El esqueleto de un cadáver que apareció en agosto en un cangrejal cerca del mar en la provincia de Buenos Aires respondió a la pregunta que muchos argentinos se hacían hace meses: ¿dónde está Facundo Astudillo Castro?

El joven de 22 años salió de su hogar el 30 de abril, en plena cuarentena por el coronavirus —cuando la circulación se restringía de manera severa—, con la intención de reencontrarse con su exnovia en Bahía Blanca. Nunca llegó, y en la última imagen con vida, Astudillo Castro está parado frente a un patrullero de la policía de la provincia de Buenos Aires. La policía de la provincia fue apartada de la investigación por sospechas de involucramiento en la desaparición del joven. Los familiares de Astudillo Castro han denunciado reiterados hechos de intimidación policial.

Aunque la investigación sigue su curso, hay una realidad de fondo: los excesos de las fuerzas de seguridad en Argentina son frecuentes. Pero suelen generar un titular y poco más. Algo distinto sucede cuando desaparecen personas. Ese crimen lleva a los argentinos a las calle. Reclamos constantes por el paradero de Astudillo Castro —principalmente virtuales, en contexto pandémico— llegaron hasta el presidente Alberto Fernández, quien le prometió a la madre del muchacho que de estar involucrada la policía no sería encubierta.

La reacción popular contra las desapariciones es el legado de la dictadura cívico militar que entre 1976 y 1983 secuestró y mató en prisiones clandestinas a más de 30.000 personas. El informe detallando estas cuantiosas violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad se tituló “Nunca más”, y la frase terminó encapsulando para los argentinos el trauma causado por el crimen de la desaparición forzada.

Pero el apego argentino a los derechos humanos puede ser muy específico. Cuando aparecen los cadáveres, muy a menudo decae el clamor. Nuestra obsesión es el desaparecido, las victimas de otras violaciones de derechos humanos despiertan menos furia. Pero deberíamos seguir indignados: especialmente en un momento en el que el uso excesivo de la fuerza de policías y fuerzas de seguridad ha provocado exigencias de reforma en países del continente, incluyendo Estados Unidos, Colombia y México. En Argentina también debemos exigir esos cambios, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde el año pasado al menos 134 personas fueron víctimas de la violencia policial.

El caso de Astudillo Castro ejemplifica cuerpos de seguridad —en la provincia y el país— que rutinariamente cometen excesos violentos, en el contexto de la cuarentena pandémica y también mucho antes. Y también es un ejemplo más de la crisis de credibilidad de la policía en un país donde solo un 38 por ciento de la población confía en la institución.

La policía forma una parte de un sistema de políticas de seguridad y crimen en la provincia que se basa en altas tasas de encarcelación de la población más pobre en condiciones deplorables que vulneran sus derechos humanos. La tortura es práctica común en los centros penitenciarios, según la Comisión Provincial por la Memoria.

El problema de la provincia es parte de una violencia policial que se repite en diferentes localidades de Argentina. Amnistía Internacional catalogó por lo menos 30 episodios en casi una decena provincias de violencia institucional desde el comienzo de la cuarentena por el coronavirus. En mayo la policía provincial de Tucumán mató a disparos a un hombre en un operativo y tiró el cadáver en el monte. En otro, policías en la provincia de Chaco entraron al hogar de una familia indígena qom, golpearon y torturaron a sus integrantes.

La cantidad de casos graves en este tiempo en Argentina exponen un problema estructural de altos niveles de violencia estatal de larga data, advierte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Un informe de 2018 de las Naciones Unidas muestra un patrón de violencia policial estructural en el país, particularmente dirigido hacia poblaciones indígenas y pobres. Ese patrón incluye la práctica cotidiana del hostigamiento, detenciones no registradas, allanamientos violentos e irregulares y el uso abusivo de la fuerza. Para el CELS, el conjunto de prácticas conforma “un repertorio de intervenciones policiales violentas y extremas” que son posibles en buena media porque “el trabajo policial está degradado”.

El trabajo policial en Buenos Aires es mal pagado y de poco prestigio. La policía bonaerense acusada de matar a Facundo Castro tuvo un sangriento historial en la última dictadura y graves casos de corrupción en los años posteriores. Sucesivos gobiernos democráticos pusieron énfasis en reformar las Fuerzas Armadas en respuesta al legado largo de dictaduras. Pero los intentos de cambiar las fuerzas de seguridad públicas bonaerenses fueron implementados de forma parcial y cambiante y con poco éxito a nivel sistémico. En años recientes se favorecieron políticas de mano dura que para algunos expertos empeoraron aún más la crisis de violencia estatal. El resultado es una enorme fuerza —90.000 efectivos— que trabaja de forma poco eficaz y que aumenta la misma inseguridad que debe combatir.

 
Integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires se manifestaron para pedir mejoras salariales a inicios de este mes.
Integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires se manifestaron para pedir mejoras salariales a inicios de este mes.Credit...Juan Ignacio Roncoroni/EPA vía Shutterstock

Este mes, días después de que apareciera el cadáver de Facundo Astudillo Castro, la policía bonaerense llevó a cabo una preocupante protesta —en la cual participaron efectivos uniformados, con armas reglamentarias y con patrulleros— afuera de la residencial presidencial en reclamó de mejoras salariales. La protesta logró rápidamente un aumento de sueldo para los policías, pero las cuestiones estructurales de fondo recibieron menos atención y son urgentes.

El sistema de seguridad se ha convertido en un violador serial de derechos humanos en la Argentina democrática, y la complejidad del problema desafía soluciones sencillas.

Expertos en seguridad y policía sugieren crear organismos de control capaces de llevar adelante protocolos de actuación policial con criterios claros. Otros señalan la necesidad de valorar el trabajo policial, para reducir sus prácticas criminales. Cualquier medida efectiva requerirá de compromiso político, en un momento donde el gobierno lucha por sobrevivir en un doble frente de combate: el coronavirus y recesión económica.

Pero esto no debería detener a los argentinos comprometidos con los derechos humanos de hacer una nueva pregunta: ¿Cómo hacemos para que no ocurran nuevos casos como el de Astudillo Castro?

Jordana Timerman es editora del Latin America Daily Briefing.

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