La muerte de Hilaria Encarnación, una bebé indígena de tres meses de edad a causa de Covid-19 en los campos chileros de Aguascalientes, ocurrida el 12 de agosto, sería un número más si el Centro de Derechos Humanos de La Montaña de Guerrero, Tlachinollan, no detallara la situación de emergencia en La Montaña por la diáspora laboral agudizada durante la pandemia. Recién nació en Calpanapa, municipio de Coachapa El Grande, Guerrero, cuando viajó junto con sus padres y abuelos a los campos agrícolas para el corte de chile jalapeño.

En estado de desnutrición, la niña enfermó a los pocos días de llegar y fue internada el 23 de junio con severos problemas respiratorios. Tras una evolución favorable, detalla el certificado de defunción, a mediados de julio volvió a agravarse, se le practicó una traqueostomía, pero no se repuso y el 6 de agosto se le canalizó el estómago para alimentarla. Falleció a las 2 de la mañana del 12 de agosto. El diagnóstico confirmado en el hospital Miguel Hidalgo, de la ciudad de Aguascalientes, fue neumonía por SARS-Cov2 y complicaciones.

En brazos de su madre Victoria, de 16 años, la niña estuvo en la recolección de los chiles. También su padre Gerardo Martín, de 21 años, y su abuelos. Y otros trabajadores, claro. De acuerdo con Tlachinollan, no existe ningún control preventivo en los campos agrícolas. La paga que reciben es de 15 pesos por arpilla (costal) a destajo, por debajo de los habituales 23 a 25 pesos. Ante la necesidad urgente de ganar dinero, los jornaleros aceptan las condiciones que les pongan los patrones.

El traslado del cadáver de la niña a su pueblo costó 23 mil pesos. Martín y Victoria juntaron 15 mil, deben el resto, así que volverán a los chilares. No les queda de otra. Están en extrema vulnerabilidad, apunta Tlachinollan. No hay ninguna cobertura institucional para los jornaleros que realizan la labor indispensable de cosechar alimentos.

La migración ha crecido en la Montaña, sobre todo de Cochoapa, Metlatónoc y Tlapa. El consejo jornalero de Tlachinollan contabilizó la salida de 3 mil 474 mujeres y 3 mil 642 varones entre febrero y julio; 171 niños y 168 niñas menores de un año; de entre dos y seis años, salieron con sus familias 435 niños y otro tanto de niñas; de siete a 12 años, 603 niños y 483 niñas. Más de 2 mil menores sin atención médica, malnutridos, que no van a la escuela. Sus familias huyen del hambre y la violencia actual, sobre todo por conflictos agrarios.

Apenas el 10 de agosto, Tlachinollan denunciaba: En plena pandemia los pueblos indígenas luchan con otro enemigo que está arrebatando la vida de sus hijos e hijas.

Además de las muertes maternas, de los infantes que mueren por desnutrición, los feminicidios y la violencia delincuencial que ha cobrado muchas vidas de jóvenes, en el primer semestre del 2020, se ha elevado el número de muertes de jóvenes y adultos mayores de los pueblos indígenas por Covid 19.

El desmantelamiento de los centros hospitalarios son indicadores funestos de la discriminación.

Además, la falta de pruebas PCR invisibiliza los contagios y se desdeñan los decesos que ocurren en las comunidades. El escenario es cruento en las regiones indígenas, la desarticulación de la vida comunitaria está tocando fondo porque se ha resquebrajado la red de solidaridad que las comunidades supieron tejer en las décadas recientes para contar con ingresos seguros que provienen de las remesas.

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