Ayer le decía que el gobierno de Luis Miguel Barbosa no tenía un compromiso serio con el combate a la corrupción y que su gestión estaba siendo omisa para investigar y sancionar abusos cometidos por funcionarios en funciones.

Un caso que ilustra lo anterior es el contrato suscrito por la administración estatal con la empresa jalisciense Intecproof SA de CV, a la cual le adjudicaron en 773 millones 693 mil pesos el programa Monitor Vial y las llamadas fotomultas.

La empresa, que cobrará en 36 meses cuatro veces más que lo que se pagó a Autotraffic SA de CV en 6 años, ha venido incumpliendo sistemáticamente con lo que se le contrató y no se le rescinde el contrato ni se le penaliza en términos del anexo 4 de la licitación pública nacional LPN GESAL-053-824/2019.

Y eso es corrupción o por lo menos negligencia.

Según el millonario contrato que se firmó, Intecprof debía instalar 157 monitores de detección de exceso de velocidad y 157 equipos de reconocimiento automático de matrículas.

Las 314 cámaras tendrían que haberse instalado a más tardar el 13 y el 18 de abril de este año. Sin embargo eso no sucedió.

Los equipos todavía se siguieron colocando durante el mes de agosto en el segundo piso de la autopista México-Puebla. Pero con una agravante, no se instalaron 314 cámaras, sino sólo 157 que supuestamente hacen las dos tareas: monitorean velocidad y detectan matrículas de vehículos buscados.

Y digo supuestamente porque en la realidad no hacen ni lo uno, ni lo otro, al menos de manera eficiente como en una posterior entrega se lo demostraré.

Pero lo extraño es que a pesar de estos incumplimientos, la empresa Intecproof —que fue recomendada por los hermanos Chávez Gallegos y la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro—, no ha sido sancionada con penalizaciones del 1 y 2% sobre el monto total del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla:

1% Por cada día de retraso que transcurra sobre el importe de los bienes derivados del servicio no suministrados en el plazo señalado para su cumplimiento, contados a partir del vencimiento del plazo establecido para su instalación a entera satisfacción del contratante.

2% Por la entrega del servicio diferente a lo solicitado en la descripción de la partida, ya sea por característica, contenido, calidad, etc.

2% Por el monto correspondiente a los servicios no iniciados o prestados del contrato por cada día natural de retraso, a partir del día siguiente posterior a la fecha pactada por el inicio del servicio.

2% Por la entrega de bienes derivados del servicio, que se encuentren en malas condiciones ya sea por maltrato, rotos, despostillados, inservibles, usados, etc.

El gobierno de Barbosa y la empresa seguramente argumentarán que la pandemia afectó el proyecto, lo cual no debe ser excusa para no sancionar a Intecproof no sólo con las penalizaciones arriba mencionadas, sino con la rescisión de ese millonario contrato.

En la misma licitación claramente se estableció que “en el caso que la contratante autorice una prórroga por causas imputables al licitante, durante la misma, se deberán aplicar las sanciones establecidas en la tabla anterior por cada día prorrogado”.

Dudas:

¿Por qué esas penalizaciones no se han ejecutado?, ¿Qué impide a la Secretaría de Planeación y Finanzas hacerlas efectivas e incluso rescindir el contrato en términos del artículo 122 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y con el Anexo 4 de las bases de la licitación?

¿Por qué la secretaria María Teresa Castro no hace efectiva la póliza de garantía y reasigna ese jugoso contrato?

¿Por qué las dependencias involucradas en este programa de Monitor Vial y Fotomultas: la ya mencionada Secretaría de Planeación y Finanzas, la Secretaría de Administración y la Secretaría de Seguridad Pública, se rehúsan a informar hasta lo más elemental sobre Intecproof?

¿Por qué ocultan dónde están instaladas las cámaras?, ¿Cuántas fotomultas de las 380 mil que tenía que hacer la empresa se han levantado mes con mes? ¿Cuánto se ha recaudado? ¿Cuántos vehículos se han ubicado con el sistema de detección de matrículas? ¿Cuántas de esas unidades han sido detenidas por estar involucradas en delitos?

¿A cuánto ascienden los pagos que ha recibido la empresa jalisciense de enero a septiembre por su deficiente servicio? ¿Y a cuánto las multas que la Secretaría de Planeación y Finanzas le tuvo que haber aplicado por los incumplimientos enunciados en el Anexo 4 de la Licitación?

¿Por qué la Secretaría de la Función Pública del estado, no interviene y sanciona tanto la omisión de las dependencias involucradas como los incumplimientos de Intecproof?

¿A poco este daño patrimonial va a quedar en la impunidad? ¿Qué estas acciones y conductas negligentes no son corrupción? ¿O la corrupción sólo es cosa del pasado porque con la 4T desapareció?

Son preguntas, que conste.

***

Antes de hacer un breve comentario sobre los dichos del gobernador Barbosa sobre e-consulta, el periodista Héctor Llorame y este reportero, quiero agradecer las muestras de solidaridad y apoyo de organizaciones y colegas, así como de colaboradores y amigos del medio digital que dirijo.

Muchas gracias. 

De entrada suscribo la puntual respuesta de Héctor Llorame en sus tuits de este día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el calificativo de “pasquín electrónico” que endilgó Barbosa a e-consulta, me permito hacerle una amable y respetuosa sugerencia.

Si no le gusta lo que aquí se publica, comenta y analiza no nos lea, ni se ocupe de nosotros una mañanera sí y otra también. 

A nosotros nos conforta que otros lo hagan, y cada día más, a pesar de sus ataques, boicots publicitarios y demandas civiles y denuncias penales.

Gracias a esos otros somos lo que dice nuestro slogan Referencia Obligada, lo que usted y varios de los suyos confirman todos los días, quizás sin darse cuenta.

***

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