Una de las respuestas más inesperadas a la decisión de una jueza británica de no extraditar a Estados Unidos a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, fue la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: en la mañana del lunes 4 declaró que podría ofrecerle asilo.

En un nivel, el anuncio está justificado por la tradición mexicana de asilo político. En los años treinta y cuarenta, el país abrió sus puertas a los refugiados de la Guerra Civil española, y en los años setenta y ochenta, fue un puerto de destino de muchísimos intelectuales latinoamericanos de izquierda. Es una tradición que ha dejado huellas indelebles en la educación y cultura de México.

Pero también abre otros frentes: pone un nuevo obstáculo en la relación con Estados Unidos y echa luz sobre el pobre desempeño del presidente en materia de protección a periodistas y libertad de expresión. La oferta suena menos a un gesto humanitario y más a un mensaje para su base de seguidores. Si de verdad López Obrador quisiera garantizar la libertad de expresión, debería de comenzar por arreglar primero el desorden en el país más peligroso para ejercer el periodismo. Desde 2000, al menos 200 periodistas han sido asesinados, según el Comité para la Protección de los Periodistas, y alrededor del 90 por ciento de esos asesinatos ha permanecido impune.

La oferta de AMLO lo pone en ruta de colisión con Estados Unidos. El aparato de seguridad e inteligencia estadounidense tiene un enorme interés en juzgar a Assange y darle un castigo ejemplar. Con su ofrecimiento, López Obrador se metió de lleno en un tema de política interna estadounidense.

En 2010, cuando Biden era vicepresidente, calificó a Assange como “terrorista de alta tecnología” a propósito de la publicación de cables clasificados por el Departamento de Estado. Assange, quien entonces estaba en el inicio de una larga lucha legal, señaló que el terrorista era el Estado estadounidense por utilizar métodos intimidatorios contra la libertad de expresión.

Por otra parte, no hay que olvidar el papel de Assange en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, en las que Trump ganó. WikiLeaks publicó alrededor de 20.000 páginas de correos electrónicos robados ilegalmente del director de la campaña de Hillary Clinton, ofreciendo valiosas municiones al contendiente republicano: le permitía confeccionar su discurso contra Clinton, sus dudosas relaciones con Wall Street y sus ligas con donantes poderosos. Miembros de la campaña de Trump entraron en contacto con Assange en busca de más información, de acuerdo con el reporte de Robert Mueller, exfiscal especial sobre la interferencia rusa en las elecciones.

López Obrador, me dijo Abigail Martínez —conductora del pódcast de análisis Política 101—, está dinamitando la relación de México con Estados Unidos en uno de los momentos más delicados de la historia estadounidense, en medio de la caótica e infundada batalla trumpista para desconocer los resultados de la elección, peticiones de miembros del Partido Demócrata de la remoción de Trump y a solo unos días de que Biden, el presidente electo, tome posesión del cargo.

Ya casi nadie tiene esperanzas de que la relación bilateral con la próxima administración vaya a ser tersa. AMLO solo está marcando el tenor del intercambio a venir.

Es una actitud más nacionalista que paradójicamente reservó hasta los últimos días de Trump, uno de los mayores voceros del sentimiento antimexicano en Estados Unidos y a quien siempre calificó de respetuoso. Pero con Biden además tiene un aire gélido. Esta nueva postura le habla a una base de la izquierda tradicional mexicana, según me dijo el experto en asuntos internacionales Mauricio Meschoulam. Ellos aplaudieron la declaración de AMLO sobre Assange y defendieron su tardío reconocimiento a Biden.

El ofrecimiento del presidente mexicano a Assange hace pensar en la expresión que usamos con frecuencia en México: “candil de la calle, oscuridad de su casa”. Artículo 19, una ong dedicada a proteger la libertad de expresión en el mundo y que ha colaborado en los esfuerzos para que no se extradite a Assange a Estados Unidos, emitió un comunicado celebrando la decisión de la jueza británica. Pero Leopoldo Maldonado, su director regional para México y Centroamérica, piensa que el gobierno mexicano tiene que resolver muchos problemas internos antes de ofrecerle asilo a Assange.

Y es que en mi país, la libertad de prensa tiene muchos obstáculos. Gracias a la denuncia de los defensores de la libertad de prensa, sabemos que durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto varias dependencias compraron un programa israelí para intervenir los celulares de periodistas y defensores de derechos humanos. A pesar de las promesas de AMLO de castigar a los culpables, el caso sigue en el limbo y no queda claro si el gobierno sigue utilizando esa tecnología. A mediados de 2019, cuando López Obrador ya era presidente, otros ciudadanos mexicanos fueron infectados por el mismo sistema.

Tampoco es trivial que el problema de la agresión a los periodistas siga empeorando. Solo en 2020 murieron nueve trabajadores de la prensa. Fue el peor año en esta terrible historia. En su afán por recortar los gastos gubernamentales, López Obrador desapareció el fideicomiso que garantizaba un sistema de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos. Y no solo eso: en vez de servir como garante de la libertad de expresión, en sus conferencias diarias sigue demonizando a medios y periodistas, nacionales e internacionales.

Además, para complicar las cosas, AMLO anunció el jueves 7 de enero que se iba a revisar la existencia de los llamados organismos autónomos en México, instituciones creadas para hacer un contrapeso del poder ejecutivo, como el Instituto Nacional de Transparencia, que desempeña un papel fundamental en el acceso a la información de los periodistas y ciudadanos en general.

Si López Obrador quisiera realmente atender temas significativos de libertad de expresión y acoso a los periodistas, no tendría que ir muy lejos: allí está pendiente el caso de Lydia Cacho, la periodista mexicana que ha sido torturada y amenazada de muerte varias veces luego de la publicación de su libro Los demonios del edén, sobre explotación infantil.

En enero de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de López Obrador pidió perdón por las omisiones del Estado mexicano en relación al caso de Cacho. Fue un acto sin precedentes. Pero el perdón es insuficiente si se repiten los hechos y no se hace justicia. Los principales responsables del secuestro y tortura de Cacho siguen libres y a mediados de 2020 la periodista tuvo que abandonar México, luego de ser amenazada una vez más.

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Toda proporción guardada, si Assange llega a México, López Obrador caería en la misma contradicción que Rafael Correa: dio asilo al periodista en su embajada en el Reino Unido, protegiéndolo de un destino tras las rejas, al mismo tiempo que sometía a la prensa de su país a un régimen de censura y tensaba las relaciones entre Washington y Londres.

No creo que AMLO sea como Correa. Por eso, sería mejor que se ocupara de los temas sustantivos de la relación bilateral, que es muy rica y compleja, y que atendiera los de la protección a los periodistas en el país, así como los de justicia, reparación y memoria para los compañeros víctimas de la violencia. Así dejaría un legado más significativo.

Guillermo Osorno es periodista y editor. Ha publicado Tengo que morir todas las noches: Una crónica de los ochenta, el underground y la cultura gay.

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