La semana pasada se anunció el regreso a las labores a partir del 25 de mayo en algunos sectores, en otros desde el primero de junio y en algunos más después. Se anunció que se haría en forma gradual, con respeto a la totalidad de las medidas y protocolos establecidos por las autoridades laborales y de salud, con la finalidad de garantizar que no existan riesgos sanitarios para los trabajadores en ningún centro de actividad productiva. Hasta ahí todo parecía normal, con las precauciones necesarias con el propósito de no exponer a nadie al contagio del Covid-19.

Lo que ha sucedido en la práctica es contradictorio en algunos casos, lo cual nos viene a demostrar que en una situación de crisis sanitaria y de pandemia mundial, si no se aplican y respetan seriamente las recomendaciones, entonces se puede incurrir en irresponsabilidades y muchos riesgos innecesarios para la salud y la vida. En el Sindicato Nacional de Mineros y probablemente en otras organizaciones sindicales de trabajadores, tenemos un lema que aplicamos y respetamos, el cual dice: con la seguridad y la salud no se juega. En última instancia es mejor perder un empleo que poner en riesgo una vida humana.

Hace unos días nos enteramos, después de que oficialmente se anunciaron las propuestas y recomendaciones para el regreso, que las minas de dos empresas canadienses en la Sierra de Oro de Guerrero, Equinox Gold y Torex Gold Resources enviaron a un grupo de 200 trabajadores contratistas de compañías outsourceras para continuar sus operaciones, pues para ellos las utilidades son primero, los cuales provenían del centro y norte del país, de Coahuila, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí, sin haberles hecho ninguna prueba sanitaria. Afortunadamente, los dirigentes de las secciones sindicales de mineros y las comunidades se mostraron exigentes y demandaron que los pusieran en cuarentena y al final les hicieran la prueba del Covid-19. El resultado fue que 44 de los 200 contratistas estaban contaminados con el virus, y dieron positivo. No hace falta mucha imaginación para pensar lo que podría haber ocurrido si hubieran entrado a los centros de trabajo sin ningún protocolo; la epidemia ya estuviera extendida a toda esa zona.

Dos lecciones de estos ejemplos: uno, los trabajadores deben mostrarse intransigentes y exigir que se cumplan las normas sanitarias en cualquier lugar, y más en estos tiempos, si existe el mínimo riesgo. Dos, las autoridades deben responsabilizar con todas las consecuencias establecidas en la ley, a las empresas que, por sus intereses, estén presionando para reabrir, porque de otra manera, a falta de vigilancia y de inspectores para cada caso que reinicie actividades, ambos estarán asumiendo una seria responsabilidad. Debemos evitar a toda costa que también se repita el caso de un empleado de Elektra, que pertenecía a una entidad dedicada al outsourcing, a quien presionaron tanto para que fuera a trabajar, aun enfermo del virus, que murió sin recibir ninguna ayuda o apoyo para él o su familia. Y todo por no tener una organización sindical seria y responsable que protegiera sus derechos fundamentales.

Existe otro caso que también demuestra que las empresas, sobre todo las consideradas más grandes, no toman en serio las consecuencias de la pandemia de Covid-19, ni obedecen lo que establecen las autoridades, ni lo que incluso está contemplado en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución, que inevitablemente se refleja en el cumplimiento de las leyes sanitarias. Los trabajadores de la mina de Francisco I. Madero, en el estado de Zacatecas, cuyo dueño es el Grupo Peñoles, de Alberto Baillères, decidieron hacer un paro de labores porque la compañía no quería pagar lo que les correspondía por concepto de reparto de utilidades, ni tampoco quiso reconocer el derecho de los trabajadores a escoger a la organización sindical que ellos habían elegido porque estaban cansados de las traiciones de un sindicato charro, sometido total e incondicionalmente por Peñoles, pero además porque así está establecido en la nueva Ley Federal del Trabajo, la cual señala que los trabajadores pueden ejercer su voto libre, personal y secreto para elegir a la organización sindical a la que ellos desean pertenecer y a sus líderes, y no que se los impongan.

El Grupo Peñoles respondió en forma ilegal cerrando la mina, con tal de no reconocer ese derecho a la libertad de asociación de los trabajadores. Envió a su casa a más de 500 personas, sin ninguna consecuencia legal o política en contra de la empresa. Ésta argumentó que los precios de los metales estaban bajos y que el mercado es complicado, de lo cual pareció ser que no se habían dado cuenta hasta que los trabajadores iniciaron una huelga en señal de protesta, pero sobre todo tomaron la decisión de aplicar el derecho a la libertad de asociación, garantizado en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo que el gobierno de México tiene firmados como obligación desde hace muchos años.

Estos casos contradicen la buena fe y la disposición de los funcionarios gubernamentales, lo cual es un gran factor de riesgo cuando se aplica a las situaciones sanitarias, pero también exhiben la arrogancia, la prepotencia y la impunidad con la que actúan los integrantes del poder económico que se sienten intocables y a salvo de sus obligaciones para cumplir con la ley, con México y con los mexicanos.

 

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