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Anel Valenzuela estaba dentro de su negocio, una estética en el municipio de Fortín, en Veracruz, cuando una ráfaga de disparos desde una moto la mató, el pasado 25 de junio. Era de Tijuana, Baja California, era una luchadora por los derechos humanos y la razón por la que probablemente la mataron es porque era, además, una mujer trans.

Este es el caso más reciente de un crimen de odio por motivos de orientación sexual o identidad de género registrado en el país, justo en el estado en el que hay más asesinatos de personas de las comunidades Lésbico, Gay, Bisexual, Trans, Intersexual o Queer (LGBTIQ+).

En México no hay un registro oficial sobre estos delitos, por lo que en 2019 activistas crearon un Observatorio Nacional conformado por organizaciones locales de 10 entidades que, considerando tan solo esos territorios, ha registrado al menos 209 asesinatos desde 2014 hasta mayo de 2020.

En este año, con todo y confinamiento por la pandemia de COVID-19, van 25 casos, más de uno a la semana. Aunque se calcula que por cada registro hay una cifra negra de otros tres casos que quedan invisibilizados.

Este lunes, un día después de conmemorarse el Día del Orgullo de la diversidad sexual, se presentó el primer informe del Observatorio, que reveló además que quienes más son víctimas de estos crímenes son las mujeres trans, en 44.5% de las veces, seguidas de los hombres afeminados, en 40.7%.

A nivel mundial, México está considerado el segundo país con más asesinatos de personas trans, 71 durante 2018, de acuerdo con la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGA-LAC).

Aunque Natalia Lane, activista del Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C., llamó la atención respecto a las dudas que deja que los homicidios de lesbianas sean de apenas el 5%, porque podría ser que por ser mujeres, si el perpetrador es hombre en el mejor de los casos se habrán investigado por violencia de género, sin tener en cuenta que sería un crimen bifóbico.

De las personas asesinadas que se sabe su ocupación, 47% eran trabajadoras sexuales y 47%, estilista; esto coincide con que son las actividades más comunes entre población trans, que es la más agredida, pero también es algo que ha provocado que se perpetúen estereotipos al investigar e informar sobre estas muertes. Aunque también había 10 estudiantes y 3 docentes, entre otros empleos.

Un dato importante es que al menos 21 de las víctimas fueron identificadas como defensoras de los derechos LGBT+ o que trabajaban en organizaciones dedicadas a esto.

Por tipo de homicidio, lo más común es con arma de fuego, un 26.7% de las veces, y con arma blanca el 24.3%. Para Lane, esto demuestra que la violencia contra las personas LGBT+ es contundente, una violencia que sin duda pretende asesinar. Otras causas registradas son 15.7% por golpiza, 12.9% por asfixia, y en menor medida, tortura y atropellamiento.

“Sin embargo, es de mencionar que, entre los mecanismos de tortura se encuentran la lapidación, el desollamiento y el uso de productos químicos. Otras armas empleadas van desde desarmadores y martillos hasta machetes y motosierras; las golpizas se dan tanto con los puños como con otros objetos”, advierte el informe.

Y en 54.7% de las víctimas hubo previamente agresiones sexuales.

De los 209 homicidios registrados, 49 fueron en Veracruz, 37 en Chihuahua, 28 en Michoacán, 22 en Guerrero, 18 en Puebla, 14 en Coahuila, 13 en la Ciudad de México, 12 en Nuevo León, 10 en Jalisco y 6 en Baja California.

La FGR promete crear registro de crímenes de odio

La doctora trans María Elizabeth Montaño desapareció el 10 de junio cuando salió de su lugar de trabajo, el Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México, y fue encontrada muerta 10 días después en la carretera a Cuernavaca, Morelos. Las autoridades de esa entidad informaron que la primera línea de investigación es que se suicidó, debido a que no tenía huellas de violencia y dejó un mensaje a su familia despidiéndose.

Pero esa explicación no ha dejado tranquilos a los activistas trans. Lane fue enfática en que lo que se pide con una campaña en redes sociales es #JusticiaParaElizabeth, porque si fue asesinato, es común que los crímenes de odio sean invisibilizados tratándolos como “crímenes pasionales” o suicidios; o si realmente fue suicidio, lo cierto es que de fondo está la transfobia, la discriminación y violencia constante que sufren estas personas y que, efectivamente, lleva a muchas a pensar en quitarse la vida.

A la presentación del informe fue invitada la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías, que aseguró que se está trabajando junto al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en un registro único de delitos que sí incluirá información sobre la orientación o identidad de género de una víctima.

También señaló que se está trabajando con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para incluir en el nuevo Código Penal Nacional un agravante, más que un tipo penal, sobre los “prejuicios” de este tipo que pudieron motivar un crimen.

Actualmente, solo 12 estados tienen tipificadas las agresiones a personas por su orientación o identidad: Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes. Mientras que en la mayor parte del país, no se tiene en cuenta este elemento para investigar, y por ello muchas veces ni siquiera es posible hacer un registro.

Gloria Careaga, directora de la Fundación Arcoíris y promotora del Observatorio Nacional de crímenes de odio LGBT+, criticó que el Estado ha sido omiso en atender recomendaciones internacionales para prevenir la violencia contra estas comunidades, lo cual empieza por tener datos para conocer su situación.

En 2018, varias organizaciones LGBT+ gestionaron ante la ONU que en el Examen Periódico Universal (EPU), el Consejo de Derechos Humanos hiciera recomendaciones de estos temas al Estado mexicano, y como resultado se hicieron siete observaciones, entre ellas, la de tener un adecuado registro de crímenes de odio. Otras fueron armonizar la legislación para quitar de las leyes el concepto de que la familia se forma forzosamente por varón y mujer; garantizar los cambios de identidad sexual jurídica; e incluir a la población LGBT+ en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024.

Esto último ya quedó fuera con el actual gobierno. Del resto de recomendaciones, a más tardar este año se deberá dar respuesta a la ONU.

“Las elecciones de nuevos gobernantes en 2018 no han favorecido nuestro trabajo, ni la condición de las personas LGBT. Por una parte, se eliminaron todos los recursos que el gobierno federal proveía a las organizaciones sociales para el desarrollo de sus actividades, y por otro, desde la presidencia pareciera una clara intención de eludir no solo las acciones en favor de los derechos LGBT, sino incluso su mención misma”, lamentó el informe.

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