A partir de la opinión de poblanos, consultados en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, el 85.7 por ciento de los poblanos afirmó que el agua de la red pública que administra la empresa Concesiones Integrales SA de CV, desde hace seis años, y que llega a sus hogares, no es potable.

Según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que se efectúa cada dos años en nuestro país, la medición de la potabilización que dieron los habitantes de Puebla se encuentra por debajo de la media nacional que es del 74.9 por ciento.

De los datos revelados destacó que el 70.2 por ciento de los encuestados aseguró que el agua de la red pública se desperdicia en fugas, lo cual significa que sólo se estaría garantizado el 29.8 por ciento del recurso.

El Inegi informó que actualmente en el estado de Puebla un poco más de 1.8 millones de personas mayores de 18 años en zonas urbanas de más de 100 mil habitantes, cuentan con agua de la red pública, lo cual representa un 83.4 por ciento.

Mientras que –afirmó- el 6.3 por ciento proviene de pozos particulares.

Esto significa que a nivel nacional, el estado de Puebla ocupa el tercer lugar con menos población que tiene acceso al agua a través de la red pública, seguido de Oaxaca, con el 83.1 por ciento; y Estado de México, con el 80.9 por ciento.

En contraparte, los estados que garantizan el mayor acceso de agua a sus habitantes es Colima, con el 98.6 por ciento; Sinaloa, con el 98.2 por ciento; y Nuevo León, con el 98.1 por ciento.

Dentro de las características del servicio de agua en la entidad, los encuestados opinaron que sólo en un 58 por ciento el suministro del líquido es constante.

En tanto, refirieron que la pureza y claridad del recurso hídrico en el estado es del 57 por ciento, que en un comparativo con la media nacional está por debajo en 4.4 puntos porcentuales.

Es decir, precisó que en el país se tiene una medición de pureza y claridad mayor, con un 62.4 por ciento en los hogares mexicanos.

Entre las estadísticas, también llama la atención que el 22.5 por ciento del agua en Puebla proviene de pozos comunitarios, y el 6.3 de pozos familiares.

En cuanto al nivel de satisfacción en la calidad de los servicios, el Inegi enfatizó que los poblanos están insatisfechos en un 52.2 con el suministro del agua.

Por otro lado, la Encuesta Nacional expuso que el 87.9 por ciento de la población cuenta con servicio de drenaje y alcantarillado, conectado a  su vivienda, de tal forma que los desechos se descargan adecuadamente.

Asimismo, informó que el 20.6 por ciento de los poblanos encuestados declaró que se realizan labores de limpia de manera constante.

También dio a conocer que el 72.3 por ciento de los entrevistados reportaron que no tienen fugas por aguas negras, y sólo el 26.2 por ciento dijo que la empresa da mantenimiento a la red de drenaje y alcantarillado.

Desde el año 2014, el servicio del agua fue privatizado a la empresa Concesiones Integrales SA de CV, durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle Rosas.

La administración del servicio del agua, drenaje y saneamiento fue concesionada por 60 años a una sola familia que encabeza el empresario Diego Gutiérrez Cortina y sus hijos, dueños de la constructora Gutsa, una de las beneficiadas del sexenio del presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, quien resultó beneficiado con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Desde entonces, en el estado se inició un movimiento social para buscar la desprivatización del servicio debido a que la empresa ha incumplido con el contrato, aunado a una serie de irregularidades con el cobro excesivo de hasta en un 600 por ciento de aumento en las tarifas, que pasaron de ser bimestrales a mensuales.

Por esta y otras razones, el Cabildo de Puebla aprobó por mayoría revocar el título de concesión a la empresa, y envió al Congreso del estado una iniciativa de Ley para reformar el decreto que crea el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP), a fin de remunicipalizar el servicio del agua.

A más de un año de su aprobación, dicho dictamen se encuentra “congelado” en el Poder Legislativo local.

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