Pero ni los derechos se concretaron ni los programas han resuelto el problema del colonialismo interno en que viven los pueblos indígenas. Las demandas de quienes han ocupado las oficinas del Inpi y de quienes desde diversas partes del país les han manifestado su apoyo así lo muestran. En uno de sus comunicados, ellos mismos han expresado que lo hicieron porque esa institución no los representa y no lo hace “pues más allá de ofertar una transformación, desde aquí se imponen despojos al territorio y a la madre tierra, se avalan consultas simuladas y se asesina a defensores de la tierra, el agua, los montes y nuestros recursos naturales”, una postura que muchos pueblos indígenas pueden suscribir sin problema, desilusionados por el engaño gubernamental de que se iban a respetar los derechos indígenas y se terminaría el trato discriminatorio y excluyente hacia ellos, sin que después de dos años de gobierno suceda algo que así lo indique.

Hay datos que lo demuestran. El 1º de diciembre de 2018, en su primer discurso a la nación como presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador prometió que no se permitiría ningún proyecto que afectara el ambiente, se evitarían los transgénicos y la contaminación del suelo, el agua y el aire; por su parte, el director general del Inpi prometió que el presupuesto para la atención de los pueblos indígenas aumentaría 100 por ciento y que se retomarían los acuerdos de San Andrés para incorporar a la Constitución federal lo que se dejó fuera en la reforma de 2001. Pero ni una ni otra cosa se cumplió y no hay indicios de que vaya a suceder; al contrario, los megaproyectos continúan y el presupuesto para atender los problemas de los indígenas ha disminuido hasta casi desparecerlo. Por eso los indígenas inconformes acusan a los funcionarios indigenistas de traidores: porque cambiaron de bando, pero también porque ya colocados en el otro incumplieron su palabra.

Los pocos análisis que se han hecho de la toma de las instalaciones del Inpi centran sus alegatos en el señalamiento de traición sobre los funcionarios indigenistas, pero dejarlo ahí empobrece nuestra mirada sobre el fenómeno, empujando soluciones fáciles al problema. Hipotéticamente, si nos quedamos con esa visión, el problema de la toma podría solucionarse atendiendo el problema de vivienda y mercado de la comunidad otomí de la CDMX o cambiando los funcionarios señalados de traidores, pero esa no es una verdadera solución, porque ese no es el verdadero problema. Como se ha señalado en los comunicados de los que ocupan las oficinas del Inpi, esa institución no los representa, porque no defiende sus derechos. Pero tampoco le funciona al gobierno, porque no controla a los indígenas, como lo hicieron sus antecesoras en sexenios pasados; porque el discurso de la multiculturalidad ya no entusiasma a nadie ni tampoco hay dinero para calmar los ánimos de los inconformes.

Entonces, ¿cuál es el camino para remontar el problema? Aquí cobran sentido los versos del poeta Antonio Machado: no hay camino, se hace camino al andar. Si el gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación ha decidido no sólo ignorar a los pueblos indígenas y sus derechos, sino también reducir los instrumentos que gobiernos anteriores diseñaron para controlarlos, lo que queda es profundizar en la transformación que los pueblos indígenas vienen impulsando desde hace décadas para salir del colonialismo interno: fortalecer sus gobiernos propios, echando mano de sus recursos elaborados por siglos; extender las redes de apoyo a estos procesos de cambio con el resto de la sociedad para lograr sus objetivos. En estos procesos hay que evitar la suplantación de los pueblos por quienes los acompañan. Si cayéramos en esa enfermedad, podríamos terminar fortaleciendo el colonialismo que se busca remontar para construir un futuro propio.