Los asesinatos cayeron en Brasil un 19% en 2019, el mayor descenso desde que comenzó el recuento que gracias a una iniciativa de la sociedad civil reúne y homologa los datos estatales desde 2007. Es una noticia esperanzadora, pese a que con más de 41.000 muertos el gigante sudamericano se mantiene entre los países más violentos del mundo. Son casi 10.000 asesinados menos que un año antes y también han disminuido otros delitos, como los robos o las violaciones. Los datos confirman una tendencia que asomaba hacía meses. Son logros importantes porque la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los 210 millones de brasileños, sean ricos o pobres. Y es lógico que el Gobierno del presidente Bolsonaro se felicite por ello.

Sin embargo, hay otro dato que no se puede obviar. Las muertes en operaciones policiales —también entre las más altas del mundo— han aumentado notablemente, sobre todo en el Estado de Río de Janeiro, donde hubo más de 1.800 víctimas el año pasado, el máximo en dos décadas. Es un nivel de letalidad policial incompatible con un Estado de derecho afianzado, en el que las fuerzas de seguridad tienen el deber de proteger a la ciudadanía en lugar de ser consideradas por amplios sectores de la sociedad como una amenaza.

Las estadísticas muestran que la mayoría de las víctimas de acciones policiales son hombres negros y pobres que mueren alcanzados por disparos en incursiones contra el tráfico de drogas en favelas. Rara vez las investigaciones sobre esas muertes determinan que los agentes se excedieron en el uso de la fuerza, lo que refuerza una sensación de impunidad.

El presidente Bolsonaro atribuye a su Gobierno la histórica caída de los asesinatos en su primer año de mandato, pero nada dice de las cifras de fallecidos en operativos policiales que han hecho saltar las alarmas incluso en Naciones Unidas. Su pretensión de blindar por ley a los agentes que abaten a sospechosos en intervenciones policiales fue frenada en el Congreso, pero su intención de flexibilizar la compra y tenencia de armas es firme. Los especialistas atribuyen el descenso de las muertes violentas a una conjunción de factores que van más allá de la acción del Gobierno federal, y advierten contra el uso de la caída de los delitos para legitimar el abuso de la fuerza. La muerte de un antiguo policía sospechoso del crimen que le costó la vida a la concejal izquierdista Marielle Franco ha puesto el foco sobre las bandas criminales de exagentes y sobre sus conexiones con políticos locales, sospechas que salpican al senador Flávio Bolsonaro. El presidente no puede obviar esta realidad. Tiene la obligación de despejar cualquier tipo de relación y tomar medidas para evitar un mayor daño a la democracia.

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