Raquel se sujeta con vehemencia del pecho de su madre. Mama suavemente mientras observa curiosa con el rabillo del ojo. Nació el 5 de junio, cuando en el estado de Chiapas los contagios de COVID-19 se encontraban en su punto más alto. A su madre, maestra del municipio de San Andrés Larráinzar, el parto la sorprendió durante la pandemia.

Ella tenía cita para el nacimiento de su hija en el Hospital de Las Culturas, de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas; decidió no acudir por miedo a contagiarse de COVID. Venció sus prejuicios y llamó a una partera para que la asistiera.

“Yo tenía miedo, porque mi suegra siempre me decía: no vayas a ir con esas brujas porque pueden hacerle mal a la niña”. Hoy, casi seis meses después del nacimiento, agradece haber ignorado esas palabras; dice que le viene a la memoria la imagen de Raquel naciendo entre olores a hierbas aromáticas y suaves letanías. Cree que quizá por ello, su hija va creciendo como una niña plácida y rosagada.

Raquel fue una de los dos mil 868 infantes nacidos con partera en el municipio de San Andrés Larráinzar, durante los primeros seis meses de la pandemia; una cifra siete veces mayor que el promedio de partos asistidos en esa localidad, por estas mujeres de manos firmes y sabias. Su trabajo se multiplicó.

La pandemia ha traído mucho dolor para la humanidad, pero también ha sido un punto de inflexión y reconocimiento de prácticas y formas de vida desdeñadas por la cultura eurocentrista, que desdibuja el conocimiento de los pueblos originarios.

 
Raquel fue una de los dos mil 868 infantes nacidos con partera en el municipio de San Andrés Larráinzar, durante los primeros seis meses de la pandemia. Foto: Consuelo Pegaza, Chiapas Paralelo.

Las parteras se colocaron en estos meses, como ejes de vidas y sanadoras en medio de la tragedia. Ahora, señala Lucía Silva Martínez, una de las fundadoras de la organización Camati-Mujeres Construyendo desde Abajo, “podemos decir: aquí está el trabajo de las parteras, y es momento de que salga a la luz todo lo que hicieron durante la pandemia”.

DECOLONIZACIÓN

¿En qué momento se fue perdiendo el proceso del parto como un evento natural, asistido por integrantes de la familia o por mujeres de las comunidades? Lucía Silva considera que el origen del desdén hacia las parteras en América, viene desde la colonización, cuando se socavaron los derechos culturales de los pueblos originarios, su medicina y sus saberes.

“Fue entonces que empezamos a dudar de nosotras mismas, empezamos a perder ese poder de nosotras como mujeres. Con el tiempo, las mujeres empezaron a ya no querer ir con la partera, sino al hospital o al centro de salud”, aún en las comunidades rurales e indígenas, que en Chiapas componen el 30 por ciento de la población.

Lucía es hija de partera, nació en el municipio de La Trinitaria, ubicado en la zona fronteriza entre Chiapas y Guatemala. Ella recuerda el dolor de las mujeres durante los partos, y el dolor de las parteras ante la discriminación.

“Me dolía ver como (médicos y personal del sector salud) trataban a la parteras, entre ellas mi madre; como las encaraban y humillaban. Me tocó ir con mi mamá a dejar a pacientes al hospital, a mi mamá la insultaron, le gritaron; y desde ahí dije: nunca más vamos a permitir que esto siga sucediendo. Porque nosotras hacemos mucho más trabajo que el médico. El médico no quiere llegar a la comunidad, por el simple hecho de ser comunidad”.

Desde los 13 años se hizo promotora de salud, más tarde intentó estudiar Medicina en la universidad, pero reviró el camino porque sentía la necesidad de reivindicar la figura de la partera.

Desde entonces ha trabajado en las montañas de Guerrero y en las comunidades de Chiapas. En su camino conoció a Ofelia Pérez, originaria de Chenalhó y hablante de tsotsil; a María de la Luz, también indígena de la Ranchería San Rafael, ubicada en Comitán; y a Olga Barrera, de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Ellas tienen en común el haber encontrado su don -como le llaman a su vocación, habilidades y conocimiento- siendo adolescentes. Un don que se les manifestó en sueños, en los que se veían a sí mismas pariendo, o ayudando a parir a otras mujeres; sueños donde aprendían a sentir a los bebés aún no nacidos, y a acomodarlos para el momento del alumbramiento. “Antes de que me capacitaran, yo ya era partera”, cuenta María de la Luz.

Tan sólo en Chiapas han fallecido 73 madres en hospitales, por complicaciones o brotes de coronavirus. Foto: Cuartoscuro.

La vida las hizo conocerse, y coincidir. Ellas conciben a la partería como parte del reconocimiento integral hacia el cuerpo de la mujer y su autonomía sobre él, en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, en la reivindicación del conocimiento de la medicina tradicional y los saberes de las abuelas.

“¿Cómo puedo yo siendo mujer, no orientar y apoyar a otra? ¿Si como mujeres no estamos bien, se puede hacer el bien al resto de la familia?”, se cuestiona Ofelia. Con esa visión formaron la organización Camati-Mujeres Construyendo desde Abajo.

Ahora forman parte de un colectivo de más de 600 mujeres del Movimiento de Parteras de Chiapas Nich Ixim, y juntas hicieron frente a la pandemia, durante los meses más difíciles.

MÁS PARTERAS, MENOS MUERTES MATERNAS

Para bajar la incidencia de muertes maternas, en Chiapas las políticas de salud públicas ordenaron que todos los partos se consideren de alto riesgo, y sean atendidos en hospitales y clínicas de segundo nivel; negando la posibilidad de atención en centros de salud y clínicas rurales.

Esa medida no terminó con las muertes maternas, porque, de acuerdo con lo que han documentado las parteras, la mayoría de las muertes maternas se da como consecuencia de rupturas uterinas que se atribuyen al uso de oxitócicos sintéticos, a hemorragias por el uso excesivo de medicamentos; y a infecciones nosocomiales.

Es decir, son derivadas de la atención y los mecanismos de atención en hospitales, públicos y privados, donde se promueve ya el “parto sin dolor”, explica Lucia.

Lo que sí pasó, comenta Ofelia, es que los hospitales se saturaron. En jornadas de ocho horas, los médicos atienden hasta a 30 mujeres embarazadas, por lo que rebasados en su capacidad, se volvió común negar la atención y mandar a las mujeres a otros hospitales cada vez más lejanos de sus comunidades.

 
A raíz de la pandemia, varias mujeres embarazadas requirieron las labores de la partera, ya que tenían miedo a contagiarse de COVID-19. Foto: Cuartoscuro.

Con la pandemia la falta de atención se agudizó. Muchos centros de salud cerraron, no hubo control prenatal, no llegaron las caravanas de salud a las comunidades, los hospitales no funcionaron de manera normal porque se dedicaron a atender pacientes con COVID, un número importante del personal médico dejó de trabajar, por ser personas con problemas de salud.

El resultado fue que hasta la semana 42 de este año, 73 mujeres murieron de muerte materna, colocándose Chiapas en segundo lugar de casos, según los datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Contrario a estas cifras, “a las parteras no se nos ha muerto ninguna mujer que atendimos”, aún cuando la pandemia les puso un reto, explica Ofelia.

La pandemia trajo consigo el temor en un número importante de mujeres embarazadas para acudir al hospital, lugares que consideran focos de contagio de COVID-19.

Fue entonces cuando un número cada vez mayor de mujeres de las comunidades y de las ciudades acudieron a ellas. Los ejemplos no faltan, en Tenejapa – municipio colindante con la ciudad de San Cristóbal de Las Casas-, una sola partera, en los primeros seis meses de la pandemia, atendió más de 200 partos, cuando la media es de seis a 10 al mes.

En San Andrés Larrainzar, 64 parteras atendieron a dos mil 868 partos. En Sitalá mil 600, en San Juan Chamula 380.

“El número ha ido en aumento, en la región Frailesca, ubicada en la zona centro de Chiapas, donde la población es mestiza, de tener cinco o seis partos al mes, cada una atendió 10 o 15 mujeres. También acudió a nosotras mujeres de Tuxtla Gutiérrez”, la capital de Chiapas, explican con detalle.

“Entre varias organizaciones recolectamos insumos y los mandamos a las parteras de las comunidades. Nos pusimos a hacer cubrebocas. Las instituciones de salud en ningún momento apoyaron a las parteras, tuvimos que atender con nuestros propios medios. Las parteras ancianas dejaron de atender por el riesgo al contagio del coronavirus, las más jóvenes suplimos su trabajo”, explicó Lucia.

 
Las mujeres que no presentan complicaciones en sus embarazos pueden ser asistidas por una partera.  Foto: Cuartoscuro.

“TENEMOS ARGUMENTOS FUERTES”

La atención se dio, aún cuando el precio de los insumos se incrementó. “Si en marzo -días antes que se detectara el primer caso de contagio de COVID-19 en Chiapas-, un litro de alcohol costaba 20 pesos, ahora sale en 200 pesos; alcohol, gasas, guantes, cubrebocas, todo se elevó de una manera insostenible. Y la situación económica de las familias se devaluó, por lo que muchas no tuvieron más que recursos para pagos simbólicos”.

La pandemia les puso un reto, y lo superaron. Las mujeres parteras esperan ahora el reconocimiento de la importancia de su labor, no por un afán de vanidad, sino para tener mejores condiciones de trabajo y terminar con la discriminación.

 
En la mayoría de los casos, el trabajo de las parteras permite tener un parto sin dolor. Foto: Cuartoscuro.

“Tenemos argumentos fuertes, sostenibles, del trabajo que hicimos en la pandemia. Es momento de hacer un reconocimiento claro, el trabajo es de admirarse y reconocerse; porque nadie como ellas, como nosotras, hicimos el trabajo que se necesitaba”.

Muchas personas que antes no hubieran recurrido a las parteras -explican- ahora lo están haciendo. Están reconociendo la importancia de la medicina tradicional, de la partería, y de sus pueblos originarios; de los usos y costumbres que otras veces han sido desdibujados.

¿Cómo relacionarse con el sector de salud público? “Nosotras somos el primer contacto con las mujeres embarazadas, así que buscamos una mejor relación entre pares, entre médico y partera. El trabajo del médico es muy importante, así como el de la partera. Aquí lo que debiera fomentarse es el trabajo conjunto porque ambas partes buscamos el bien común. Si trabajamos así, el médico no se satura; si hay partos sin complicaciones, la partera los puede atender”.

“Podemos decir: aquí está el trabajo de la partera, y es momento de que salga a la luz todo el trabajo que hemos hecho durante la pandemia. Seguimos buscando el reconocimiento y respeto, la dignificación de nuestro trabajo”.

Archivo Cuartoscuro
 
Ante el incremento de contagios de COVID-19, el estado de Puebla retrocederá de semáforo amarillo a naranja, informó el gobernador Miguel Barbosa.

En su videoconferencia de prensa, el gobernador señaló este viernes anunciarán nuevas medidas para revertir el incremento.

Hasta el día de hoy en Puebla suman 5,393 muertes por COVID, así como 1,027 casos activos en 57 municipios y 442 personas hospitalizadas.

Barbosa aseguró que las acciones de su gobierno para enfrentar la pandemia han sido las correctas y que el incremento de casos en los últimos días se debe a factores como el comercio ambulante que “ha generado mayor movilidad y mayor riesgo de contagio”.

Aunque no adelantó detalles sobre las medidas que anunciarán mañana, Barbosa dejo entrever que estarán relacionadas con el ambulantaje, con el fin de no cerrar otras actividades.

El gobernador hizo un llamado a la gente para temer al virus y no bajar la guardia. “Hay que tenerle miedo al COVID (…) el COVID mata, todos hemos perdido o conocemos a alguien que perdió a alguien por el COVID”, señaló.

Hasta hace unos meses, Barbosa tenía una opinión distinta sobre el virus. En marzo pasado, en una conferencia, el gobernador minimizó la peligrosidad del virus y declaró que solo las personas “acomodadas” tenían riesgo de contagiarse.

“La mayoría (de los contagiados) son gente acomodada, ¿si lo saben o no?, si ustedes son ricos tienen el riesgo si ustedes son pobres no, los pobres estamos inmunes”, dijo en aquel momento.

Thursday, 03 December 2020 00:00

¿Paridad?

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En el debate sobre la construcción de una sociedad democrática más igualitaria persiste desde hace tiempo una inquietud: ¿cómo avanzar en cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica y política que hay entre mujeres y hombres?

Una propuesta ha sido garantizar una proporcionalidad entre hombres y mujeres en los lugares de representación política y en los espacios donde son tomadas las decisiones de política pública y gobierno. A este mecanismo se le nombra paridad, o sea 50/50.

En México, en 2014 se reformó el artículo 41 de la Constitución “para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales”. En las recientes elecciones de julio de 2018 esta palanca de cambio hizo que llegara un aluvión de mujeres tanto a la Cámara de Diputados como al Senado.

En junio de 2019 se reformaron varios artículos de la Constitución en materia de paridad de género para incluirla en los cargos de elección popular, desde municipios con población indígena, en representantes ante los ayuntamientos, regidurías y sindicaturas, pero también en los órganos jurisdiccionales y las secretarías del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas.

El texto constitucional dice: que “la ­observancia del principio de paridad a que se refiere el artículo 41 será aplicable a quienes tomen posesión de su encargo, a partir del proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, según corresponda”. 

Hace unos días el INE acordó que en las próximas elecciones, donde se juegan 15 gubernaturas, también hay que aplicar la paridad. ¿Qué significa esto operativamente? ¿Acaso se trata que todos los partidos que contiendan en un estado deberán hacerlo con candidatas mujeres, para que, independientemente del partido que gane, sea un hecho que gane una mujer? ¿Cómo se pretende implementar esta medida en siete estados, si no hubiera voluntarios, con una rifa? ¿O tal vez habría que lograr que todos los 15 estados que compiten tengan candidatas mujeres, pues así se lograría una cierta paridad en la Conago?

El absurdo es evidente, y más ahora con la propia crisis política de la Conago. Y sin embargo, el problema persiste. De 32 entidades federativas, sólo hay dos gobernadas por mujeres. Se avizora un litigio respecto a si la reforma acerca de la paridad concierne también a las gubernaturas (que son puestos de elección popular). También circula un rumor sobre que en el Senado, en 2019, se estableció un acuerdo político que planteó explícitamente que la paridad no iba para las candidaturas a gubernaturas.

La paridad no resuelve por sí sola todas las desigualdades entre las mujeres y los hombres, aunque sí conduce a una más exacta representatividad de la nación e intenta repartir más equitativamente los puestos de poder.  Ahora bien, ¿cambia la política con la paridad? Tal vez. Indudablemente la paridad incide en el debate sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pero lo que sin duda hay que cambiar es la idea de que la igualdad se consigue en lo público sin modificar lo privado.

Desde la perspectiva de que lo personal es político (el gran lema político de las feministas) nos debería escandalizar, no sólo la desigual repartición que hay en los quehaceres públicos, sino también la aún más desigual repartición en las tareas privadas. Si entendemos el reclamo de paridad como una palanca para reformular la relación entre el ámbito público y el privado, entonces lo que se requiere también son reformas legislativas, políticas públicas y cambios institucionales que amplíen la paridad al ámbito doméstico y al educativo.

Sí, para realmente alcanzar la paridad política es necesaria una educación distinta, porque si en las aulas escolares no se educa en la igualdad, se persistirá en reproducir la desigualdad. Y también es imprescindible contar con políticas públicas que alienten un desplazamiento de la responsabilidad femenina en el ámbito doméstico y mayor involucramiento masculino en la repartición de las labores domésticas, en especial las de cuidado y crianza. 

Obvio que hay que lograr que el mundo de la política y también el empresarial se parezcan más al mundo de la vida cotidiana, donde están mezclados los hombres y las mujeres. Hoy en día produce estupor ver fotografías de reuniones políticas o de “hombres de negocios” donde 90%  o 100% son varones, como también lo producen las juntas de “padres de familia” donde 90%  o 100% son mujeres. La paridad no es un fin, sino un medio para lograr la igualdad sociopolítica y económica entre las mujeres y los hombres, y lograr dicha igualdad requiere el compromiso verdadero con una agenda feminista.

Tal vez el camino para que haya más gobernadoras es que quienes desean gobernar su estado tengan las condiciones sociales para competir políticamente en un piso parejo. Estoy segura que en algunos estados hay mujeres que serían buenas candidatas, competitivas, con posibilidades de ganar. ¿Será que los partidos no pueden considerarlas y hay que obligarlos por el principio de paridad?

Finalmente, no hay que creer que más mujeres en esos espacios implica lograr una política feminista. “Cuerpo de mujer no garantiza pensamiento feminista”.

El Vaticano al más alto nivel ha sido cómplice de prominentes pederastas. El caso del excardenal estadunidense Theodore McCarrick muestra una red de complicidades que disimularon sus abusos sexuales durante décadas. Todo ello se desprende de una investigación dada a conocer por la Secretaría de Estado del Vaticano el pasado martes 10 de noviembre.

Es un informe detallado de 450 páginas que recoge testimonios, informes, entrevistas, memorandos y correspondencia inédita. Su pulida redacción trata de exculpar a los Papas pero los hechos se imponen. El Vaticano niega haber encubierto los abusos sexuales a menores cometidos por el excardenal estadunidense McCarrick, ahora degradado a condición laical, pero reconoce en su informe errores graves, omisiones y falta de sensibilidad hacia las víctimas, en especial por haber considerado simples rumores las informaciones sobre sus delitos de pederastia y abuso a jóvenes seminaristas. Nadie se dio a la tarea de corroborarlos ni de realizar una investigación profunda.

Una de las primeras conclusiones del informe sobre el encubrimiento dice lo siguiente: “en el momento del nombramiento como arzobispo en Washington de Theodore McCarrick, en el 2000, la Santa Sede actuó sobre la base de información parcial e incompleta. Desgraciadamente se cometieron omisiones y subestimaciones, se tomaron decisiones que después se evidenciaron equivocadas”.

Los rumores sobre la conducta homosexual y los abusos a menores llegaron a la nunciatura en Washington y al Vaticano desde principios de la década de los noventa. Pero fueron deses­timados porque están formulados en cartas anónimas y dichos. El Vaticano y el Papa Juan Pablo II sabían de rumores sobre el comportamiento sexual de McCarrick pero jamás investigaron a fondo. Incluso se desestimó una carta del cardenal de Nueva York, John O’Connor, fechada el 28 de octubre de 1999, en la que recomendaba no elevar a McCarrick como arzobispo, para evitar escándalos. 

El informe intenta atenuar y justificar la decisión de Juan Pablo II, pero a todas luces cometió un error y una página negra en la vida de la Iglesia. El expediente de la Secretaría de Estado narra engaños del propio McCarrick. Hay que recordar que desde 1976 había amistad entre ambos y probablemente hubo apoyos económicos a la resistencia cuando Karol Wojtyla era arzobispo en Cracovia.

Como haya sido, el Vaticano nombró a Theodore McCarrick obispo auxiliar de Nueva York en 1977, Juan Pablo II lo convirtió en obispo de Metuchen en 1981, arzobispo de Newark en 1986 y fue elevado a arzobispo de Washing­ton en el 2000, para finalmente ser encumbrado al cardenalato al año siguiente.

McCarrick vivía una doble vida. Un clérigo muy activo políticamente, con gran influencia en la Casa Blanca y en especial con el Partido Demócrata. Un experto recaudador de fondos para financiar iniciativas costosas del Vaticano. Además pertenecía al ala progresista de la Iglesia estadunidense. Él cubría temas como paz internacional, ayuda humanitaria, pobreza, derechos humanos y migración, que lo perfilaban como un cardenal de avanzada. Pero llevaba una vida privada paralela, de placeres sexuales y perversiones condenadas por la Iglesia. Una vida subterránea que escondía una conducta patológica, pues abusaba de menores; lo califican como un Mister Hyde y Doctor Jekyll de la pedofilia.

McCarrick tiene ahora 90 años ¿Morirá en su cama sin enfrentar la justicia o irá a prisión? ¿Se volverá a imponer la impunidad sagrada a pederastas depredadores, como Marcial Maciel, Nicolás Aguilar, el exnuncio de Dominicana Jozef Wesolowski o el encubridor Bernard Law? Según el informe, también actuaron a favor del ascenso eclesiástico de McCarrick altos funcionarios de la Curia, como Angelo Sodano, secretario de Estado; Giovanni Battista Re, prefecto de la Congregación para los Obispos; y el secretario particular del Papa Woj­tyla, Estanislao Dziwisz.

Tienen también un alto grado de responsabilidad porque mostraron beneplácito para preponderar al pederasta norteamericano. Recordemos a Sodano defender con todo el peso del Estado Vaticano a Marcial Maciel. Curiosamente Estanislao Dziwisz enfrenta ahora procesos judiciales en su natal Polonia por encubrimiento a pederastas clericales. Son cómplices y habitan también en el limbo de la indulgencia de responsabilidades tanto eclesiásticas como civiles.

Es necesario analizar el papel de la burocracia vaticana para explicar el inexorable ascenso de McCarrick. No sólo como resultado de una desafortunada combinación de errores, informaciones sesgadas y reglas discrecionales, sino de un clericalismo delictivo presente en la Iglesia. Un clericalismo perverso que ha alterado todo el sistema para sabotear los signos de advertencia y evitar esclarecer los incidentes que emergían como señales de alerta. Estamos hablando de una cultura clerical destinada a proteger a los funcionarios de alto rango que pasaron por alto normas eclesiásticas y civiles. En ese sentido, el informe de la Secretaría de Estado es un importante paso de transparencia que propicia mayor autocrítica y deslinde de responsabilidades.

Algunos analistas apuntan que el ascenso de McCarrick fue pilotado gracias a un sistema de poder subterráneo desde los sótanos del Vaticano. Nos referimos al llamado Lobby Gay. Fréderic Martell, autor de Sodoma, corregiría porque es una “mayoría silenciosa de homosexuales en la curia”.

En defensa de Juan Pablo II, salta Monseñor Stanisław Gadecki, presidente de la Conferencia Episcopal polaca, quien aseguró que el informe de la investigación a Theodore McCarrick muestra que San Juan Pablo II fue engañado. Por su parte, el católico ultraconservador republicano, George Weigel, también defiende su memoria: “No hay absolutamente ninguna evidencia en el Informe McCarrick que pruebe que Juan Pablo II nombrara de forma deliberada a un depredador sexual… Me temo que mucha gente está sacando conclusiones precipitadas debido a informes de prensa incompletos o sesgados”.

Benedicto XVI, también aparece en el informe con una cuota grave de responsabilidad. En 2005 resurgieron acusaciones en firme de acoso y abuso de jóvenes. El nuevo Papa, Benedicto XVI, pidió la renuncia al cardenal estadunidense, al que acababa de conceder una prórroga de dos años de su mandato. Por lo tanto, en 2006, McCarrick, en edad de retiro (76 años), dejó la conducción de la diócesis de Washington para convertirse en obispo emérito.

Sin embargo, Ratzinger nunca inició una investigación ni un juicio canónico, como ameritaba el caso. Como a Marcial Maciel, se le recomienda llevar una vida más retirada y de oración, primero de manera oral y después por escrito en 2008. McCarrick nunca acató y siguió llevando misiones diplomáticas, acciones de recaudación y un activo lobby con la clase política estadunidense, hasta 2018, en tiempos de Francisco, que explotan nuevos escándalos.

En suma, el documento del Vaticano es un primer ejercicio que muestra una nueva actitud de mayor transparencia del actual Papa Francisco. En pederastia, mirar al futuro no basta, si no se resuelven los agravios a víctimas en el pasado. La investigación es un paso importante y se espera que se abran más como el caso Maciel. El informe deja más preguntas que las respuestas que ofrece. Todos los actores tienen una cuota de responsabilidad: los Papas, la curia romana, los nuncios, la autoridad civil y la propia Iglesia estadunidense.

Hace unos días se realizó la asamblea plenaria de los obispos norteamericanos. Abordaron el informe McCarrick. Con dolor reconocieron que durante décadas la Iglesia cerró los ojos ante estos pecados. Desde el enfoque de las víctimas, la Iglesia tiene que ir mucho más allá que sólo abrir los ojos.

La periodista mexicana Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en el Estado de Veracruz, fue asesinada en su domicilio en 2012. Un equipo internacional de compañeros de profesión ha seguido las investigaciones en las que Martínez estaba trabajando. La colaboración de 60 reporteros de más de 20 medios internacionales, entre ellos EL PAÍS, en el proyecto Forbidden Stories, ha dado como resultado The Cartel Project, una investigación de las redes globales de los cárteles de la droga mexicanos y sus conexiones políticas alrededor del mundo para demostrar que al matar a trabajadores de la prensa no se mata a la historia.

EL PAÍS arrancará este domingo 6 de diciembre con algunas de las investigaciones sobre la muerte de periodista mexicana, ocurrida en 2012 en un Estado marcado por la violencia criminal de los grandes carteles del narcotráfico y un entorno de corrupción política con el Gobierno local del PRI del gobernador Javier Duarte, hoy en prisión. En México 119 periodistas ha sido asesinados desde el año 2000. La mayoría de estos casos están marcados por la impunidad en un país donde la resolución de los homicidios apenas llega al 1%. Es en este marco donde se vuelve importante el trabajo colaborativo de 60 periodistas de 25 medios en 18 países.

El consorcio formado por varios periodistas retomará el trabajo de Martínez que fue interrumpido por el asesinato. Ocho años después del crimen, colegas de todo el mundo siguieron las pistas que dejó abiertas la corresponsal veracruzana del semanario de investigación. En estos trabajos se hallan vínculos de la clase política veracruzana con el crimen organizado, además de otros hallazgos. Los periodistas encontraron que la reportera había hecho hallazgos explosivos meses antes de su muerte relacionados con miles de desaparecidos en el Estado, el Golfo de México. Para elaborar los trabajos de este proyecto, los periodistas realizaron decenas de entrevistas a testigos que no habían hablado on the record, revelando cómo algunas autoridades habían boicoteado la investigación.

The Cartel Project reúne el trabajo realizado durante 10 meses e iniciadas en marzo, en plena pandemia, de medios internacionales como Le MondeFrance TVRadio FranceThe StarThe Washington PostThe GuardianProcesoOCCRPLe SoirKNACKSouth China Morning PostSüddeutsche ZeitungWDRNDRDie ZeitHaaretzExpreso, la radio y televisión de Suiza, entre otros.

Primer avance del plantón feminista: Congreso de Puebla se compromete a legislar a favor de transexuales y transgénero

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En el noveno día de la toma del Congreso de Puebla, los coordinadores de bancada se comprometieron con los diversos colectivos feministas que participan en la protesta a destrabar la revisión, discusión y votación de la conocida Ley Agnes, cuya aprobación permitiría a personas transgénero y transexuales corregir su acta de nacimiento para que puedan modificar el nombre y el sexo con el que están registrados.

Así lo dieron a conocer las activistas en una conferencia de medios que encabezaron tras el cónclave, donde informaron que los diputados también se comprometieron a realizar el 7 de diciembre próximo una mesa interinstitucional, para analizar la falta de resultados de la alerta por violencia de género que se activó en 2019 para 50 municipios de Puebla, a fin de reducir los feminicidios.

En el caso de la legalización del aborto dentro de las 12 semanas de gestación, la principal demanda de la toma, explicaron que los líderes legislativos aceptaron la posibilidad de modificar las fechas del parlamento abierto que propone el Congreso para debatir ese tema con el objetivo de acelerar la discusión, ante la negativa de los colectivos a que se posponga la votación del dictamen hasta abril de 2021.

 

“Es un avance, pero no una solución”, aclaran

Desde uno de los balcones de la planta alta del Congreso, que se mantiene cerrado por elementos de seguridad pública y privada desde que inició la protesta el 24 de noviembre pasado, las feministas aseguraron que la mesa de diálogo de este día significó “un avance pero no una solución”.

Advirtieron que mantendrán la toma en espera de la mesa interinstitucional del 7 de diciembre y no la abandonarán hasta que los diputados acepten firmar por escrito los compromisos asumidos ante la exigencia de que se aprueben la Ley Agnes y la legalización del aborto y se someta a revisión la alerta por violencia de género.

La Ley Agnes consiste en una reforma al Código Civil del estado que recibió el nombre de la activista transexual Agnes Torres Hernández, autora del proyecto que fue asesinada en marzo de 2012.

 

Ausencia de Gabriel Biestro retrasa encuentro seis horas

El encuentro entre los activistas y los coordinadores de bancada, que forman parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, se concretó con seis horas de retraso, por la ausencia inicial del presidente de ese órgano legislativo y coordinador de Morena, Gabriel Biestro Medinilla.

“Nos parece una falta de respeto la poca seriedad con la se nos ha tomado en cuenta”, expresaron en un comunicado las organizaciones Coatlicue Siempre Viva, Coordinadora Feminista Puebla, Odesyr, REDefine Puebla y Ddeser Puebla, al referir que la reunión se programó a las nueve horas de ayer, pero los dejaron esperando 50 minutos, para después informarles que se llevaría a cabo a las tres de la tarde.

En tanto, la diputada de Morena Vianey García Romero detalló que la mesa interinstitucional del 7 de diciembre será organizada por la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo local, a petición de Gabriel Biestro

Los piratas informáticos han puesto en el punto de mira las vacunas contra la covid-19. IBM Security ha alertado sobre una campaña global de phishing —un tipo de engaño cibernético para que las personas compartan información sensible— dirigida a empresas relacionadas con la cadena de frío de las vacunas contra el coronavirus, un proceso necesario para mantener las dosis de la vacuna a temperaturas extremadamente frías mientras son transportadas. Según IBM, un grupo de piratas informáticos trabaja para recopilar información sobre diferentes aspectos de la cadena de frío y utiliza correos electrónicos meticulosamente elaborados y enviados en nombre de un ejecutivo de Haier Biomedical, un proveedor chino especializado en transporte de vacunas y almacenamiento de muestras biológicas.

“Quien organizó esta campaña era consciente de los productos que están involucrados en la cadena de suministro de una vacuna para una pandemia mundial”, explica la analista de IBM Claire Zaboeva a la agencia Reuters. Los expertos de la compañía informática consideran que el propósito de este ataque era recopilar nombres de usuarios y contraseñas para poder acceder a comunicaciones internas, así como al proceso, los métodos y los planes para distribuir una vacuna de la covid-19. “Comprender cómo construir una cadena de frío segura es fundamental para distribuir vacunas desarrolladas por empresas como Pfizer Inc y BioNTech porque las tomas deben almacenarse a menos de 70 grados celsius para evitar que se estropeen”, detalla el informe.

Los correos electrónicos falsos de Haier fueron enviados a cerca de 10 organizaciones, y por ahora IBM solo ha comprobado la identidad de una de ellas: la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, que se encarga de cuestiones fiscales y aduaneras en la UE y ha contribuido a establecer normas sobre la importación de vacunas. Otros objetivos de los piratas fueron organizaciones de los sectores de energía, fabricación, creación de sitios web y soluciones de software y seguridad en Internet. Según el informe de IBM, ninguna de las organizaciones respondió a los mensajes de los piratas informáticos, por lo que los hackers no han accedido a la información.

Los expertos no han podido determinar qué grupo de piratas informáticos está detrás de la operación. “La precisión y la naturaleza de la operación apuntan hacia la autoría probable de hackers de un Estado-Nación”, detalla el informe.

Otros ataques y alertas

No es la primera vez que los piratas intentan hacerse con información vital sobre las vacunas contra el coronavirus. Hace una semana, supuestos piratas informáticos procedentes de Corea del Norte intentaron entrar, sin éxito, en los sistemas del fabricante británico de medicamentos AstraZeneca y la Universidad de Oxford, quienes junto con Moderna y los Institutos Nacionales de la Salud de EE UU y las ya mencionadas Pfizer y la biotecnológica alemana BioNTech, constituyen uno de los equipos que lideran la carrera por la vacuna contra la covid-19.

Esta semana, la Interpol ha emitido una alerta mundial dirigida a sus 194 países miembros instándoles a “estar vigilantes ante las redes de delincuencia organizada interesadas en sacar partido de las vacunas contra la covid-19, tanto de forma física como en línea”. “Mientras los Gobiernos se preparan para sacar las nuevas vacunas, las organizaciones delictivas planean infiltrarse en las cadenas de suministro, o perturbarlas” explica en un comunicado Jürgen Stock, Secretario General de Interpol.

En octubre, el FBI y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) alertaron sobre una amenaza de ataques informáticos contra hospitales y proveedores de atención médica en Estados Unidos. Los ataques tipo ransomware —un virus informático que bloquea las computadoras y los datos de un sistema hasta que se paga un rescate— se produjeron en Nueva York, Oregón y California.

Una seguidora de Donald Trump, en una protesta por los resultados de las elecciones, el pasado noviembre en Las Vegas.
Una seguidora de Donald Trump, en una protesta por los resultados de las elecciones, el pasado noviembre en Las Vegas. John Locher/AP

 

“Ganaremos”. “Elección amañada”. “Esta elección ha sido un escándalo (¡fraude!) mayor de lo que nadie podría haber pensado”. Son fragmentos de tuits lanzados este miércoles, un mes después de los comicios, por el presidente de Estados Unidos. Existen numerosas explicaciones posibles para el hecho de que Donald Trump siga diciendo que ganó las elecciones del pasado 3 de noviembre. Hay quien las busca en el terreno psicológico, apelando a esa incapacidad de asumir una derrota en un mundo que su despótico padre le dejó claro que se dividía entre ganadores y perdedores. Y hay también sólidos motivos de índole financiera. En concreto, los 170 millones de dólares que ha recaudado entre sus seguidores desde el día de las elecciones. Un día como el martes, por ejemplo, una persona cualquiera en la base de datos de la campaña de Trump recibió cuatro mensajes de texto (“¡Te necesitamos para defender la elección!”) y dos correos electrónicos solicitando donaciones para prolongar una lucha que ya pocos en su entorno, y acaso ni siquiera él, creen que lleve a ningún lado.

También es fácil ver una explicación al silencio cómplice de su partido, temeroso de que rechazar las fantasías de Trump lleve a un enfrentamiento que haga peligrar los dos escaños del Senado que se disputan en enero en Georgia, y que determinarán quién controla la Cámara. Lo saben bien los mandos republicanos: el trumpismo es el culto a una persona. Y esa circunstancia invita también a preguntarse hasta qué punto su negativa a aceptar el resultado electoral se traslada a sus 74 millones de votantes.

La mayoría de las encuestas indican que esos seguidores comparten el discurso del presidente. En una de YouGov para The Economist, realizada en la semana siguiente a las elecciones, el 86% de los votantes de Trump responde que no cree que Joe Biden haya ganado legítimamente las elecciones. Tres de cada cuatro votantes de Trump, según el mismo sondeo, consideran que nunca se conocerá el resultado real. En otra encuesta de NBC y Change Research, publicada el 21 de noviembre, solo el 3% de los votantes de Trump considera que Biden ganó legítimamente. Eso querría decir que 72 millones de estadounidenses sostienen que las elecciones fueron amañadas.

Hay expertos que señalan que, en estas encuestas, quienes responden lo hacen sencillamente repitiendo el discurso de su líder, sin que signifique necesariamente que lo creen al pie de la letra. También apuntan que esa desconfianza en el sistema no es tan infrecuente, y que tiende a desaparecer cuando el ciclo político devuelve a los propios al poder. Pero a nadie se le escapa lo inquietante de que la mitad del país sostenga públicamente que el próximo presidente será ilegítimo. Sobre todo cuando el actual inquilino de la Casa Blanca ha alimentado durante todo su mandato esa realidad paralela impermeable a las noticias contrastadas.

No conviene olvidar que incluso la ofensiva de Trump sobre la ilegitimidad de las elecciones se remonta a meses antes de que se celebraran. El presidente estuvo meses convenciendo a sus bases de que solo un fraude frenaría su victoria. “La única manera en que podemos perder estas elecciones es que sean amañadas, acordaos de esto”, dijo, ya en agosto, a sus seguidores en Wisconsin.

La difusión de esa narrativa falsa de fraude electoral, según un estudio reciente del grupo de derechos humanos Avaaz, Elections Integrity Partnership y The New York Times, está concentrada en un reducido grupo de personalidades de la derecha con mucha influencia en redes sociales, incluido Donald Trump Jr., el primogénito del presidente. Un núcleo de 25 personas, según el estudio, está relacionada con casi una de cada tres interacciones sobre desinformación relativa al fraude electoral. “A menudo se asume que la desinformación o los rumores surgen espontáneamente. Pero estos superdifusores muestran que hay un esfuerzo intencionado por definir la narrativa pública”, explicaba en The New York Times Fadi Quran, director de Avaaz.

Por encima de todos ellos está el propio presidente, en el papel de superdifusor en jefe. Las 20 entradas de Facebook con la palabra “elección” que generaron más interacción dos semanas después de los comicios fueron todas del presidente. Y todas eran falsas o engañosas, según personas que contrastan la información de manera independiente citadas por el Times. Un solo tuit del presidente acusando a Dominion, un software de tabulación de votos, de borrar 2,7 millones de votos fue compartido 185.000 veces y tuvo 600.000 likes. Como con tantos otros de los mensajes del presidente, Twitter añadió una etiqueta advirtiendo de que la información no era precisa. Una prueba del escaso impacto en las bases trumpistas de estas advertencias de unas redes sociales cuyo supuesto sesgo progresista el presidente lleva años denunciando.

Vehículo mediático

No menos impermeables son esas bases a los esfuerzos periodísticos de los medios más prestigiosos. En Estados Unidos, la mayoría de los grandes medios le resultan ajenos a la mitad de la población, que los considera, en el mejor de los casos, elitistas y sesgados a la izquierda. Esa mitad de la población es un suculento pastel que viene zampándose casi en exclusiva Fox News. Pero en la cadena de Murdoch, entre los desacomplejados aduladores del presidente, han surgido estas semanas voces críticas que, rendidos a la evidencia, se niegan a seguirle en sus delirios. Esto ha producido un abierto desencuentro entre Trump y la Fox, que han sabido capitalizar algunos avispados empresarios.

Es el caso de Christopher Ruddy, parte del entorno social de Trump en Florida y consejero delegado de Newsmax, convertido estas semanas en el más prominente vehículo mediático de las fantasías trumpistas. Según los titulares de la portada de este miércoles, “la investigación del fraude electoral no ha terminado”, “hay suficientes pruebas para una demanda en Arizona”, “los abusos del voto no presencial en Wisconsin afectaron a 220.000 papeletas” y “el FBI está recogiendo datos sobre el fraude electoral”.

Gracias a ello, su audiencia en prime time ha pasado de los 58.000 de media antes de las elecciones a 1,1 millones después. El propio Trump ha contribuido a su despegue, elogiando a la cadena y compartiendo sus historias. Disponible por cable en la mayoría de hogares, además de online, Newsmax se ha convertido en el azote de Fox desde la derecha.

A Ruddy no le mueve el fanatismo. Es un hombre de negocios explotando una mina de dinero y poder. “En estos tiempos”, decía recientemente en The New York Times, “la gente quiere algo que tienda a afirmar sus puntos de vista y opiniones”. Y eso es lo que encuentra en ese universo alternativo de supuesta información en el que, a pesar de toda la evidencia en sentido contrario y del potencial daño a la democracia estadounidense, la lucha continúa.

Ningún caso de ciberacoso se ha sancionado en Puebla a dos años de la reforma que castiga ese delito

Aunque desde 2018 en Puebla se castiga la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, a la fecha ningún caso se ha judicializado, debido a fallas y carencias del proceso de investigación.

Así se desprende de un análisis realizado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP) y el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), con datos actualizados hasta 2020.

En su informe “Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México”, las agrupaciones recordaron que fue en 2018 cuando el Poder Legislativo reformó el Código Penal del estado para penalizar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

Las organizaciones realizaron solicitudes de información a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para saber cuántos casos de ciberacoso se judicializaron o cuántas sentencias hay, a lo que ambas instancias indicaron que no hay ningún reporte al respecto.

En su análisis, el CCSJP y el Ovigem realizaron una consulta a un grupo de nueve mujeres poblanas, de entre 17 y 43 años, que fueron víctimas de violencia digital, con la finalidad de conocer sus experiencias y obstáculos al intentar hacer frente a las agresiones que vivieron.

Ninguno de los casos había tenido una solución en el ámbito penal, incluso cuando dos de ellas llevaban ya un año con un proceso abierto.

“Sus relatos nos permitieron identificar que al narrar la agresión les era difícil dar nombre a la violencia así como asociarlo a un delito en particular, y tras el episodio de violencia que enfrentaron, todas buscaron información y asesoría para poder actuar”, se indica en el documento.

Los casos que optaron por denunciar, tras meses o incluso años de iniciado el proceso, continuaban impunes y no se había accedido a ninguna medida de reparación, por el contrario, las afectaciones y consecuencias impactaban aún en su vida diaria, según se expuso.

Para Samantha Páez Guzmán, titular de la Dirección de Análisis de la Violencia de Género Mediática y Digital del CCSJ, es necesario difundir más la figura penal de ciberacoso y echar mano de la Policía Cibernética para poder investigar ese delito.

Abundó que es necesario que se capacite a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la FGE, para saber cómo obtener pruebas de ese tipo de delitos.

Expuso el ejemplo del “Fishing” que es un mecanismo por el que criminales pescan víctimas a través de redes sociales para obtener contenidos íntimos o bien, contraseñas de correos electrónicos y hasta cuentas bancarias.

Dispone Puebla de 11 cámaras frigoríficas para almacenar vacunas contra el Covid: Barbosa

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El gobierno de Puebla dispone de 11 cámaras frigoríficas para almacenar las vacunas contra el coronavirus.

“Nosotros estamos revisando nuestras cámaras de frío, tenemos 11 cámaras de frío en el estado y las estamos poniendo a tiempo, no porque alguien nos haya instruido a ello, sino porque es elemental, una acción preparatoria para recibir cientos de miles de vacunas”, reveló el mandatario estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta.

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta,  se refirió al reto que representa el almacenamiento de la vacuna contra el coroanvirus en refrigeradores, porque no hay suficientes en el país.

El titular del Poder Ejecutivo poblano manifestó que está a la espera de que se dé a conocer la estrategia del proceso de vacunación contra el Covid-19 por parte de la Federación, sin embargo, consideró que hay falta de condiciones para mantener las dosis en conservación.

En rueda de prensa, el mandatario manifestó que, si bien se ha hablado de que en los siguientes días llegarán miles de dosis para los mexicanos, varios estados no tienen cámaras de frío o las que poseen están en malas condiciones para conservar las dosis. 

Sostuvo que no ha sido abordado el tema de los refrigeradores por parte del gobierno federal, lo cual es un punto clave para concretar este fármaco.

“Estamos esperando conocer la estrategia de la distribución y aplicación de las vacunas, pero voy a advertir algo, miren ¿Y las cámaras de frío en los estados quién las ha revisado?”, cuestionó.

Consideró que debe haber una coordinación nacional para que en todas las entidades se tengan listos los refrigeradores y enfatizó que vacunar a todos los mexicanos no será un proceso que se lleve de la noche a la mañana.

Asimismo, opinó que el gobierno federal necesitará contar con camiones con refrigeración para evitar que las vacunas caduquen en su traslado a los estados y evitar que ocurran “accidentes” en su distribución, tal como ocurrió en 2009.

En ese sentido, recordó que cuando se dio el virus de la Influenza, hubo un estado, del cual no quiso dar su nombre, al que se llevaron 150 mil dosis para aplicarlas a las personas, sin embargo, no contaban con cámara frigorífica para conservarlas y se echaron a perder. 

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Cultura

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