La diputada del PRI Rocío García Olmedo alertó errores en la tipificación del feminicidio en el Código Penal de Puebla que dificultan formular las estrategias preventivas necesarias y establecer un procedimiento punitivo adecuado, por lo que propuso corregirlas con una reforma a ese ordenamiento.

La iniciativa plantea derogar dos de las condiciones que se fijaron en 2012 para determinar que se trata de un feminicidio y no de un homicidio doloso: que el asesinato se cometa por “celos extremos respecto a la víctima” y que “la víctima tenga parentesco con el victimario”.

García Olmedo, quien es presidente de la Comisión de Igualdad de Género, explicó que la reforma se encuentra orientada a suprimir los términos “subjetivos” de la tipificación, porque estos impiden la correcta interpretación y aplicación de la ley en el combate de ese delito que consideró de urgente atención, por la incidencia que tiene en Puebla.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el estado se han contabilizado 32 feminicidios en 2018, 58 feminicidio en 2019 y 38 de enero a julio de 2020, refirió.

La iniciativa propone modificar el artículo 338 del Código Penal para determinar que “comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer o a una niña por una razón de género”, cuando el ordenamiento vigente no contempla a las menores de edad.

Además, establece cinco condiciones nuevas para identificar un feminicidio: cuando se actúe por motivos de lesbofobia, bifobia o transfobia; exista o haya existido una relación que implique subordinación; que el asesino haya ejercido sobre la víctima cualquier forma de explotación, incluida la prostitución; que el cuerpo de la víctima haya sido enterrado u ocultado; y cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión.

La reforma mantiene las penas de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil unidades de medida y actualización, pero propone aumentarlas hasta en un tercio si la víctima es menor de edad, adulta mayor, indígena, estuviera embarazada o tuviera alguna discapacidad.

La agravante también aplica cuando el sujeto activo sea servidora o servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición; cuando sea cometido por dos o más personas; si es cometido en presencia de personas con quienes la víctima tuviere vínculo de parentesco; si la víctima se encontraba bajo el cuidado o responsabilidad del sujeto activo; y si el delito fuere cometido previa suministración de fármacos que causen la inconsciencia de la víctima.

Read 322 times Last modified on Wednesday, 14 October 2020 12:59
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