido 433 millones del total solicitado, apenas un 9% de lo que se necesita.

Sin fondos adicionales, todas las áreas de asistencia sufrirán recortes este año. La ayuda alimentaria y en efectivo será reducida o cortada a mitad de año, dificultando la estabilidad y la seguridad en la región. Con la mayoría de refugiados sirios viviendo por debajo de los niveles nacionales de pobreza, las familias tendrán que afrontar la difícil decisión de sacar a sus hijos del colegio, que se sumarían al medio millón de niños que ya hay fuera del sistema educativo. El apoyo a los programas de creación de empleo y autosuficiencia se reducirá, en un momento en el que el desempleo está al alza tanto para refugiados como para las comunidades de acogida.

 “La situación se está volviendo desesperada”, dijo el Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi. “Ya estamos viendo niños que no pueden ir a la escuela y familias que no tienen acceso a un alojamiento adecuado o que no pueden cubrir sus necesidades básicas”.

“La historia es la misma en toda la región –el suministro de agua y los sistemas de saneamiento, el desempleo y el mercado de la vivienda están bajo presión”, explicó la Administradora del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, Helen Clark. “El PNUD y sus colaboradores en el programa 3RP están sobre el terreno expandiendo infraestructuras, impulsando los medios de vida y fortaleciendo el desarrollo de las comunidades para dar respuesta, pero las necesidades son enormes y necesitamos más apoyo.”

“Reconocemos y aplaudimos las donaciones hechas hasta ahora, pero la verdad es que esos fondos no hacen frente a las necesidades”, añadió Grandi.

El programa 3RP agrupa a más de 240 organizaciones colaboradoras en una respuesta humanitaria a escala regional, ayudando a más de 5 millones de refugiados sirios y a 4,4 millones de personas que forman parte de las comunidades de acogida en Turquía, el Líbano, Jordania y Egipto.

La “Conferencia de Bruselas sobre el Apoyo al Futuro de Siria y la Región” tiene lugar los días 4 y 5 de abril. El conflicto en Siria sigue siendo el mayor reto humanitario del mundo, con 13,5 millones de hombres, mujeres y niños en Siria necesitados de asistencia urgente.

Una capa de barro cubre la aldea. Los postes de luz están doblados hacia un extremo. Los tejados están a cuadras de distancia de las casas que protegían. El camino hacia el altar de la iglesia está lleno de lodo.

Un catastrófico alud prácticamente borró a Barba Blanca del mapa el mes pasado. Sin embargo, las 150 personas que vivían en esta aldea peruana lograron escapar.

“Fue un milagro”, dijo Diego Blanco, un obrero de 27 años, mientras observaba desde una ladera de la colina hacia las casas de sus familiares, ahora en ruinas.

Extensas partes de América del Sur han sido azotadas durante semanas por lluvias torrenciales que están causando estragos en toda la zona occidental de la región. Inundaciones y derrumbes destructivos en Perú, Ecuador y Colombia han matado a cientos y han desplazado a miles más.

El 1 de abril algunas partes de Mocoa, una ciudad al sur de Colombia, fueron derribadas por un torrente de agua y escombros que hasta el momento ha dejado al menos 293 muertos. También hay comunidades en Bolivia y Ecuador que han resultado afectadas.

En Perú, los aludes de tierra destruyeron 14.000 hogares, dejaron a 150.000 personas sin hogar y mataron a más de cien personas; muchas otras aún están desaparecidas. Aunque el gobierno declaró un estado de emergencia y pidió ayuda internacional, parece que esto no tendrá fin sino hasta que la temporada de lluvias concluya en mayo.

Las calamidades han sacudido a algunos de los líderes de la región, quienes creen que las lluvias están vinculadas al cambio climático. El aumento de las temperaturas ha provocado el derretimiento de glaciares en los Andes y grandes cambios en los ciclos de cultivo en Perú. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo durante una visita a Mocoa que el derrumbe fue la consecuencia más reciente del calentamiento global.

“Estamos enfrentando un desastre de la naturaleza por el cambio climático”, dijo Santos. “Tenemos que estar preparados porque las lluvias que vienen van a ser más intensas”.

Estos desastres apuntan a un problema mayor en esta parte del mundo: años de expansión económica en América Latina han estimulado la migración y el desarrollo, pero no se han implementado medidas preventivas contra los desastres naturales más elementales.

Perú es un buen ejemplo, dicen los expertos. El crecimiento desde principios de la década del 2000 atrajo a miles de personas de las zonas rurales que buscaban empleo y se mudaron a las ciudades costeras en el desierto y a nuevos asentamientos en la periferia de Lima. Muchos de los nuevos habitantes fundaron asentamientos ilegales en los márgenes de las ciudades.

Leopoldo Monzón, ingeniero civil y experto en planificación urbana en Perú, dijo que muchas de estas áreas habían mostrado inestabilidad precisamente porque eran susceptibles a inundaciones repentinas. Sin embargo, algunos políticos brindaron desarrollo a estas zonas a cambio de los votos de los recién llegados.

“Nunca pensaron que habría una inundación como esa”, dijo Monzón, quien estima que, tan solo en los alrededores de Lima, viven más de 100.000 personas en zonas susceptibles a inundaciones repentinas.

Lo que empeora las cosas, según los meteorólogos, es la llegada del fenómeno climatológico conocido como El Niño, un repentino aumento en la temperatura oceánica en el Pacífico que este año ha ocurrido a las afueras de la costa de América del Sur. Las localidades montañosas que normalmente sufren de sequías por las altas temperaturas han enfrentado aludes devastadores, mientras que los residentes de Lima padecieron cortes de agua durante cinco días después de que se inundaron las bombas.

Aunque de 2015 a 2016 disminuyeron las agresiones a periodistas en Puebla en 74 –al pasar de 38 a 28–, el estado ingresó a la funesta lista de localidades con periodistas asesinados, debido al crimen irresuelto de Aurelio Cabrera Campos, cuyo homicidio lleva medio año en impunidad, a pesar de que la Fiscalía General del Estado identificó una semana después del ilícito al supuesto asesino.

Lo anterior se desprende del Informe Anual de Artículo 19, titulado Libertades en Resistencia y presentado la mañana de ayer en la capital del país, el cual ubica a Puebla en el cuarto lugar entre las entidades con más agresiones y asesinatos de periodistas en México en 2016.

La organización internacional documentó un total de seis acosos u hostigamientos contra informadores en la entidad poblana durante el año pasado, cuatro amenazas, un asesinato, ocho ataques físicos o materiales, cuatro intimidaciones y una privación ilegal.

Artículo 19 también advirtió sobre la impunidad que campea sobre la mayoría de los delitos sufridos por los periodistas poblanos, pues ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), hay cinco carpetas de investigación, una averiguación previa y ningún asunto atraído.

En materia de transparencia, el informe destaca que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIP), tiene una calificación de 46.93 por ciento, en una escala del 1 al 100, de lo cual se deriva que está reprobado.

El indicador de Artículo 19 no obvia el amplio presupuesto que recibe el ITAIP, para sus magros resultados: 13 millones 225 mil 322 pesos.

El documento elaborado por Artículo 19 también advierte sobre tres leyes restrictivas vigentes en el estado de Puebla: una de “halconeo” –o espionaje–, una antiprotesta –la llamada Ley Bala– y una más de ultrajes.

Señala que el gasto de publicidad oficial por entidad federativa se ubicó en 127 millones 844 mil 615 pesos, mientras que el gasto de publicidad oficial federal fue de 9 mil 25 millones 876 mil 634 pesos.

A nivel de conectividad, la organización evidenció que 74 por ciento de los hogares carece de internet y que 52.4 por ciento de la población no utiliza esa plataforma de información.

“Libertades en Resistencia”

Durante 2016 Artículo 19 registró 426 agresiones contra la prensa, se trata del año más violento para la prensa en México. Las agresiones continúan en aumento, esta vez 7 por ciento más respecto a 2015, cuando se documentaron 397.

El año pasado destaca por ser el de mayor registro de periodistas asesinados, con 11.

Previamente, la organización documentó en 2010, 2008 y 2006, 10 asesinatos; años que se caracterizaron por la llamada “guerra contra el narco” durante el sexenio de Felipe Calderón. En lo que va de la administración federal de Enrique Peña Nieto 30 periodistas han sido asesinados.

El gobierno mexicano no ha encontrado la solución a la violencia contra la prensa; al contrario, ha permitido que las condiciones para ejercer el periodismo se vulneren aún más. Su inacción deja que la impunidad prevalezca en 99.7 por ciento de los casos. El mensaje es claro, sin verdad ni justicia, la prensa es blanco fácil de sus agresores.

Esta situación es todavía más preocupante cuando 53 por ciento de las agresiones contra la prensa en 2016 fueron cometidas por funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno, Incluyendo dos ejecuciones extrajudiciales de periodistas.

Noemí Guadalupe Vergara Espinoza, de 20 años de edad, fue asesinada a golpes y su cuerpo fue calcinado en un predio de la carretera Tlapanalá-Atlixco en el municipio de Huaquechula. La joven fue encontraba desnuda y su cuerpo severamente herido. Presentaba heridas en la cara, golpes en los brazos, le faltaba la pierna izquierda y la pierna derecha se encontraba totalmente quemada.

Pobladores de la comunidad de Tezonteopan de Bonilla, perteneciente al municipio de Huaquechula, encontraron los restos de una mujer en la Vereda Arenales el pasado 30 de marzo. Al principio se desconocía a quién pertenecía el cadáver, sin embargo fueron familiares entrevistados por PÁGINA NEGRA quienes corroboraron que los restos corresponden a Noemí.

Asimismo indicaron que sospechan que el responsable del homicidio de la joven es su pareja sentimental. Sin embargo hay otra línea de investigación que señala a la esposa de un doctor con quien la estudiante salía.

La familia la reportó como desaparecida desde el 29 de marzo. Ese día la joven fue vista por última vez en un paradero del instituto Profesional de Terapias y Humanidades (IPETH) donde estudiaba y que se encuentra ubicado en la esquina de Periférico Ecológico y la intersección de bulevar Valsequillo, en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán. Este portal informó sobre la desaparición de la joven el pasado 30 de marzo del 2017. 

La Fiscalía General del Estado investiga ya el caso aunque oficialmente no han proporcionado datos. Los familiares acusan que la dependencia se niega a entregarles el cadáver.

 

FEMINICIDIOS EN PUEBLA NO PARAN

Estos son los feminicidios que se han cometido en Puebla en lo que va de 2017:

26. Maura Luna Motolinia, Amozoc 

Maura Luna Motolinia fue asesinada a balazos luego de que dispararon contra de ella y su pareja, en el municipio de Amozoc. Después, los atacantes secuestraron a su marido identificado como Federico R. A.

25. Julia Rodríguez Corte, Tlaxcala 

El cuerpo de Julia, de aproximadamente 40 años, apareció maniatado el día 1 de abril en San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala. La mujer desapareció el 31 de marzo luego de salir de su domicilio en San Miguel Xoxtla, Puebla.

24 Rosario Morales, San Pedro Cholula

El cuerpo de la mujer de 21 años fue encontrado el domingo 2 de abril en el barrio de San Cosme Texitla de San Pedro Cholula; tenía un disparo en la cabeza

Con 64 votos a favor, 26 en contra y una abstención, la maquinaria priista en el Senado impuso este jueves a Paloma Merodio Gómez como vicepresidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Su designación fue rechazada desde un principio por organizaciones de la sociedad civil y académicos.

Los votos a favor fueron de senadores del PRI, PAN y PVEM, frente a 26 en contra del PRD, PT e independientes, y una abstención de la panista Adriana Dávila.

“Hoy muere la autonomía del Inegi”, deploró el senador panista Ernesto Ruffo Appel tras conocer los resultados de la votación, en la que, entre otros de sus correligionarios, Luisa María Calderón –hermana del expresidente Felipe Calderón– y Roberto Gil Zuarth, exsecretario del exmandatario, sufragaron a favor.

Junto con otros legisladores de oposición, dijo que la ratificación de Merodio debilitará la credibilidad y la autonomía del INEGI, instancia encargada de levantar y generar la información estadística oficial en el país.

Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue el encargado de tomar la protesta de ley a la funcionaria, pese a su escasa experiencia en los sectores público y académico.

“Es un día triste para la democracia”, dice en entrevista con Apro Enrique Díaz Infante, director del Programa de Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), que durante marzo denunció y documentó la “ilegalidad” de la designación de Merodio porque, subrayó, la candidata no reúne los requisitos planteados en la ley del Inegi.

“Es un muy mal precedente: no se respetó la legalidad, el Senado fue inconsecuente con la ilegalidad del Ejecutivo, y vemos una violación a la autonomía de los entes autónomos. Es un tema de legalidad, de falta de contrapeso y de autonomía”, abunda el economista. Y afirma: “Ha sido un nombramiento político”.

Este jueves, senadores de oposición dificultaron los esfuerzos del PRI para ratificar el nombramiento de la candidata de Peña Nieto. Por la mañana, luego de dos horas de discusión en comisiones, el panista Juan Carlos Romero Hicks frustró un primer intento de las comisiones de Gobernación y de Población y Desarrollo para dar luz verde a la ratificación.

En una segunda sesión, la Comisión de Gobernación aprobó el dictamen y lo remitió al pleno del Senado, que lo discutió durante la tarde. En tribuna, senadores del PAN, PRD y PT insistieron que Merodio no cumplía con el perfil para ocupar el cargo.

Resaltaron las incongruencias y mentiras contenidas en el currículum que el mandatario federal envió al Senado el pasado 24 de febrero, junto con su petición de ratificar a su candidata. Layda Sansores San Román, senadora por el PT, incluso tachó a Merodio de “mentirosa”.

Tras señalar que el proceso de ratificación fue irregular “de inicio a fin”, Romero Hicks declaró: “Es una síntesis del desprecio de las instituciones encabezadas por el gobierno federal actual”.

De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil y académicos, el Senado ni siquiera debió debatir sobre la ratificación de Merodio, sino invalidar desde un principio su candidatura.

Celia Mendoza, Mayra López Pineda, Rogelia González Luis y Frida Guerrera; son cuatro defensoras de los derechos de las mujeres que condenaron los recientes feminicidios ocurridos en el Istmo de Tehuantepec, el de Jennifer y Leticia, y también por cientos de mujeres que han sido asesinadas violentamente en Oaxaca, exigen justicia ante el reinado de impunidad que prevalece.

Las defensoras que llevan entre 5, 10 y 30 años exigiendo el respeto a los derechos humanos de las mujeres y han documentado casos de mujeres violentadas y asesinadas, coincidieron que la impunidad, inseguridad y desigualdad social desencadenan los crímenes de odio contra mujeres.

Reconocieron que no se han aplicado como debe ser las políticas públicas en las escuelas y centros de salud para prevenir la violencia de género, porque pareciera que al Estado Mexicano no le interesa detener esta ola de criminalidad contra las mujeres.

“El caso más reciente y atroz fue el de Jenni, una joven mujer de 18 años que fue asesinada por su esposo, con toda la maldad le roció gasolina en el cuerpo y le prendió fuego, la joven mujer vivió en agonía más de 30 días y finalmente falleció por un paro cardiaco, su cuerpo tenía graves quemaduras en el 70 por ciento, esta muerte ha sido muy lamentable, no se merecía morir de esta forma violenta como ninguna de las asesinadas nuestro estado, en los últimos seis años suman alrededor de 600 mujeres”, expresaron.

Rogelia González Luis, representante del Grupo de Mujeres 8 de Marzo resaltó que a pesar de que en Oaxaca se ha declarado la alerta de género, pareciera un elefante blanco porque las mujeres siguen siendo asesinadas, es decir no hay políticas públicas que lo prevengan.

“Tenemos que parar esto, el estado y las autoridades de justicia poco han hecho, las cifras van en aumento, no podemos seguir esperando que maten a más y más mujeres, en esta agrupación a diario atendemos a las mujeres, las apoyamos con asistencia jurídica y sicológica, contamos con un refugio para las mujeres que viven amenazadas por sus vidas, sin embargo, hace falta mucha sensibilidad de nuestros servidores públicos, los jueces en vez de apoyarlas las revictimizan”, dijo.

Expresó que la impunidad ha sido la causa de que se siga violentando contra la mujer, no hay castigos severos y en el peor de los casos, no hay sentencias.

Mayra López Pineda, es abogada y feminista, su trabajo ha sido visibilizar la violencia y también prevenirla desde la adolescencia, expresó que hoy en día es frecuente que la violencia de género ocurra entre las parejas jóvenes como sucedió con Jenny, quien tenía 18 años.

La falta de valores y la desigualdad social que muchas veces se relaciona con la pobreza han acontecido en los crímenes de odio. “El contexto que vive la región del Istmo de Tehuantepec y Juchitán han desencadenado una gran inseguridad, existe una alza de delitos, pero no hay sanciones, siguen impunes y por lo mismo continúan, además de que no hay políticas públicas especificas para prevenir la violencia y también una deficiencia en la impartición de justicia”.

La abogada resaltó que una gran parte de los funcionarios públicos desconocen de los instrumentos jurídicos vinculados a la atención y prevención de la violencia.

Celia Mendoza Reyes es dirigente de la organización social Fundación Restauración Nacional y lamentó contundentemente los últimos feminicidos en esta región del Istmo, exigió acciones y no pasividad de las autoridades.

“Ya no queremos ser estadísticas, suman más de 20 feminicidios sin tomar en cuentan los hechos violentos en los que se involucran las mujeres, paremos esta masacre, no podemos seguir perdiendo a nuestras mujeres porque la violencia no se previene desde la casa, es urgente”, señaló.

La activista y bloguera Frida Guerrera ha documentado desde hace 10 años la violencia que viven las mujeres, comenzó con aquellos casos donde se relacionaba a la defensa social, pero desde el 2016 lleva un registro nacional de los feminicidios y de las muertes violentas contra mujeres.

“Estas muertes violentas de mujeres comprueban que a las autoridades no les interesa prevenir porque la impunidad es la que impera, con toda tranquilidad van y matan a una mujer, no hay justicia que detenga esta situación”.

Frida contempla en sus estadísticas que en lo va de enero a la fecha suman 478 feminicidios a nivel nacional, y en Oaxaca son 12 más 11 asesinatos violentos.

“Los feminicidios no se detienen porque no hay prevención, de nada sirvió crear la Secretaría de la Mujer en Oaxaca si no hay resultados, no hay castigos, todo sigue en la impunidad”.

El Gobierno de México anunció un plan para capturar y enclaustrar a las pocas vaquita marinas que quedan, el cual dará inicio en el otoño, cuando las aguas del Mar de Cortés están más tranquilas.

La población de esta especie esquiva de marsopa (Phocoena sinus) se ha reducido a 30, en parte porque quedan atrapadas en redes para capturar a los peces totoabas. Los comerciantes chinos pagan miles de dólares por las vejigas natatorias desecadas de los totoabas.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dijo el martes que el gobierno mexicano invertirá 3 millones de dólares en el programa de captura.

Los expertos reconocen que el plan es arriesgado porque las pocas vaquitas hembras que quedan podrían morir durante la captura.

La Semarnat indicó que las aguas serenas de otoño facilitarán la ubicación de las vaquitas, la especie de marsopa más pequeña del mundo.

 

La vaquita marina es una especie en peligro de extinción endémica del Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, y peligraba desde hace 20 años, sin embargo, los esfuerzos del Gobierno federal por rescatarla son recientes.

Se estima que actualmente ya sólo quedan 29 vaquitas marinas en el mundo, según el Comité Internacional para la Recuperación de la especie (CIRVA), sin embargo, en febrero pasado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que eran 60, ahora 59.

Ahora tendrá oportunidad de demostrar que quedan 59, porque las atrapará para mandarlas, por primera vez en la historia, a cautiverio.

El CIRVA y organizaciones como Greenpeace alertaron que a este ritmo la vaquita marina desaparecerá durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.

Una de las estrategias con las que el Gobierno federal busca rescatar a la vaquita es con delfines adiestrados para su localización y la creación de un espacio delimitado que las proteja de sus amenazas. 

La población de la vaquita marina ha declinado en un 90 por ciento en los últimos cinco años. De 2015 a noviembre de 2016, la cifra pasó de 60 a 30 animales.

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