El sentido y las consecuencias del neoliberalismo, entendido de modo llano como el predominio prácticamente exclusivo de los criterios del mercado en el extenso campo de las condiciones económicas y sociales, está, como bien se sabe, abiertamente cuestionado. Corresponde, ese sistema, a procesos sociales complejos que representan un armazón que se ha tornado altamente conflictivo. Las manifestaciones de ese conflicto son múltiples.

La propuesta del gobierno para acometer el cambio que proclama ha sido expuesta de modo claro y reiterado en numerosas ocasiones, con declaraciones y actos de gobierno. Pero eso no es necesariamente suficiente para superar un estado de cosas que no puede sostenerse como estaba. Y me refiero explícitamente a como estaba antes de las elecciones de 2018 y también a como estaba antes de la pandemia del coronavirus.

Hasta ahora ha sido explícita la opción que el gobierno está imponiendo. Y eso es lo que debería ser motivo de discusión puesto que, por la misma naturaleza de esta sociedad, que no es monolítica, la política pública no puede tener una dirección unilineal. Tampoco, ciertamente, las acciones del sector privado.

Más allá de las profundas convicciones políticas que se expresan en las declaraciones y en las decisiones del gobierno, siempre existen cuestiones de índole concreta y práctica que exigen la amplitud de miras, más ahora que se profundiza una crisis social y económica en medio de la pandemia.

Que la atención se centre de modo privilegiado en las condiciones de la población más vulnerable es muy comprensible, que lo haga de manera exclusiva puede acabar por convertirse en otra forma de injusticia, añadida a la que se quiere enfrentar. En este caso las decisiones normativas se hacen más relevantes, pero igualmente más enredadas.

Como en todas partes del mundo, la actividad económica en el país se ha desplomado por el confinamiento y las consecuencias de la pandemia. Un asunto que se revela como esencial para atajar los contagios, los fallecimientos y el colapso de los servicios de salud es el comportamiento social. Por diversas razones, desde la exigencia de la necesidad de supervivencia que tienen la mayoría de los mexicanos, hasta la mera imprudencia de otros en la convivencia con los demás, esto no está ocurriendo. Esto no puede más que complicar las cosas, sobre todo en la medida en que no se conoce suficientemente cómo se desenvuelve el virus y los posibles rebrotes infecciosos.

Un efecto directo y muy nocivo de la caída de la actividad económica es el descenso abultado y rápido del empleo. Se trata del empleo formal, registrado en el IMSS y que arrastra la pérdida de servicios y prestaciones correspondientes. Se estima, hasta ahora, que el número de desempleados podría ser del orden de 2 millones, lo que equivale a 10 por ciento del total de los puestos de trabajo registrados en el IMSS (permanentes y eventuales).

Esto ocasionará un detrimento directo de las condiciones de alrededor de 10 millones personas, ya que su capacidad de recrear los ingresos está impedida. Son muchos hogares. El impacto negativo será muy severo en las condiciones del bienestar general, aunado a los millones de personas que trabajan en el sector informal. Debe aclararse cómo es que el gobierno planea crear 2 millones empleos en el resto del año: en qué actividades, de qué tipo, para quién, la duración y las remuneraciones.

Un número muy grande de empresas está muriendo, cosa que no puede tomarse a la ligera por sus repercusiones en el empleo, el ingreso y el patrimonio de muchas familias. Es del segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas del que está hecho buena parte del sustento económico en esta economía; menoscabarlo es un gran error. Es muy relevante que estemos claros acerca de la capacidad, o falta de ella, del gobierno para generar el empleo suficiente y con un nivel de ingreso que alcance.

La unilateralidad en la política pública, sustentada en una noción muy particular y controvertida de la austeridad, corre el riesgo de provocar un nuevo entorno de injusticia precisamente en el campo en que se centran hoy los esfuerzos más preciados del gobierno: reducir la desigualdad y elevar el bienestar social. Una aspiración legítima de todas las personas es vivir mejor y no debe coartarse aun en medio de esta grave crisis.

Para que la acción del gobierno sea efectiva, tal como debe ser por mero principio, se necesitan recursos. La austeridad como fuente de excedente tiene límites. El flujo constante y suficiente de recursos es una exigencia de todo ejercicio presupuestal. Se puede ajustar ya sea por el lado de los precios o el de las cantidades. La opción no es trivial.

Las cosas han cambiado de modo muy sensible. Este factor es clave para ajustar las visiones y las acciones de todos; en el caso de la mayoría, el margen es más bien estrecho o nulo y hay que ampliarlo. El uso de los recursos del gobierno tiene que adaptarse a esas condiciones cambiantes.

Hay verdades que son más evidentes en el lenguaje de la poesía. Luis de Camoes, el célebre poeta portugués (1524-1580) lo dijo claro:

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança todo o Mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades.

 

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