Ahora que hay una intención de combatir a la mafia que controlaba los espectaculares a favor del morenovallismo, el gobierno del estado y Morena tendrían que girar su atención hacia un caso que no está cerrado, que es el del exregidor panista Carlos Ibáñez Alcocer y de Óscar Jesús Parra Tay, quienes hace un año fueron exhibidos y expulsados de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SAOT) por presuntamente cobrar de entre 150 y 300 mil pesos por cada estudio de impacto ambiental que liberaban y fundamentalmente eran permisos para la colocación de grandes anuncios de propaganda electoral.

Sería muy importante que el gobierno revisara este caso debido a que se sabe que lo tenía activo la Secretaría de la Función Pública y que estaba a punto de ser consignado a la Fiscalía General del Estado, pero alguien con influencia política intervino y el asunto entró en fase de “espera”. Es decir, no se ha desechado, pero tampoco avanza debidamente.

Y en segundo lugar, porque se sabe que Carlos Ibáñez Alcocer –quien fue regidor del PAN durante el trienio de Eduardo Rivera como alcalde de la ciudad de Puebla– y Óscar de Jesús Parra Tay, estarían ya participando muy activamente en el grupo político de un conocido diputado federal que un día se asume como parte de la 4T, y al otro día, juega en contra de algunos gobiernos de Morena.

 

La historia de estos personajes es la siguiente:

Durante el morenovallismo se reformaron las leyes que norman el ordenamiento territorial para que la SAOT regulara los espectaculares en Puebla, mediante un perverso sistema en el cual esta dependencia únicamente otorgaba permisos para la colocación de esos anuncios a favor de los intereses morenovallistas y a un conjunto de empresas que crearon políticos que controlaron la Comunicación Social y la imagen del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

De esa manera, a los partidos políticos y candidatos a puesto de elección popular que eran incomodos al morenovallismo no se les daba derecho a tener espectaculares o se le cedía pocos espacios.

Y a los directivos de empresas dedicadas a la renta de espectaculares, pantallas o vallas publicitarias que no eran del grupo morenovallista, se les sometía a realizar pagos ilegales para obtener permisos.

En esta anomalía entran las figuras de Carlos Ibáñez y Oscar de Jesús Parra Tay, quienes siendo funcionarios del área de Calidad del Aire en la SAOT, la organización Aire Limpio Puebla –formada por propietarios de verificentros que les fueron despojados en la época de Moreno Valle como gobernador– los señaló de ser los presuntos operadores para hacer cobros indebidos a los propietarios de empresas dedicadas a la renta de espacios propagandísticos en la vía pública.

Se decía en la denuncia, que por cada liberación de un estudio de impacto ambiental se sospecha que cobraban coimas de entre 150 y 300 mil pesos.

Por esa razón, a finales de junio de 2019 ambos personajes fueron expulsados de la SAOT.

Se sabe que les iniciaron un proceso de investigación, que habría avanzado bien, pues estaba a punto de ser consignado ante la Fiscalía General del Estado.

Pero alguien ha frenado que se concreten los procesos contra quienes manejaban las mafias de los espectaculares.

Se confiesa la CDH: no le interesa el caso Chalchihuapan

El viernes en este espacio se advirtió que el actual ombudsman José Félix Cerezo Vélez es un invisible defensor de los derechos humanos, ya que nadie conoce o percibe su labor. Como parte de ese desempeño, desde hace seis meses, se niega a revisar el caso Chalchihuapan, que es el acto de represión más emblemático del morenovallismo.

Tal parece que esa actitud, es una forma de seguir protegiendo al temible Facundo Rosas Rosas, quien en su calidad de titular de la Secretaría de Seguridad Pública –en 2014– estuvo al frente del operativo en el cual murió el menor José Luis Tehuatlie Tamayo.

El ombudsman se sintió ofendido por esta columna y mandó una carta para supuestamente refutar al tecleador. Pero al final la misiva exhibe dos cosas:

Primero: confiesa que la Comisión de Derechos Humanos bajo un montón de argucias no va a revisar el caso.

Segundo: exhibe que se trabajo es invisible. No es capaz de exhibir algún logro. Todos son números engañosos.

Esta es la misiva:

Aurelio Fernández Fuentes

Director La Jornada de Oriente

Estimado director por este conducto me dirijo a usted de la manera más respetuosa en reconocimiento al trabajo de libre expresión y objetividad con el que siempre ha conducido a su medio de comunicación.

Aprovechamos para hacer de su conocimiento la presente carta aclaratoria ante la columna firmada por su colaborador Fermín Alejandro García, intitulada “NADIE SABE LO QUE HACE, LO QUE PIENSA Y CÓMO ACTÚA EL OMBUDSMAN POBLANO”, publicada en su periódico el 3 de julio de 2020.

Ante las diversas afirmaciones que se realizan en la publicación, entre las cuales se refiere sobre los hechos acontecidos en la población de Chalchihuapan, Puebla resulta pertinente realizar las precisiones siguientes:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) refrenda su compromiso con los derechos humanos de todas las personas de nuestra entidad federativa, tal circunstancia ha sido abanderada por la actual administración; llevando a cabo desde el 7 de noviembre de 2019, fecha en que tomó posición el actual presidente de este organismo protector de derechos humanos, al 5 de julio de 2020 un total de 4 mil 393 quejas, de las cuales, 1,183 han sido concluidas, ya que se ha logrado la restitución de los derechos humanos de las personas.

Con relación a los hechos acontecidos el 9 de julio de 2014, en la población de San Bernardino Chalchihuapan, donde un menor de edad perdió la vida, es de recordarse que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla inició las investigaciones de los hechos mediante el expediente 7735/2014C, por lo cual, personal de este Órgano constitucional autónomo se constituyó en el lugar de los hechos, recabando las quejas correspondientes y realizando las diligencias iniciales del caso.

No obstante, conforme las atribuciones conferidas a la persona titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 30 de agosto de 2014, se determinó declarar como violación grave a los derechos humanos, así como ejercer la facultad de atracción de las investigaciones iniciadas por el organismo estatal, incoándose el expediente CNDH/1/2014/4555/Q/VG donde inició la investigación conducente, situación que fue notificada en tiempo y forma a las personas involucradas. Una vez atraída dicha investigación, la CDH Puebla dejó de tener facultades para intervenir en el asunto, por lo que la CNDH asumió a cabalidad la integración e investigación de los hechos que sirvieron de sustento para resolver las violaciones a los derechos humanos de las personas agraviadas.

En ese sentido, el 11 de septiembre de 2014, la CNDH emitió la Recomendación 2VG/2014, donde se determinó que existían elementos necesarios para afirmar las violaciones a los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas. Con lo cual, una vez descritas las actuaciones que llevó a cabo la CNDH por medio de su Primera Visitaduría General, de manera específica se suscribieron los puntos recomendatorios al Gobernador del estado donde se requiere la reparación integral a las víctimas directas e indirectas.

Derivado de lo anterior, la CNDH abrió el expedientillo de seguimiento de la Recomendación para observar el cumplimiento de todos y cada uno de los puntos recomendatorios, en el entendido de que en su momento la autoridad responsable aceptó la recomendación formulada, reiterando que en dicho proceso no existió intervención de la CDH Puebla.

El 21 de noviembre de 2019, en la CDH Puebla se recibió el escrito de una de las personas señalada como víctima en la citada Recomendación, es por ello que la CDH Puebla abrió el expediente 7433/2019, mismo que una vez analizado el contenido de dicho escrito, se observó que, entre otras manifestaciones requería la reapertura de las investigaciones y señalaba omisiones y hechos relacionados que considera violatorios a sus derechos humanos que no fueron contemplados en la Recomendación de la CNDH.

Consecuentemente, una vez descrita la situación en la que se encuentra el caso, resulta óbice para esta CDH Puebla, revisar el asunto ya determinado por la CNDH, ya que una vez emitida la declaración de violación grave a los derechos humanos y asumida la facultad de atracción del expediente de queja, aunado a que este organismo estatal no cuenta con atribuciones legales para tal efecto, la institución que debe conocer de una reapertura, de omisiones, o bien sobre hechos nuevos relacionados con el caso que nos ocupa, estrictamente es competencia la CNDH, tal y como lo señala el artículo 108 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que a la letra señala: Artículo 108. (Reapertura del expediente de queja) En los casos en que un quejoso solicite expresamente la reapertura de un expediente de queja o se reciba información o documentación posterior a la conclusión de un expediente de queja, de la cual se advierta una presunta violación a derechos humanos, el visitador adjunto analizará el asunto en particular y presentará un acuerdo razonado al visitador general para reabrir o negar la reapertura de dicho expediente.

En todo caso, la determinación correspondiente se hará del conocimiento del quejoso y de la autoridad señalada como responsable, si a ésta se le pidieron informes durante la integración del expediente de queja.

Finalmente le manifestamos que la CDH Puebla actúa bajo estricto cumplimiento de la ley, realizando el mayor esfuerzo para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas.

Sin más por el momento y con fundamento en lo establecido por la Ley Reglamentaria del Artículo 6, párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica; solicito, en ejercicio de tal derecho, se haga la aclaración y publicación de la presente en su medio de comunicación.

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