SCJN cierra el paso a la despenalización del aborto en los estados
 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que proponía legalizar el aborto en Veracruz, al concluir que la SCJN no puede sustituir al Congreso de ese estado para ordenarle un contenido legislativo específico en este caso.

La propuesta de González Alcántara Carrancá fue celebrada en Puebla por la exdiputada del PRI Malinalli García Ruiz y repudiada por el legislador del PAN Oswaldo Jiménez López. Ambos coincidieron que de haber sido aprobada hubiera sentado un precedente para echar atrás una reforma constitucional que data de 2009 y que a nivel local cerró el paso a la despenalización dentro de las 12 semanas de gestación.

La reforma a la Carta Magna de Puebla de 2009 estableció la obligación del Estado de proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural y fue impulsada por los sectores más conservadores del PAN y el PRI.

La Primera Sala de la SCJN ordenó el returno del caso de Veracruz para que otro ministro elabore un proyecto de sentencia que se ajuste a los razonamientos expuestos por la mayoría.

El proyecto de González Alcántara Carrancá ordenaba al Congreso veracruzano corregir los artículos del código penal local que sancionan la interrupción del embarazo, por ser discriminatorios de la mujer y no ajustarse a los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

CUATRO MINISTROS EN CONTRA

Los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron en contra de la propuesta.

Piña Hernández rechazó que exista una omisión de los diputados de Veracruz al no despenalizar el aborto, porque “no hay un mandato específico que obligue al legislador a realizar esa labor de manera específica, lo que hay son normas constitucionales y convencionales que de manera genérica prohíben la discriminación”.

Incluso, alertó que si la corte hubiera aprobado el proyecto habría incurrido “en el llamado activismo judicial que desbordaría en mucho” sus facultades constitucionales.

En tanto, Ríos Farjat dio la razón a Piña Hernández en que no existe un mandato específico para legislar en un sentido determinado, mientras Pardo Rebolledo y Gutiérrez Ortiz Mena no ahondaron en las razones de su voto en contra.

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