El abogado chino Yu Wensheng posa en Pekín en enero de 2018, días antes de su detención.
El abogado chino Yu Wensheng posa en Pekín en enero de 2018, días antes de su detención.FRED DUFOUR

 

Xu Yan, la esposa del abogado de derechos humanos Yu Wensheng, tiene que recorrer más de 700 kilómetros, los que hay entre Pekín y la ciudad de Xuzhou, para intentar ver a su marido, detenido en enero de 2018 y condenado a cuatro años de cárcel por “subversión de los poderes del Estado” tras reclamar cambios a la Constitución en una carta abierta. Durante meses, al llegar a la puerta del centro de detención y preguntar por su esposo, la respuesta fue siempre similar: “Aquí no hay nadie con ese nombre”. Eso, a pesar de que había recibido una comunicación oficial en la que se le notificaba el encierro de Yu en ese lugar.

Finalmente, el centro de detención admitió que el abogado estaba entre sus presos, aunque siempre ha impedido, con un argumento burocrático u otro, que Xu o el hijo de ambos puedan verle. La única comunicación directa que los esposos han podido mantener durante casi tres años fue una breve videollamada en abril de 2018, después de que se presentaran formalmente cargos contra él. Nada desde entonces; cada vez, Xu Yan ha tenido que regresar a casa sin nada a cambio.

La respuesta de los funcionarios de prisiones a Xu —”no hay nadie con ese nombre”— no es insólita cuando el preso por el que se pregunta es un defensor de los derechos humanos. Un informe de la organización Safeguard Defenders (SGD) publicado este martes, bajo el título Access Denied (Acceso Denegado), denuncia que es una práctica frecuente cambiar el nombre a estos presos una vez que se les presentan cargos formales e ingresan en un centro de detención, para dificultar su localización.

“Durante mucho tiempo, ni sus abogados ni yo hemos podido reunirnos con Yu Wensheng. No ha gastado nada del dinero que se depositó [en su cuenta del centro de detención]. Tengo mis sospechas acerca de si realmente estuvo detenido allí. Algún policía me ha dicho que lleva todo este tiempo en aislamiento. Si eso es verdad, es bastante más probable que le hayan torturado”, contó Xu a SGD.

El sistema legal chino permite que, mientras se le investiga, un sospechoso quede detenido en un lugar no identificado, en aislamiento y sin acceso a un abogado o a sus familiares durante un máximo de seis meses, dentro del procedimiento conocido como “vigilancia residencial en una localización designada” (RSDL, por sus siglas en inglés). Una vez expira ese plazo, debe ser trasladado a un centro de detención formal y, si lo solicita él o su familia, debe tener acceso a un abogado en un plazo máximo de 48 horas. Pero, al registrarle con un nombre diferente, se les niega su identidad y “se garantiza que continúan ilocalizables para sus familias, amigos y abogados”, explica el informe.

Esa práctica no es nueva, pero sí parece haberse vuelto más frecuente, apunta la ONG, que registró 30 de estos casos entre 2009 y 2019 y entrevistó a 10 de sus protagonistas, la mayoría detenidos durante la gran redada contra abogados de derechos humanos hace cinco años.

El modo en que se aplica varía. Se suele informar al reo de su nuevo nombre en el traslado al centro de detención formal, y se le prohíbe que divulgue el auténtico a sus compañeros. Suele conservarse el apellido real, y con frecuencia el nombre de pila es similar al verdadero: así, el bloguero Wu Gan, detenido por sus críticas a funcionarios corruptos, pasó a ser Wu Ming dentro de la cárcel; la abogada Wang Yu era conocida como Wang Ning, un nombre que en ideogramas chinos se escribe de manera muy similar al original. Pero varían lo suficiente como para una búsqueda informática en el registro oficial no arroje resultados. En otros casos, sobre todo en los primeros años del periodo investigado, se adjudicaba al preso un número o un nombre despersonalizador —la activista Ni Yulan pasó a llamarse “Centro de Detención Número Uno de Xicheng”—.

El uso del alias suele prolongarse hasta la puesta en libertad bajo fianza o el momento del juicio, aunque en algunos casos puede continuar después. El caso más largo detectado por SGD es el del abogado de derechos humanos Wang Quanzhang, registrado en su prisión con una versión más corta de su nombre (Wang Quan) y al que no se identificó correctamente durante tres años y cuatro meses, en dos prisiones diferentes.

Los propios reos atribuyen el uso de nombres falsos a varias razones. Entre ellas, “negarles el acceso a un abogado e impedir que otros detenidos se enteraran de su historia y la contaran a la gente de fuera del centro, especialmente si el caso era famoso y había recibido mucha atención”, apunta el informe. También, que podría “ser más fácil ocultar la noticia si llegaran a morir durante la detención”. Además de ser una manera de debilitar su moral aún más, “al impedir que su familia les enviara dinero y provisiones. Eso podría hacer más fácil para la policía el arrancar una confesión o castigar aún más a la víctima”.

20 de las 30 víctimas no tuvieron acceso durante su detención a un abogado de su elección, o incluso ningún abogado en absoluto. Entre los ocho que sí (de los dos restantes no se sabe si se les respetó ese derecho), varios tardaron meses en tener acceso a uno de su preferencia. “Es algo que viola inequívocamente su derecho a un juicio justo” y le hace más vulnerable a la tortura, apunta SGD. La organización insta al Gobierno chino a respetar todos los derechos que la ley concede a los detenidos; a notificar a las familias el paradero de sus seres queridos, y obligar a rendir cuentas a los funcionarios de prisiones y policías que hacen uso de esta práctica abusiva.

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