Interculturalidad

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Empleados de la minera canadiense Almaden Minerals y de su filial Minera Gorrión se introdujeron por la fuerza a terrenos de la comunidad de Loma Larga en Ixtacamaxtitlán, Puebla, donde pretenden hacer una mina a cielo abierto para la extracción de oro y plata.

Según la Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), el geólogo Daniel Santamaría y otra persona únicamente identificada como Fredy se introdujeron por la fuerza a sus propiedades, cerca de las 16:30 horas del lunes 1. 

Testigos denunciaron que los mineros llegaron en camionetas de la empresa canadiense y “no les importó la existencia de cercos ni que los propietarios de los terrenos tuvieran estacionado un vehículo en el acceso. Tiraron la cerca con el letrero que les prohibía el paso por tratarse de una propiedad privada y amagaron a los habitantes.

“Con carácter agresivo amenazaron de pasar sobre mi carro y de echarme a los federales por impedirles el paso. Me dijeron que si tengo muchos huevos, ellos también los tienen. Y que si no se arregla el conflicto por las buenas, ellos tienen otras maneras de arreglarlo”, acusó uno de los afectados. 

La empresa canadiense Almaden Minerals, a través de sus filiales Gorrión, Gavilán y Zapata, tiene concesionadas 56 mil hectáreas de terreno en el municipio de Ixtacamaxtitlán en los predios Caldera 3-A y Caldera 3B, ambas del 21 de noviembre de 2012 y con vencimiento en el mismo día y mes pero del 2062, es decir, por medio siglo.

Sin embargo, en los trabajos que la minera desarrolla en la zona se han detectado violaciones a los derechos a la salud, al agua y a un medio ambiente sano, así como a la consulta previa, libre e informada sobre el destino de la región y de sus recursos al que el Estado mexicano está obligado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Incluso, lo anterior se documentó en el informe “Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos. Por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la cuenca del río Apulco”.

Los tipos de violencia más comunes que padecen las trabajadoras del hogar son la psicológica, económica y sexual. María Elisa Franco Martín del Campo, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y colaboradora de la organización civil Impunidad Cero, afirmó lo anterior al presentar los resultados de su investigación sobre discriminación y violencia contra este sector de la población para abonar a la exigencia de la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

En conferencia de prensa, explicó que se violenta psicológicamente a la trabajadora del hogar cuando hay expresiones despectivas para dirigirse a ellas o se utilizan sobrenombres. En este sentido, Irene Tello, también de la organización, indicó que en ocasiones se les trata como “criminales”.

Con respecto a la violencia sexual, Martín del Campo destacó el acoso y el hostigamiento que enfrentan por parte del empleador o de sus hijos. La económica se relaciona con el bajo salario que reciben, pues de acuerdo con estudios del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dijo, hay empleadas que ganan menos del salario mínimo.

Las trabajadoras del hogar, refirió, además sufren distintas formas de discriminación, particularmente si se trata de personas migrantes o menores de edad. La investigadora de la UNAM ejemplificó que a las primeras en ocasiones se les impide salir a la calle o tener contacto con redes familiares e incluso la privación de alimentos.

Agregó que a estas condiciones se suman otras como la pobreza, la falta de estudios y oportunidades; pero sobre todo, la precariedad laboral la agudizan al no contar con un contrato laboral, lo cual tiene un impacto en sus derechos, pues representa una barrera para acceder al seguro médico, pensión y ahorro, créditos para vivienda, pago de incapacidades, licencias de maternidad y guarderías para sus hijos.

Martín del Campo señaló que la aportación de su investigación Discriminación y violencia contra las trabajadoras del hogar en México es visibilizar estas situaciones para incidir en la ratificación del Convenio 189 de la OIT con el que se reconoce este empleo que ejercen 2.3 millones de personas en el país. Sin embargo, admitió que es una labor complicada por la falta de voluntad política para realizarlo.

Un joven falleció el jueves al recibir varios impactos de bala en una universidad del oriente de Venezuela, mientras en Caracas varios centenares de policías y agentes de la Guardia Nacional bloquearon una marcha de universitarios que exigían el cese de la represión en las protestas contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

Los agentes con equipos antimotines y apoyados por camiones blindados bloquearon todos los alrededores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para impedir la salida de universitarios que aspiraban marchar hacia el Ministerio de Relaciones Interiores, en el centro de la capital.

Los manifestantes intentaron infructuosamente negociar su salida del campus universitario por más de una hora hasta que los efectivos comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y balas de goma a un pequeño grupo que buscó sin éxito superar el cerco.

“Nuevamente una protesta pacífica es reprimida sin ninguna razón, nos bloquean como si fuéramos delincuentes”, dijo a la prensa Rafaela Requesens, Presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCV.

“No nos dejan salir de nuestra universidad, no estamos armados. Nosotros estamos aquí luchando por los asesinados, estamos luchando por un cambio, por el derecho de las nuevas generaciones de vivir en democracia”, agregó.

Los universitarios consideran que el llamado de Maduro a una Asamblea Constituyente para reformar la carta magna es parte de un “golpe de Estado continuado”.

Las protestas recrudecieron esta semana en rechazo a la iniciativa de Maduro de redactar una nueva constitución que sustituirá a la de 1999 que impulsó el fallecido presidente Hugo Chávez. Al menos siete personas murieron desde el anuncio del proceso constituyente el martes, con lo que se elevó a 37 el número de fallecidos en las últimas semanas. 

La más reciente víctima fatal fue Juan Bautista López, de 33 años, Presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Territorial José Antonio Anzoátegui, quien fue baleado dentro de esa casa de estudio, informó la Fiscalía General en un comunicado.

De acuerdo con la investigación preliminar, uno de los asistentes a una asamblea estudiantil se acercó a López y le propinó varios disparos. El atacante huyó en una motocicleta con rumbo a la carretera nacional en El Tigre, a unos 333 kilómetros al sureste de Caracas. 

También resultaron heridas una persona en la cabeza y otras dos en las piernas, agregó el comunicado.

Horas antes la Fiscalía había informado que el policía estatal Gerardo Barrera, de 38 años, murió en la madrugada del jueves luego de resultar herido de bala la víspera durante una manifestación en el municipio San Joaquín del estado central de Carabobo.

Comunidades mayas expusieron la contaminación del agua por el uso de plaguicidas en localidades de Campeche y Yucatán ante el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Léo Heller, de visita en México para elaborar un informe en la materia.

Gustavo Huchín, del Consejo Maya de los Chenes, y el abogado Jorge Fernández Mendiburu, de Indignación, participaron el miércoles en una reunión con el relator en la que expusieron la situación actual y los problemas ambientales de la contaminación del agua.

Presentaron estudios científicos realizados por el Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México sobre la presencia de plaguicidas en agua del subsuelo, agua purificada, así como la presencia del herbicida glifosato en orina de hombres y mujeres mayas.

Huchín habló sobre la contaminación originada por la implementación del modelo de agricultura industrial y en particular por la siembra de soya transgénica en la región, en la que se utiliza el glifosato y otros agrotóxicos. Además de la deforestación de la zona, que ha llevado a la pérdida de colonias de abejas y que no se hayan levantado cosechas.

Explicó que los estanques naturales de agua como lagunas y otras zonas bajas inundables para la captación de agua han ido despareciendo por la implementación de pozos de absorción para evitar que se inunden terrenos bajos y esto propicia la contaminación del agua de lo profundo con plaguicidas utilizados para la agricultura industrial.

Jorge Fernández Mendiburu, asesor legal del Consejo Maya de los Chenes, sostuvo que existe omisión generalizada en todo el país por parte de las autoridades que deberían de ocuparse de garantizar el derecho del acceso al agua y que ésta sea limpia y no contaminada.

Sin desconocer que México vive una grave crisis de violencia y seguridad que afecta desde hace tiempo a muchos sectores de la población, las agresiones e intimidación contra periodistas han llegado a niveles alarmantes, convirtiéndolo en el país más peligroso para ejercer esa profesión de todo el continente, asegura la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su informe anual 2016.

Además, la relatoría –creada en 1997 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– señala que la libertad de expresión en México sufre uno de sus momentos más críticos, con graves y complejos obstáculos, y enorme impunidad. El Estado ha incumplido su obligación de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

En el amplio informe regional de 616 páginas, relata y analiza la situación que vive cada uno de los 31 países miembros en este tema, y dedica un capítulo especial a tres de los casos más emblemáticos en el continente.

Con el título Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión, describe la realidad presente en Tamaulipas, México; Mazatenango, Guatemala, y varias localidades paraguayas en la frontera con Brasil.

En las denominadas tres zonas silenciadas, aunque no son las únicas de la región, se observan ciertas características comunes: la existencia de estructuras criminales que operan fuera de la ley y buscan el control de toda una región; cooperación, colusión u omisión de amplios sectores de la administración pública en diversos niveles, y falta de respuesta efectiva de otras instituciones estatales (Ejecutivo, Judicial y procuraduría) llamadas a cumplir con las obligaciones primarias de prevenir, proteger, investigar y sancionar las amenazas a la vida e integridad, y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.

El organismo señala que con este informe se pretende llamar la atención sobre el fenómeno de zonas silenciadas que se presenta en diversas regiones de las Américas y cuyas comunidades están siendo desinformadas y calladas por efecto de la violencia desatada por el crimen organizado para asegurar fines ilícitos, en algunos casos actuando en complicidad con autoridades regionales infiltradas por las ramificaciones de estos grupos.

“Hay zonas de México en las cuales hoy día los periodistas se encuentran sometidos a una fuerte intimidación originada fun-damentalmente por grupos delincuenciales interesados en suprimir cierta información de los medios y difundir aquella que sirve a sus intereses criminales.

La exacerbada violencia que se vive en Puebla es reflejo de la falta de estrategias de seguridad del gobierno del estado, así como de una herencia de crímenes de alto impacto que tuvieron cobijo en el sexenio del panista Rafael Moreno Valle, acusó la activista Irene Herrera Delgado, integrante del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano.

Por lo que exigió resultados a la Fiscalía General del Estado (FGE) que mantiene en la impunidad no sólo la ola de feminicidios en la entidad, sino también el asalto con violencia en el transporte público, robo de vehículos, negocios y viviendas.

En ese sentido, convocó a la ciudadanía a crear grupos de “vecinos vigilantes” y tomar medidas precautorias para evitar ser objeto de robos y hasta secuestros.

Herrera Delgado expuso que la violencia de las últimas semanas en Puebla “es un reflejo de la ingobernabilidad que se padece en el estado, a consecuencia de la descomposición social que nos heredó el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas”.

“Nos queda claro que con gastarse millones de pesos en equipamiento de policías, cámaras de vigilancia y la compra de combustible de dos helicópteros que patrullan la ciudad, no frenamos la delincuencia”, reclamó.

Por su ubicación geográfica, sostuvo que Puebla es el nuevo Veracruz en la zona centro de México, al ocupar los primeros lugares en robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) y robos con violencia de vehículos y negocios.

Reclamó la detención de los delincuentes que mataron al comunicador Erick Bolio, asesinado en la ruta de transporte público, y a la banda que asesinó al niño Elías y violó a su madre y hermana en la autopista México-Puebla, por robarles de manera brutal una camioneta.

Además exhortó al fiscal General del Estado, Víctor Carrancá Bourget, a no ocultar información sobre los feminicidios en Puebla, y capacitar a sus agentes del Ministerio Público para que formulen las carpetas de investigación con base a los crímenes de odio y estos no se degraden a simples homicidios.

En los últimos tres días, Irene Herrara informó que se registró el asesinato a quemarropa de un bebé y fueron violadas dos mujeres, una de ellas menor de edad, por bandas delictivas.

El 54 por ciento de los niños y adolescentes del país vive en condiciones de pobreza, así lo reveló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), durante la presentación de su Informe anual 2016: retos y avances para la niñez en México.

Desde el Papalote Museo del Niño, la organización internacional denunció que son 21 millones de menores los que viven en penuria -de un universo de 40 millones-, mientras que 1.5 de infantes de uno a cinco años padecen desnutrición crónica. 

Los datos estarían respaldados a partir del análisis sobre pobreza y derechos sociales realizado por la propia Unicef, así como el análisis de la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015, según se lee en el apartado “Una oportunidad justa en la vida del informe anual”.

“Veo con mucha inquietud que más de la mitad de los niños en México viven en pobreza y esta crisis pone en riesgo la vida de millones de niños y adolescentes. Es una realidad demasiado dura, que ningún niño debería vivir, que ninguna niña debería sufrir”, lamentó Pressia Arifin-Cabo, representante adjunta del organismo de la ONU en México.

En más datos duros, el apartado “Protección integral de derechos”, que da cuenta del trabajo en el Plan nacional para combatir la violencia, señala que en México seis de cada diez niños vive precisamente algún tipo de violencia en el hogar, mientras que la mitad de los adolescentes del país sufre algún tipo de agresión psicológica.

Y en cuanto a educación respecta, las cifras de Unicef no son más alentadoras. Según sus datos, más de cuatro millones de niños y adolescentes mexicanos no asisten a la escuela, y son más de 600 mil los que podrían abandonarla a consecuencia de las inexistentes estrategias para evitarlo.

Ante el sombrío panorama, Christian Skoog, representante de Unicef en México, alertó: “En países como este, el gran desafío más grande es, sin duda, seguir trabajando para disminuir las brechas económicas, demográficas, sociales y de género que separan a la niñez y la adolescencia del ejercicio pleno de sus derechos”, dijo, ejemplificando que para un sector importante de los menores en el país resulta “un lujo” tener un techo bajo donde vivir.

Ante “una gravísima crisis de seguridad para los periodistas” en México, directivos de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés) y el Foro Mundial de Editores (WEF) solicitaron una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto para abordar la situación, así como las alternativas para fortalecer los mecanismos de protección y abatir la impunidad alrededor de la violencia contra el gremio.

En una carta firmada por Tomas Brunegard y Michael Golden, presidente y vicepresidente de WAN-IFRA, respectivamente, así como por Marcelo Rech, presidente del WEF, externaron a Peña Nieto su preocupación por lo que ocurre en México, considerado “uno de los lugares más peligrosos para el ejercicio del periodismo”. 

En representación de 18 mil publicaciones, 15 mil páginas web y más de tres mil empresas periodistas en 120 países y en el contexto de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, los dirigentes de ambas organizaciones –dedicadas a la protección y defensa de la libertad de expresión desde 1948–, expresaron al presidente mexicano su “extrema preocupación ante la crisis de inseguridad e impunidad que amenaza la vida y el trabajo de los periodistas mexicanos”.

Tras recordar a Peña Nieto que es deber del Estado mexicano “velar y proteger los derechos de los periodistas, garantizando su seguridad y la libertad de informar”, los firmantes pusieron en duda la capacidad de atender el problema de la violencia contra la prensa.

“La frecuencia de las agresiones, atentados y asesinatos generan serios cuestionamientos sobre la efectividad de la medidas precautorias y de atención que ha implementado su gobierno”, señalaron en la carta fechada este martes 2.

Agregaron: “Resulta evidente que los mecanismos de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos no tienen la capacidad de detener estos crímenes y no son suficientes para garantizar la libertad de prensa”.

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2 days ago
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