La doctora América Campos, junto a otros galardonados con la condecoración Miguel Hidalgo, en el Zócalo de Ciudad de México.
La doctora América Campos, junto a otros galardonados con la condecoración Miguel Hidalgo, en el Zócalo de Ciudad de México.CORTESÍA

Hace poco más de seis meses, México tuvo el primer contacto con un virus que sacudió al mundo. Han sido meses, a veces días, que han parecido años. Arrastrados por el desgaste, algunos ya han dejado atrás “la novela de las siete”, el parte informativo diario de las autoridades sanitarias. Muchos más han tenido que buscarse un pedazo de cotidianidad, a fuerza de cubrebocas, necesidad o resignación, en medio del caos de la pandemia y mientras la realidad golpea con casi 700.000 contagios y más de 72.000 fallecidos. Otros solo esperan las noticias para saber cuándo y cómo volverán a vidas que hoy parecen pasadas: memorias lejanísimas de personas que se saludaban de beso, de niños que podían ir a la escuela, de oficinistas que salían disparados los viernes por la tarde para disfrutar el fin de semana.

También están los que nunca se fueron. La doctora América Campos recuerda que en una de esas vidas pasadas trabajaba en el consultorio de una farmacia, después de no encontrar acomodo en el sistema público de salud del país, que llegó a la pandemia con un déficit de más de 120.000 doctores y que aún así no hallaba cabida para 40.000 médicos generales que cada año aspiraban a una plaza de especialidad. La paradoja hizo que el Gobierno mexicano buscara contratar en abril pasado a 19.000 profesionales de la salud en dos semanas. La gran oportunidad de Campos, nacida hace 28 años en Tototepec, una pequeña comunidad de menos de 3.000 habitantes en La Montaña de Guerrero —una de las zonas más pobres de los Estados más pobres del país—, llegó con la consigna de instalarse de inmediato en la primera línea de atención contra la covid-19. “Al principio parecía imposible, no todos podían capacitarse tan rápido”, comenta la doctora, “pero el virus ya era una realidad, no esperábamos que llegara tan rápido a nuestra región”.

Hija de campesinos mixtecos, la niña que jugaba a curar a sus amigos dejó su comunidad cuando era adolescente para continuar sus estudios y trabajar como empleada doméstica y niñera en Tlapa, la capital regional de La Montaña. Después entró a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero en Acapulco e hizo su servicio social en Tlaquiltepec, otra pequeña población de su región, antes de completar un viaje de varias escalas hasta el Hospital General de Tlapa.

La pandemia tiene otro rostro en La Montaña de Guerrero, donde seis de cada 10 personas son pobres. “En muchas comunidades no hay acceso a Internet ni a una televisión y mucha gente aún cree que el virus no existe”, cuenta Campos. La ignorancia se convirtió en pánico y cuando aparecieron los primeros casos, la primera reacción de varias poblaciones indígenas fue establecer bloqueos en donde nadie salía ni nadie entraba. Pero el virus se coló. Y la zona covid que el hospital de Tlapa alcanzó a improvisar con apenas 15 camas es el único sostén para 17 municipios de la región. “El número de camas que tenemos es literalmente nada para atender a toda la gente”, reconoce Campos.

El Hospital General de Tlapa, en Guerrero (México).
El Hospital General de Tlapa, en Guerrero (México).CORTESÍA

Faltan también personal, medicamentos, materiales, ventiladores y varios pacientes tuvieron que ser enviados a un hospital acondicionado por el Ejército en Chilapa, a más de tres horas de camino de Tlapa, o pagar por sus propias medicinas con el apoyo de familiares. “Tenemos que atender con lo que está a mano” relata.

Durante junio y julio, cuando Campos describe que el hospital estaba completamente saturado, un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social documentó una tasa de letalidad (el porcentaje de pacientes que no sobrevive a la enfermedad) del 14%, casi el triple de la proporción global que registró la Organización Mundial de la Salud en esos meses y por encima del 10% que tenía México entonces. “Me queda un mal sabor de boca cuando llegan pacientes casi agonizando, en un momento en el que ya casi no puedes hacer nada por ellos”, confiesa Campos.

En medio de las carencias y de los problemas de diabetes e hipertensión que aquejan a todo el país, Campos se encontró con otro escollo. “En varias comunidades el lenguaje es el límite, la gente dice 'soy indígena, no voy a ir al hospital porque no me van a entender”, comenta. “Cuando yo les decía que dominaba la lengua mixteca, sonreían, sentían confianza”, cuenta la doctora. El Hospital General de Tlapa es una pequeña torre de Babel en donde hay personal médico, de enfermería y de intendencia que habla náhuatl, tlapaneco y mixteco, además del español. “Antes era motivo de vergüenza, hoy nos da orgullo y nos permite salvar vidas”, afirma.

Tras ser nominada por compañeros y familiares de pacientes, Campos fue condecorada el pasado 16 de septiembre con el grado más alto de la presea Miguel Hidalgo, la máxima distinción del Gobierno mexicano para sus médicos y enfermeras. “Cuando me dieron la noticia no lo podía creer, no creíamos que dieran un premio nacional a La Montaña”, recuerda. La sorpresa fue mayor cuando su nombre fue el primero en retumbar entre los 58 galardonados en el Zócalo de Ciudad de México, la plaza más grande de un país que interrumpió por un momento su bronca con la pandemia para aplaudir a quienes se siguen batiendo en los hospitales. “Estoy muy orgullosa como mujer, por mi región, por mi Estado, por mi familia”, dice todavía emocionada, de vuelta en Tlapa para volver a encararse con la pandemia.

La juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg ha fallecido a los 87 años en su casa de Washington, debido a complicaciones con el cáncer pancreático que padecía, según ha confirmado en una nota la más alta instancia judicial del país, a la que pertenecía desde hacía 27 años. Con la popular juez, nombrada por Bill Clinton en 1993, se va una auténtica leyenda de la justicia estadounidense y un icono del feminismo. Representante del sector progresista del tribunal, su voto ha sido decisivo para los avances en la igualdad de género, y en algunos de los temas sociales más divisorios del país, incluidos el derecho al aborto, el matrimonio igualitario y los derechos de los inmigrantes.

La juez, la segunda mujer nombrada para el Supremo en la historia, se convirtió en una auténtica figura de culto entre la izquierda estadounidense, y su rostro ilustraba camisetas y chapas, que exhibían con orgullo jóvenes de todo el país. Muchos de sus fans se referían a ella como Notorious R.B.G., en un guiño al famoso rapero Notorious B.I.G.. Centenares de personas han acudido en la noche del viernes a rendir homenaje a la juez en el tribunal Supremo, en la capital del país, donde han prendido velas y cantado Amazing grace.

“Nuestra nación ha perdido a una jurista de talla histórica”, ha escrito el presidente del Supremo, John Roberts. “Nosotros en el Tribunal Supremo perdemos a una querida colega. Hoy lloramos, pero con la confianza de que futuras generaciones recordarán a Ruth Bader Ginsburg como la conocimos, una incansable y resuelta defensora de la justicia”.

“¿Acaba de morir? No lo sabía”, declaraba el presidente Donald Trump a los periodistas poco antes de embarcar en el Air Force One, de vuelta a Washington, tras un mitin en Minnesota, 15 minutos después de cuyo comienzo se conoció la noticia del fallecimiento de Ginsburg. “Vivió una vida increíble. ¿Qué más puedes decir? Fue una mujer increíble, estuvieras de acuerdo con ella o no, fue una mujer increíble que vivió una vida increíble”.

El fallecimiento de Ginsburg tiene importantes consecuencias en el tribunal: pierde a la líder de su ala progresista y, a punto de arrancar el nuevo curso, el voto del presidente de la sala deja de ser decisivo en casos ajustados. Pero las consecuencias serán igualmente profundas fuera del Tribunal Supremo.

La vacante que deja Ginsburg en el Supremo ofrece a Donald Trump, a menos de dos meses de las elecciones, la oportunidad de consolidar aún más la mayoría conservadora que impera en el tribunal, una mayoría que Trump ya ha reforzado durante su mandato con los nombramientos de Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, gesta de la que acostumbra a presumir.

Vacante en el Supremo

Cuando se produce una vacante, el presidente tiene la competencia exclusiva de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo, que deben ser aprobados a continuación por el Senado. Los nueve magistrados ocupan su cargo de manera vitalicia. La sustitución de Ginsburg por un juez conservador colocaría a ese sector con una mayoría muy sólida, en un momento en que el Supremo tiene por delante importantes decisiones relacionadas, entre otros asuntos, con el aborto, la sanidad o los derechos de los inmigrantes. Una mayoría de seis sobre tres permitiría a los conservadores ganar los casos incluso cuando uno de sus jueces decidiera votar con los progresistas.

La posibilidad de nombrar a más jueces conservadores fue uno de los motivos que pesó en muchos republicanos en 2016 a la hora de votar por Trump, un candidato cuando menos heterodoxo. De manera insólita, para seducir a aquellos votantes conservadores que no conectaban con las formas del Trump, el hoy presidente publicó hace cuatro años una lista de potenciales candidatos a ocupar vacantes del Supremo. Una jugada que fue un éxito y que, hace apenas 10 días, ha repetido en busca de su reelección.

A pesar de que en 2016 se opusieron a abrir el proceso de aprobación de un juez nombrado por Barack Obama, alegando que celebrar las audiencias en año electoral privaba a los votantes de su papel en el proceso, los senadores republicanos ya han prometido que no dudarán en aprobar la vacante, aún con unas elecciones presidenciales previstas para el próximo 3 de noviembre. Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, en un comunicado publicado tras el fallecimiento de Ginsburg, ha defendido que el cambio de criterio obedece a que ahora, a diferencia de entonces, tanto la Casa Banca como la Cámara alta están en manos del mismo partido. “El nominado por Trump recibirá el voto del Senado de Estados Unidos”, ha asegurado McConnell. Se abre así, en medio del duelo por una figura icónica, un proceso llamado a llenar de emociones y disputas la recta final de la campaña.

“No hay duda de que los votantes deben elegir al presidente y el presidente debe elegir al juez para que el Senado lo tome en consideración”, ha dicho el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, tras regresar de Minnesota. “Esa es la postura que el Senado republicano tomó en 2016, cuando quedaban 10 meses para las elecciones, y es la que debe tomar ahora”.

Ginsburg había luchado contra el cáncer desde 1999, cuando fue tratada por un cáncer de colón. Ha recibido tratamiento y ha sido intervenida quirúrgicamente en múltiples ocasiones. El pasado mes de julio, anunció que el cáncer había regresado. Y prometió que seguiría en el Supremo mientras su salud se lo permitiera. “He dicho a menudo que seguiré siendo miembro del tribunal mientras pueda hacer el trabajo a toda máquina, y sigo siendo totalmente capaz de hacerlo”, aseguró.

Nacida en el barrio neoyorquino de Brooklyn en 1933, en los años de la Gran Depresión, segunda hija de un inmigrante judío de Rusia, pasó por las universidades de Cornell, Harvard y Columbia, donde se licenció en Derecho. En sus primeros años como jurista, combinó la docencia con la lucha como abogada por los derechos de las mujeres. Ya antes de sentarse en el Tribunal Supremo, había defendido con éxito ante sus magistrados, en medio del movimiento por los derechos civiles de los años setenta, una serie de casos que contribuyeron a quebrar el muro de la discriminación de género.

Cuando Bill Clinton la nominó para el Supremo en 1993, no obstante, pocos imaginaron que aquella discreta juez del circuito de apelaciones, de 60 años, que despertaba incluso recelos entre algunas líderes feministas por sus buenas relaciones con colegas conservadores, se convertiría en una auténtica leyenda de las causas progresistas. En el jardín de rosas de la Casa Blanca, en su discurso tras ser nominada por Clinton para el alto tribunal, tuvo palabras de recuerdo para su madre. “Rezo por poder ser todo lo que ella habría sido, si hubiera vivido en un tiempo en que las mujeres hubieran podido aspirar y conseguir, y las hijas hubieran sido tan valoradas como los hijos”, dijo.

Días antes de su muerte, según informa la radio pública NPR, Ginsburg dictó una declaración a su nieta Clara Spera, que decía así: “Mi deseo más ferviente es no ser sustituida hasta que un nuevo presidente asuma el poder”.

Foto
La Suprema Corte de Justicia recibió, vía el Senado, la solicitud del presidente López Obrador para realizar una consulta popular, con la cual se enjuiciaría a los últimos cinco presidentes de México. La Corte designó al ministro Luis María Aguilar Morales para que estudie la solicitud y decida si procede de acuerdo con la Constitución. Aguilar Morales le debe la chamba al ex presidente Calderón, quien lo propuso en 2009. ¿Será imparcial? Los resultados de nuestro sondeo pueden verse en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron mil 677 personas: en Twitter, 587; en El Foro México, 522, y en Facebook, 568.

Twitter

Es juez a modo del neoliberalismo. No creo en su justicia! Esperemos.

@GFélix /Durango

Ahora que está bajo el reflector es cuando menos, ni por ética o civilidad, traicionaría a Borolas.

@maral.marq /Morelia, Michoacán

Si llegó por sugerencia de Calderón, está comprometido, no es libre, no está por méritos propios. Entonces...

@Cireniosmen /Puerto Escondido Oaxaca

Este ex presidente de la Corte tiene su lado oscuro; sabemos cómo se gastaban los recursos del erario y cómo se negaba a reducirlos.

@DanteAC /Edomex

Es por todos sabido que la justicia, por lo menos en México, es para los que pueden pa­garla, ya sea con dinero o favores. Es ridícu­lo que se pretenda que una persona juzgue imparcialmente a quien lo puso en la silla que ocupa.

@krizov /CDMX

Desafortunadamente en los últimos años construyeron un sistema que les ha servido para taparse unos y otros.

@DrJaimeMeji /Morelia

Facebook

Existen muchos ejemplos de decisiones dudosas de quienes imparten justicia (que al ser dudosa ya no es justicia), nada raro sería que negara un juicio a ex presidenres. Hay muchos interese$ de por medio.

Fernando Quiroz Nácar /CDMX

La Suprema Corte ( corta, dicen algunos)de Justicia de la Nación ha sido cómplice de los intereses de los omnipotentes, políticos y sector empresarial, aprobaron el anatocismo, cobrar intereses sobre intereses, con dedicatoria para los banqueros y comerciantes, así que ni en la paz de los sepulcros creo.

Raquel Cervantes /San Cristóbal de las Casas

Espero sea el momento de iniciar nuestra confianza en la máxima autoridad judicial. Con esperanza, debemos despojarnos de nuestros temores.

Miguel Á. Ramírez M. /CDMX

El juicio político ya está. Vayamos al aspecto legal y verdaderamente complicado del asunto. ¿Cómo demostrar que sí se despertaban pensando cómo joder a México?

Ramón Álvarez Velázquez / Cuautitlán Izcalli

El Foro México

Ahí hay un conflicto de interés. Los políticos como Feli-pillo Calderón se cubren las espaldas y ponen a gente suya en lugares clave para que no los alcance la justicia. Quizá ese ministro le dé largas al asunto y sea una piedra en el zapato de López Obrador en su propuesta de enjuiciar a los ex presidentes. Además, por lo que han hecho contra México y sus instituciones y el erario, si deben ser castigados penalmente, pues han cometido delitos graves y andan por el mundo impunemente...

Enrique Salazar Correa /CDMX

Este juez es un alcahuete oficial de Calderón, mañoso, y usará todas las artimañas para defender a su benefactor; ya es hora de que pidamos su destitución, porque aparte de desentenderse, igual que varios de los ministros de la Corte, cobran una millonada. ¿A santo de qué tenemos que seguir manteniendo a estos que usan la ley a su conveniencia? Destitución urgente y necesaria.

Clara Calvillo /EDOMEX

Este País sería magnífico si los jueces fueran buenos. Desafortunadamente, los actúan para sus beneficios e intereses económicos. Una vez un juez por dinero nos fastidió.

Jorge Domínguez /Aguascalientes

Lamentablemente hemos visto que el Poder Judicial está en manos de una mafia de delincuentes que venden amparos y boletas de libertad a quienes han sido detenidos en flagancia. Qué vergüenza.

Roberto Sánchez Ensch /Cholula

Hoy todo está a la vista del México que clama justicia por tantos abusos de poder político, económico y de los engaños de que fuimos objeto por los presidentes que actuaron sin escrúpulos.

Carlos Oliveros Soto /CDMX

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Saturday, 19 September 2020 00:00

El descongelamiento de las cuentas del CJNG

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En junio, directamente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó –festivamente- que en un operativo al que denominó “agave azul”, habían logrado congelar las cuentas bancarias de mil 939 entes, entre personas, compañías, y fideicomisos ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación que encabeza criminalmente Nemesio Oceguera, “El Mencho”.

Por entonces dijo que había sido aquel un trabajo de coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, además de contar con la participación directa de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, fuente principal de la ubicación de los objetivos criminales.

Las cifras de lo asegurado y de lo investigado realmente fueron impresionantes, miles de millones de dólares en operaciones ilícitas, otro tanto en operaciones internacionales, y transferencias interbancarias por más de 650 millones de pesos.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no sólo confirmó el operativo en una de sus conferencias mañaneras, sino que informó que este había sido a partir de una petición expresa de los Estados Unidos. La mañana del 3 de junio y a pregunta expresa, respondió: “Hubo una solicitud del Gobierno de Estados Unidos en el sentido de que tenían información, y de acuerdo a los convenios de cooperación, se tenían que congelar cuentas de este grupo y fue lo que se hizo”.

En el congelamiento de cuentas hubo de todo, desde hermanas y cuñadas de señalados narcotraficantes y sus esposas, hasta farmacéuticas, inmobiliarias, automotrices, constructoras, tequileras e incluso gobiernos municipales de Jalisco.

Pero… hubo un problema en el proceso, y la cacareada acción contra el CJNG por parte del Gobierno de López Obrador, no tuvo la colaboración de la Fiscalía General de la República, luego que esta instancia fue dejada al margen.

A la fecha, como se consigna en un reportaje de ZETA, de Luis Carlos Sainz, por lo menos dos mujeres, cinco alcaldes y otros, han logrado que sus cuentas de ahorros y cheques les sean descongeladas. Y dos personas más, todos ligados al círculo familiar de Oseguera, están a la espera de una resolución judicial, que, por los antecedentes, se presume favorable.

Resulta que la UIF gestionó directamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el congelamiento de las cuentas, y una tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispone que el bloque de recursos financieros, sólo procede a solicitud de una autoridad extranjera basada en el Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos y México, y que esa petición debe dirigirse a la FGR que es la autoridad mexicana coordinada. Una vez realizado este proceso de la FGR se canaliza a la autoridad competente. En todo caso, la UIF debió denunciar tales conductas ilícitas ante la Fiscalía General de la República, y esta debió ser notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la petición extranjera.

Pero la Unidad de Inteligencia Financiera “recibió” de manera directa de una autoridad extranjera, caso que confirmó el Presidente, y actuó en consecuencia, por lo tanto legalmente, al no haber sido la FGR la autoridad receptora y la de la acción, se violentó el debido proceso y a los “afectados” con el congelamiento de cuentas, se les restituyen sus derechos.

Es el caso de Erika y Berenice González Valencia, cuñadas de “El Mencho”, hermanas de Abigail González Valencia “El Cuini”, a quienes un juzgado de distrito con sede en Jalisco, les concedió la suspensión provisional para que “las autoridades competentes destraben el bloqueo ordenado”.

 

Quienes también lograron que sus recursos, y los de sus familiares fueran desbloqueados, a partir de una suspensión provisional, son los Alcaldes de Auxtlán, Ixtalahuacán, El Grullo, Villa Purificación y Casimiro Castillo.

Sobre el descongelamiento de cuentas aseguradas en el operativo Agave Azul, ni el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ni el titular de la UIF, Santiago Nieto, han declarado algo, pero sí es conocida la animadversión entre ellos.

En enero de este 2020, en una comparecencia, Gertz Manero expresó: “La FGR ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia… porque hay unidades, no de la Fiscalía, sino del Gobierno, que no respetan esa presunción”. Completó: “Unidades del Gobierno afirman hechos que pueden afectar el procedimiento penal, porque luego nos acusan de faltas al debido proceso y eso no lo hacemos nosotros”.

Era evidente, como lo es ahora que está fracasando el operativo Agave Azul, que el Fiscal General de la República se refería a los actos de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyas acciones, por lo menos en el presente caso, están siendo tumbadas con suspensiones y amparos.

En otra ocasión, en una mesa de debate en Aristegui Noticias, el Fiscal Gertz Manero, refirió sobre la UIF: “Usted me dice que una Unidad de Inteligencia no tiene más funciones que obtener información de inteligencia, entonces por qué hace funciones de autoridad y congela cuentas y genera conductas que ya la SCJN dijo que son absolutamente inconstitucionales, está usted hablando de algo que parece que es una contradicción esquizofrénica”.

En el mismo programa, el Fiscal General de la República sentenció: “No se trata de hacer escándalos mediáticos. Se trata de dar resultados de orden jurídico”.

Y efectivamente, el operativo Agave Azul que se presumió mediáticamente, se está cayendo en los tribunales, ante las suspensiones concedidas a los familiares de “El Mencho” y “El Cuini” para que hagan uso de los recursos que les fueron congelados, lo mismo que a otros actores. Y aunque el amparo no ha sido concedido, los jueces presumen que la UIF y la Secretaría de Hacienda, al no contar con la colaboración de la autoridad responsable y coordinadora de los acuerdos internacionales, la FGR, violaron el debido proceso. Claro hasta que el Gobierno federal, demuestre lo contrario, entonces, podrán congelarlas de nuevo.

Una de las herencias más nefastas del régimen neoliberal (y miren que las hay en abundancia) en el plano económico-financiero es la voluminosa deuda del sector público federal, la cual, tan sólo en los tres sexenios pasados (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña), se multiplicó por cinco, con el agravante de que esos dineros no se utilizaron para estimular el crecimiento del país ni mejorar el bienestar de los mexicanos, sino al pago de los intereses del propio débito y a sacarle las castañas del fuego a los corporativos privados de siempre, en un circuito interminable.

Tal práctica le ha costado muchos billones de pesos a los mexicanos y, como parte de la herencia neoliberal, los seguirá sangrando. Sólo para dar una idea, en 2020 el costo financiero de la deuda del sector público federal equivale a 21 por ciento de los ingresos tributarios del gobierno, y para 2021 se estima que dicha proporción sea de 20.5 por ciento, lo que en dinero contante y sonante suma cerca de un billón y medio de pesos en ese bienio, lo que se traduce en menores recursos para programas sociales e inversión en infraestructura, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

Esa dependencia gubernamental advierte que cada punto adicional de la deuda con respecto al producto interno bruto se traduce en 11 mil 600 millones de pesos más al saldo heredado, de tal suerte que, si bien la caída económica y el brutal golpe de la pandemia no ha llevado al gobierno a incrementar el saldo del débito (como los grandes corporativos exigen, para su rescate, desde luego), la depreciación del tipo de cambio ha hecho su trabajo: llegó a 25 pesos por dólar, aunque ahora se mantiene en niveles cercanos a 21.

Un caso escalofriante es el del rescate bancario (Fobaproa legalizado por panistas y priístas y disfrazado de IPAB), que desde su aplicación en 1995, por cortesía de Ernesto Zedillo, a los mexicanos les ha costado multimillonarias cantidades y, a pesar de ello, el saldo de la deuda (todo el débito es en pesos) no deja de crecer. Por ejemplo, en diciembre de 2000, cuando el esquizoide de Vicente Fox se aposentó en Los Pinos, el saldo de dicho rescate era ligeramente mayor a 648 mil millones de pesos; al concluir la administración peñanietista se acercó a 948 mil millones, es decir, 46 por ciento de incremento, o si se prefiere: 300 mil millones adicionales a costillas de los mexicanos, con todo y que año tras año el Presupuesto de Egresos de la Federación incluye una partida específica para el pago de tal herencia.

Lo mismo sucede con la deuda del Fideicomiso de apoyo al rescate de autopistas concesionadas (Farac): en diciembre de 2000 el saldo de esta deuda (también cortesía de Ernesto Zedillo) ascendió a poco más de 102 mil millones de pesos y al cierre del gobierno de Peña Nieto llegó a 256 mil millones, un aumento de 151 por ciento en el periodo, sin que en ninguno de los años transcurridos se dejara de destinar recursos públicos para tal fin. Lo peor del caso es que la mayoría de las carreteras rescatadas regresaron, sin más, a manos de los rescatados.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la nueva administración mantendrá el manejo prudente de los pasivos y del endeudamiento públicos, lo que se refleja en una reducción en el costo financiero (enero-julio de 2020) de 2.9 por ciento en términos reales, respecto al año pasado, y menor en 7.9 por ciento a lo programado; 74.9 por ciento de la deuda del gobierno federal está denominada en pesos. La proporción restante es la que se ha visto afectada por estar denominada en moneda extranjera, pero con todo no se ha incurrido en endeudamiento adicional al autorizado por el Congreso de la Unión.

Las rebanadas del pastel

Tiene razón el presidente López Obrador: los sembradores de odio se quejan amargamente, gritan y patalean, cuando la mayoría de ese grupo siempre apoyó la política neoliberal y ahora se siente ofendida cuando debería ofrecer disculpas, porque se quedó callada cuando se saqueó al país. Así es: mudo, alineado y siempre con la mano estirada.

Saturday, 19 September 2020 00:00

A tres años del 19s

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Hoy conmemoramos el tercer aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 2017 (19s), y 35 años de los ocurridos en 1985. Sin embargo, después de este tiempo, el 19s no se olvida, y ésto no sólo por todo aquello que ha quedado guardado en la memoria colectiva, sino porque el desastre sigue afectando a las personas damnificadas y a la sociedad en su conjunto. Hablando del desastre, la falta de prevención, de planificación y de acción estatal adecuada genera que fenómenos naturales, como los sismos, devengan en desastres.

Y si bien es cierto que los terremotos no pueden impedirse, sí es posible reducir al máximo los daños que probablemente causarán. Como lo expone el informe Documenta desde abajo, elaborado por estudiantes, académicos, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos. Los efectos catastróficos de los fenómenos naturales generalmente obedecen a factores socialmente construidos (https://bit.ly/2lmAR7C). Y así, el 19s es un desastre socialmente construido, debido a las violaciones a los derechos humanos, antes, durante y después del siniestro, por la acción, omisión o aquiescencia del Estado.

En este sentido, la recomendación 12/2018, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México (CDHCM), identificó violaciones a derechos, como los siguientes: nivel de vidaadecuado, a una vivienda digna, a la vida, ala integridad personal, a la seguridad jurídica, a la propiedad privada, así como el derecho a la información. Por ejemplo, en el caso del edificio que colapsó en Simón Bolívar 168, esquina con Chimalpopoca, donde lamentablemente fallecieron 15 personas, entre ellas doña María Teresa Lira Infante y María Elena Sánchez Lira, las autoridades responsables, al no supervisar ni inspeccionar integral y diligentemente el edificio antes del 19s, cometieron omisiones respecto a varios de estos derechos. Al igual que en Zapata 56, Saratoga 714 y Álvaro Obregón 286, cabe señalar que en Bolívar 168 se presentaron numerosas irregularidades que presuntamente propiciaron el colapso del edificio, propiedad de Inmobiliaria Inmobico SA de CV, entre ellas, la antigüedad del inmueble, la ampliación de dos plantas respecto a la construcción original, el sobrepeso de los pisos tercero y cuarto, la colocación de una antena de telecomunicaciones, y la falta de rehabilitación estructural después de los terremotos de 1985.

Ante las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, víctimas, sobrevivientes y colectivos, como Damnificados Unidos de la CDMX, llevan a cabo procesos de exigencia de búsqueda de la verdad, acceso a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición. Y lo hacen mediante demandas, como la rehabilitación y la reconstrucción de las viviendas de una forma adecuada y segura, y realizadas con fondos públicos. Su lucha se ha encontrado con la revictimización; con políticas de castigo y desatención por parte de autoridades; con obstáculos interpuestos por las empresas constructoras, y con retrasos temporales en la entrega y calidad de las viviendas reconstruidas, así como con diversas dificultades, como las afectaciones físicas, síquicas, emocionales y espirituales.

Sin embargo, su lucha tiene una función transformadora, debido a su gran capacidad catalizadora para reforzar la organización y la genuina determinación en la defensa de los derechos humanos que surge desde abajo, reivindicando su posición como sujetos de derechos, no como objeto de discursos. Prueba de ello es la Jornada de lucha por la verdad y la justicia, que junto a otras personas damnificadas, organizaciones, colectivos, movimientos y sociedad en general emprenderán hoy, y que se extenderá hasta el 26 de septiembre y el 2 de octubre.

Por todo lo dicho, autoridades capitalinas, como aquellas de la Comisión para la Reconstrucción, las de la alcaldía Cuauhtémoc, de la Secretaría para el Desarrollo Urbano y Vivienda, y del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, por mencionar algunas, tienen el deber constitucional e internacional de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido antes, durante y después del 19s, lo cual, según la recomendación de la CDHCM requiere de una conjunción de esfuerzos, asumida como obligación de Estado, y no como labor filantrópica o de gestión de asuntos administrativos o intereses particulares.

De esta manera, se eliminarán los obstáculos para el acceso a la justicia y se logrará la certeza y claridad sobre las condiciones del suelo de la capital, así como la adecuada atención a la infraestructura urbana y la garantía del derecho a una vivienda digna. Por otro lado, para que el 19s nunca más vuelva a repetirse se promoverá la responsabilidad del Estado, una cultura de derechos humanos, la prevención de riesgos, el acceso a la información y la atención a grupos de atención prioritaria con enfoque diferencial.

 

Investigadores de la Universidad de Monash (Melbourne, Australia) han desarrollado un dispositivo biónico que podría curar la ceguera humana a través de la colocación de un implante en la superficie del cerebro.

Un equipo de ingenieros y médicos se están preparando para iniciar los primeros ensayos clínicos en humanos en Melbourne, en la que sería la primer implantación de un ojo biónico en el mundo, indica la universidad en un comunicado.

“Las prótesis de visión cortical tienen como objetivo restaurar la percepción visual de quienes han perdido la visión mediante la admxinistración de estimulación eléctrica a la corteza visual”, explica Arthur Lowery, principal investigador del proyecto, indicando que la tecnología podría ayudar también a tratar otras afecciones, como la parálisis de extremidades. 

CÓMO FUNCIONA

El Sistema de visión biónica Gennaris, que lleva más de diez años en desarrollo, fue diseñado para rodear los nervios ópticos dañados y permitir que las señales se transmitan desde la retina al centro de visión del cerebro.

 

Se está preparando un primer dispositivo mundial para restaurar la visión a los ciegos para ensayos clínicos en Melbourne. Foto: Monash University.

El dispositivo está compuesto por un casco que incluye una cámara y un transmisor inalámbrico, una unidad procesadora de datos y un conjunto de placas de 9x9mm implantados en el cerebro.

La cámara del dispositivo captura el entorno del usuario y envía las imágenes al procesador de visión, donde se procesan para extraer la información más útil y, finalmente, envía los datos de forma inalámbrica al complejo circuito dentro de cada placa implantada en el cerebro, donde los datos se convierten en un patrón de pulsos eléctricos, que estimulan la corteza cerebral a través de microelectrodos delgados como un cabello.

En caso de tener éxito, el equipo buscará crear “una nueva empresa comercial enfocada en proveer de visión a las personas con cegueras incurables y de movimiento a los paralizados con tetraplejia, transformando su asistencia médica”, indicó el Dr. Philip Lewis, otro de los líderes del proyecto.

Los grupos feministas que mantienen la toma del edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico dieron a conocer el pliego petitorio resultante de la asamblea interna que realizaron ayer jueves a puerta cerrada.

En el texto dado a conocer hace unos minutos a través de la página de facebook de Okupa Bloque Negro se menciona que las activistas solicitan "inmunidad" para todas las integrantes de la protesta, al tiempo que piden que su movilización no sea invisibilizada ni criminalizada.

Asimismo exigen la liberación inmediata de  la estudiante universitaria Tani Elis Hernández; la renuncia "inmediata" del cuerpo policiaco que desalojó violentamente a un grupo de manifestantes en la Comisión de Derechos del Estado de México en Ecatepec hace unos días; y la capacitación de los uniformados con temas de perspectiva de género.

Pore otro lado, solicitaron que las autoridades rindan un informe detallado y público sobre las acciones que han tomado para combatir la violencia de género, en un documento presentado por el presidente de la república y todos los gobernadores; que el Estado "genere un protocolo para los medios de comunicación con perepectiva de género, para evitar la revictimización de las activistas" , al tiempo que repudiaron el "uso excesivo de la fuerza" por parte del agrupamiento femenil de policía Atena.

En su comunicado, las activistas subrayaron que en el edificio ocupado "habitan infancias, madres y cuidadoras", por lo cual urge garantizar su seguridad. De igual manera pidieron que en el inmueble las autoridades adapten los baños para instalar una regadera y un acceso para silla de ruedas, así como garantizar la protección de las personas que forman parte de la toma.

Las ocupantes se pronunciaron también contra la estigmatización del uso de la mariguana por parte de mujeres y se deslindaron de la exigencia de destituir a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, petición que ayer externó Yesenia Zamudio, representante del Frente Nacional Ni Una Menos México.

Como se informó hace unos minutos en este diario, Zamudio sostiene una reunión en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México con funcionarios cuya adscripción aún no se conoce.

En su página de facebook, la activista indicó que no saldrá de este edificio hasta que no se cumplan sus demandas de ayuda a familiares de víctimas y volvió a criticar al Bloque Negro Okupa, el cual permanece en la sede de la CNDH en el Centro Histórico.

Es común pensar que los más pequeños de la casa no tienen nada de qué preocuparse y que su vida es más simple que la de los adultos, pero la verdad es que el estrés infantil afecta a muchos niños, y se produce por diferentes circunstancias, ya sean internas o externas. Aquí te hablaremos más sobre el tema.

¿QUÉ CAUSA EL ESTRÉS?

Algunos padres recriminan a sus hijos cuando se sienten tristes o deprimidos a causa del estrés porque, según ellos, los más pequeños no tienen nada de qué preocuparse, ya que toda su vida consiste en juegos y diversión.

Sin embargo, contrario a esta idea popular, y de acuerdo a la organización Kids Health, los niños se enfrentan a situaciones que los exponen a la presión, como encajar socialmente en su entorno escolar, sacar buenas calificaciones y realizar actividades extracurriculares.

Una de las causas principales del estrés infantil es el hecho de que están sobrecargados de actividades que sus padres les imponen y que a ellos no les gusta. Otro conflicto que les genera estrés y ansiedad es la separación de sus padres.

 
Una idea equivocada de los padres es que los más pequeños no tienen nada de qué preocuparse, ya que toda su vida consiste en juegos y diversión. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.
 

CÓMO RECONOCER EL ESTRÉS

Si bien los casos son sutiles, se pueden percibir. Uno de ellos es el cambio en la conducta, como el mal humor o comportarse mal cuando antes no lo hacía, son señales de que el pequeño está viviendo una situación estresante.

Otro cambio en la conducta es la distorsión en los hábitos del sueño, sufriendo insomnio, o el hecho de que moje la cama. El estrés también se manifiesta de forma física, al sentir dolor en el estómago o de cabeza. Los problemas de concentración y el distanciamiento social también son indicadores, en especial si los niños son sociables.

Los cambios también se reflejan en el rendimiento escolar y en la actitud hacia los padres. La agresión, las mentiras y el desafío a la autoridad pueden indicar síntomas de estrés infantil.

¿QUÉ HACER?

Averiguar lo que sucede es el primer paso. Si la pareja se está divorciando, los padres deben hablar con sus hijos, y estar pendientes de sus cambios, ya que este es un proceso que les afecta mucho.

La ayuda psicológica es importante para el bienestar de los niños. Los padres deben estar dispuestos a escuchar con paciencia y a interesarse por lo que pasan sus hijos, porque otro problema que desencadena el estrés posiblemente sea el bullying escolar.

Este año no habrá simulacro en Ciudad de México ni otras entidades por la pandemia de la COVID-19, pero las heridas que dejó el sismo de septiembre de 2017 continúan presentes entre los mexicanos. 

Fue justo a las 13 horas con 14 minutos del 19 de septiembre de 2017, año en que se conmemoraban los 32 años del sismo de 1985, que un temblor con epicentro al sureste de Axochiapan, Morelos, provocó la muerte de cientos de personas en México, así como incontables daños.

396 personas perdieron la vida tras la caída de edificios y casas. 228 de las muertes ocurrieron en la Ciudad de México; 74 en Morelos; 45 en Puebla; 15 en el Estado de México; seis en Guerrero y una en Oaxaca, de acuerdo con datos de Protección Civil. 

Los miles de damnificados en la Ciudad de México que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017 han vivido los últimos meses entre la incertidumbre por recibir ayuda, la reconstrucción de sus viviendas y la infausta pandemia de la COVID-19, que se ha llevado más de 11 mil 300 vidas en la capital.

Según datos de la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno capitalino actualizados al 31 de julio, entre vivienda multifamiliares y unifamiliares un total de 7 mil 774 inmuebles resultaron dañadas por el terremoto de hace tres años, de magnitud 7,1, dejando más de 20 mil damnificados.

A la desesperante situación se sumó la llegada del coronavirus, por lo que mayoría arribó al tercer año del sismo con la esperanza de que la reconstrucción y la posterior entrega de sus viviendas ocurriera, aunque no siempre ha sido así.

Días después del sismo, la ayuda y donaciones internacionales de prácticamente todo el mundo comenzaron a llegar a México hasta sumar más de 90 mil millones de pesos.

Pero tres años después, muchos damnificados denuncian que los recursos se esfumaron por posible malos manejos.

 

–Con información de Juan Manuel Ramírez G., reportero de EFE.

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