Desplazados en el campamento de desplazados de Kalma, en Darfur, en 2019.
Desplazados en el campamento de desplazados de Kalma, en Darfur, en 2019. MOHAMED NURELDIN ABDALLAH / REUTERS

La castigada región de Darfur, en el oeste de Sudán, está viviendo en las últimas semanas la escalada de violencia más significativa y prolongada que ha registrado el país desde que el verano pasado empezó a dar sus primeros pasos en la frágil transición hacia la democracia. El aumento de la tensión en la región, que coincide con su valiosa campaña agrícola, ha dejado decenas de civiles muertos (al menos dos centenares entre fallecidos y heridos) desde mediados de este mes, y está provocando un incremento de los desplazamientos de la población local.

El ataque más encarnizado documentado ocurrió en la localidad de Masteri, cerca de Geneina. La tarde del pasado sábado, unos 500 hombres armados asaltaron el pueblo y saquearon y quemaron la mitad del mercado y las casas de 1.500 familias, según recoge OCHA. Más de 61 personas murieron y cerca de un centenar resultaron heridas durante el ataque, que ha llevado a más de 10.000 lugareños a abandonar la zona.

El aumento de la violencia está siendo especialmente pronunciado en el Estado de Darfur Oeste, sobre todo en su capital, Geneina, y aledaños. Entre el 19 y el 26 de este mes, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) tuvo constancia de al menos siete incidentes violentos en la zona. Episodios similares han ocurrido también en el resto de Estados de la región.

“En mayo hubo una serie de ataques en algunos Estados [de Darfur], pero desde mediados de junio hemos visto bastantes más y en las últimas dos semanas es cuando hemos visto que el número, frecuencia e impacto han sido más importantes”, explica Saviano Abreu, portavoz de OCHA en Sudán. “Esto tiene graves consecuencias para una población extremadamente vulnerable que ya se enfrenta a elevadas necesidades humanitarias”, avisa.

Los motivos que se esconden detrás del nuevo aumento de ataques en Darfur, que suele producirse durante la campaña agrícola, no están claros, pero analistas y activistas apuntan a un fuerte componente político. “Varios grupos árabes responsables de desplazamientos durante el conflicto de Darfur están preocupados por el regreso a sus tierras de los desplazados y refugiados por el acuerdo de paz en negociación, y se han formado milicias para resistirlo”, indica Jonas Horner, investigador de Sudán en el International Crisis Group. Horner agrega que “existe una preocupación adicional de que los grupos islamistas asociados con el antiguo régimen estén fomentando o alentando la violencia para desacreditar al frágil Gobierno de transición”.

El pasado domingo, el primer ministro Abdallah Hamdok, que ha considerado las recientes muertes en Darfur un “obstáculo” para la transición, anunció que Jartum desplegará más tropas en la región, según la agencia de noticias estatal SUNA. En paralelo, Darfur Oeste mantiene un toque de queda total en su capital desde el día 20, y Darfur Norte permanece en estado de emergencia. Estas medidas han coincidido con la toma de posesión de gobernadores civiles en las 18 provincias de Sudán el pasado lunes, una esperada promesa de la transición.

El conflicto de Darfur estalló en 2003, cuando grupos rebeldes de la región protagonizaron un levantamiento armado contra la represión y el sectarismo del régimen eminentemente árabe e islamista de Omar Al Bashir, que recurrió a una feroz violencia y a una campaña de limpieza étnica para aplastar la insurgencia. Más de 300.000 personas perdieron la vida y 2,5 millones tuvieron que desplazarse, según estimó la ONU en 2008.

La escalada de violencia actual supone un importante reto para el Gobierno de transición de Sudán, que tiene entre sus principales objetivos poner fin a décadas de conflicto que han minado regiones periféricas como Darfur. El Ejecutivo de Hamdok lleva meses negociando un escurridizo acuerdo de paz con algunos rebeldes de la zona, aunque otros grupos armados siguen rechazando las conversaciones.

Varias acampadas y manifestaciones han brotado en distintos puntos de la región en protesta por la extendida inseguridad en Darfur. Sus demandas concretas varían en función del lugar, pero por lo general el enfado deriva de la reinante violencia y la complicidad de las autoridades locales, y sus exigencias incluyen medidas para garantizar seguridad, compensaciones y rendición de cuentas.

Desde la acampada en el campo de Fata Borno de la ciudad de Kutum, en Darfur Norte, Mohamedien Wad cuenta por teléfono que entre sus grandes demandas figuran proteger la época agrícola, la seguridad, desarmar a las milicias de la zona y formar una comisión para estudiar la retirada de fuerzas de la región. Fata Borno fue a mediados de julio el escenario de un brutal ataque por parte de un grupo de milicianos que dejó diez muertos y 21 heridos, según Wad, un recuento similar al ofrecido por medios locales tras producirse el asalto.

El anuncio del Gobierno de desplegar más tropas en la zona, sin embargo, ha generado polémica. “Son las mismas tropas que han aterrorizado a la población de Darfur”, alerta Mutasim Ali, un defensor de los derechos humanos de Darfur en Estados Unidos. El activista se refiere a las Fuerzas de Apoyo Rápido, un temido grupo paramilitar nominalmente integrado en el Ejército, pero comandado por el señor de la guerra Mohamed Hamdan Hemeti, a su vez vicepresidente del Consejo Soberano, el órgano cívico-militar que asume la jefatura del Estado en Sudán durante la transición. Según activistas y medios locales, miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido han participado en algunos de los brutales ataques contra varias de las acampadas en Darfur.

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