Una veintena de localidades en la Mixteca poblana, entre rancherías y comunidades indígenas apartadas, continúan viviendo la crisis humanitaria no atendida provocada por los sismos de septiembre de 2017, integrantes de la Red Nacional de Damnificados por los Sismos alertan por la situación de personas en riesgo que ahora ven agravada la condición de salud ante la pandemia del Covid–19.

La pasada semana la oficina de Coordinación General de Políticas y gobierno de la Dirección General de Atención Ciudadana de la presidencia de la República, recibió la relatoría y documentación de los grandes pendientes del Programa Nacional de Reconstrucción en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Morelos.

La oficina de la presidencia de la República refirió con el número de folio 20200317Dedlfo el documento donde consta que en los estados integrantes de la Red Nacional desde hace 5 meses se suspendieron las verificaciones de casas afectadas y el segundo censo de daños sigue pendiente, a 2 años 6 meses del terremoto que devastó a esos estados del país.

En el expediente que documenta el diagnóstico en los estados, señala que en la Mixteca poblana algunos de los casos graves se ubican en la cabecera municipal de Chila de las Flores y en sus localidades, así como en el municipio de Izúcar de Matamoros hay casos en la cabecera municipal, así como en el Rancho Juanitos, Barrio de San Juan Piaxtla, San José las Becas, colonia La Paz y en la comunidad de Cruz Verde. Las localidades de San Nicolás Tolentino, San Felipe Ayutla, San Martín Alchichica.

El mapeo incluye al municipio de Chietla se ha documentado casos graves en el centro, así como en la localidad de Pueblo Nuevo y en Jolalpan, además de la cabecera se señala a Santa Ana Tamazola, Mitepec y Xochitepec, entre casos que precisan atención urgente.

También al municipio de Tilapa presenta tal vez la situación más extrema, destaca la comunidad de Agua Dulce, donde damnificados en mayor número son personas de la tercera edad.

La Red Nacional de Damnificados en Puebla alertó por los cientos de municipios con sus localidades, barrios, colonias, comunidades o rancherías en Puebla donde pobladores siguen esperando las verificaciones de sus afectaciones en casas que no alcanzaron folio o que ni siquiera figuran en el censo oficial levantado.

En los más de los casos, las casas que fueron calificadas por daños parciales y que no recibieron los recursos correspondientes a la fecha presentan ya graves daños estructurales y a pesar de estos siguen siendo habitadas. “El riesgo es cotidiano”, se señala.

En entrevista con Gilberto Maldonado, integrante de la Red capítulo Puebla, así como inspectores de Barrios y colonias en la Mixteca, aseguraron a este medio que damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 siguen durmiendo bajo techos improvisados con plástico y cartones o paredes que amenazan con caerles encima.

Narraron que los más desprotegidos están imposibilitados de cumplir con las medidas de “resguardo en casa” en la cuarentena recomendada ante la pandemia del virus Covid–19 que azota al país.

“Simplemente no tienen casa donde pasar la cuarentena”, sostuvieron inspectores que destacaron a la Mixteca por la cercanía de connacionales en Estados Unidos que han estado expuestos al virus.

“Hasta el momento no se ha planteado ninguna medida que de protección a esta gente, mucha de ella ni siquiera existente en los censos oficiales que dé cuenta de la destrucción de su casa tras el sismo, agudizándose a la fecha”, confirmó Maldonado.

Aunque el gobierno federal ha hecho esfuerzos para extender los recursos para la reconstrucción de esas viviendas afectadas, en el documento señalaron que existe la molestia generalizada contra alcaldes y ayuntamientos que, por favorecer con fines clientelares a sus partidarios, excluye a verdaderos damnificados, generando tensión en las poblaciones.

En el primer informe de gobierno de López Obrador se precisó que Puebla firmó un acuerdo con la entidad para que se le otorguen 676.7 millones de pesos más para la reconstrucción, misma que ha sido utilizada por funcionarios municipales y seudo líderes que han defraudado a los damnificados y ni siquiera han entregado un padrón de los daños reales en las poblaciones.

“Tan solo del municipio de Izúcar tenemos juntas auxiliares y comunidades, donde quienes encabezaban la lucha por dignificación de damnificados, se enchufaron a través de partidos o políticos electoreros y se sacaron el “premio” de la rifa y, hoy como “autoridades” auxiliares o inspectores, se olvidaron de lucha de su gente que vive esperando el apoyo para reconstruir su vivienda”, dijo Maldonado.

El estado de Puebla destaca por la ausencia de esfuerzos para llevar a cabo el segundo censo que se prometió en el programa de reconstrucción, algunos de los habitantes de la Mixteca siguen viviendo entre escombros para acreditar el daño.

Rezago en la entrega de tarjetas

En el documento dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, denuncian que en Puebla, como en los estados de Chiapas, Oaxaca y Morelos existe un fuerte rezago en la entrega de tarjetas a casas que fueron verificadas y consideradas como viviendas dañadas.

El drama mayor –apuntaron– no es la entrega, sino el depósito de los apoyos a tarjetas a beneficiarios, pues aunque hubo un reparto extensivo sólo se instaló en damnificados una falsa esperanza de recibir los recursos. “ Es evidente que hay problemas en la dispersión de los apoyos”, aduce el documento cuya copia consta en esta redacción.

En el expediente también se incluyó una crítica la Programa Bienestar: “ Hay personas discapacitadas y de la tercera edad que han realizado gestiones en las subdelegaciones de Bienestar sin haber recibido sus tarjetas para recibir apoyos; otros les han sido suspendidos los depósitos, de igual forma a quienes teniendo sus tarjetas hace más de un año no les han dado información sobre estos mismos depósitos. Solicitamos que el coordinador de Programas Federales escuche las quejas que los interesados pusieron en nuestras manos. Será un granito de arena en el mejoramiento de los Programas y para el beneficio de estos sectores vulnerables”.

En mesas de diálogo, actitudes discriminatorias de Sedatu y Conavi

El pasado 14, 15 y 16 de marzo representantes de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Morelos celebraron en la Plaza de la República, en la Ciudad de México el XIV Encuentro Nacional de Damnificados y de Las Resistencias a las Altas Tarifas de la CFE, en estas jornadas se denunciaron los grandes pendientes y el poco avance en la mesa de diálogo instalada desde el año pasado, que no ha dado la atención debida a la problemática que se vive en los estados.

El martes 17, damnificados e integrantes del Consejo de los Pueblos entregaron un oficio donde se plantearon las demandas de reconstrucción, altas tarifas de la luz y rezagos en la atención a discapacitados y personas de la tercera edad.

En el documento señalaron en la mesa de diálogo entre la Red Nacional de Damnificados y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), presidida por la Secretaría de Gobernación (Segob) los planteamientos no son debidamente atendidos, a pesar de que esta queja ha sido constante y señalada en reuniones pasadas. “Se dice lo mismo, funcionarios aparentan anotar pendientes que no atienden, a la siguiente reunión tenemos que otra vez, señalar lo mismo y lo mismo”, denunciaron.

“No basta dialogar, necesitamos la certidumbre de que las peticiones y quejas que los damnificados nos encargan, sean realmente atendidas”, se acusa.

Insistieron en que la Red ha informado a la Sedatu y Conavi numerosas anomalías que se presentan en los cuatro estados: asistentes técnicos han tenido conductas desde prepotentes y abusivas hasta de engaño a damnificados para esquilmarles parte de los apoyos que reciben. “Se nos pide que damnificados denuncien; creemos que bastaría con investigar administrativamente las quejas que se presentan”, acusan en el documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde 2019 la Red Nacional de Damnificados por los Sismos integrada por los estados de Chiapas, Morelos, Puebla y Oaxaca, en una petición de audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador denunciaron falta de apoyo para la reconstrucción de sus viviendas denunciando al mismo tiempo la malversación de recursos públicos erogados para los sismos a nivel local y uso electoral.

De las entidades que conforman la Red destaca el caso de Puebla, luego de que el gobernador y exsenador de la República, Miguel Ángel Barbosa, reconociera públicamente que los recursos destinados en la entidad para la reconstrucción de escuelas y viviendas fueron impunemente desviados y anunció la apertura de una investigación para dar con los funcionarios responsables.

A finales de 2019 la diputada Claudia Baez Ruíz, en un punto de Acuerdo presentado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, exhortó a la Auditoria Superior de la Federación a coadyuvar en la investigación de posibles desvíos de recursos públicos federales destinados a las labores de reconstrucción derivadas de los sismos de 2017.”

En entrevista con este medio aseguró que a la fecha sigue pendiente la investigación del diputado Gerardo Islas Maldonado, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social por el millonario desvío de recursos en programas fantasma por al menos 300 millones de pesos.

Adelantó que una vez que se normalicen las actividades de las diferentes dependencias y de la Cámara de Diputados, por la contingencia sanitaria Covid–19, pedirá la actualización del estatus sobre el punto de acuerdo planteado.

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