Nueva ley migratoria está expulsando a los niños migrantes sin ser atendidos por trabajadores sociales

La última vez que Sandra Rodríguez vio a su hijo, Gerson, se agachó para mirarlo a los ojos. “Pórtate bien”, le dijo para indicarle cómo comportarse cuando se encontrara con los agentes de la Patrulla Fronteriza del otro lado del río en Estados Unidos, y cuando se reuniera con su tío en Houston.

El niño de 10 años asintió con la cabeza y le dirigió a su madre una última sonrisa forzada. Las lágrimas se le juntaban en los hoyuelos de sus mejillas, recordó ella, al abordar una balsa y atravesar el río Bravo con dirección a Texas desde México, guiado por un desconocido que también intentaba llegar a Estados Unidos.

Rodríguez esperaba que Gerson estuviera en custodia de la Patrulla Fronteriza durante unos días y luego fuera trasladado a un refugio del gobierno para niños migrantes, donde su hermano en Houston podría recogerlo al final. Sin embargo, Gerson pareció desaparecer del otro lado del río. Durante seis días angustiantes, no supo nada de su hijo, no se enteró si lo habían detenido y no había tenido contacto con el tío de Houston. 

Finalmente, recibió una llamada telefónica alarmada de una prima en Honduras, que le dijo que Gerson estaba con ella. El pequeño lloraba y estaba desorientado, según dijeron sus parientes; parecía confundido sobre cómo había terminado de vuelta en el lugar peligroso del que había huido.

Cientos de niños y adolescentes migrantes han sido deportados rápidamente por las autoridades estadounidenses en medio de la pandemia del coronavirus, sin la oportunidad de hablar con un trabajador social o solicitar asilo por la violencia que hay en sus países de origen. Esto se opone por completo a la práctica establecida que se ha respetado durante años para el trato a jóvenes extranjeros que llegan a Estados Unidos.

Las deportaciones representan un giro extraordinario que se ha visto en las últimas semanas en la frontera suroeste, en el que, al parecer, se abandonaron las salvaguardias que durante décadas gobiernos tanto demócratas como republicanos les han garantizado a los niños migrantes.

Históricamente, los niños migrantes que llegaban a la frontera sin la compañía de un adulto tenían acceso a refugio, educación, atención médica y a un proceso administrativo exhaustivo que les permitía argumentar motivos para quedarse en Estados Unidos. Los que, a la postre, eran deportados, solo eran enviados de vuelta hasta que se habían hecho los preparativos debidos para garantizar que tuvieran un lugar seguro al cual regresar.

Al parecer, los decretos más recientes del presidente estadounidense, Donald Trump, en cuanto al control fronterizo han desechado ese proceso de manera abrupta. Algunos jóvenes migrantes han sido deportados a las pocas horas de haber pisado suelo estadounidense. A otros los han sacado de sus camas en los refugios del gobierno de Estados Unidos a mitad de la noche para subirlos a aviones y expulsarlos del país sin avisarles a sus familias.

El gobierno de Trump trata de justificar las nuevas prácticas con una ley de 1944 que le concede al presidente amplias facultades para impedir que los extranjeros entren al país a fin de eludir la “grave amenaza” de una enfermedad peligrosa. No obstante, en las últimas semanas los agentes de inmigración también han expulsado de golpe a niños y adolescentes migrantes que ya estaban en Estados Unidos cuando se emitió el mandato relacionado con la pandemia, a finales de marzo.

Desde que el decreto entró en vigor, cientos de menores migrantes han sido deportados, incluyendo a algunos que tenían audiencias de asilo pendientes en el sistema judicial.

A algunos de los jóvenes se les ha puesto a bordo de aviones de vuelta a Centroamérica, mientras que a otros se les ha obligado a regresar a México, donde miles de migrantes están viviendo en tiendas de campaña sucias y refugios hacinados.

En marzo y abril, el periodo más reciente del que se tienen datos, 915 jóvenes migrantes fueron expulsados poco después de haber llegado a la frontera estadounidense y 60 fueron enviados a sus países de origen desde el interior del país.

En ese mismo periodo, al menos 166 menores migrantes tuvieron acceso a Estados Unidos y a las protecciones que alguna vez fueron consuetudinarias. Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también se ha desviado de lo acostumbrado, al rehusarse a revelar la manera en que el gobierno está decidiendo cuáles normas jurídicas aplicar a qué niños.

“Simplemente no podemos hacerlo público”, dijo Matthew Dyman, especialista en relaciones públicas de la agencia, y citó inquietudes de que si los traficantes de personas saben cómo se aplican las leyes aprovechen esa información para facilitar la entrada ilícita de más personas al país.

El 19 de mayo, el gobierno de Trump extendió la política reforzada de seguridad fronteriza que permite que los jóvenes migrantes sean expulsados en la frontera y declaró que la política seguiría en vigor de manera indefinida y que se revisaría cada 30 días.

Chad Wolf, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), dijo que la política había sido “una de las herramientas más cruciales que el departamento ha usado para prevenir una mayor propagación del virus y proteger al pueblo estadounidense, a los funcionarios del DHS en la línea de combate y a los pacientes con COVID-19 que están bajo su cuidado y custodia”.

 

Un vocero de la agencia dijo que sus políticas para deportar niños desde el interior del país no habían cambiado.

En medio de los esfuerzos de Trump para impedir que los migrantes busquen refugio en Estados Unidos, la administración ha sido analizada especialmente por su tratamiento a los más vulnerables entre ellos: los niños.

A partir de 2017, el gobierno traumatizó a miles de niños al separarlos de sus padres en la frontera. Los funcionarios de la administración también han permitido el deterioro de jóvenes migrantes en sucias celdas de la Patrulla Fronteriza, sin supervisión de adultos y argumentaron en la corte que los niños no tenían derecho legal a cepillos de dientes o jabón.

Los miembros demócratas del Congreso arguyen que las deportaciones rápidas que se llevan a cabo en este momento violan la Ley de Protección de Víctimas de Trata y Violencia, una ley federal que se promulgó hace 20 años y define los estándares para el manejo de niños extranjeros que llegan a la frontera estadounidense sin un adulto.

EI mes pasado, los miembros demócratas del Comité de Asuntos Judiciales del Senado le escribieron una carta a Wolf para decir que estas estrategias no tenían “ningún precedente conocido ni fundamentos legales claros”.

Los defensores de los inmigrantes dicen que sus súplicas para garantizar que los niños tengan un lugar seguro al cual regresar han sido ignoradas. Desde que se descubrió el coronavirus por primera vez en Estados Unidos en enero, 239 menores no acompañados han sido enviados de vuelta a Guatemala y 183 a Honduras, según las cifras del gobierno.

“El hecho de que nadie sepa quiénes son estos niños y que haya cientos de ellos de verdad es aterrador”, dijo Jennifer Nagda, directora de políticas del Centro Juvenil para los Derechos de los Niños Inmigrantes. “No hay forma de saber si los han puesto en manos de traficantes o si están en peligro”.

Algunos menores de edad han sido deportados durante la noche, a pesar de la política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que establece que deben repatriarse únicamente en el día.

Antes del amanecer, una mañana a fines del mes pasado, Pedro Buezo Romero, de 16 años, fue sacado de su cama en un refugio en Nueva York y le dijeron que empacara una maleta para que lo pudieran llevar a la corte en Florida.

En cambio, el adolescente terminó tomando cuatro vuelos en dos días. Pudo dormir unas cuantas horas en una habitación de hotel en Miami, compartida por tres empleados adultos de una empresa de seguridad privada contratada para transportarlo a él y a otros dos adolescentes migrantes.

Solo antes de abordar su último vuelo a Honduras desde Texas, los adultos le revelaron a Pedro que estaba siendo deportado. Cuando llegó a Honduras, tuvo que usar el teléfono celular de un funcionario de inmigración para pedirle a su primo un lugar donde quedarse.

De la madre de Pedro no se sabe desde que el refugio en México donde habían estado fue saqueado por unos pandilleros. Él y su madre fueron separados durante el caos, después de lo cual Pedro decidió cruzar la frontera solo.

Cuando Pedro estaba en tránsito, sus abogados trabajaron frenéticamente para intentar localizarlo, pero no recibieron ninguna respuesta del gobierno federal. “Hubo dos o tres días en los que no tuvimos ni idea de dónde estaba”, dijo Katty Vera de Fisher, consejera de migración para Catholic Charities de Nueva York.

Pedro Bezo Romero con su madre. Pedro dijo que ahora era aún más vulnerable que cuando decidió irse a Estados Unidos.
Pedro Bezo Romero con su madre. Pedro dijo que ahora era aún más vulnerable que cuando decidió irse a Estados Unidos.Credit...vía Pedro Buezo Romero

Algunos de los niños que han sido expulsados de los Estados Unidos fueron previamente deportados. Pero, históricamente, incluso a los niños con órdenes de deportación anteriores se les daban nuevas oportunidades para pedir asilo si volvían a entrar en Estados Unidos. Ahora, eso parece haber cambiado.

Los abogados que representan a los niños amenazados con la deportación dicen que han tenido que realizar maniobras legales de último momento para tratar de evitar que ocurran las deportaciones.

La semana pasada, Hannah Flamm, una abogada de inmigración en Nueva York, tuvo solo horas para tratar de detener la repatriación de una cliente de 14 años, después de enterarse de que ICE le había reservado asiento a la niña en un vuelo a Honduras a las 3:00.

La familia de la niña no había sido notificada de su inminente llegada. Flamm logró asegurar una suspensión de emergencia de la deportación a las 23:47, momento en el cual se le permitió a la niña volver a dormir en el refugio donde se hospedaba.

Ricardo Rodríguez Galo, tío del niño de diez años que fue deportado este mes, dijo que se sorprendió al saber que Gerson había sido enviado de regreso a Honduras solo.

Rodríguez dice que le preocupa la seguridad del niño en Honduras, donde la ex pareja de su hermana había golpeado al niño y a su madre y les había negado comida. Rodríguez también cuestionó el criterio de las autoridades estadounidenses que optaron por poner a un niño en un avión sin notificar a ninguno de los miembros de su familia, incluidos aquellos que lo esperaban en Estados Unidos para llevarlo a su casa.

“No voy a decirle que lo íbamos a cubrir con riquezas”, dijo Rodríguez. “Somos pobres, pero íbamos a luchar para apoyarlo. Íbamos a recibirlo como se merecía”.

Kirk Semple colaboró con este reportaje.

Caitlin Dickerson es reportera para temas de migración, con sede en Nueva York, y es ganadora de un premio Peabody. Ha escrito reportajes sobre las políticas de asilo, detención y deportación en Estados Unidos así como el trato a los niños inmigrantes en custodia gubernamental. @itscaitlinhd

Read 282 times Last modified on Saturday, 23 May 2020 08:39
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