El artículo de la semana pasada, que algunos parodiaron como "comunicación o muerte", sólo quiso ser una descripción de cierto costumbrismo político local en el que, por ejemplo, una señora anticuarentena alardeó en la tele su consumo de una sustancia tóxica para combatir la peste, y teniendo sólo un punto de rating consiguió que todo el país, y en particular medios amigos del gobierno, reprodujeran ad infinitum su delirio.

 

Ya una semana antes, puñaditos de cretinos se habían opuesto a la reforma judicial iniciada por el Gobierno, y fueron medios amigos los que más reprodujeron las necedades de una dizque manifestación en la que había más automóviles que personas. Lo mismo que sucede cada vez que una flaca movilización de la ultraderecha porteña intenta "copar" la Plaza de Mayo con algunos centenares de fanáticos, o cuando los cacerolazos apenas se oyen en media docena de barrios, de los 48 que tiene Buenos Aires. 

La verdad es que asombra que cada vez que salen a la calle grupetes tan escasos de manifestantes, ahí están los medios progubernamentales dándoles pantalla mientras los mentimedios se dedican a socavar al Gobierno con infamias y mentiras. Nadie inteligente podría decir que tal cuadro no es estúpido, y sobre todo letal para una democracia que se juega la vida en conflictos económicos y sociales gravísimos.

Y sanitarios, también, y no sólo por el agravamiento de los contagios de la peste, sino por la tontería de seguir tolerando mansamente el doble discurso y las mentiras del Sr. Rodríguez Larreta, intendente porteño responsable de que porcentualmente los contagios y muertes por coronavirus en su distrito sean muchísimos más, en relación a la cantidad de habitantes, que los de la provincia de Buenos Aires.

Y para colmo, mientras los medios oficiales siguen en la Luna de Valencia, el Gobierno carece por completo de política comunicacional, y la maravilla democrática que es la Televisión Digital Abierta (TDA), iniciada en el gobierno de Cristina Kirchner en 2009, agoniza estúpidamente.

En este contexto es además notable el poco desarrollo que está teniendo una muy preocupante información que circula más sotto voce que a voz en cuello, respecto del peligro de convertir a la Argentina en un chiquero gigantesco. Y no es metáfora, ni lo es que huele feo esta cuestión, como no corresponde culpar a los chanchos.

La vieja idea romántica de ser nuestro país “el granero del mundo” ahora se resignifica en un negoción que parece inminente y que ­-–se dice en algunos mentideros–- acaso involucraría nada menos que al canciller Felipe Solá. Nada está probado y es de esperar que él mismo se apresure a desmentir que es uno de los promotores o facilitadores del acuerdo con la República Popular China que nos convertiría en una especie de granja gigante al servicio de la industria alimentaria de aquel país que ya pinta como nuevo hermano mayor del mundo. Claro que mientras se espera la desmentida, algunos memoriosos y escépticos que nunca faltan recuerdan que fue Solá, precisamente, quien en 1996, hace 24 años y siendo secretario de Agricultura de Carlos Menem, autorizó el ingreso de la soja transgénica al país tras un trámite express de menos de tres meses y en base a informes de la propia empresa productora, Monsanto.

Fue a partir de entonces que se multiplicaron los desmontes y desalojos de comunidades y productores agrarios, a la par que rápidamente aumentaba el uso de glifosato en nuestro territorio, hoy ya en estado de desastre ambiental. Aquel cambio, ahora se sabe, fue letal para la agricultura argentina, reorientada al monocultivo y obligada al consumo anual de cientos de millones de litros de glifosato.

Lo cierto es que ahora dicen los que saben que hay exceso de cerdos en este país, lo que, verdad o no, no debería derivar en reconvertirnos en país monoproductor de estos animales. Lo que la Argentina necesita, en todo caso y es obvio, es industrializarse nuevamente y en condiciones favorables a los intereses nacionales y del pueblo argentino. Por suerte hay ya productores de la actividad porcina en alerta.

Claro que además de una cuestión de producción y exportación que quién sabe qué beneficios dejaría al país y a la castigada sociedad argentina, lo seguro es que puede producir un nuevo desastre ambiental y sanitario. Dicen algunos entendidos que la Argentina no está preparada para convertirse en súperexportadora de cerdos y menos cuando más de la mitad de la población no tiene, literalmente, qué comer. Y mitad que componen bastante más de 20 millones de compatriotas, de los cuales datos de estos días dicen que por lo menos 8 millones son niñas y niños hambreados.

En ese contexto, además, y aunque puedan parecer exageraciones, hay runrunes del sector porcino y en particular de granjeros pequeños y medianos productores de carne de cerdos, que denuncian que la formación de precios en el sector sigue dependiendo de procesos concentrados en los que la intervención y control del Estado han sido borrados y son casi inexistentes.

Cuando las calamidades se suman en este país que amamos y padecemos, todo rumor se magnifica- –es sabido–- y por eso acaso sea exagerada la especie circulante de que es inminente un acuerdo con China para instalar 25 megafactorías de cerdos en nuestros pueblos. Las opiniones están divididas, pero ya algunos protagonistas sospechan de la velocidad que se aplicaría al proyecto, que les recuerda a las prisas de 1996. Una nota en este diario, días atrás, fue esclarecedora al respecto. 

En estos contextos, se comprende fácil el fastidio popular ante el hipercapitalismo neoliberal que cada dos por tres le toma el pelo a la sociedad. Por eso la cuestión de una nueva Constitución Nacional que vuelve a agitarse intramuros no es, para nada, una ocurrencia caprichosa. Está cada vez más claro que algunos no erramos hace 18 años, cuando en 2002 desde El Manifiesto Argentino empezamos a reclamar la urgencia de una nueva Carta Magna y la reformulación radical del Sistema de Justicia y de la Corte Suprema. Cierto que a veces los procesos de cambio llevan años. Pero igual de cierto es que los tiempos políticos y sociales no deben dejarse pasar, a riesgo de consecuencias gravísimas para la paz y la democracia. Bueno sería que nuestro presidente lea y medite esto. 

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