Vista de la Cámara de Diputados de México.

Vista de la Cámara de Diputados de México.M. GUZMÁN/EFE

Tras meses en conflicto, los partidos políticos de México se han puesto de acuerdo. La Cámara de Diputados ha elegido este miércoles a Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Fernando Faz Mora y Uuk-Kib Espadas para sumarse al Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE), en una votación que se retrasó varias horas por la falta de consenso entre los coordinadores parlamentarios. Las negociaciones para alcanzar los nombramientos, claves para los comicios del próximo año, se prolongaron tras bambalinas ante la exigencia de la oposición de tener un árbitro equilibrado y de respetar la autonomía del Instituto. Al final, Mario Delgado, jefe de la bancada de Morena, el partido de López Obrador, adelantó que se había logrado un acuerdo entre todas las fuerzas partidistas para seleccionar a los integrantes, lo que puso en segundo plano e hizo breve la votación en el pleno, con solo cinco legisladores en contra y cinco abstenciones.

Los candidatos fueron escogidos a partir de cuatro quintetas, formadas por los 20 finalistas, dos para hombres y dos para mujeres. De la Cruz es egresada de Periodismo por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, cuenta con una maestría en Resolución de Conflictos por la Universidad de Turín (Italia), y tiene experiencia como observadora electoral en más de 10 países. Entre 2000 y 2001 fue asesora de Rutilio Escandón, ahora gobernador de Morena en Chiapas y entonces diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Espadas, antropólogo social por la Universidad Autónoma de Yucatán, fue diputado por el PRD entre 2000 y 2003, cuando López Obrador aún formaba parte de esa agrupación, aunque aseguró ser apartidista en las entrevistas previas a la votación.

Faz Mora, especialista en Derechos Humanos y participante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad del poeta Javier Sicilia, un crítico vocal del presidente, fue consejero electoral estatal en San Luis Potosí de 2014 a 2020. Humphrey, abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, tiene siete años de experiencia como consejera del Instituto Electoral de Ciudad de México (entonces Distrito Federal) y su último puesto fue en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, durante esta Administración. Los nuevos integrantes estarán en el cargo por seis años y está previsto que tomen posesión lo antes posible tras la votación.

“Las personas propuestas no son de nadie y así deberán de actuar”, apuntó Juan Carlos Romero Hicks, líder del conservador Partido Acción Nacional en la Cámara baja. “Sin cuotas, ni cuates”, insistió, por su parte, Delgado, identificado como el autor del acuerdo entre los partidos, que no exhibieron sus diferencias públicamente. La selección de los consejeros, aprobada en una votación escalonada para guardar la distancia social, ameritó una sesión extraordinaria en un Congreso plagado de mascarillas y caretas, y puso fin a una semana turbulenta, en la que la falta de acuerdos amenazó con dinamitar el proceso, que empezó en febrero pasado.

El resultado —399 votos a favor de 409 posibles— maquilla meses y meses de conflictos entre la oposición y Morena, así como dentro del propio partido gobernante y sus aliados. Las disputas previas enseñaron una vez más las costuras de un proceso de selección imperfecto, ante la paradoja de que los partidos políticos tengan que escoger candidatos ciudadanos y resistirse a la tentación de no seleccionar perfiles afines. “El involucramiento de partidos y gobernantes [en el INE] ha sido una maldición en este país”, afirma el analista político Sergio Aguayo.

En la lista de tareas de los nuevos consejeros está decidir en las próximas semanas sobre la aparición de nuevos partidos políticos, lo que puede marcar el regreso de viejos conocidos de la política mexicana, como el expresidente Felipe Calderón, la antigua líder magisterial Elba Esther Gordillo y el aliado ultraconservador de López Obrador, el Partido Encuentro Social, que busca recuperar su registro con otro nombre. “Tendrán que abocarse a asuntos que el INE no ha abordado con la suficiente energía como la presencia del crimen organizado en elecciones, el exceso de dinero en las campañas y la falta de representatividad en los partidos”, apunta Aguayo, académico de El Colegio de México.

Los roces entre el Gobierno y el INE han sido frecuentes desde que López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018. Morena empujó a finales del año pasado que se redujera el presupuesto del Instituto e impulsó iniciativas para mermar su autonomía, aunque no se aprobaron. La fobia del mandatario contra el ente, antes llamado IFE, viene desde las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, en las que el entonces candidato terminó en segundo lugar acusando sendos fraudes. La conclusión del proceso de selección, prevista para abril pasado y pospuesta por la pandemia de la covid-19, da un respiro a la autoridad electoral tras estar durante meses en la diana presidencial. Todavía este miércoles, López Obrador se quejó de que en el periodo extraordinario solo se abordara el tema electoral y no se le diera prioridad a la reforma de pensiones que presentó en su conferencia matutina.

“De cara al 2021 se irá contra el tiempo ante el reto logístico que supone la magnitud de la elección y el contexto de la pandemia”, comenta Pamela San Martín, que dejó en abril su puesto en el Consejo del INE. San Martín considera que es un buen momento para la autocrítica, sobre todo por la falta de coordinación entre el Instituto y el Tribunal Electoral, que han actuado bajo criterios contradictorios y dejado impunes varias controversias. “Se ha caído en una dinámica en la que parece que cualquier crítica es un ataque; los nuevos integrantes tienen que tener claro que estarán sujetos a ese escrutinio”.

El INE tiene en puerta las elecciones al Congreso local de Coahuila y de los Ayuntamientos en Hidalgo, posiblemente en octubre. Antes tiene que iniciar los preparativos para el proceso electoral de 2021, que arranca formalmente en septiembre y será el más grande de la historia. En juego están más de 21.000 puestos de elección, entre ellos los 500 escaños de la Cámara baja, 30 Congresos locales y 15 gubernaturas, donde varios partidos de la oposición se juegan su supervivencia.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que arrastra los peores resultados de su historia y que ha acaparado los reflectores por múltiples casos de corrupción que han revivido en las últimas semanas, gobierna ocho de los Estados que estarán en disputa el próximo año: Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. El PAN tiene cuatro: Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Querétaro. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), antiguo partido de López Obrador, se aferra a Michoacán, el único Estado que gobierna. También quedará vacante Nuevo León, uno de los motores industriales de México y gobernado por el excandidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco. Morena solo defiende Baja California, pese a los intentos infructuosos del gobernador, Jaime Bonilla, de extender su mandato. En el fondo de un proceso crucial para los partidos está por verse si los nuevos consejeros fortalecerán la confianza ciudadana en el INE, una de las instituciones más golpeadas en la corta historia democrática de México.

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