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Luego de que ha caído Eukid Castañón Herrera una figura emblemática del morenovallismo, ahora se ha abierto la posibilidad de que ocurra lo mismo con alguien que haya sido parte fundamental del gobierno de José Antonio Gali Fayad. Hasta ahora, el principal candidato a tener esa suerte es Xabier Albizuri Morett, quien tiene dos talones de Aquiles: una investigación en contratos de obra pública y lo que ocurrió en Tehuacán, en materia de concesiones de taxis, las cuales se habrían canjeado a cambio de 30 mil votos a favor de la extinta Martha Erika Alonso Hidalgo, cuando esta fue candidata a la gubernatura de 2018.

Se cuenta que siendo Albizuri Morett secretario de Infraestructura en el gobierno de José Antonio Gali Fayad, se habrían otorgado unas 2 mil concesiones de taxi en la región del valle de Tehuacán, mismas que estuvieron al margen de la ley. Dichos permisos recayeron en las organizaciones Antorcha Campesina, la CTM, la Froc y otras más.

En torno a esa entrega de concesiones hubo dos graves anomalías:

Una vez que se otorgaron, se condicionó que los 3 mil concesionarios del transporte del Valle de Tehuacán que cada uno debía garantizar un mínimo de 10 votos seguros para Martha Erika Alonso, entonces aspirante a la gubernatura.

Ese requisito se habría cumplido por la mayoría de los involucrados. Se dice que unos respondieron mejor más que otros, pero al final en su conjunto los concesionarios, sobre todo los de la CTM y la Froc, supuestamente demostraron que los concesionarios del transporte aportaron más de 30 mil sufragios a favor de la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Dicha anomalía podría haber pasado desapercibida para los nuevos gobiernos de la 4T o por lo menos, hubiera sido muy difícil de documentar y sancionar dicho abuso. Los problemas para los funcionarios galistas involucrados en este asunto se complicaron con la segunda condicionante que hubo para la entrega de las concesiones en cuestión.

Se dice que oficialmente por cada concesión se habría cobrado unos 4 mil 900 pesos, dinero que legalmente entró a la hacienda pública estatal. Una cantidad mínima frente a los beneficios económicos que ofrece este tipo de permisos.

Al margen de lo formal se habrían exigido entre 60 y 120 mil pesos, por cada autorización de un nuevo taxi. Y se dice que muchos de los concesionarios participantes accedieron a este segundo pago.

Ahí no termina todo. Hay versiones extraoficiales que indican que en Tehuacán aparte de las anteriores erogaciones, se habrían pedido adicionalmente otros 50 mil o 100 mil pesos para acabar de entregar las concesiones. Se les habría hecho la aclaración que este último pago era para la liberación final de los permisos y el primero era para su gestión.

Para decirlo de una manera burda: fue como cuando en un secuestro primero se pide un rescate y cuando ya se pagó, se exige una segunda cantidad de dinero para ahora entregar vivo al plagiado.

El problema es que muchos concesionarios ya no estuvieron dispuestos a pagar más dinero. De nada sirvieron las amenazas que hubo de que les anularían los trámites.

Un error que se cometió, es que efectivamente desde la Subsecretaria del Transporte, que en ese entonces dependía de la Secretaría de Infraestructura, se frenó la entrega de concesiones, pero no se anularon los permisos en cuestión.

Cuando Guillermo Aréchiga Santamaría llegó a la titularidad de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que fue revivida en el actual sexenio, se encontró con un conjunto de concesiones pendientes de ser entregada y cuando se hizo una primera investigación no formal, los transportistas agraviados de Tehuacán narraron el tema de la exigencia de los pagos que trabaron la liberación de los permisos de taxis.

La semana pasada el periodista Gerardo Pérez, en su columna Rumor Sin Fronteras, narró lo siguiente:

Dice que cuando estaba en boga el gobierno de José Antonio Gali Fayad y había la posibilidad de que su hijo, José Antonio Gali López, pudiera ser candidato del PAN a la alcaldía de Puebla, se planteaba el problema de cómo obtener un cuantioso financiamiento para una contienda electoral complicada contra Morena.

Fue entonces cuando el subsecretario del Transporte, Alberto Vivas, de acuerdo a la narración de Gerardo Pérez, le habría propuesto a Xabier Albizuri y a José Antonio Gali López la posibilidad de conseguir 250 millones de pesos reviviendo 3 mil concesiones de taxis, microbuses y autobuses que estaban “congeladas”.

Es decir, no había la necesidad de emitir permisos nuevos, ya que se supone ya estaban restringidos por ley.

Esos 250 millones de pesos, se dice en esa versión, se obtendrían por el pago no oficial de entre 60 y 120 mil pesos por cada concesión.

Al final, dice el colega periodista, Gali López no fue candidato a ningún cargo popular, pero si se habrían conseguido los 250 millones de pesos por las 3 mil concesiones del transporte en cuestión, que se quedaron en los bolsillos de funcionarios de la llamada minigubernatura.

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