Por unanimidad de votos, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla avaló la reforma del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, que propone hasta seis años de cárcel a quien discrimine e incite actos de violencia contra trabajadores de la salud durante una emergencia sanitaria.

La diputada del Partido Encuentro Social (PES) Mónica Lara Chávez aseguró que la medida servirá para contener las agresiones contra el personal hospitalario durante la pandemia de coronavirus, luego de que Puebla se ubicó en sexto lugar nacional en número de casos de las 32 entidades federativas, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de abril pasado.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la modificación se realizó al artículo 357 del Código Penal local y será sometida a votación del pleno en la sesión de mañana, con la que inicia el tercer periodo de trabajo del Congreso.

El ordenamiento vigente sanciona la discriminación con prisión de uno a tres años y una multa que puede ir de 100 a 500 días.

Con la reforma, se agravaría la pena corporal al fijar una mínima de tres años y una máxima de seis cuando el delito se cometa contra médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales similares y auxiliares, del sector privado o público, durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria.

Los actos que se sancionaría sería la discriminación que provoque o incite al odio o a la violencia, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho, veje o excluya a persona alguna o grupo de personas y niegue o restrinja derechos laborales de cualquier tipo.

En el debate de la reforma, los diputados Rocío García Olmedo del PRI y Carlos Alberto Morales Álvarez de Movimiento Ciudadano (MC) solicitaron a la comisión incorporar en los considerados del dictamen un párrafo en el que se diera cuenta que los legisladores promovieron tres iniciativas de reforma en el mismo sentido que la del gobernador.

La propuesta no prosperó por la negativa del coordinador de la bancada de Morena e integrante de la Comisión de Procuración, Gabriel Biestro Medinilla, quien acusó a los proponentes de buscar protagonismo.

Rocío García descartó la búsqueda del lucimiento personal. “Se trata de un orden jurídico  legislativo, porque antes de esta iniciativa se presentaron tres iniciativas más (…) y lo único que se pide es que se dé cuenta que se recibieron tales y cuales otras iniciativas”, alegó.

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