En el estado de Jalisco reverbera el racismo a la mexicana. Cuando en 2018, integrantes del Consejo General del Pueblo Indígena de San Juan de la Laguna fueron al Ayuntamiento de Lagos de Moreno a preguntar por el proyecto de la empresa Gas Natural del Noreste, que quería instalar tubería subterránea en su territorio, la entonces titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, Celia Gómez Rodríguez, les gritó: “¡¿Ustedes qué vienen a reclamar acá?! ¡Indios mugrosos!”.

La expresión racista tiene una raíz histórica local pero a la vez una dimensión nacional actual, expuesta en la forma en la que el Estado mexicano menosprecia los conflictos por la defensa de recursos naturales y del territorio de pueblos indígenas, afrodescendientes y de mestizos pobres.

En este caso, las autoridades del Ayuntamiento de Lagos de Moreno no solo despreciaron al Consejo General del Pueblo Indígena del lugar por su identidad, también han buscado negarla para menoscabar sus derechos. La versión histórica oficial del gobierno de Jalisco, dice que el pueblo fue fundado por gente de la lejana zona de Tlaxcala, llevada por los españoles en el Siglo XVI, por lo que no es nativo de la zona.

Pero los ancianos del Consejo reivindican un origen chichimeca —uno de los pueblos originarios de la región que hoy es Jalisco— y me mostraron documentos originales de principios del siglo XVII, que registran diversas gestiones administrativas, entre estas, la solicitud de reconocimiento de su territorio y que los identifica como “naturales” del lugar.

Uno de los ancianos del Consejo, don Leonardo Ortega Nolasco, relató que, en la defensa de su territorio, sus antepasados “fueron colgados, asesinados, matados”.

Las obras del gasoducto han continuado con dos gobiernos de distintos partidos a pesar de no contar con la autorización del pueblo, no tener los permisos correspondientes, y que el Manifiesto de Impacto Ambiental mostrara una ubicación geográfica distinta, me dijo Paúl Martínez, un joven periodista e integrante del Consejo.

Las autoridades actuales, por ejemplo, se negaron a asistir a una asamblea comunitaria porque quienes la convocaban no hablaban una lengua originaria ni portaban ropa tradicional. Pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha intervenido y validó la adscripción indígena del pueblo, así como sus derechos a la información y a la consulta sobre las decisiones tomadas en su territorio, plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En protesta por los atropellos, el Consejo instaló un campamento para frenar las obras del gasoducto, realizó manifestaciones, y denunció la detención arbitraria de tres de sus integrantes, entre ellos Martínez. Los encarcelaron un día y los liberaron tras la presión popular.

Al final, la gasera instaló 3.5 kilómetros de tubería en su territorio, por lo que el Consejo valora emprender acciones jurídicas para desactivar o desmantelar el gasoducto.

El trato racista del ayuntamiento contra el pueblo de San Juan Bautista de La Laguna no es una pugna aislada y local. Si miramos de cerca al municipio —y al estado al que pertenece— descubriremos que entrevera orígenes ancestrales del racismo a la mexicana que aún perduran.

Protestas del Consejo General del Pueblo Indígena de San Juan de la Laguna, en el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, en contra de un gasoducto de la empresa Gas Natural del Noreste. (José Aldana)
Protestas del Consejo General del Pueblo Indígena de San Juan de la Laguna, en el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, en contra de un gasoducto de la empresa Gas Natural del Noreste. (José Aldana) (José Aldana)

Racismo histórico

Lagos de Moreno y 19 municipios más dan vida a la emblemática región jalisciense de Los Altos, que ha nutrido una imagen popular de lo considerado “mexicano” inspirada en los charros y el mariachi, enalteciendo un fenotipo blanco europeo y negando con fuerza su herencia indígena y negra.

En 1992, durante la conmemoración por los 500 años del “descubrimiento” de América, el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, llevó ahí a los reyes de España. En el lienzo charro local vieron las suertes a caballo de las charreadas, declaradas por el gobierno deporte nacional hace 70 años.

En Los Altos se ven personas blancas de cabello rubio (güero, en mexicano), ojos claros y talla alta. Es quizá la zona del país en la que es más evidente este fenotipo. Estas conforman el llamado “orgullo alteño”, nutrido por la creencia de que tienen sangre española, francesa y austriaca.

En México, la tonalidad de piel más blanca facilita la inclusión social, el acceso a la riqueza y el crecimiento laboral y educativo. En la encuesta oficial sobre discriminación, Jalisco tiene el noveno lugar nacional de prevalencia debido al tono de piel, los rasgos, la vestimenta, la clase social, las creencias religiosas y la orientación sexual. Pero cuando se puso el foco solo en las mujeres, el estado escaló al tercer lugar.

Lo paradójico es que los antepasados de Los Altos son predominantemente indígenas, no europeos, y también tienen herencia africana, de acuerdo al antropólogo Alfonso Reynoso Rábago, de la Universidad de Guadalajara.

Es por eso que en Los Altos también pueden verse personas con tonalidades de piel morena, con el pelo grueso y la nariz ancha, aunque han sido excluidas y borradas del “orgullo alteño”.

El investigador revisó una muestra de 12,849 registros bautismales de los años 1618 a 1821, archivados en las cuatro parroquias católicas que hubo en Los Altos durante la Colonia. En cada registro eclesial quedó consignada la “calidad racial” infantil, pues el orden colonial estaba jerarquizado por el color de la piel, y la más valiosa era la blanca europea.

Reynoso Rábago encontró que en Los Altos la “calidad racial” de 37.8% registros bautismales fue indígena, 32.6% española y, en proporción similar, 14.1% mestiza (mezcla indígena/española) y 13.9% mulata (mezcla española/africana); 1% correspondió a otras mezclas, y 0.06% a personas africanas no mezcladas.

Al hacer el desglose por los actuales municipios, la ascendencia indígena en Lagos de Moreno (41%) fue mayor que la mestiza (24%), mulata (14%) y española (13%). Solo Tepatitlán registró una mayor “calidad racial” española (60%), por sobre la indígena (18%), mulata (17%) y mestiza (14%).

Su estudio —aún no finalizado— revela cuáles son las raíces ancestrales de la población mexicana de la zona y ayuda a ponderar expresiones racistas y clasistas coloniales persistentes en México.

La “calidad racial” tiene cierta vigencia en Los Altos. Algunos conocidos de Reynoso Rábago, de clase acomodada y fenotipo blanco, se hicieron exámenes de ADN para rastrear sus orígenes europeos pero, con enojo y pasmo, constataron que también llevan genes indígenas y africanos. 

“Es que a las familias más blancas no les gusta ‘bajar’ el color, incluso le llaman ‘color bajo’ al color de piel oscuro”, explicó el investigador.

Sin embargo, no toda la gente alteña blanca piensa así. El charro Jorge Alberto de Alba, dueño del Rancho El Rebozo, expresa: “Sí hay mucha arrogancia, en mi familia hubo quien fue a investigar sus antepasados a España, pero qué pudo venir de allá a aquí, solo gente necesitada, sin capacidad económica”.

El historiador Carlos Gómez Mata, autor del libro Los negros de Santa María de los Lagos, asegura que “dondequiera que el europeo pisó el suelo novohispano estuvo presente el negro africano” traficado en esclavitud. Incluso en la villa de Santa María de Lagos, fundada en 1563, aunque haya sido constituida como “un islote blanco, incólume, rodeado de masa cobriza, negra, y de los matices que de esta surgieron, como el zambo y el lobo”.

En Jalisco no se necesita ir a Los Altos para constatar el orgullo por la herencia europea y el menosprecio por la indígena y afrodescendiente. Estuve en parte de la gira que la nahua María de Jesús Martínez, conocida como Marichuy, realizó en el país cuando buscó ser candidata presidencial independiente en 2018. Por el racismo no consiguió las firmas que requería para su registro electoral. Y si bien tuvo eventos con gran respuesta popular, el realizado en su propio pueblo, Tuxpan, Jalisco, tuvo apenas un puñado de asistentes.

Protestas en San Juan de la Laguna, Jalisco, por la instalación de un gaseoducto de la empresa Gas Natural del Noreste. (José Aldana)
Protestas en San Juan de la Laguna, Jalisco, por la instalación de un gaseoducto de la empresa Gas Natural del Noreste. (José Aldana)

La lucha por el territorio

En junio de este año, policías municipales propinaron una golpiza mortal al joven albañil Giovanni López, en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, por la acusación falsa y banal —según su familia— de no portar cubrebocas, lo cual contravenía una disposición estatal por la pandemia de COVID-19. Su muerte detonó protestas en la capital del estado, Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país después de la Ciudad de México, con una furia no vista en Jalisco. Fueron aplastadas con más detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violencia policiaca.

En el caso de la posible ejecución extrajudicial de Giovanni López, el racismo no fue visto por la opinión pública como el disparador de la brutalidad policiaca. Pero en opinión del antropólogo zoque Fortino Domínguez, Giovanni fue “racializado”, es decir, estigmatizado y criminalizado no solo por ser moreno, sino por ser pobre y vivir en una población rural, lo que también posibilitó la impunidad policiaca.

Igual de racializada fue la juventud que participó en las protestas, pues en las redes sociales hubo comentarios que señalaron que era foránea porque lucía “como morena”. Tal racialización, explica Domínguez, está entretejida con el clasismo. Un ejemplo evidente fueron los arrestos de familias nahuas que solían pasear los domingos en un parque de una colonia adinerada de Guadalajara, realizados a petición de los vecinos en 2003.

Domínguez indica que el racismo en México no solo comprende actos de discriminación por el color de la piel, también sostiene una estructura de poder de origen colonial capitalista: “Las instituciones del Estado-nación mexicano son las que ejercen el racismo institucional y al mismo tiempo gestionan el privilegio al blanco”.

Si bien en Estados Unidos las expresiones más evidentes de racismo institucional han sido los casos de brutalidad policiaca contra personas negras, en México también se relaciona con la defensa de recursos naturales y del territorio. El racismo tiene una veta ambiental.

Sharlene Mollett, investigadora afrofeminista de la Universidad de Toronto, en su ensayo Race and Natural Resource Conflicts in Honduras, escribió: “Toda lucha por recursos naturales es una lucha racial”. Según Víctor Toledo, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en México hay más de 500 conflictos comunitarios contra megaproyectos, en defensa de sus recursos naturales y contra el despojo de sus territorios. Dichas resistencias son hoy la cara más elocuente del movimiento antirracista mexicano.

Yoalli Rodríguez, estudiante del doctorado en la Universidad de Texas, en Austin, definió en entrevista al racismo ambiental como “las formas en las que poblaciones racializadas (indígenas y afrodescendientes) son expuestas a deterioro ambiental por contaminación, toxicidad y al despojo de sus territorios, y en general, no tienen acceso a la justicia ambiental”. El racismo ambiental, agregó, impone megaproyectos en “beneficio de la población dominante de México: blanca y mestiza, de clase media y alta, y esto no es una coincidencia”.

Eso le quedó claro al Consejo General del Pueblo Indígena de San Juan de la Laguna, que a pesar de haber realizado diversas solicitudes de información a instancias municipales, estatales y federales, aún desconoce el tamaño de los intereses que posibilitaron que la gasera atravesara su territorio.

El racismo en Jalisco explica el racismo de todo México. Si bien en Estados Unidos, y el mundo, la pandemia del COVID-19 menguó las oleadas de protestas y las discusiones antirracistas, el predominio del racismo estructural global augura su resurgimiento. La sociedad jalisciense, y la mexicana toda, atrapadas en su cotidianidad racializada y clasista, tendrán que decidir si se liberan o no de la misma.

Nota del editor: En una versión previa se señalaba al historiador Carlos Gómez Mata con el nombre de Alfonso.

 Laura Castellanos  es una periodista independiente mexicana que escribe sobre resistencias de pueblos originarios contra megaproyectos. Es autora del libro ‘Crónica de un país embozado 1994-2018’.

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