No hay duda que la lucha contra la corrupción es una de las banderas que enarbola Andrés Manuel López Obrador. La forma en la que encara la que fue una, si no la principal, promesa de campaña siempre se ha puesto en entredicho. A más de dos años de su victoria electoral, ante el que será su segundo informe de gobierno, el compromiso del presidente mexicano va agarrando forma entre la población. El 64,7% de los mexicanos considera que las políticas del actual Gobierno están sirviendo para reducir la corrupción frente a un 32% que cree lo contrario, según una encuesta de SIMO Consulting para EL PAÍS.

La necesidad de terminar con la corrupción y la impunidad que la acompaña, una de las lacras de la política, se percibe también en la confianza que los ciudadanos dan al actual Gobierno, en un contexto marcado por la investigación al ex director general de Pemex Emilio Lozoya. Cuando se les pregunta cómo afectaría a su opinión sobre la Administración si diese un giro y decidiera no perseguir actos de corrupción en sexenios anteriores, el 69,6% asegura que cambiaría de manera negativa. No obstante, sí se percibe también una sensación de doble rasero, aunque no haya habido un caso similar al de Lozoya de alguien cercano a López Obrador. El 60,6% de los consultados siente que el Gobierno no persigue de la misma forma todos los casos.

El combate a la corrupción se ha situado en primera línea de debate en el último mes tras la extradición Emilio Lozoya, detenido el pasado año en España. En las 63 páginas de su declaración ante la Fiscalía, Lozoya acusó de recibir grandes cantidades de dinero a 16 políticos, entre ellos tres expresidentes -Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari-, además de exsecretarios, gobernadores en activos y una decena de dirigentes de todo el espectro político. Pese a que ha copado la actualidad del país durante el último mes, aún hay un 35,6% de la población que asegura no conocer el caso Lozoya, frente al 64,4% que está al tanto del mismo.

Del proceso judicial contra el exdirector de Pemex, que llegó a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía antes de ser extraditado, la encuesta apunta a dos derivadas. Por un lado, que el 54% tiene algo o mucha confianza en la voluntad del Gobierno para investigar conforme a la ley las denuncias de Lozoya. Sin embargo, hay un mayor porcentaje de la población que pone en entredicho la independencia de la Fiscalía con respecto a este asunto, pese a la promesa del presidente frente al pasado, en el que la institución, entonces Procuraduría, dependía del poder ejecutivo: un 45,8% cree que la Fiscalía tiene poca o ninguna independencia en el caso Lozoya, frente a un 43% que considera que sí goza de ella.

Desde que llegó al poder hace casi dos años López Obrador ha insistido en que él no es partidario de juzgar a sus antecesores, que con su llegada a la presidencia ya hay un cambio en la lucha contra la corrupción. No obstante, en paralelo no ha dejado de plantear que deben ser los ciudadanos, “el pueblo”, quien decida mediante una consulta si se debe juzgar a los expresidentes. La idea de celebrarla, sin precedentes en el mundo occidental, que la mayoría de expertos mantiene que no cuenta con sustento jurídico y que supone un golpe a la línea de flotación del estado de derecho, ha sido alentada con más insistencia en los últimos días por el presidente, impulsado por el proceso contra Lozoya. Casi la totalidad de los mexicanos, el 95,5%, está de acuerdo en que los expresidentes deben ser juzgados; el 58,3% de los consultados considera que es necesaria la celebración de la consulta, y en caso de llevarse a cabo, el 74,4% votaría a favor de que los mandatarios sean juzgados.

“Sí veo la consulta”, llegó a afirmar la pasada semana el mandatario, después de insistir en que la ley prevé tres mecanismos para iniciar una posible consulta: recabar 1.600.000 firmas, que se deben entregar antes del 15 de septiembre; que sea solicitada por una mayoría simple de los legisladores o que sea solicitada por el propio mandatario. En cualquiera de los casos, la Corte Suprema de Justicia deberá certificar que la consulta sea válida. La última entrega del Barómetro de las Américas, la encuesta académica de referencia para medir opinión pública en América Latina, indicaba que uno de cada tres mexicanos estaría dispuesto a apoyar un “golpe” del Ejecutivo contra dicho tribunal (el dato anterior, de 2012, apenas llegaba al 12%). En este contexto, una eventual consulta activaría un proceso que podría sacudir la separación de poderes, poniendo todos los focos en la independencia judicial.

La imagen de López Obrador

El presidente mexicano, que este martes se dirigirá al país como es tradición en el inicio del curso político, mantiene un amplio apoyo. El 65,7% sobre el total con opinión formada aprueba algo o mucho su gestión (el dato efectivo: el bruto, contando indecisos, sería 60,9%), una cifra similar en agregado al registrado en la última encuesta publicada por este medio con motivo del segundo aniversario de su elección. Desde entonces sí ha aumentado, y muy significativamente, la proporción de ciudadanos que valoran muy positivamente su gestión, hasta prácticamente duplicarse (de un 17,2% a casi un 33%).

En tanto que la desaprobación de López Obrador se ha mantenido, cabe suponer que una mayoría de estos nuevos positivos corresponden a una mejora entre aquellos que ya aprobaban (aunque fuese más levemente) la gestión del mandatario, o bien se encontraban indecisos al respecto. Cuando se divide esta evaluación general por temas específicos, resulta que además de la corrupción, es la economía y la gestión de la emergencia producida por la covid los aspectos que concentran más valoraciones positivas. También mejora sustancialmente la percepción de la lucha contra la pobreza. Por el contrario, el manejo de las grandes obras de infraestructura, la seguridad en general y los feminicidios en particular se mantienen en terreno negativo.

Igual que ha pasado con la valoración general del presidente, el cambio en la imagen que se tiene de su gestión de la corrupción está movido por un descenso de las evaluaciones “tibias” por un incremento de las más decididamente positivas, una dinámica que sugiere una fuerte influencia de la agenda política actual.

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