Manifestación contra el presupuesto aprobado por el Congreso de Guatemala, este domingo.EDWIN BERCÍAN (EFE)
 
 
 

El Congreso de Guatemala ha suspendido la madrugada de este lunes el polémico presupuesto para el próximo año, cuya aprobación desató las protestas del fin de semana que acabaron con la sede del Parlamento incendiada, tal y como ha informado el presidente del organismo, el oficialista Allan Rodríguez. “Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del Organismo Legislativo [para] 2021”, ha dicho el parlamentario en un mensaje emitido por el canal del Congreso.

Abrumada por las masivas protestas del fin de semana, la Junta Directiva del Organismo Legislativo y los jefes de bloque de los partidos afines al Gobierno de Alejandro Giammattei, se reunieron la noche del domingo en un salón del ministerio de Defensa para encontrar una solución al conflicto. “Se suspende el trámite del Presupuesto General para 2021 y no se trasladará el expediente al Ejecutivo”, comunicaron al finalizar el encuentro.

La aprobación del mayor presupuesto en la historia de Guatemala, de 99.700 millones de quetzales (unos 10.800 millones de euros) desató el sábado una protesta en la capital que terminó la quema del Congreso. Lo que más molestó socialmente fue que el aumento de casi el 25% sobre las cuentas de este año se financiaría con una ampliación de la deuda y sin definir con claridad el destino de muchas de sus partidas. Tras una dura represión policial a las protestas del sábado, en la que 22 personas resultaron lesionadas por el uso excesivo de la fuerza, los manifestantes volvieron a la calle el domingo, esta vez para exigir la renuncia del presidente del país.

El trámite fue aprobado por el Congreso como un asunto de urgencia. “Se dio porque el país pasaba por una emergencia a raíz del paso de la tormenta Iota”, ha justificado el presidente del órgano, Allan Rodríguez. El legislador calificó además de terroristas a quienes prendieron fuego parte de la sede del Congreso y trató de desacreditar la versión de la oposición que asegura que miembros del Parlamento participaron en la quema del edificio.

Edgar Balcells, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), subraya que este impasse tendrá repercusiones en la economía guatemalteca. “Es un proceso apresurado que tendrá sus grandes costos provocados por la inseguridad jurídica, amén de causar un creciente descontento social. Se han manipulado mucho los recursos destinados a la reactivación económica”. El académico cree que “habrá que discutir nuevamente el presupuesto, con la reasignación de rubros, y eliminar algunos que estaban, a todas luces, vinculados a sectores muy interesados, sin ningún objetivo claro”.

La abogada Hellen Mack, presidenta de la Fundación Mirna Mack, sostiene que la marcha atrás del Parlamento significa el reconocimiento de las múltiples anomalías cometidas en su aprobación y agrega que la Junta Directiva por sí sola no puede suspender el trámite de una ley, sino que debe hacerse con la participación del pleno de los diputados. En relación con el creciente sentimiento de que se necesita depurar el Legislativo, la abogada cree que es algo necesario. “El Congreso siempre ha sido una cueva de ladrones, algo que tiene harta a la población”, y señala que esta depuración “debe abarcar a los otros poderes del Estado”.

Fiel a su estilo de opositor feroz, el presidente del digital El Periódico, José Rubén Zamora, resume, en un editorial publicado este lunes, el cansancio de la población con respecto al Gobierno de Giammattei. “Los grandes aumentos [previstos para los gastos del Estado] tienen como destino la contratación de obras públicas con sobreprecios estratosféricos, para enriquecer a ministros, diputados, alcaldes y contratistas corruptos. La voracidad insaciable en la confección del presupuesto para 2021 no tiene precedentes”.

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