Activistas y feministas de Sonora denuncian agresiones tras movilizaciones

Agrupaciones feministas de Sonora denunciaron acoso, amenazas, agresiones físicas y a la propiedad de activistas que han participado en movilizaciones en esa entidad.

En una carta respaldada por más de un centenar de colectivos feministas y activistas se señala que los ataques empezaron a registrarse después de la marcha del 23 de febrero, que terminó con destrozos en las instalaciones del Poder Judicial, a través de la difusión –en las redes sociales– de identidades y rostros de feministas “para amedrentarlas y criminalizarlas”.

El texto precisa que días previos a la movilización del 8 de marzo se clonaron páginas de Facebook de tres colectivas feministas de Hermosillo, con información pagada, donde se invitaba a realizar actos de vandalismo.

Eso se hizo “con la intención de desinformar y generar connatos de violencia y confrontación hacia los asistentes”, además de que se difundió una lista con “nombres de activistas que serían objetivo de quemaduras con ácido”.

De acuerdo con las denunciantes, el día de la marcha –8 de marzo– pudieron fotografiar a “varios hombres que claramente acudieron para generar violencia”, y al final dos de ellos agredieron físicamente a cinco mujeres de distintas formas: “por ahorcamiento, puñetazos, golpes en el cuerpo, e incluso utilizando como arma un paraguas que arrebataron a una de las asistentes”, generando lesiones “que tardan más de 15 días en sanar”.

Esa misma tarde una activista denunció que “hombres sin identificar rompieron los vidrios de su automóvil y gritaron amenazas y su nombre”, en inmediaciones de su domicilio, en tanto que los vehículos de otras cuatro compañeras fueron dañados en los alrededores del punto de encuentro de la marcha, inclusive “en tres de estos casos se utilizaron pistolas de balines, propulsados con gas”. 

Las feministas de Sonora resaltaron que después de la movilización del 8M, algunas de sus compañeras “han identificado automóviles y personas desconocidas afuera de sus domicilios, que permanecen por horas, a modo de vigilancia”, en tanto que una de ellas fue víctima de “un intento de privación de la libertad”, luego de que el 11 de marzo pusiera “un tendedero del acoso sexual en su universidad”.

En tal sentido, responsabilizaron a los tres niveles de gobierno “por la violencia que se pudiera ejercer sobre las compañeras, atentando a su seguridad física, psicológica, digital y a la vulneración de su bienestar”, y exigieron a las autoridades de la Fiscalía de Sonora “una investigación imparcial, expedita y transparente para dar con los responsables de las agresiones”.

Tras expresar su “preocupación y alerta constante” por las amenazas que han sufrido durante las últimas semanas, las organizaciones feministas consideraron que son las secuelas de las recientes movilizaciones y que “los ataques directos e indirectos de los que han sido objeto las compañeras son una forma de amedrentamiento para impedir la libre manifestación de sus ideas y derechos”.

Las decenas de agrupaciones feministas que respaldan a las organizaciones de Sonora reivindicaron su “derecho a la reunión, a la protesta y a la libre manifestación”, y exigieron el esclarecimiento de “los nexos e intereses que mueven desde los poderes a todos los provocadores y agresores de mujeres, potenciales feminicidas”.

La carta de denuncia fue firmada por más de un centenar de colectivos y de activistas en lo individual de Jalisco, Oaxaca, Nayarit, Quintana Roo, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Yucatán, Morelos, Chiapas, Puebla, Tabasco y Michoacán, así como de Bolivia y Estados Unidos.

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