“Quien quiera vivir que viva, pero a los demás que nos dejen morir dignamente”. Con estas palabras de Fernando Cuesta, enfermo de ELA que tuvo que viajar a Suiza para poner fin a su vida, ha arrancado este martes en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la proposición de ley para regular la eutanasia en España. Presentada por el PSOE, es la primera que echa a andar esta legislatura y ha contado con el apoyo de todos los grupos de la Cámara salvo PP y Vox. En total, ha recibido 201 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones.

Ha sido la diputada socialista y exministra de Sanidad María Luisa Carcedo la que ha elegido las palabras de Cuesta como forma de brindar un reconocimiento a todas “las personas y familias que no quisieron quedarse con los brazos cruzados y han luchado para que otros puedan acogerse a este derecho”.

El recuerdo de quienes han muerto en España sin la eutanasia legalizada —Ramón Sampedro, Maribel Tellaetxe, María José Carrasco...— ha sido una constante en un debate que ha tenido momentos con una alta carga emocional y que se ha crispado cuando el diputado del PP José Ignacio Echániz ha acusado a los impulsores de la ley de querer ahorrar a costa de “los más vulnerables”.

“El sufrimiento no tiene ideología”, ha insistido por su parte Carcedo, antes de desplegar los puntos más importantes de una norma que convierte la eutanasia en “un derecho” que será “incorporado a la sanidad pública”. El texto así lo reconoce para quienes lo soliciten y sufran “una enfermedad grave e incurable” o “invalidante” que cause “un sufrimiento insoportable”.

La norma, que permite a los médicos declararse objetores de conciencia, pasará ahora a la Comisión de Sanidad, donde los grupos parlamentarios negociarán uno a uno sus 19 artículos y cuatro disposiciones adicionales. La mayoría confía en que el texto, que es la tercera vez que es tomado en consideración, sea aprobado este mismo año. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha adelantado que podría producirse incluso antes del verano, en junio.

En su primera intervención, Echániz ha afirmado que la iniciativa legal es de “dudosa constitucionalidad” y ha querido presentar como alternativa una ley de cuidados paliativos. Pero ha sido en el turno de réplica cuando el diputado del PP ha incendiado la sesión al calificar de “recorte social” la eutanasia. Según Echániz, tras la iniciativa de los socialistas se esconde la voluntad de “ahorrar” en “pensiones” y “tratamientos médicos”. “Es el sustrato de este proyecto de ingeniería social que ustedes quieren promover”, ha afirmado.

Lourdes Méndez, de Vox, también ha utilizado términos muy duros contra quienes apoyan la nueva ley, a los que acusa de decir a “las personas que padecen un sufrimiento insoportable que su vida no es digna”. “Es la respuesta que se les ocurre dar a un sistema de pensiones quebrado”, ha añadido Méndez, sumándose a las tesis populares.

“Me parece muy cruel decir que esto es una cuestión para reducir costes”, ha sido la réplica del diputado del PNV Joseba Agirretxea. Para los nacionalistas vascos, la necesidad de la ley es la consecuencia de fenómenos como “la mayor esperanza de vida” o la creciente cronicidad de muchas dolencias: “No es un debate médico, es un debate social, ético y político. Debemos decidir quién decide sobre cómo morimos”.

Pablo Echenique, de Unidas Podemos, ha mostrado su “orgullo” por participar en la tramitación: “Nadie tendrá que hacer como Ángel Hernández”, encausado por ayudar a morir a su esposa, María José Carrasco, sino que quienes requieran la eutanasia “podrán hacerlo en la sanidad pública”. Echenique ha calificado a PP y Vox de “gente sin escrúpulos” y ha llamado a los diputados a “estar esta vez a la altura”, tras los intentos fallidos previos.

Ciudadanos también se alineó en favor de regular esta práctica. Tras iniciar su intervención con duras palabras contra Echániz, la diputada Sara Giménez se felicitó de tener la posibilidad de “debatir sobre derechos y oportunidades”.

El resto de grupos minoritarios, salvo Navarra Suma, se volcó en favor de la iniciativa. Para Íñigo Errejón, del Grupo Mixto, el Congreso debe ratificar lo que ya “tiene la mayoría en el sentido común de la gente”. “Hoy regulamos un derecho individual, como es el de poder elegir qué hacer si la vida se ha convertido en sufrimiento”, afirmó.

“Es hora de que se reconozca a todas las ciudadanas del Estado español el derecho a una muerte digna”, dijo Carolina Telechea (ERC). “Es una ley que en ningún caso impone a nadie este procedimiento”, se sumó Pedro Iturbe (Coalición Canaria). “Hoy vivimos un triunfo de la sociedad civil organizada”, afirmó Albert Botran (CUP). “Es una ley garantista”, defendió Sergi Miquel (Junts per Catalunya). “Es una ley necesaria”, terció Néstor Rego (BNG). “Es una cuestión importante y urgente. Ya son muchos años desperdiciados, de sufrimientos inútiles”, aportó Iñaki Ruiz de Pinedo (Bildu).

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestra que la mayoría de la población española está a favor de regular la eutanasia y el suicidio asistido. El 58% de los españoles responde “sí” cuando se le pregunta si apoya esta práctica frente a solo el 10% que se muestra en contra “con seguridad”. La más apoyada de las opciones intermedias, con un 15%, es la que afirma: “Creo que sí, pero no estoy totalmente seguro”. “El apoyo ha sido claro y consistente desde hace más de una década”, sostiene Rafael Serrano del Rosal, director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados-CSIC.

 
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