Ningún caso de ciberacoso se ha sancionado en Puebla a dos años de la reforma que castiga ese delito

Aunque desde 2018 en Puebla se castiga la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, a la fecha ningún caso se ha judicializado, debido a fallas y carencias del proceso de investigación.

Así se desprende de un análisis realizado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP) y el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), con datos actualizados hasta 2020.

En su informe “Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México”, las agrupaciones recordaron que fue en 2018 cuando el Poder Legislativo reformó el Código Penal del estado para penalizar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

Las organizaciones realizaron solicitudes de información a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para saber cuántos casos de ciberacoso se judicializaron o cuántas sentencias hay, a lo que ambas instancias indicaron que no hay ningún reporte al respecto.

En su análisis, el CCSJP y el Ovigem realizaron una consulta a un grupo de nueve mujeres poblanas, de entre 17 y 43 años, que fueron víctimas de violencia digital, con la finalidad de conocer sus experiencias y obstáculos al intentar hacer frente a las agresiones que vivieron.

Ninguno de los casos había tenido una solución en el ámbito penal, incluso cuando dos de ellas llevaban ya un año con un proceso abierto.

“Sus relatos nos permitieron identificar que al narrar la agresión les era difícil dar nombre a la violencia así como asociarlo a un delito en particular, y tras el episodio de violencia que enfrentaron, todas buscaron información y asesoría para poder actuar”, se indica en el documento.

Los casos que optaron por denunciar, tras meses o incluso años de iniciado el proceso, continuaban impunes y no se había accedido a ninguna medida de reparación, por el contrario, las afectaciones y consecuencias impactaban aún en su vida diaria, según se expuso.

Para Samantha Páez Guzmán, titular de la Dirección de Análisis de la Violencia de Género Mediática y Digital del CCSJ, es necesario difundir más la figura penal de ciberacoso y echar mano de la Policía Cibernética para poder investigar ese delito.

Abundó que es necesario que se capacite a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la FGE, para saber cómo obtener pruebas de ese tipo de delitos.

Expuso el ejemplo del “Fishing” que es un mecanismo por el que criminales pescan víctimas a través de redes sociales para obtener contenidos íntimos o bien, contraseñas de correos electrónicos y hasta cuentas bancarias.

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