El proyecto tren que llaman maya está en curso y el director de Fonatur despliega su estrategia para burlar el derecho de los pueblos indígenas. Como sabemos, hay organizaciones mayas y de derechos humanos que realizan acciones de resistencia jurídica y política, y denuncian el impacto del proyecto contra sus territorios, a través de los llamados polos de desarrollo que lo acompañan y cuyo énfasis se omite en la etapa en curso. También un conjunto de autoridades ejidales se han prestado a apoyar este proyecto en nombre de comunidades que no necesariamente están informadas de los compromisos asumidos por aquéllas. Ello fue evidente en el proceso de la llamada consulta realizada a finales del año pasado, donde sin una participación significativa y sin información previa y suficiente sobre el impacto positivo y aun el negativo del proyecto, se anunció que se obtuvo el consentimiento. La oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU dio cuenta de que en ese ejercicio no se cumplió con los estándares internacionales en torno al derecho de consulta. Con ese supuesto aval se siguió con las licitaciones y adjudicaciones y las empresas ganadoras participaron con el titular del Poder Ejecutivo, en el llamado banderazo al Tren Maya. El panorama es muy complejo para las comunidades y organizaciones opositoras. Enfrentan enormes desafíos, más aún con la pandemia, para movilizarse e informar a comunidades, pero también en el plano jurídico, pues pareciera que en el Poder Judicial se está configurando un patrón, pues lo que se dice en los juzgados de distrito, el colegiado cede en favor de Fonatur y restringe los impactos de las suspensiones inicialmente definidas en tres juicios de amparo. Sin embargo, ya lo están denunciando e incluso la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares; también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Dado que el proyecto del Tren Maya no se ha dado a conocer ni aun antes de la consulta simulada, recientemente se cuenta con evidencias oficiales sobre la estrategia, aún parcial, de Fonatur, sólo referida al tren en su fase I. La dependencia decidió presentar la manifestación de impacto ambiental (MIA) ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de Semarnat, pese a que esta secretaría le había otorgado una exención, pues supuestamente sólo realizaría mantenimiento de vías antiguas y con derecho de vía previo.

En la MIA fase I, dividida en tres tramos: 1) Selva 1: Palenque-Escárcega; 2) Golfo 1: Ascárcega-Calkiní; 3) Golfo 2: Calkiní-ANP Cuxtal, y Golfo 2a: ANP Cuxtal-Izamal. Se reconoce que ya no es sólo mantenimiento y se incluyen los árboles que sí serán cortados, pues en los 631.25 kilómetros de recorrido construirá 13 estaciones ferroviarias, 146 pasos vehiculares, 24 viaductos, tres bases de mantenimiento, un taller de mantenimiento, 40 pasos de fauna, obras de drenaje y dos estaciones de carga en Candelaria y Campeche. El documento está plagado de declaraciones y en el caso de los derechos indígenas los transforma en auténticos discursos retóricos y regresivos. Transcribe los instrumentos internacionales, la norma constitucional del artículo 2, las de las constituciones de las cinco entidades que impacta el proyecto y sus leyes estatales y en todas ellas ofreció respeto y enumeró que existen mayas, tzeltales, ch’oles, tzotziles y otros, de los estados de Chiapas, Tabasco,Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estos discursos vacíos no reconocen el derecho de libre determinación y autonomía y en cambio reflejan un auténtico retrato racista y discriminador. Vea­mos: Fonatur está consciente de que la protección a los pueblos y comunidades indígenas constituye la protección a un grupo vulnerable o minoría, es decir, a un grupo inferior en número que los coloca en una posición que no domina y de inferioridad, con difícil desarrollo de su economía y que ha permanecido conservando sus rasgos que los caracterizan a través del tiempo como su cultura, raza y costumbres; buscan mantener su diferencia frente a la mayoría (III. p. 438). No pueden decir que esta postura fue error de dedo, como argumentaron respecto a su frase “el etnocidio puede tener un giro positivo, el ‘etnodesarrollo’” y luego corrigieron: el etnocidio tiene un opuesto positivo, el etnodesarrollo, concepto que refirió a políticas públicas que superaban a la asimilación o integración, pero siempre fue ajeno a las luchas históricas indígenas. Más: no parece prueba de buena fe la alusión en la MIA a los resultados de una encuesta, donde la gran mayoría indígena negó que existan autoridades tradicionales y reconocen como autoridades a las institucionales como presidentes municipales y comisariados ejidales. ¿Su apuesta es el etnocidio?

 

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