El  grafiti en inmuebles privados y públicos en Puebla ya no es delito y no se puede sancionar a las personas que lo practiquen toda vez que el nuevo Sistema de Justica Penal Acusatorio dejo sin efecto las reformas al Código Penal en sus artículos 413 Bis y 413 Ter -impulsadas por el panista Eukid Castañon Herrera-,  que imponían cárcel, trabajo comunitario y pago del daño.

Las modificaciones consumadas por el pleno del Congreso del estado en marzo de 2015, que causaron polémica e inconformidad de las organizaciones civiles, tuvieron vigencia solo un año pues a nivel nacional ya se aplica un solo Código Penal, explicó el diputado presidente de la Comisión de Seguridad en el Legislativo, Francisco Rodríguez Álvarez.

 

“En el caso de grafiti o de daños a inmuebles y demás, no es un delito grave (…) no es algo que esté en el ámbito estatal. La propuesta que hizo el diputado Eukid en su momento, se aplicó y tuvo buenos resultados,estuvo en vigor hasta que entró en su totalidad el nuevo Sistema de Justicia Penal, el 18 de junio. Hoy no podemos legislar nuestro propio Código, estamos bajo un código nacional”, sostuvo.

Aunque autoridades locales no informaron de los resultados de esta reforma vigente por un año, es decir, detenidos y sancionados por este delito, Rodríguez Álvarez aseguró que fue una buena medida y sugirió a su compañero de partido llevar esta propuesta a la Cámara de Diputados federal.

El artículo 413 Bis se refería al daño causado por la destrucción o deterioro a través de la pinta de signos, leyendas, dibujos, imágenes o manifestaciones gráficas. La sanción que se alcanzaría era de 1 a 3 años de prisión y de 30 a 90 días de trabajo a favor de la comunidad, en el caso de que el daño se causara a las propiedades privadas.

En el caso de los inmuebles públicos se imponían sanciones de 2 a 4 años de prisión  y de 30 a 90 días de trabajo comunitario. También se agregó el artículo 413 Ter que se refería a la aplicación de  sanciones de 2 a 3 años de prisión y de 180 a 360 días de trabajo comunitario cuando el daño fuera a equipamiento e infraestructura urbana.

En el caso de algún mueble o inmueble destinado a la prestación del servicio público de transporte, la sanción que se aplicaría correspondía de 3 a 5 años de prisión y de 180 a 360 días de trabajo comunitario.

En tanto que el daño a los bienes catalogados como patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y cultural del estado se podía castigar con 3 a 6 años de prisión, además de que era considerado delito del fuero común, grave.

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