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Una característica de los movimientos sociales, como en el caso del actual movimiento feminista, es que se componen de varios grupos y tendencias que no son homogéneos ni en cuanto a objetivos ni en cuanto a medios a utilizar. Están integrados por tendencias con propósitos distintos que se aglutinan, pero no se articulan, en un mismo reclamo; en este caso, contra la violencia de género, pero que difieren en la forma de alcanzar sus propósitos.

En el caso de movimiento feminista podemos señalar que este movimiento es plástico, cambia de liderazgo continuamente y ninguna de sus integrantes puede afirmar que representa a las distintas tendencias. En esto radica su fuerza y también su debilidad cuando se trata de dialogar y negociar para concretizar sus demandas. 

Al interior de los movimientos existen tensiones; si bien al exterior pretenden dar la impresión de unidad, al interior ésta no existe. Si los movimientos sociales se articulan por distintas tendencias, no es posible esperar que, de manera súbita, dichas fuerzas se plieguen a un liderazgo de carácter único. Por esa razón las propuestas de las autoridades universitarias a los grupos que tienen tomadas actualmente las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, no han tenido otra respuesta que la de reiterar sus mismas demandas que, dicho sea de paso, ya fueron aceptadas por las autoridades.

En las universidades de nuestro país, el paro ha sido tradicionalmente un mecanismo de presión utilizado por las y los estudiantes para que las autoridades escuchen sus demandas. Sin embargo, los paros también son acciones de fuerza que representa un costo académico, social y familiar que nadie pondera.

En el caso de nuestra Facultad de Filosofía y Letras para la mayoría de las alumnas y alumnos estudiar significa un esfuerzo económico; en este sentido, la pérdida de un semestre es una carga adicional y en muchos casos la pérdida de un proyecto de vida para muchas y muchos estudiantes. También, el paro afecta al prestigio de una institución que se precia de formar a las y los ciudadanos en los valores del estado de derecho.

La violencia de género es un problema social de escala global que se presenta en distintos países con diferente grado de desarrollo. Como problema social, su atención no es privativa de un solo grupo ni siquiera de varios; la solución atañe a todas y todos porque debemos de entender como miembros de una comunidad que cuando se vulneran los derechos una mujer se afecta al conjunto de la sociedad no sólo a una parte de ella. Considerar que los hombres, por el hecho de serlo, no tienen interés en contribuir a la solución del problema de género es una perspectiva equivocada y tendenciosa que favorece el monólogo y no el diálogo.

La violencia de género, como problema social, se presenta tanto en los espacios privados como en los públicos. Cifras reciente muestra que es el ámbito familiar donde se producen la mayoría de las agresiones y de los abusos.

Pese a que en la Universidad tiene muchos retos que resolver en materia de violencia de género debemos de tener claro que las Universidades como espacio público se han desarrollado modelos de convivencia que se han caracterizado históricamente por la apertura al debate, por convocar a los miembros de la comunidad sin exclusiones ni descalificaciones.

Por definición, el espacio público es transparente e incluyente; se caracteriza por la igualdad y por la responsabilidad con que se ejercen los derechos de todas y todos, no sólo los de un sector.

La UNAM no es sólo un espacio público, es una institución que cumple la función de impartir docencia, investigar y difundir la cultura. Todo ello en el marco de una legislación que se ha dado a sí misma en forma autónoma, por lo que debe cumplir los objetivos con los que se ha comprometido en forma responsable.

De ello depende que sirva o no como ejemplo, como modelo de convivencia democrática porque sus integrantes, como ciudadanas y ciudadanos que son, conocen y respetan los derechos de los demás, del mismo modo que saben defender sus propios derechos.

La comunidad académica de la FFyL debe poner la misma atención en defender sus derechos como en cumplir con sus deberes porque, sin éstos, la autonomía resulta un privilegio injustificable ya que, con el paro, recibe un salario sin haber trabajado.

Como comunidad democrática, madura, de ciudadanos y ciudadanas, incluyente, conocemos tanto el significado de la representación y de la inclusión. Ninguna comunidad madura puede consentir que se vulneren los derechos de los individuos.

Nadie puede actuar en nombre de la comunidad si ésta no le ha dado ese reconocimiento en forma explícita.

¿Cuándo se consultó a la comunidad sobre las “exigencias” que tenían que cumplir las autoridades; cuándo se le consultó la duración del paro; cuándo se les autorizó a vulnerar los derechos de los alumnos a recibir sus cursos y a los maestros cumplir con su plan de trabajo? Nadie puede decir que representar a nadie, más aún cuando se toman decisiones que afectan los derechos de los alumnos y los deberes de los profesores. Guardar silencio sobre el menosprecio a las normas democráticas, contradice la pretendida vocación democrática de la comunidad de académicos, alumnos y autoridades.

Si quienes pretenden hablar en nombre da la Facultad no responden a la demanda de diálogo en el marco del desarrollo normal de las actividades, no es difícil concluir que el paro no fue un mecanismo de presión, sino una provocación a los integrantes de la Facultad.

De lo que nadie quiere hablar

Después de dos meses de paro es tiempo de hablar de los deberes de los universitarios; de los alumnos y profesores y como académicos, y de alumnos y profesores como ciudadanos. También es necesario hablar de la responsabilidad de las autoridades.

Del mismo modo que los alumnos deben cumplir con los planes de estudio para acreditar sus estudios; los profesores deben cumplir con el plan de trabajo anual y semestral; las autoridades deben cumplir con lo que dispone el Artículo 41 del Estatuto General de la UNAM.

Este artículo en su inciso V, señala que corresponde a los directores de facultades y escuelas: “Velar dentro de la facultad o escuela, por el cumplimiento de este Estatuto, de su reglamento, de los planes y programas de trabajo y en general de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y el funcionamiento de la Universidad, dictando las medidas conducentes.”

El inciso VII señala que corresponde a la mencionada autoridad: “Cuidar que dentro de la facultad o escuela se desarrollen las labores ordenada y eficazmente, aplicando las sanciones que sean necesarias, conforme al Estatuto General y sus reglamentos”. Cabe mencionar que el cumplimiento de la norma no es opcional ni negociable, es obligatorio.

Las autoridades están obligadas a actuar para así cumplir y hacer cumplir con la legislación. Esta obligación no es opcional, no se deja al arbitrio ni a la prudencia que, por cierto, sea practicado durante dos meses.

Respecto a las obligaciones de los maestros, acaso éstos podrán argumentar que el paro les impidió cumplir con su plan de trabajo y, en consecuencia, su incumplimiento no deberá afectar el programa de estímulos académicos.

Respecto a los alumnos, cómo podrán recuperar el tiempo perdido si no se imparten todas las sesiones que contempla el plan de trabajo semestral. En este contexto, pretender que todo se soluciona con un acuerdo del Consejo Técnico mediante el cual el semestre se acorta o alarga a voluntad de quienes mantienen el paro, sería una salida, además de ingenua, irresponsable. Las y los alumnos tiene derecho a que se cumplan los plazos y las condiciones de los planes de trabajo aprobados por las instancias académicas.

Los planes de estudio no se recortan a voluntad por lo que el calendario escolar se debe cumplir. Es por eso que resulta extraño el silencio de las autoridades sobre lo que significa el paro para los planes y programas de trabajo y por qué no hablan de los costos académicos y económicos del paro.

La Facultad de Filosofía es de todos sus miembros no sólo de un grupo; y por eso todos somos responsables de convertirla en un espacio en que el interés general prive sobre el interés de grupos, y en el que la norma impere sobre la arbitrariedad.

En las ocho semanas de inactividad, distintos grupos de profesores han convocado al diálogo para estudiar el grave problema de las consecuencias del paro.

Las “Asambleas”, las distintas “reuniones de claustros académico”, se han autoconvocado y han manifestado que se establezca un diálogo con las paristas; sin embargo, llama la atención que en todo el proceso, por una especie de pacto de silencio entre la Dirección de la Facultad, el Consejo Técnico y las distintas “Asambleas”, nadie se haya pronunciado respecto a la ineludible obligación de “cumplir con los planes y programas de trabajo” del semestre 2020-1.

Pareciera que unos y otros son un asunto que, en la actual coyuntura, a nadie interesa y que los integrantes de la comunidad, pueden a su arbitrio dejar de cumplirlo. En este contexto, la comunidad universitaria se pregunta sobre quién cuida que “dentro de la facultad se desarrollen las labores ordenada y eficazmente”.

Si el interés es que se cumplan las labores a las que están obligados todos los integrantes de la Facultad, es necesario que se restablezca el cauce de la normatividad y para ello es necesario que los integrantes de la Facultad recuperen sus instalaciones.

¿Cuáles son las iniciativas de los representantes de los profesores y de los alumnos para restablecer la normalidad? Si existen, la comunidad académica las desconoce y habrá que darlas a conocer para que los miembros de la comunidad se tranquilicen. Si no existen, es necesario desarrollarlas.

Si la comunidad de la Facultad es madura, es el momento de mostrarlo. ¿Se han respetado los derechos de los todos? ¿Se ha respetado la opinión de la mayoría? ¿Qué opinan los alumnos y las alumnas sobre el paro que es resultado de la imposición de una minoría que no da la cara, no por temor a represalias de autoridades sino porque el anonimato les es necesario para actuar en forma irresponsable?

El paro no es remedio para ningún problema social; el diálogo ayuda a su solución, el paro no. Es necesario poner punto final a la provocación que pretende confundir el debate con la vociferación, el argumento con la imposición, la representación con la usurpación, la transparencia con el anonimato. Es necesario volver al trabajo académico.

El autor de este texto es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México

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