Desde la Secretaría de Gobernación (SG) se escuchó en tzotzil y en español el reconocimiento del Estado mexicano por su responsabilidad en la masacre de Acteal (Chenalhó, Chiapas), perpetrada el 22 de diciembre de 1997, con saldo de 45 muertos y 26 heridos. A nombre de las víctimas, Fernando Luna Pérez se pronunció a favor de que se lleve a juicio a los ex presidentes, en particular a Ernesto Zedillo.

El Acuerdo de Solución Amistosa fue firmado luego de que el Estado, en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG, Alejandro Encinas, ofreció disculpas y señaló que el ataque fue perpetrado por grupos paramilitares con la complacencia de las autoridades, en el contexto de un Estado anquilosado que alteró la escena del crimen en la que fueron asesinadas personas indefensas, entre éstas cuatro mujeres embarazadas y 18 menores de edad.

Como parte de la reparación del daño, se hará un documental de los hechos y se entregará una compensación económica individual, la más alta en los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia ante la que se interpuso la demanda en 2005.

La solución incluye a 18 víctimas fallecidas y 12 sobrevivientes. El subsecretario Encinas declaró que están a salvo los derechos de quienes esperan la resolución a fondo en el sistema interamericano de derechos humanos. Luna Pérez señaló como responsable de la agresión a unos 100 paramilitares pertenecientes al PRI y al Partido Frente Cardenista, todos armados y adiestrados por el Ejército Mexicano que, con una lógica de contrainsurgencia, alevosía y predeterminación, ingresaron al campamento de desplazados, disparando armas de uso exclusivo del ejército y masacraron a nuestros hermanos.

Destacó que fue un crimen de lesa humanidad y pidió juicio para los autores intelectuales que implementaron la estrategia de insurgencia; esto es, precisó, los gobiernos en turno, encabezados por el presidente Ernesto Zedillo.

Sin embargo, refirió que su lucha no termina hoy al caducar la mentira de Zedillo que planteaba la masacre de Acteal como resultado de un conflicto intercomunitario, de tierra y religión; al contrario, es necesario llevar ante la justicia a todos los involucrados en el crimen, de los tres niveles de gobierno.

Declaró que más allá de la consulta ciudadana, promovida actualmente, se debe juzgar a los mandatarios anteriores. “No hacer justicia con nuestras propias manos, añadió, no es olvido. Aceptamos la disculpa porque la actual administración reconoce la acción de los paramilitares y la omisión de las autoridades mexicanas.

Exigimos que así sea, que se cumpla, se investigue y se lleve a juicio a Ernesto Zedillo Ponce de León, ex jefe del Ejecutivo de México y toda su cadena de mando, por ser los autores intelectuales de la masacre de Acteal, expresó Luna Pérez.

Mencionó también como responsables a otros funcionarios en turno en ese año: Julio César Ruiz Ferro, ex gobernador de Chiapas; Emilio Chuayffet Chemor, ex secretario de Gobernación; general Enrique Cervantes Aguirre, ex secretario de la Defensa Nacional; Homero Tovilla Cristiani y Uriel Jarquín Gálvez, entre otros.

Recordó que con la denuncia de los afectados fueron procesados 88 civiles paramilitares, 15 funcionarios públicos y hubo 29 órdenes de aprehensión no ejecutadas, pero no se agotó la línea de investigación relacionada con la estrategia de contrainsurgencia.

En el acto de gobierno estuvieron ayer familiares y víctimas de los hechos, funcionarios del gobierno federal y de Chiapas, comisionados de organismos no gubernamentales y el embajador de Canadá; en videoconferencia, fue testigo la comisionada y relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosamena.

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