La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió diversas Recomendaciones a autoridades tanto federales como estatales, relacionadas con diversos casos de abusos al interior de los centros carcelarios del país.

En un comunicado, el organismo indicó que las Recomendaciones 10/2020 y 11/2020 están dirigidas a los Gobernadores de los estados de Tabasco y Quintana Roo, sobre las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en las cárceles de dichas entidades.

De acuerdo con los Diagnósticos Nacionales 2018 y 2019 de la CNDH, las mujeres presas carecen de espacios dignos y de servicios específicos para su atención, lo cual reafirma la necesidad de una prisión destinada exclusivamente para la población femenil en cada entidad federativa.

Tras realizar diversas visitas a los centros penitenciarios de Cárdenas, Comalcalco y Huimanguillo en Tabasco; así como de Chetumal y Cancún, en Quintana Roo, la CNDH observó que alojan a hombres y mujeres, sin reunir las condiciones mínimas de habitabilidad e infraestructura adecuadas para ellas;

Por lo anterior, los Gobiernos de dichos estados deberán a la brevedad, ejecutar políticas públicas tendentes a que se construya un centro femenil de reinserción social y, en dado caso que esto no pueda llevarse a cabo, considerar la existencia de dos direcciones independientes en los denominados centros mixtos (una femenil y una varonil), y que se cuente con una separación física, clara y total entre las mujeres y hombres privados de la libertad en dichos centros penitenciarios.

Además, se deben implementar cursos de capacitación en materia de derechos humanos y asignar una partida presupuestaria a efecto de ampliar la plantilla de personal directivo, técnico y operativo de los centros de penitenciarios mixtos visitados, para que sean personas del sexo femenino quienes atiendan los espacios en donde se encuentren mujeres privadas de la libertad y personas menores de edad.

En tanto, la CNDH dirigió la Recomendación 12/2020 al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, sobre la falta de atención médica especializada oportuna y tratamiento, así como de la omisión en el deber de cuidado que derivó en la pérdida de la vida de una persona en el Centro Federal de Readaptación Social en Tepic, Nayarit.

El 7 de julio de 2016, la víctima ingresó al CEFERESO Nayarit proveniente de otra cárcel, donde se le realizó una historia clínica y se le diagnosticó con probable daño orgánico cerebral por uso y abuso de sustancias tóxicas; sin embargo, desde esa fecha y hasta el 6 de marzo de 2019, únicamente fue valorado en 7 ocasiones por el Servicio de Psiquiatría, además de que no le ministraban los medicamentos prescritos para tales padecimientos, lo que implicaba un grave riesgo para la salud mental del interno, lo que devino en la muerte de aquél al quitarse la vida el 18 de marzo de 2019.

“El hecho de privar de libertad a una persona implica siempre el deber irrenunciable de proveer atención médica adecuada, la cual incluye medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, obligación que no sólo recae en el personal de salud, sino que depende fundamentalmente de la administración penitenciaria y de aquellas autoridades responsables de diseñar las políticas de salud pública y de asignar los recursos necesarios para implementarlas”, indicó la Comisión.

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