En el debate sobre la construcción de una sociedad democrática más igualitaria persiste desde hace tiempo una inquietud: ¿cómo avanzar en cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica y política que hay entre mujeres y hombres?

Una propuesta ha sido garantizar una proporcionalidad entre hombres y mujeres en los lugares de representación política y en los espacios donde son tomadas las decisiones de política pública y gobierno. A este mecanismo se le nombra paridad, o sea 50/50.

En México, en 2014 se reformó el artículo 41 de la Constitución “para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales”. En las recientes elecciones de julio de 2018 esta palanca de cambio hizo que llegara un aluvión de mujeres tanto a la Cámara de Diputados como al Senado.

En junio de 2019 se reformaron varios artículos de la Constitución en materia de paridad de género para incluirla en los cargos de elección popular, desde municipios con población indígena, en representantes ante los ayuntamientos, regidurías y sindicaturas, pero también en los órganos jurisdiccionales y las secretarías del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas.

El texto constitucional dice: que “la ­observancia del principio de paridad a que se refiere el artículo 41 será aplicable a quienes tomen posesión de su encargo, a partir del proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, según corresponda”. 

Hace unos días el INE acordó que en las próximas elecciones, donde se juegan 15 gubernaturas, también hay que aplicar la paridad. ¿Qué significa esto operativamente? ¿Acaso se trata que todos los partidos que contiendan en un estado deberán hacerlo con candidatas mujeres, para que, independientemente del partido que gane, sea un hecho que gane una mujer? ¿Cómo se pretende implementar esta medida en siete estados, si no hubiera voluntarios, con una rifa? ¿O tal vez habría que lograr que todos los 15 estados que compiten tengan candidatas mujeres, pues así se lograría una cierta paridad en la Conago?

El absurdo es evidente, y más ahora con la propia crisis política de la Conago. Y sin embargo, el problema persiste. De 32 entidades federativas, sólo hay dos gobernadas por mujeres. Se avizora un litigio respecto a si la reforma acerca de la paridad concierne también a las gubernaturas (que son puestos de elección popular). También circula un rumor sobre que en el Senado, en 2019, se estableció un acuerdo político que planteó explícitamente que la paridad no iba para las candidaturas a gubernaturas.

La paridad no resuelve por sí sola todas las desigualdades entre las mujeres y los hombres, aunque sí conduce a una más exacta representatividad de la nación e intenta repartir más equitativamente los puestos de poder.  Ahora bien, ¿cambia la política con la paridad? Tal vez. Indudablemente la paridad incide en el debate sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pero lo que sin duda hay que cambiar es la idea de que la igualdad se consigue en lo público sin modificar lo privado.

Desde la perspectiva de que lo personal es político (el gran lema político de las feministas) nos debería escandalizar, no sólo la desigual repartición que hay en los quehaceres públicos, sino también la aún más desigual repartición en las tareas privadas. Si entendemos el reclamo de paridad como una palanca para reformular la relación entre el ámbito público y el privado, entonces lo que se requiere también son reformas legislativas, políticas públicas y cambios institucionales que amplíen la paridad al ámbito doméstico y al educativo.

Sí, para realmente alcanzar la paridad política es necesaria una educación distinta, porque si en las aulas escolares no se educa en la igualdad, se persistirá en reproducir la desigualdad. Y también es imprescindible contar con políticas públicas que alienten un desplazamiento de la responsabilidad femenina en el ámbito doméstico y mayor involucramiento masculino en la repartición de las labores domésticas, en especial las de cuidado y crianza. 

Obvio que hay que lograr que el mundo de la política y también el empresarial se parezcan más al mundo de la vida cotidiana, donde están mezclados los hombres y las mujeres. Hoy en día produce estupor ver fotografías de reuniones políticas o de “hombres de negocios” donde 90%  o 100% son varones, como también lo producen las juntas de “padres de familia” donde 90%  o 100% son mujeres. La paridad no es un fin, sino un medio para lograr la igualdad sociopolítica y económica entre las mujeres y los hombres, y lograr dicha igualdad requiere el compromiso verdadero con una agenda feminista.

Tal vez el camino para que haya más gobernadoras es que quienes desean gobernar su estado tengan las condiciones sociales para competir políticamente en un piso parejo. Estoy segura que en algunos estados hay mujeres que serían buenas candidatas, competitivas, con posibilidades de ganar. ¿Será que los partidos no pueden considerarlas y hay que obligarlos por el principio de paridad?

Finalmente, no hay que creer que más mujeres en esos espacios implica lograr una política feminista. “Cuerpo de mujer no garantiza pensamiento feminista”.

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