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En Reino Unido, el llamado matrimonio "halala" se negocia por miles de dólares en internet, según reveló una investigación de la BBC.

En palabras simples, este tipo de unión es una interpretación mayoritariamente prohibida de la ley islámica que le permite a una mujer divorciada volver a casarse con su ex, luego de que ambos se arrepintieran de la separación.

Para ello tienen que casarse con otro, consumar el matrimonio (tener sexo) y que el otro se "divorcie" de ella repitiendo tres veces la palabra "talaq" ("divorcio").

Sólo entonces, bajo esta interpretación, la mujer puede volver a casarse con su ex quien, usualmente, se divorció de ella de la misma manera y luego se arrepintió.

Pero hoy el "servicio" de casarse y tener sexo con divorciadas en estas condiciones se volvió un negocio en Reino Unido.

La Red Asiática de la BBC, junto con el programa de Victoria Derbyshire, investigaron el fenómeno.

Farah -nombre ficticio- conoció a su marido después de que se lo presentara un amigo de la familia cuando tenía 20 años. Se casaron y tuvieron hijos, pero el abuso no tardó en llegar.

"La primera vez que fue abusivo fue por dinero", le dice a la red asiática de la BBC junto al programa de Victoria Derbyshire.

"Me arrastró del pelo por dos habitaciones y trató de echarme de la casa".

A pesar del abuso, Farah esperaba que las cosas cambiaran. La conducta de su marido se volvió cada vez más errática, y finalmente se "divorció" de ella a través de un mensaje de texto.

"Yo estaba en casa con los niños y él estaba en el trabajo". Durante una acalorada discusión me envió un texto diciendo, 'talaq, talaq, talaq'".

El "triple talaq" -donde un hombre dice tres veces seguidas la palabra 'divorcio' en árabe- es una práctica que termina un matrimonio islámico instantáneamente, según la creencia de algunos musulmanes.

Mujer tapándose la caraDerechos de autor de la imagenPA
Image captionA pesar de que su exmarido era violento, Farah quería volver con él a como diera lugar. (Foto de archivo).

Está prohibida en la mayoría de los países musulmanes, pero todavía sucede, aunque es imposible saber exactamente cuántas mujeres están "divorciadas" de esta forma.

"Le pasé el teléfono a mi papá y él dijo: 'Tu matrimonio ha terminado, no puedes volver con él'".

Capaz de todo

Farah dice que estaba "absolutamente angustiada", pero dispuesta a volver con su exmarido porque era "el amor de mi vida".

Y él también estaba arrepentido, dice Farah.

Esto llevó a Farah a buscar un halala, práctica aceptada por una pequeña minoría de musulmanes que se suscriben al concepto del triple talaq.

Ellos creen que halala es la única manera en que una pareja divorciada que desea reconciliarse puede volver a casarse.

Halala implica una mujer "divorciada" casándose con otra persona, consumando el matrimonio y luego divorciándose de esta persona. Después de este proceso, ella puede volver a casarse con su primer marido.

Pero en algunos casos, las mujeres que buscan servicios de halala quedan en riesgo de ser explotadas financieramente, chantajeadas e incluso abusadas sexualmente.

Es una práctica que la gran mayoría de los musulmanes están fuertemente en contra y se atribuye a una mala interpretación de las leyes islámicas en torno al divorcio.

Una investigación de la BBC encontró una serie de cuentas en línea que ofrecen servicios halala, varias de las cuales están cobran miles de dólares para participar en los matrimonios temporales.

Novias musulmanas.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionTanto el triple talaq como el matrimonio halala están prohibidos en la mayoría de los países musulmanes.

Desesperación

Un hombre que anunciaba sus servicios halala en Facebook le dijo a una reportera de la BBC que se hizo pasar por una mujer musulmana divorciada que debía pagarle unos US$3.120 y tener relaciones sexuales con él para que el matrimonio se consumara. Entonces, él se divorciaría y el servicio finalizaba.

El hombre también aseguró que hay varios otros trabajando con él. Uno de ellos inicialmente se negó a divorciarse de una de sus "clientas" luego de que el servicio se completara, según contó el hombre.

Sin embargo, no hay nada que sugiera que esto sea ilegal.

Tras la reunión, la BBC contactó al hombre quien rechazó cualquier acusación en su contra, alegando que nunca ha realizado o estado involucrado en un matrimonio halala y que la cuenta de Facebook que creó fue por diversión, como parte de un experimento social.

En su desesperación por volver con su marido, Farah comenzó a tratar de encontrar hombres que estuvieran dispuestos a un matrimonio halala.

"Sé de mujeres que lo hicieron a espaldas de sus familias y fueron usadas durante meses", cuenta.

"Fueron a la mezquita, donde aparentemente había una habitación designada para esto y el imán, o quien ofrece estos servicios, se acostó con ella y luego permitió que otros hombres también durmieran con ella".

Khola Hasan
Image captionKhola Hasan dice que los servicios halala "abusan de gente vulnerable".

Pero el Consejo islámico de la Sharia en el este de Londres, que aconseja regularmente a las mujeres sobre cuestiones relacionadas con el divorcio, condena enérgicamente los matrimonios halala.

"Es un matrimonio falso, se trata de ganar dinero y abusar de personas vulnerables", dice Khola Hasan, de la organización.

"Es haram, está prohibido, no hay una palabra más fuerte que pueda usar. Hay otras opciones, como obtener ayuda o terapia, pero nadie debiera pasar por eso. Pase lo que pase, nadie necesita un halala", añade .

Farah finalmente decidió no volver con su marido ni pasar por los riesgos de un matrimonio halala. Pero ella advierte que hay otras mujeres por ahí, como ella, que están desesperadas por una solución.

"A menos que estés en esta situación, divorciada, y sintiendo este dolor, nadie va a entender la desesperación", asegura.

"Si me preguntas ahora que estoy sana, nunca lo haría, no voy a dormir con alguien para volver con un hombre. Pero en ese momento estaba desesperada por volver con él".

Un asiento vacío en el metro de Ciudad de México es un bien escaso y valioso. Pero en este, precisamente, nadie se quería sentar.

El asiento imita algunas partes de un cuerpo masculino desnudo. El respaldo era el torso y el asiento eran las piernas con los respectivos genitales.

Bajo el asiento se leía una placa: "Es molesto viajar aquí, pero no se compara con la violencia sexual que sufren las mujeres en sus traslados cotidianos".

Las reacciones ante el asiento fueron grabadas en un video que luego se distribuyó en redes sociales* con más de 800.000 reproducciones directas en menos de una semana.

#NoEsDeHombres

La campaña fue denominada #NoEsDeHombres y cuenta además con otro video donde se enfocan las nalgas de hombres que están esperando el metro y se proyectan en las pantallas del andén.

"Esto lo sufren miles de mujeres todos los días", se lee en las pantallas.

Ambos videos fueron organizados por el Área de Comunicación Social del Sistema de Transporte Colectivo (STC) con el apoyo de ONU Mujeres.

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*La BBC no se hace responsable del contenido de páginas externas.

Durante el primer bimestre del año los delitos sexuales aumentaron 8.19 por ciento respecto del mismo periodo de 2016, al pasar de 4 mil 62 a 4 mil 395.

En el caso de violaciones sexuales, el nivel se mantiene casi igual: mil 868 el año pasado y mil 855 en el actual, de acuerdo con los casos denunciados en fiscalías y procuradurías estatales, cuyos datos son compilados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (SG).

A la par, continúan las peticiones de grupos civiles para que las entidades sean evaluadas, al presumir que existe una situación grave de violencia contra las mujeres.

Hasta ahora, la mitad del país carece de elementos en materia de prevención y procuración de justicia, mientras que en siete entidades se ha emitido Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM): Chiapas, estado de México, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Veracruz y Sinaloa, cada una con determinado número de municipios implicados.

En el diagnóstico más reciente sobre Sinaloa, aplicado por un grupo de expertos, se concluyó que esa entidad prácticamente no atendió las recomendaciones recibidas hace poco más de medio año, de ahí que el sistema nacional que atiende el problema, coordinado por la SG, decidió emitir ahí también la AVGM.

Analizan tareas pendientes

En este contexto, el titular de la SG, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió ayer con funcionarias y representantes de grupos no gubernamentales dedicados a la prevención y atención de violencia contra las mujeres para analizar las tareas pendientes de los tres niveles de gobierno, en especial para sancionar a los agresores y acompañar a las víctimas durante todo el proceso.

Algunas asistentes a la reunión advirtieron sobre la persistencia de la problemática, sobre todo en violencia de etnia, agresiones contra la población transgénero y deficiencias en el acceso al aborto legal por violación sexual.

María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, dijo que los gobiernos siguen teniendo desafíos para cumplir eficazmente las recomendaciones en la materia, por lo que es necesario clarificar la situación de cada uno.

Necesitamos tener, de cara a la nación, (información) de cuáles son esos avances, cuáles son desafíos de los estados en materia de violencia contra las mujeres, señaló.

Ana Pecova, de Equis Justicia para las Mujeres, planteó la urgencia de generar mecanismos novedosos con la finalidad de que las alertas de género tengan algún impacto, que no se quede sólo en su declaración como un objetivo, sino que cese la violencia. Lo mismo para el acceso a la justicia con perspectiva de género, en especial con mujeres encarceladas por delitos contra la salud (drogas).

Ximena Andión, del Instituto de Liderazgo Simone Beauvoir, se refirió al cumplimiento de la norma 46, sobre la atención que deben recibir las mujeres víctimas de violación.

Un bombardeo con gas tóxico en Jan Sheijun, en la provincia de Idlib, noroeste de Siria, provocó 58 muertos, entre ellos 11 niños, y más de 300 heridos aquejados por convulsiones y problemas respiratorios, reportó este martes el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH, grupo activista con sede en Londres), en un ataque atribuido por opositores al gobierno de Bashar al Assad, que rechazó las acusaciones.

Horas después el hospital donde se recuperaban los heridos del ataque químico fue bombardeado.

Estas acciones ocurrían mientras se realizaba una conferencia en Bruselas para acabar con el conflicto sirio.

A las 6:30 (hora local), aviones de guerra atacaron Jan Sheijun con lo que se cree eran gases sarín y cloro, confirmó Mounzer Jalil, jefe de la oficina de salud de Idlib. El ataque causó la muerte de más de 50 personas e hirió a unas 300.

“Oímos bombardeos… corrimos hacia las casas y en el camino ya había familias muertas. Vimos niños, mujeres y hombres en las calles”, contó a la agencia Afp Abú Mustafá.

El ataque provocó asfixia a muchas personas; otras se desmayaron e incluso algunas arrojaron espuma por la boca, denunció el OSDH, que aseguró que el número de víctimas mortales podría aumentar, ya que muchas se encuentran en condición crítica.

Videos de militantes antirrégimen mostraron cuerpos sin vida sobre las calles y otras personas aquejadas por espasmos y episodios de asfixia. Las víctimas tienen las pupilas dilatadas y convulsiones, explicó Hazem Shahwane, socorrista entrevistado en uno de los hospitales de la ciudad. Al menos 11 niños fallecieron, según el OSDH, que se alimenta de reportes de opositores en el terreno.

Se trata del segundo ataque químico más mortífero del conflicto en Siria, después del efectuado el 21 de agosto de 2013 que causó más de mil 400 muertos, dijo la organización, que no pudo precisar qué tipo de gas tóxico se había utilizado.

Pero las cifras sobre las víctimas difieren. La Unión de Organizaciones de Atención Médica, coalición de agencias de ayuda internacional que financia hospitales en Siria, aseguró que al menos 100 personas perdieron la vida y 400 presentaban problemas respiratorios.

Rami Abdulrahman, director del OSDH, declaró a la agencia Reuters que consideraba responsables a los aviones de combate del gobierno por una serie de factores, como el tipo de aeronave utilizado en la embestida, el jet Sukhoi 22.

Tras la agresión con gases tóxicos se realizaron bombardeos en Jan Sheijun, zona donde se ubican las instalaciones médicas, informó el OSDH.

Puebla es uno de los tres estados del país con más indígenas presos y en 80 por ciento de los casos se violó el debido proceso, denunció la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

La mayoría de los procedimientos, expuso, están plagados de irregularidades no solamente por la falta de traductores, intérpretes y defensores capacitados, sino también porque el ministerio público y los jueces suelen desdeñar sus casos.

“Estas conductas motivarían forzosamente la reposición del procedimiento”, destacó la legisladora al referir que el problema se presenta en los estados de Oaxaca, Chiapas y Puebla, a las que se suman Veracruz, Ciudad de México, Chihuahua y Guerrero.

Instituciones alegan falta de recursos

Barón señaló que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia justifican las violaciones en la falta de presupuesto, pues datos del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet) estiman que, en promedio, se erogan 40 mil pesos en un juicio penal contra una persona indígena desde que inicia hasta que termina.

“Pero no han entendido que están violando la norma”, agregó la representante popular oriunda de Oaxaca, quien consideró que lo más grave es que no haya autoridad que sancione “esta evidente ilegalidad”.

Indicó que la transgresión se comete al primer párrafo de la fracción VIII del apartado A del artículo 2 de la Constitución del país, donde se estipula que las comunidades tienen derecho al pleno acceso a la justicia, por lo que deben ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Además, aseguró que el presupuesto para las labores de procuración e impartición de justicia está debidamente diseñado para solventar todas las erogaciones que resulten de su aplicación, “por ende, están mintiendo los que argumentan falta de recursos para garantizar a los indígenas un debido proceso”.

Tras censurar los ataques a la libertad de prensa y recordar los fallecimientos “de dos muy queridos escritores mexicanos” (Juan Bañuelos y Sergio González Rodríguez), la organización PEN México hizo un “llamado enérgico” a las autoridades para que se vigile el funcionamiento del Mecanismo de Protección a los Periodistas y se dé continuidad a cada petición.

“El silencio en el periodismo equivale a la muerte de la democracia, sin importar la tendencia ideológica del medio desaparecido. La sociedad pierde, los ciudadanos pierden, la democracia pierde”, destacó en un comunicado.

PEN México precisó que este 4 de abril “debemos continuar con el recuento de ataques a la libertad de prensa, desafortunadas noticias que pueden ser seguidas en nuestras páginas de redes sociales”.

Los miembros de PEN México –añadió– “sentimos una profunda indignación ante los asesinatos de los periodistas Ricardo Monlui, Cecilio Pineda Birto y Miroslava Breach, ocurridos en marzo”, y “comunicamos también que la madrugada del 28 de marzo, en Baja California, el periodista Julio Omar Gómez fue rafagueado. Su escolta resultó muerto durante el ataque. Fue el tercer atentado en su contra”. 

Al día siguiente, sostuvo, el periodista Armando Arrieta sufrió un ataque frente a su casa y continúa grave. Arrieta, de Poza Rica, Veracruz, es jefe de redacción del diario La Opinión, detalló.

La organización también destacó que el pasado domingo 2 el periódico Norte de Ciudad Juárez publicó su última edición impresa. El presidente de su consejo de Administración, Óscar A. Cantú Murguía, anunció que “no existen las condiciones para poder llevar a cabo un trabajo para un medio crítico, de contrapeso”, y por ello la publicación impresa no saldrá más, puntualizó.

De igual manera, resaltó que dos periodistas han sido hostigados en este mes de abril: Verónica Espinosa, corresponsal de Proceso y Apro, en apariencia por asistir a marchas en contra del asesinato de periodistas.

Y Mardonio Carballo, quien ayer denunció en redes sociales tres asaltos: la casa de su asistente Verónica fue allanada y se llevaron una computadora vieja; Óscar, mensajero de la oficina de Carballo, fue golpeado por tres sujetos, y Aldo, su asistente, fue asaltado a punta de pistola, justo a una cuadra del domicilio de Carballo.

PEN México remató: “La libertad de expresión y de información es un derecho que se ejerce sólo en las democracias”.

La violencia generalizada en ciertas regiones del país y los conflictos religiosos o de tierras provocaron el desplazamiento forzado interno de más de 23 mil personas el año pasado, con lo que la cifra de mexicanos que dejaron sus hogares para salvar sus vidas en los últimos ocho años suman 310 mil 527 víctimas, estimó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

La organización civil que ha dado seguimiento al desplazamiento forzado interno desde hace varios años, presentó algunas cifras de este problema que el año pasado afectó a 12 estados del país en “29 episodios de desplazamiento masivo”, afectando a 23 mil 169 personas. 

En un comunicado, la Comisión detalló que los estados en los que se registraron los desplazamientos el año pasado fueron Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 

Agregó que en 20 eventos, las movilizaciones “fueron causadas de manera directa por la violencia”, lo que implicó que “21 mil 31 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida”.

De acuerdo con la organización, si bien en el país no hay un reconocimiento legal pleno del desplazamiento forzado, es un hecho que ocurren las condiciones para la movilidad humana con fines de supervivencia.

“En el contexto de inseguridad y violencia en México, en un clima de corrupción e impunidad, se han generado enfrentamientos prolongados entre las fuerzas armadas y de seguridad contra grupos del crimen organizado, las desapariciones, secuestros, reclutamientos forzados, asaltos, robos de bienes materiales, extorsiones, amenazas, desalojos arbitrarios, violaciones graves a los derechos humanos, ejercidas por autoridades, municipales, estatales y federales, generalizadas o sistemáticas, han sentado las bases para una nueva ola de desplazamiento interno forzado en el país”, afirmó la organización.

La CMDPDH destacó que la falta de reconocimiento gubernamental sobre el desplazamiento interno forzado ha dejado a miles de víctimas “en un estado de profunda vulnerabilidad”, ante la ausencia de políticas públicas para atender de manera integral a esos mexicanos.

Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua…

En el detalle de los desplazamientos ocurridos el año pasado, la CMDPDH señaló que Michoacán registró el mayor número de víctimas con 10 mil personas que dejaron sus viviendas por la violencia en la entidad, entre los días 23 y 24 de mayo.

De acuerdo a la organización, aunque el desplazamiento masivo no fue registrado en su momento por los medios “de manera inmediata y en el transcurso de los siguientes meses, la misma cantidad de población proveniente del estado de Michoacán fue registrada por autoridades y organizaciones civiles en Tijuana”.

En Sinaloa se identificaron seis desplazamientos masivos de personas, con una población afectada de cuatro mil 208. Se destaca que la comunidad de Huixiopa, perteneciente al municipio de Badiraguato –de donde son originarios varios líderes de cárteles del narcotráfico–, registraron tres eventos y “en una de las ocasiones el desplazamiento fue llevado a cabo por más del 96 % de sus habitantes”.

En Guerrero, el año pasado se reportaron siete eventos de desplazamiento masivo interno, con una población afectada de mil 650 personas; en tanto que en Chihuahua, se reportaron tres eventos de movilidad, en los que 4 mil 747 personas se desplazaron de sus lugares de origen.

La CMDPDH enlista a otros cuatro estados: Veracruz, Michoacán, Durango y Tamaulipas en los que se registró en cada uno una situación de migración forzada, motivadas por la violencia, lo que implicó a unas 426 personas.

El reportero Martín Méndez Pineda atravesó la frontera el 5 de febrero pasado huyendo de las amenazas de muerte que recibió en el estado de Guerrero y solicitar asilo político en Estados Unidos.

Casi un mes después, el 1 de marzo, logró pasar la credible fear interview –“entrevista por temor creíble”–, examen realizado por las autoridades estadunidenses para comprobar que la amenaza que enfrenta el periodista en México es real aunque, a pesar de ello, Méndez Pineda continúa detenido. 

El abogado Carlos Spector, experto en asilo político, explicó que de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), al pasar esta prueba el comunicador tiene derecho a pedir que lo pongan en libertad condicional y entrar oficialmente al territorio estadunidense.

Sin embargo, Martín Méndez aún no ha recibido una respuesta positiva a su solicitud y sigue encerrado en el centro de detención en “condiciones deplorables”. 

En rueda de prensa en El Paso, Texas Spector dijo que se convirtió en el único contacto que tiene el periodista con el exterior, ya que lo acompaña en sus gestiones y es con quien el equipo de asistencia de RSF se mantiene en comunicación.

Spector es el primer bogado en ganar un juicio de asilo político a Estados Unidos y es quien conformó Mexicanos en Exilio, organismo dedicado a asesorar jurídicamente a reporteros y luchadores sociales que buscan asilo en la Unión Americana.

Y como ahora lo hace con el reportero de Guerrero, Carlos Spector también acompaña a los eventuales beneficiarios de asilo en el proceso de integración en ese país. Tal es el caso de los hijos de la activista Marisela Escobedo, asesinada en Chihuahua, asunto que Proceso publicó el 23 de octubre de 2012; o el de las gemelas Alvarado, también de esa entidad, y caso publicado el 11 de septiembre de 2014.

Cabe destacar que la lista de los casos que Spector ha acompañado con éxito es larga.

Spector señaló que Méndez Pineda acudió a la CNDH, donde narró el incidente que dio origen a ser perseguido por elementos de la Gendarmería nacional.

“Se molestaron cuando nos vieron llegar a cubrir el choque que ellos tuvieron con un particular. Ambos carros estaban tirando mucha gasolina y corría el riesgo de incendiarse. Cuando quisimos tomar fotografías, los gendarmes se enojaron al grado de que nos empezaron a agredir quitándonos nuestras cámaras fotográficas, pero no nos dejamos porque estábamos cumpliendo con nuestro trabajo”, narró el comunicador.

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