Estados Unidos dejará desamparados a solicitantes de asilo con el cierre oficial de sus fronteras

La frontera sur de Estados Unidos queda oficialmente cerrada, desde este jueves y sin fecha de reapertura, para los miles de demandantes de asilo que se agolpan en el norte de México. Se trata del último paso en una progresiva regulación que comenzó el pasado 20 de marzo con el argumento de que no se podía garantizar la salud de los inmigrantes en medio de la pandemia de la covid-19. Aquella orden de no admitir demandantes de asilo se ha prorrogado dos veces, hasta que se ha hecho sine die

La orden firmada este martes por el director del Centro de Control de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, extiende indefinidamente lo que ya era una política de facto de Estados Unidos en su frontera sur a raíz de la pandemia. Las órdenes dictadas en marzo permiten expulsar inmediatamente, sin examen médico y sin escuchar cada caso, a cualquier demandante de asilo. Desde el 20 de marzo hasta finales de abril, EE UU ha rechazado en la frontera a más de 20.000 personas.

La orden afecta a todo aquel que quiera ingresar a Estados Unidos desde Canadá o desde México que, al entrar, debería ser confinado en un centro de detención. Es decir, las personas sin documentos de inmigración válidos que quieran pedir refugio, que es desde hace una década el perfil más habitual en la frontera. La mayoría son unidades familiares y de origen centroamericano. El presidente estadounidense, Donald Trump, siempre ha dicho que este tipo de inmigración es un agujero del sistema que la gente aprovecha para quedarse en el país, y cerrar el sistema de asilo de Estados Unidos ha sido una de sus grandes obsesiones.

Con la pandemia del coronavirus, lo ha conseguido. La orden del 20 de marzo establecía que “hay un riesgo serio de que se introduzca la covid-19 en el país a través de los puertos de entrada”, ya que la enfermedad está presente en Canadá, México, “y los otros países de origen de las personas que migran a Estados Unidos”, dijo el mandatario. Además, los inmigrantes sin documentos “serían retenidos en las áreas comunes [de las comisarías de la policía de fronteras] muy juntos unos de otros durante horas o días”. Es decir, el proceso habitual en la frontera “incrementaría el ya de por sí serio peligro para la salud pública”, de la covid-19, lo que justifica el rechazo a los inmigrantes desde la perspectiva del Gobierno de Trump.

La orden señala además expresamente a los indocumentados, que “dada su carencia de estatus migratorio, hay muchas dudas de que pudieran aislarse y ponerse en cuarentena, o cumplir con las recomendaciones de distancia social, si fueran liberados”. EE UU ha registrado ya 1,4 millones de casos positivos de la covid-19 y más de 90.000 muertos.

Situación desesperada

La frontera sur de Estados Unidos estaba prácticamente cerrada a la inmigración desde que Washington y México pactaron dejar a los inmigrantes en territorio mexicano mientras esperan su turno para exponer su demanda de asilo ante un juez de EE UU. Esta política ha dejado a miles de personas varadas en una situación desesperada en campamentos y campos de refugiados por todo el norte de México. La nueva orden además otorga poder a la policía fronteriza para devolver a México en caliente a los inmigrantes detenidos, con el argumento de proteger la salud pública.

En abril de 2019, EE UU tenía casi 20.000 personas detenidas en los centros de detención de la frontera. En abril de este año, eran menos de 100. En 2018, el último año del que hay datos completos, EE UU concedió asilo a 38.600 personas, de las que 13.248 eran indocumentados que iban a ser deportados. Entre el 21 de marzo y el 14 de mayo, realizó 59 entrevistas a demandantes de asilo. Solo ha admitido a dos.

El uso de la salud pública como argumento ha llevado también a expulsar a 915 menores de edad no acompañados, según datos recopilados por The New York Times. Durante décadas, a los menores que han llegado a la frontera de EE UU se les ha dado protección y alojamiento hasta que se podía determinar si tenían un familiar dentro del país con el que quedarse en acogida, mientras se procesa su caso de deportación. Cientos de estos niños han sido deportados a lugares como Guatemala u Honduras. Se trata de la cara más extrema de la nueva política de Trump, que ya separó a los menores de sus padres desde 2018 en un intento de que la crueldad de la medida sirviera como disuasión a la inmigración. Tampoco están claros los criterios para decidir quién es una amenaza para la salud. El diario cita a un cargo de la administración de Fronteras y Aduanas justificando la falta de transparencia en que si los criterios fueran públicos los utilizarían los traficantes.

 

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