Educación

Educación (1142)

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Por mayoría de votos, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un amparo a profesores del estado de Veracruz en contra de diversos artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente. De esta manera el máximo tribunal determinó que la separación por no acreditar las condiciones de permanencia en el cargo, no constituye una sanción administrativa.

Con tres votos a favor y dos en contra se aprobó el proyecto del ministro instructor, Arturo Zaldívar, el cual resolvió no amparar ni proteger a los maestros.

Sin embargo, los ministros José Ramón Cossío y Norma Lucía Piña Hernández rechazaron el proyecto, pues argumentaron que el tema es de carácter laboral. El primero comentó: ‘‘Estoy en contra de ese asunto, como he votado en el pleno; me parece que en este tipo de casos lo que están involucrando en el fondo son asuntos o temas de carácter laboral y creo que es competencia de la segunda sala conocer de los mismos; por esta razón votaré en contra’’.

En el citado caso, 64 docentes impugnaron la constitucionalidad de los artículos 22, 53 último párrafo, 71 y 74 de dicha ley, que facultan a la autoridad educativa u organismos descentralizados para dar por terminado el nombramiento, particularmente cuando los docentes no alcancen un resultado suficiente tras presentar tres evaluaciones.

De acuerdo con los profesores que interpusieron el amparo, dichos preceptos invaden la esfera de competencia de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a la que corresponde la imposición de sanciones administrativas.

Para la primera sala, el incumplimiento de las condiciones de permanencia en el empleo –como la acreditación de evaluaciones– da lugar a una consecuencia jurídica consistente en dar por terminado el nombramiento y la separación del servicio. Empero, en sentido estricto dicha consecuencia, pese a su naturaleza adversa, no constituye una sanción, pues no deriva del reproche de una infracción administrativa que dé lugar a una responsabilidad o que genere otro tipo de consecuencias más allá de la separación en el cargo.

El resultado deriva del incumplimiento de las condiciones de permanencia en el empleo y no presume que el personal haya actuado en contravención a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia previstos.

Por esta razón se negó el amparo, toda vez que al no tratarse de una sanción administrativa, no existe invasión de competencias entre las dependencias de la administración pública que ejercen funciones de contraloría y las autoridades educativas.

Cuando la administración advierte que quien desempeña el servicio público ya no reúne las condiciones que se exigen al servidor designado, se cuenta con la atribución de retirar dicho nombramiento, siempre que se haga mediante un procedimiento regido por el pleno respeto de sus derechos fundamentales.

Desecha la SCJN amparo solicitado por 64 profesores de Veracruz despedidos
 
 
 
Periódico La Jornada
Jueves 11 de agosto de 2016, p. 5
 

 

Especialistas e investigadores afirmaron que los efectos generados por la implementación de la reforma educativa, discutida y aprobada en 12 días por un acuerdo entre partidos políticos que hoy ‘‘están llamando a modificar lo mismo que votaron’’, han generado múltiples afectaciones no sólo a los derechos laborales del magisterio, sino a las propias escuelas, que se acercan ‘‘peligrosamente a sucharterización (privatización)’’, y al papel del maestro como agente del cambio social.

Reunidos en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) para analizar las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales, y su impacto en la educación superior, destacaron que se enfrenta una reforma que es resultado de un largo proceso sociohistórico.

No se trata, dijeron, de un proyecto que se inició en diciembre de 2012, sino se remonta al menos a dos décadas antes. Su antecedente más visible es la llamada Alianza por la Calidad de la Educación, de 2008, así como las múltiples reformas curriculares de educación básica y media superior que se aplicaron en México desde el sexenio foxista.

En mesas de debate, donde se discutió desde la función social de las universidades ante la reforma educativa, y la necesidad de que ‘‘no permanezcan en silencio si no queremos conceder callando’’, hasta los retos que implican las políticas públicas de financiamiento para la formación universitaria, las investigadoras Lucía Rivera y Tatiana Coll, expertas en el sistema educativo, analizaron los principales ejes de la reforma educativa.

Destacaron que más allá del concepto de calidad educativa que se busca emplear para justificar las principales modificaciones constitucionales a la normatividad que rige al sector, la evaluación se ha convertido en uno de sus elementos más visibles; sin ser el único, ‘‘ha generado múltiples opiniones y rechazos, pues se ha evidenciado que más que un proceso cotidiano de enseñanza-aprendizaje se ha convertido en un enjambre de artimañas’’.

Lucía Rivera destacó que la evaluación, tal como está planteada en la Ley General del Servicio Profesional Docente, ‘‘es un enredo en el que a nadie le puede ir bien. Se trata de un proceso de precariedad laboral que se está viendo como algo normal en el sistema educativo’’.

A su vez, Tatiana Coll destacó que la evaluación impuesta desde el gobierno federal es un ejercicio de ‘‘poder” que depende de un sistema muy articulado construido a lo largo de décadas, y que ‘‘está generando los resultados que ellos esperaban, porque entre otras falacias es evidente que el Estado nunca perdió la rectoría del sistema educativo’’.

Agregó que han sido los propios organismos responsables de su implementación, como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), los que ‘‘han tenido que reconocer que se cometieron errores’’.

Algunos de ellos, afirmó, llegan al absurdo de plantear una evaluación obligatoria en cuatro fases, entre ellas aplicar un examen estandarizado, pero también elaborar reportes de aprovechamiento de alumnos, de planeación pedagógica y de desempeño docente, lo que generó, estimó, más de un millón 500 mil cuartillas tan sólo de los 150 mil maestros que ya fueron evaluados.

Por ello cuestionó el esquema aplicado, pues destacó: ‘‘Cabe preguntarnos qué evaluadores leyeron esa cantidad de material, y cómo aseguraron criterios objetivos y respetuosos de la diversidad socioeconómica en que se desempeñan miles de profesores’’.

 

Periódico La Jornada

En el nuevo modelo educativo presentado por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, no se ve un entusiasmo real por querer transformar la educación en nuestro país, pues sus propuestas carecen de elementos pedagógicos que ayudarían a su mejora.

Integrantes del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (Maes) avanzaban anoche en su objetivo de conseguir un espacio en universidades públicas de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Hasta el cierre de esta edición, una representación del movimiento negociaba con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con representantes de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), Autónoma Metropolitana (UAM), Pedagógica Nacional (UPN), Autónoma del Estado de México (UAEM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) la apertura de espacios para poco más de 300 de sus compañeros.

En reunión privada, los jóvenes presentaron un pliego de demandas que, entre otras, exige mayor presupuesto para la educación superior, la apertura de más universidades públicas en el país y el incremento de la matrícula para ese nivel de estudios.

Asimismo, un centenar de ellos marcharon anoche del Ángel de la Independencia a la sede de la SEP en la Plaza de Santo Domingo, donde, informaron, pernoctarían. Este viernes decidirán si se quedan o no en campamento indefinido, luego de conocer los resultados de la mesa de negociación.

Ayer el Maes consiguió que el IPN aceptara que en octubre se abra una convocatoria especial dirigida a estudiantes que quieran ingresar a los sistemas de educación a distancia o mixto en las carreras de esta casa de estudios. Además, se abrirán ingresos indirectos para el próximo año a los jóvenes que estudien –con apoyo– en institutos tecnológicos o instituciones incorporadas al Politécnico y que mantengan elevados promedios.

La UPN ofreció abrir espacios, aunque no se definieron los términos, en tanto que la UAEM acordó que los lugares que no se cubran por el hecho de que los alumnos ya seleccionados no concreten su inscripción, se abrirán a otros aspirantes.

El Maes negociaba anoche con representantes de la UAM, y al concluir esta mesa se sentarían con los de la UNAM.

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