Foto: Premio Goldman
Foto: Premio Goldman

 

En el año 2000 la apicultora maya Leydy Araceli Pech Marín (Hopelchén, Campeche, 1965) notó como la empresa multinacional Monsanto empezó a cultivar pequeñas parcelas de soya genéticamente modificada en México en el Estado donde nació y donde aprendió técnicas de apicultura. Para 2012 no solo se trataba de pequeños cultivos, sino proyectos de agroindustria a gran escala, lo que empezó a disminuir y contaminar la miel que producía, poniendo en riesgo el suministro de alimentos, el medioambiente y el medio de vida de las comunidades mayas.

Para evitar la devastación del ecosistema del sureste mexicano, Pech inició ese mismo año una coalición y presentó una demanda contra el Gobierno mexicano para detener la siembra de soja genéticamente modificada. En noviembre del 2015, como respuesta a la demanda, la Corte Suprema de México dictaminó de manera unánime que el gobierno debía realizar previas consultas en las comunidades indígenas antes de sembrar semillas modificadas genéticamente. En 2017, el Gobierno revocó el permiso que tenía Monsanto (hoy propiedad de Bayer) en siete Estados, incluidos Campeche y Yucatán.

Esta lucha ha convertido a Pech en una de las ganadoras del Premio Goldman de medio ambiente, reconociendo el liderazgo de la apicultora de origen maya en su defensa del ecosistema del sureste mexicano. El premio otorgado a Pech se convirtió en trending topic la tarde de este lunes. 

“Los mayas tenemos una relación muy importante con nuestras abejas” ha dicho Pech en una entrevista con el Festival Ambulante y previo a la presentación del documental ¿Qué les pasó a las abejas? “Nunca había sucedido que las comunidades indígenas le ganaran a una empresa como Monsanto”, refiere Pech en la entrevista realizada en mayo de 2020. “Hoy demandamos que el derecho a que se nos consulte sea eficaz, porque aún se mantiene la siembra de la soya”, indica.

Pech ha enfocado sus prácticas de apicultura en la Melipona beecheii, una especie de abejas nativas que se ha cultivado desde hace siglos por las comunidades mayas. También es promotora del desarrollo sostenible para comunidades rurales mayas. “La lucha histórica de Pech y la coalición establece precedentes en México, y es ya un modelo para otros movimientos de lucha indígena por la protección de sus derechos y la defensa y manejo de la tierra”, ha destacado el Premio Goldman al otorgar el galardón.

Por su origen maya, Pech ha sido objeto de discriminación a lo largo de su lucha. “Al verla en persona después de su victoria en los tribunales, un abogado de Monsanto comentó que no podía creer que esta pequeña mujer les hubiera derrotado”, destaca el equipo de comunicación del Premio Goldman. Actualmente, Pech sigue realizando activismo para proteger el ecosistema de la península de Yucatán y ha expresado abiertamente su rechazo al proyecto del Tren Maya. “Es un proyecto que se suma al despojo y a la violación que sufren los pueblos indígenas”, ha dicho la apicultora.

La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), a través de la página oficial www.gob.mx/mejoredu, publicó este 30 de noviembre la primera edición de los "Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México 2020". La institución enfatiza que este documento tiene por objeto "valorar el grado de cumplimiento del derecho a una buena educación con justicia social y al alcance de todas y todos" y, así mismo, reúne la principales cifras educativas que datan del ciclo escolar 2018-2019.

El diseño de los indicadores –asegura Mejoredu– busca ofrecer información "relevante, sistemática y consistente" sobre el comportamiento del Sistema Educativo Nacional (SEN) como base para "promover la reflexión y orientar los procesos de mejora continua" que requieren todos los niveles y tipos de servicios educativos que se ofrecen a lo largo y ancho del territorio nacional.

De igual manera, la Comisión pretende que la publicación de esta obra sea "una fuente de consulta de gran valía" para todas y todos aquellos interesados en la educación en nuestro país y sea "útil para la toma de decisiones orientadas a la mejora educativa".

 

¡Te invitamos a conocer y descargar el documento de indicadores educativos!

 

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Con información de Mejoredu

Monday, 30 November 2020 00:00

Por el pueblo mágico de Cuetzalan

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En Cuetzalan, Puebla, a mil 700 metros sobre el nivel del mar, no sólo hubo quetzales –esos pájaros magníficos–, eternizados en el penacho de Moctezuma, ahora en Viena, sino hombres y mujeres totalmente enamorados de su tierra. Así, el profesor Julio Diego Ortuño empezó en 1996 a promover Cuetzalan y a mostrar a los visitantes las tradiciones de su tierra, sus árboles, su iglesia, sus costumbres, sus danzas. El maestro se considera guía de turismo cultural, pero nadie le paga por introducir a curiosos, hombres, mujeres y niños a los grandes maestros del arte popular, los talladores de santos, los de máscaras y, sobre todo, los de los penachos que usan los danzantes llamados Coaquetzal y Migueles.

–¿Quiénes son los artesanos de esos magníficos penachos?

–El maestro Ernesto de la Cruz, que ya es muy grande, es quien recibe a la gente que le llevo para que lo entrevisten y le compren sus productos. 

–¿Usted es como guía turístico?

–Soy guía de turistas y promotor cultural. No hago turismo de aventura, nada de grutas ni cascadas ni espeleología, ni lanzarse en tirolesa, nada de cosas extremas, que es un gran atractivo de Cuetzalan. Esa parte no la manejo; yo hago turismo etnográfico: visitas a los maestros que viven en la montaña, que hacen textiles que casi no se conocen e introduzco a artesanos, a costureras, a escultores y hasta a niños que bordan la cosmografía de nuestro pueblo.

“Yo no estudié como tal, sólo tengo la prepa, porque yo he vivido aquí en Cuetzalan y soy autodidacta en todo lo que hago.”

–¿Cómo nació su pasión por las manifestaciones culturales de Cuetzalan?

–Me motivé. Me gustan mucho los danzantes; es como la parte más vistosa de nuestra cultura, entonces, me dediqué a pedir a los ayuntamientos una oportunidad para promoverlos, que los visitantes los conocieran. Por ejemplo, en el Jubileo de 2000, en la Ciudad de México, me invitaron a llevar Voladores, Cuetzaltines y Negritos, y nos presentamos en el Zócalo. No soy danzante, pero todo lo organizo en las comunidades y los estimulo a que difundan sus rituales, que pueden desaparecer si no los reconocen.

–¿Actúa como administrador?

–Soy promotor: gestiono que nos den hospedaje, alimentación y reconocimientos.

–¿Cómo surgió su idea de promover a Cuetzalan?

–A partir de que veía que llegaban muchos extranjeros Cuetzaltine, los mexicanos son muy pocos, sólo le llamamos la atención al INAH y a la ENAH. Vienen quienes estudian antropología, etnología pero no la gente común. Nos visitan quienes tienen un perfil cultural muy específico.

“Me nace abrazar y promover Cuetzalan porque soy nahuahablante, y me emociona mucho presumir mi lengua y conservar nuestra riqueza arqueológica.

“En realidad, en Cuetzalan se ha diezmado muchísimo la vestimenta tradicional. Cuando recibo gente me pongo el traje típico. Vienen turistas para que les dé un recorrido cultural, que va desde visitar iglesias hasta comer platillos tradicionales o prehispánicos, les doy a conocer hierbas medicinales, y se van fascinados. Ahora, como no tengo tanto turismo, se me ocurrió recurrir a periodistas para que inviten a sus lectores a que vengan.

“Cuetzalan es especial en la geografía de nuestro México. La parte más alta está a mil 700 metros sobre el nivel del mar y la más baja a 200 metros sobre el nivel del mar. Imagine usted la cantidad de productos que se dan. Es por ello que quiero que la gente valore y disfrute nuestras tradiciones, pero divulgo nuestros tesoros de manera prudente por la pandemia. He recibido grupos de estadunidenses pensionados y visitantes franceses y españoles, muchos de la tercera edad, que contratan un tour con una agencia de la Ciudad de México. Buscan lo biocultural y acá, en Cuetzalan, yo me encargo de armar un itinerario sin ganar un peso.

“Empecé a tener mucho amor a mi región por la mera emoción de animar a los danzantes a que fuéramos a mostrar nuestros rituales a otros lugares sin recibir nada, sólo la comida que nos regalaban.

Cuando nombraron Cuetzalan pueblo mágico, en 2002, llegó mucho turismo nacional. Entonces tomé cursos, vine a la Ciudad de México a recorrer museos y a clases de antropología e historia del arte; eso me enriqueció mucho. Actualmente tengo 47 años y espero que termine la pandemia porque no hay nada de trabajo.

–Oiga, maestro, ¿no le ayuda la Secretaría de Turismo? ¿El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que es un hombre de izquierda?

–No, fíjese que siempre hago lo mío muy separado de las cosas políticas. En Cuetzalan, la mayoría de los chicos se dedican al turismo de aventura y lo hacen por su cuenta. El único que hace turismo cultural soy yo. La mayoría de los habitantes de Cuetzalan habla macehual o náhuatl.

He tenido mucha relación con los cronistas culturales y esculco mucho el archivo municipal, pero así que digas que el municipio o el presidente municipal nos ayudan, fíjese que no.

–Cuando visité Cuetzalan con el arquitecto Óscar Hagerman, entré a la iglesia de San Francisco de Asís, y el señor cura me explicó que era la iglesia más alta del estado. También conocí a niños vestidos de blanco de la escuela de Ayotzinapan.

–Cuando usted vino, los Migueles bailaron una danza colonial. Aún tenemos tres danzas prehispánicas: los Voladores, los Huahuas y los Quetzaltines. Hace tres años inauguré la caminata Los recorridos bioculturales del Totonacapan; también hablamos totonaco. En 1996 vino Miguel Sabido a filmar Santo Luzbel. Quien más nos apoyó fue el antropólogo italiano de la Universidad La Sapienza, Alejandro Lupo.

Trabajadores del cementerio de Nova Iguacu en Brasil cargan el ataud de un fallecido por coronavirus.
Trabajadores del cementerio de Nova Iguacu en Brasil cargan el ataud de un fallecido por coronavirus.SILVIA IZQUIERDO / AP

 

El devenir de la covid-19 en México y Brasil ha puesto en alerta a la OMS, quien ha exhortado a ambos países a tomarse la pandemia “muy en serio”. El jefe de la organización sanitaria, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha llamado la atención sobre la rápida progresión de los contagios. Sobre Brasil, ha dicho que la situación es “muy inquietante” y considera que deben tomarlo muy en cuenta. Brasil acaba de pasar sus elecciones municipales y las medidas sanitarias restrictivas se han acrecentado.

La misma recomendación ha lanzado la OMS para México, un país que suma ya 105.655 muertes y más de 40.000 casos activos. La organización cree que está en una “mala posición” vistas las cifras que presenta. “El número de casos se ha doblado y también el de muertes”, ha señalado Adhanom Ghebreyesus. “Queremos pedir a México que lo tome muy en serio”, ha dicho. Efectivamente, cuando los hospitales en algunos Estados mexicanos soportan un repunte de ingresos similares a picos de meses anteriores, buena parte de la población sigue celebrando fiestas y saliendo a trabajar sin las medidas sanitarias precisas. El país se debate entre los contagios y el hundimiento de la economía y la población, como en otras partes del mundo, ya acusa un cansancio rebelde.

México sobrepasó el 20 de noviembre los 100.000 muertos y también, según la información de la OMS, ha superado por primera vez los 12.000 casos de contagiados al día. El número de casos ha aumentado en este país un 30% la semana del 23 al 28 de noviembre, según sus cifras oficiales.

Los datos de la Universidad Johns Hopkins sitúan también a Brasil en una posición complicada. Con sus 212 millones de habitantes, es el segundo del mundo más afectado por la pandemia, con más de 170.000 fallecidos, tras Estados Unidos.

El director general de la OMS dijo que Brasil había logrado reducir el número de casos en casi dos tercios desde el pico alcanzado en julio, con 114.000 casos en la semana del 2 de noviembre. Pero “durante la semana del 26 de noviembre, estamos nuevamente en 218.000 casos por semana”, ha dicho. “Si toman el número de muertos de la semana del 2 de noviembre, eran 2.538, pero ahora contamos 3.876”. El presidente, Jair Bolsonaro, ha sido uno de los líderes que más ha minimizado las consecuencias de la pandemia y la semana pasada dijo que él no se vacunará. Él ya venció a la enfermedad en julio. Tampoco ha sido proclive al cierre de las actividades económicas.

Ambos países son muy populosos y sus cifras son escandalosas en la misma medida, pero la OMS reseña repuntes que considera preocupantes e insta a las autoridades a tomar medidas en consecuencia. La Ciudad de México, la más afectada y uno de los focos más populosos de la pandemia en el país, aumenta cada vez más las medidas de salubridad y contención epidémica en un desesperado equilibro por combatir la crisis sanitaria sin afectar una economía muy lastimada ya. La capital sigue incrementando el número de pruebas aleatorias y todo el país hace cálculos sobre una futura campaña de vacunación.

Dos familias acuden al entierro de dos víctimas de coronavirus en Tijuana, Baja California, en mayo.
Dos familias acuden al entierro de dos víctimas de coronavirus en Tijuana, Baja California, en mayo. GUILLERMO ARIAS / AFP
 
 

En pocos países la pandemia llegó, pasó y se fue. En la mayoría, el virus ha vuelto tras una breve ausencia. O nunca llegó a irse del todo, como en México. En días recientes y después que el país rebasara los 100.000 fallecidos por coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la gestión de su Gobierno afirmando que otros países, entre ellos economías más robustas y con mejores sistemas de salud, como España, registraban peores cifras que las locales. Las muertes acumuladas que ha dejado la enfermedad es un dato duro de comparar emocionalmente. Pero también puede ser informativo si se hace con cautela. La epidemia no ha terminado y los países tienen capacidades distintas para recoger la información, por lo que no es conveniente extraer conclusiones tajantes sobre lo que cada nación ha hecho durante la emergencia sanitaria.

“Tengo que decir que hay más fallecidos en otros países de Europa -para no mencionar uno por uno- y en países de América, que los fallecidos en nuestro país de acuerdo a la población de México”, dijo la semana pasada López Obrador desde Palacio Nacional. El mandatario criticó la cobertura mediática, entre ellas la de este periódico, que su Administración recibió tras rebasar las 100.000 víctimas mortales oficiales. El pasado viernes, México reportó más de 12.000 nuevos contagios, el número más alto informado desde el inicio de la pandemia. La segunda cifra más alta también se registró los últimos días, gracias al aumento de pruebas que algunas entidades, principalmente Ciudad de México, están haciendo. Los casos estimados han aumentado un 8% de acuerdo a las autoridades.

México es uno de los países más afectados, según las cifras publicadas diariamente por el equipo de datos de EL PAÍS. Solo contemplando las muertes certificadas oficialmente como producto de covid, supera los 800 por cada 100.000 habitantes. España, uno de los más afectados de Europa, y perjudicado por el devastador efecto que tuvo el virus en sus residencias de ancianos (algo que no se vio en Latinoamérica), alcanza los 900, más que México. En Perú o Bélgica los ratios son aún mayores. Estos forman parte de los 10 o 15 países más golpeados en el mundo por la enfermedad.

 

La base de datos de casos y muertes confirmadas en México es prolija y profunda. Cada entrada ofrece una gran cantidad de información individualizada. No solo edades y fechas de las víctimas, también las comorbilidades y los tratamientos que recibieron. Ahora bien, que sean profundos no quiere decir que estén completos. Se tienen muchos detalles de los casos, pero no se tienen todos los casos. Hay dos indicadores nítidos de que el subreporte, habitual en la mayoría de países, es mayor en México. El primero es el número de pruebas realizadas por positivo. La Organización Mundial de la Salud recomienda un ratio de 10 a 1 o incluso 20 a 1. México está casi en 2 a 1. Es decir: en torno a un 40% de los tests hechos devuelven resultado confirmado, lo que indica una saturación del sistema de pruebas.

El segundo, es el ratio observado entre muertes confirmadas y casos detectados. El equipo epidemiológico del Imperial College de Londres estimó hace poco rangos de letalidad para diferentes tipos de países: en los de ingreso medio-alto, como México (que tiene menos población anciana que Europa o Estados Unidos), se espera que menos de 1 de cada 100 contagiados fallezca. Es posible que la obesidad y la diabetes, muy presentes en el país, hagan crecer un poco el cálculo. También por la aparente falta de acceso a hospitalización de los casos más graves. Las autoridades informaron recientemente que los mexicanos tardan en promedio 3.3 días en acudir a un hospital, cuando lo recomendable es que sea menos de 2. Resulta improbable que, como sugiere la división entre muertes y casos oficiales, el virus sea entre nueve y veinte veces más letal en México. Esta brecha representa probablemente las diferentes capacidades para al menos aproximar la cifra real de contagios. Entre los países con mayor afectación del virus, ninguno sale tan mal parado como México con esta métrica.

 

Todo ello hace sospechar no solo de falta de conteo de casos leves o asintomáticos, algo que el propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell ha admitido desde el principio. Es posible que este subregistro también se presente en los casos más graves, que llegan al fallecimiento. Las instituciones mexicanas ya están, de hecho, compilando datos que no dependen de pruebas diagnósticas de infección de SARS-CoV-2. Los resultados que arrojan hasta ahora son aún más negativos que los mostrados hasta ahora.

El vertiginoso exceso de muertes en México

Es difícil establecer comparaciones sistemáticas de exceso de mortalidad, un criterio que estima las muertes esperadas mediante modelos que usan promedios históricos alimentados por los fallecimientos de los últimos 10 años. Esta ha sido la mejor métrica para medir el efecto de un evento extraordinario a largo plazo, como es la pandemia. Al no depender sino de la comparación de muertes en 2020 con el esperado según los años anteriores, no está atada a disponibilidad de pruebas, la aplicación de estas o las demoras en registros de causas de fallecimiento. La mayoría de países es capaz de contar de manera más o menos eficaz y pronta las muertes (sin entrar en causas) que suceden en su territorio. Es más difícil montar un sistema de detección para un nuevo virus.

Algunos países mantienen datos más actualizados; otros menos. En algunos lugares, como México, la transparencia en estos datos ha ido creciendo en las últimas semanas. Este domingo, las autoridades de Salud, actualizaron las cifras sobre el exceso de muertes. En el país hay 217.989 fallecimientos más de los esperados en el modelo matemático. Un aumento de 38% hasta finales de octubre. Se calcula que siete de cada diez de estas muertes, unas 155.990, son atribuibles al coronavirus. En otros países, como Rusia, no hay manera de confiar en las cifras de exceso de mortalidad. Y aún en otros, véase Brasil, su provisión es irregular. México destaca incluso entre aquellos que combinan la afectación de la epidemia y datos relativamente recientes, superando incluso a España.

Con el dato más reciente, a 24 de octubre, en México se acumulaba un exceso de mortalidad durante la pandemia de 173 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Ese mismo dato, para España, era de unos 135 incluso considerando dos semanas más (hasta la primera de noviembre).

 

Este hecho quizás contrasta con la memoria que el mundo guarda de la primera ola de contagio en el país europeo. Hospitales desbordados, cuarentena estricta, miedo, tragedia y tristeza tanto en las calles como en los titulares de los periódicos. Un quiebre que fue tan intenso como poco duradero. El pico epidémico de España en marzo fue mucho mayor al más alto mexicano. Pero también, y aquí está la clave, fue más corto.

 

España, como el resto de Europa, intentó y logró suprimir el virus durante los meses de mayo, junio y parte de julio. Hubo un cierre falso. En este momento, la métrica de exceso de muertes vuelve a subir, mientras la de México sigue un lento descenso. Lo mismo sucede si comparamos otro par de países europeo y americano. Es la diferencia entre una estrategia de supresión, como la española, y otra de mitigación del contagio, como la mexicana. A veces por elección inicial, como lo fue en Brasil y Estados Unidos, otras porque la pandemia se impuso, como sucedió en Argentina, Colombia o Perú. Más allá de comparaciones, lo cierto es que todos los países aún enfrentan a un virus que no tiene un horizonte claro para desaparecer. Aún estará un buen tiempo entre todos nosotros.

Un día antes de recibir su primer briefing como presidente, lo que demuestra que el proceso de transición parece haberse desbloqueado finalmente, este lunes, Joe Biden ha anunciado la composición de su equipo de comunicación y prensa, un escalón técnico del gabinete que no tendría más repercusión si el grupo no estuviese formado íntegramente por mujeres. Es la primera vez en la historia de la presidencia de Estados Unidos que sucede. El político demócrata considera también la designación de Neera Tanden, que fue consejera de Barack Obama, como directora de la Oficina del Presupuesto de la Casa Blanca, y de la economista Cecilia Rouse como jefa del equipo de asesores económicos, según fuentes próximas al presidente electo citadas por Reuters.

El veterano exsenador ha anunciado que la política de comunicación y las relaciones con la prensa recaerán en siete mujeres “diversas y experimentadas”, que trasladan a la Administración el reflejo de la diversidad del país. Empezando por la vicepresidenta, Kamala Harris, la incorporación de mujeres al nuevo Gabinete es una constante, desde la titular de Economía, Janet Yellen, a la responsable de Inteligencia Nacional, Avril Haines, o la futura embajadora de EE UU ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.

“Me enorgullece anunciar hoy el primer equipo de comunicaciones de alto nivel de la Casa Blanca compuesto en su totalidad por mujeres. Estas comunicadoras calificadas y experimentadas aportan diversas perspectivas y un compromiso compartido para reconstruir mejor este país”, ha declarado el presidente electo. Para la vicepresidenta Harris, las designadas “expresan el compromiso” de la nueva Administración demócrata por “construir una Casa Blanca que refleje lo mejor de la nación”.

La portavoz será Jen Psaki, que ha trabajado en tres campañas presidenciales demócratas. Ya fue secretaria de Prensa durante la Administración de Barack Obama (2009-2017), además de directora de Comunicación de la Casa Blanca o portavoz del Departamento de Estado. La nueva directora de Comunicación de la Casa Blanca será Kate Bedingfield, quien ya trabajó como directora de comunicación cuando Biden ocupó la vicepresidencia, con Obama; también ha sido directora adjunta de esa oficina o subdirectora encargada de las relaciones con los medios.

El resto del equipo estará formado por Elizabeth E. Alexander, anterior fiscal federal y secretaria de prensa de Biden en los primeros años de mandato de Obama, que ejercerá como directora de Comunicación de la próxima primera dama, Jill Biden, y Ashley Etienne, que será la directora de Comunicación de Harris, tras haber desempeñado ese mismo cargo, así como el de asesora principal, de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Completan el equipo la nueva subsecretaria de Prensa, o viceportavoz, Karine Jean Pierre, asesora principal de Biden y jefa de personal de Harris en campaña electoral; la asesora y portavoz principal de Harris, Symone Sanders, quien ya trabajó para la campaña presidencial del senador Bernie Sanders; y Pili Tobar, nueva subdirectora de Comunicación de la Casa Blanca.

Tras el anuncio de Biden, Psaki, la más veterana en la Administración, escribió en Twitter: “Honrada de trabajar de nuevo para Joe Biden, un hombre en cuyo nombre trabajé durante la Administración Obama-Biden, en la que ayudó a liderar la recuperación económica [de la Gran Recesión de 2008], reconstruir nuestras relaciones con los socios (lo que resulta ser una buena práctica) e inyectar empatía y humanidad en casi todas las reuniones a las que asistí”.

Biden, que este domingo ha sufrido un esguince de tobillo mientras jugaba con su perro, recibirá este lunes su primer briefing presidencial, un despacho con información de las agencias de inteligencia del país. A continuación, se reunirá con sus asesores para seguir avanzando en el proceso de transición, desbloqueado finalmente por el presidente saliente, Donald Trump, el pasado lunes, al ordenar al servicio general de la Administración (GSA, en sus siglas inglesas) la entrega de los materiales y fondos necesarios al equipo de Biden.

malas palabras
Imagen: Milenio.

Durante su campaña presidencial Joe Biden utilizó la palabra “healing” para referirse a la atmósfera emocional e la que pretende gobernar. El término me parece adecuado para nombrar al ambiente que Estados Unidos debe fomentar después de un periodo en el cual el presidente saliente ha gobernado con un discurso que fragmenta con lacerantes confrontaciones.

Y es que, efectivamente, es un alivio, no sólo para Estados Unidos sino también para el resto de la población mundial, y específicamente para sus vecinos sureños, que no tengamos que pasar cuatro años más escuchando a un líder prejuicioso y arrogante cuyo lenguaje –ya sea de forma oral o por sus comunicados vía Twitter– se ha ejercido mediante un descarado bullying que degrada a los demás y se ensalza a sí mismo.

Sin embargo, no deja de ser preocupante que con estas prácticas de “mal comportamiento”, Trump haya llegado a ser presidente del país (aún) más importante del mundo, y que conserve una base enorme de “patriotas “que votaron por él y que descalifican los resultados electorales.

personalidad autoritaria
Imagen: Tom Jellett.

Aún más alarmante es que, este perfil de liderazgos excluyentes, tan alejados de la imagen de un Jefe de Estado cauteloso que se dirige a todos los ciudadanos, se haya convertido en una forma de ejercer el poder tan común en el mundo actual.

Más allá de las circunstancias particulares que debieran tomarse en cuenta en cada caso, algunos de los factores que explican las motivaciones de obediencia y las bases de legitimidad hacia este tipo de autoridad de corte irracional y basada en gran medida en las emociones, se encuentran en la obra de Max Weber, cuyo centenario luctuoso se ha conmemorado este año dando lugar a varias publicaciones y eventos virtuales.

En su conocida teoría de la dominación, el sociólogo alemán analiza cómo las épocas de mayores crisis sociales, en las cuales una gran parte de la población se siente desamparada, suelen surgir algunas personalidades fuertes que, como las grandes figuras religiosas, asumen un discurso de corte dogmático y confrontativo que no busca convencer al resto de la población sino radicalizar a las bases de los  fieles o, si acaso, convencer a los sectores que puedan “convertirse”.  

Los motivos de obediencia se sustentan en la percepción de que el líder se asume como único y es poseedor de cualidades que, lejos de ser producto de una preparación para ocupar el cargo, se presentan como innatas e insustituibles. A pesar de que en la mayoría de los casos estas figuras políticas han sido beneficiarios del sistema que critican (quién más que Trump y sus negocios) en sus discursos, se presentan como “outsiders”, como externos a una clase política anterior a ellos a la que descalifican y desprecian. El mayor de los peligros es que este tipo de argumentos les da alas para desautorizar a las propias instituciones democráticas que les dieron el triunfo.

huevos racismo
Imagen: El País.

Para explicar la génesis y el sustento de este tipo de autoridad, no sólo debemos analizar la conducta de los líderes sino, sobre todo, entender los motivos de quienes votan por ellos como lo son las condiciones económicas y políticas, la falta de oportunidades o la corrupción e ineficiencia de los regímenes anteriores. Además de estas causas, es necesario poner atención al ámbito de los prejuicios y las pasiones que llevan que una población mayoritaria pueda ejercer su voto en favor de este tipo de dirigentes. 

De allí que hoy resulte de enorme actualidad el libro coordinado por Teodoro Adorno en 1950 con el título La personalidad autoritaria, en el cual se estudian los motivos de apoyo al fascismo. A partir de una serie de encuestas, la investigación muestra las condiciones para el surgimiento de una “personalidad autoritaria”, no en el líder sino en los votantes que pueden inclinar la balanza a favor de él. Para estos fines, los autores estudian numerosos factores como el círculo de pertenencia, las expectativas futuras, el ejercicio del poder en la familia, los valores compartidos, el nacionalismo, los fundamentos de la “construcción social del prejuicio” y el papel de los sentimientos (como miedo, enojo y temor) que orientan las preferencias políticas.

Así, a pesar de que han pasado más de setenta años de su publicación, las inquietudes y aportaciones de los clásicos de las ciencias sociales como Weber y Adorno, continúan siendo extraordinariamente vigentes como guías y/o fuentes de inspiración para acercarse al estudio de la convulsionada realidad contemporánea.

 
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Un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos da instrucciones a migrantes que se dirigen a solicitar asilo, en el puente de Nuevo Laredo, México. Foto de archivo Ap
 

Mientras viajaban en autobús a Tapachula, Chiapas, en 2009, Tobyanne Ledesma y su madre fueron señaladas por agentes migratorios, las bajaron de la unidad y les pidieron sus credenciales de elector, después les exigieron el pasaporte, pero no lo traían con ellas, pues están en su propio país.

Por el color de su piel (son afrodescendientes), personal del Instituto Nacional de Migración (INM) puso en duda su nacionalidad y las hizo pasar un calvario. Las interrogaron por separado y las violentaron durante dos horas.

El de Tobyanne, quien hoy es la titular del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, es uno de varios testimonios presentados en el informe Por el color de mi piel y la forma en que hablo español: la detención y deportación de indígenas y afrodescendientes mexicanos por el INM, del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

El reporte asienta que los propios agentes migratorios han señalado que reconocen a los migrantes por su comportamiento nervioso, color de su piel, vestimenta, pero sobre todo, por su olor. Se trata, enfatiza el Imumi, de métodos discriminatorios que conducen a la detención ilegal, desaparición y deportación de indígenas y afrodescendientes mexicanos al ser identificados erróneamente como indocumentados. A los primeros se les envía a Guatemala u Honduras, a los afrodescendientes a Haití, Honduras o Cuba.

Las tasas más altas de abusos por parte de agentes del INM, subraya el informe, se dan sobre todo en puntos de tránsito, aeropuertos y autobuses. Además de tener que presentar su documentación, cuando se les detiene e interroga son obligados a cantar el Himno Nacional o a responder sobre historia de México, entre otros tratos degradantes. Estas acciones se dan con fuerza física y violencia.

Desde que era niña, Tanya Duarte ha enfrentado esa discriminación racial. Es parte de mi vida diaria, dijo resignada a los investigadores del Imumi. A los 12 años de edad, en el camino a su escuela, dos hombres la golpearon y la llevaron a un centro de detención; con el fin de rescatarla, su madre tuvo que pagar y comprobar con fotografías que era mexicana.

“Desde que tenía veintitantos, aprendí que debo tener mi acta de nacimiento, pasaporte y toda identificación posible a la mano. Ahora les muestro todo (a las autoridades migratorias). Tengo mi membresía del Sam’s y licencia de conducir, tengo absolutamente todo”.

Sin embargo, en no pocas ocasiones los agentes han asegurado que sus documentos son falsos y le han exigido cantar el Himno Nacional. En lugar de eso, Tanya les da la receta del mole poblano o del caldo tlalpeño.

Jesús, de 21 años, originario de Yaxgemel, ubicado en el municipio de Chenalhó, Chiapas, viajaba de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez cuando los agentes migratorios subieron al autobús. Le pidieron sus papeles y pese a presentarlos, le dijeron que estaba mintiendo, que no era mexicano, pues tus características son centroamericanas y apenas se entiende tu español, le espetaron. Jesús habla tzotzil. Lo amenazaron con deportarlo y por horas fue víctima de agresiones. Me discriminaron por mi color de piel y por la forma en cómo hablo español, señaló.

 

La pandemia de covid ha llegado a un punto de inflexión en el que se acumulan las buenas noticias, tras casi un año de tragedias en el que la nueva enfermedad ha matado a más de 1,3 millones de personas en el mundo. La empresa estadounidense Moderna ha confirmado este lunes que la eficacia de su vacuna experimental supera el 94%, e incluso llega al 100% a la hora de proteger frente a los casos graves de covid, según el primer análisis completo de su ensayo clínico con 30.000 participantes. La compañía, que ha desarrollado su vacuna junto a los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de EE UU, ya comunicó unos resultados preliminares similares hace dos semanas. No se han detectado efectos adversos graves en los vacunados, con un promedio de dos meses de seguimiento.

Moderna ha anunciado que solicitará hoy mismo una autorización de comercialización condicional a la Agencia Europea de Medicamentos, un permiso que las autoridades sanitarias conceden cuando consideran que el beneficio para la salud pública es superior a la incertidumbre por la limitación de datos disponibles. La empresa, fundada hace 10 años en Cambridge (EE UU), también ha comunicado que solicitará una autorización para un uso de emergencia a la agencia reguladora de los medicamentos de Estados Unidos, la FDA.

La compañía estadounidense y los NIH comenzaron en julio su ensayo con 30.000 voluntarios. La mitad recibieron dos dosis de la vacuna experimental, con un intervalo de un mes, y a la otra mitad de los participantes se les administraron dos inyecciones de agua con sales como placebo. Los científicos han detectado 196 casos de covid, de los cuales 185 fueron en personas que no recibieron la vacuna real. Todos los casos graves de la enfermedad —un total de 30, incluido un fallecimiento— se han observado en voluntarios del grupo del placebo.

La empresa asegura en un comunicado de prensa que la eficacia observada se mantiene en todos los grupos de “edad, razas y etnias”, además de en hombres y mujeres. De los 196 voluntarios infectados por el coronavirus a lo largo del ensayo, 33 eran personas mayores de 65 años, pero ninguna de ellas estuvo grave.

La Comisión Europea ya ha firmado un acuerdo con Moderna para una compra inicial de hasta 160 millones de dosis

“Los resultados positivos de este análisis confirman la capacidad de nuestra vacuna para prevenir la covid-19 con una eficacia del 94,1% y, lo que es más importante, la capacidad para prevenir la forma grave de la enfermedad. Creemos que nuestra vacuna será una nueva y poderosa herramienta que puede cambiar el curso de esta pandemia y ayudar a prevenir los casos graves, las hospitalizaciones y las muertes”, ha asegurado el director ejecutivo de Moderna, el francés Stéphane Bancel, señalado en los últimos meses por ganar millones de euros vendiendo acciones de su empresa tras anuncios como el de hoy.

La vacuna experimental de Moderna es una de las tres más avanzadas entre las 48 candidatas que ya se están probando en humanos. Las otras dos destacadas son la desarrollada por el tándem de la biotecnológica alemana BioNTech y la empresa estadounidense Pfizer —con un concepto similar a la de Moderna— y la producida por la Universidad de Oxford junto a la farmacéutica británica AstraZeneca. Las diferencias entre ellas son sustanciales. La vacuna experimental de Moderna, por ejemplo, costará unos 21 euros por dosis, frente a los 15 de la de Pfizer y los apenas tres euros de la inyección de AstraZeneca, que ha asegurado que suministrará su producto sin ánimo de lucro durante la pandemia.

Pfizer también ha anunciado este mes una eficacia del 95% de su vacuna experimental, elaborada con material genético (ARN) del nuevo coronavirus, como la de Moderna. La candidata de Oxford y AstraZeneca, sin embargo, consiste en una versión debilitada de un adenovirus del resfriado de los chimpancés, modificado con información genética del virus de la covid para entrenar sin riesgo a las defensas del cuerpo humano. Las dos entidades británicas anunciaron hace una semana que la eficacia de su vacuna varía entre el 62% y el 90% en función de la dosis, aunque los resultados más prometedores por el momento se han visto solo en un pequeño grupo de personas menores de 55 años. La mejor noticia es que todas parecen ser muy seguras, sin grandes efectos adversos.

El Instituto Gamaleya de Moscú también aseguró hace una semana que su vacuna experimental, bautizada Sputnik V y basada en adenovirus del resfriado humano, tiene una eficacia preliminar del 95%, con un precio por dosis de poco más de ocho euros. Los datos rusos son provisionales, basados en un análisis de tan solo 39 casos de covid en un ensayo con 19.000 participantes, unas cifras insuficientes todavía para sacar conclusiones.

La Comisión Europea aprobó el 25 de noviembre un contrato con Moderna para una compra inicial de 80 millones de dosis de su vacuna experimental, ampliables a 160 millones. La empresa estadounidense afirma que su plan es producir hasta 1.000 millones de dosis de su vacuna en 2021. Además de en EE UU, la compañía tiene otra cadena de fabricación en Europa, con una fase final de envasado en los laboratorios farmacéuticos Rovi, en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes.

Las autoridades europeas ya han firmado seis acuerdos para comprar unos 1.300 millones de dosis de vacunas experimentales. Además de con AstraZeneca, BioNTech-Pfizer y Moderna, la Comisión Europea ha cerrado contratos con la biotecnológica alemana Curevac, con la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson y con el dúo formado por la multinacional francesa Sanofi y la británica GSK.

Un grupo de jóvenes durante una de las protestas de principios de noviembre en las calles de Lima.
Un grupo de jóvenes durante una de las protestas de principios de noviembre en las calles de Lima.MUSUK NOLTE

 

 

Hasta hace poco más de dos semanas, Alba Ñaupa, una estudiante de Periodismo de 21 años de El Agustino, un distrito de clase media-baja del este de Lima, no había ido nunca a una protesta. Pero la noche del pasado 9 de noviembre, cuando escuchó que el Congreso había destituido al hasta entonces mandatario Martín Vizcarra, no lo dudó ni un segundo. Indignada por lo que considera que eran unos políticos aprovechándose del sistema en beneficio propio en medio de la profunda crisis de salud y económica que vive el país, entró a un grupo de WhatsApp que tiene con sus compañeros de universidad y escribió: “Chicos, vamos a marchar”. Hoy forma parte de la llamada Generación del Bicentenario, el movimiento al que se le atribuye la caída del presidente Manuel Merino, quien sustituyó a Vizcarra de forma interina, y que estuvo apenas cinco días en el poder.

 

“Mi papá no quería que fuera, pero finalmente me dijo que, si quería, no me iba a detener. Mi mamá me dijo que pensara en mis hermanas y mi abuelita. Durante la pandemia no he salido casi nada, ni para comprar, pero yo decía: Lo siento pa’, lo siento ma’: no puedo quedarme con los brazos cruzados. No ahora. Si nosotros no hacemos algo, ¿quién lo va a hacer?”, recuerda. Como muchos de los jóvenes que se unieron a las multitudinarias protestas que acabaron con la renuncia de Merino, Ñaupa no defendía a Vizcarra, sino que rechazaba una jugada política que creía que ponía en relieve los fallos del sistema. “Yo estaba harta de todo lo que estaba pasando. Es imposible que estas personas que están aquí [los congresistas] en vez de tomar decisiones pensando en el bienestar de la ciudadanía, lo hagan pensando en sus propios bolsillos, en lucrar”, critica la joven. Aunque ella estudia en una buena universidad privada gracias a una beca, salió a protestar pensando en la educación de sus tres hermanas pequeñas, ya que teme que, si no cambian las cosas, puedan acabar en las universidades donde suelen ir los estudiantes de bajos recursos a endeudarse a cambio de una mala formación que no les garantiza un trabajo.

La estudiante de periodismo Alba Ñaupa posa frente a un muro con las consignas de las manifestaciones en Lima.
La estudiante de periodismo Alba Ñaupa posa frente a un muro con las consignas de las manifestaciones en Lima.MUSUK NOLTE

Perú es el último país latinoamericano en el que los jóvenes han impulsado una lucha contra un sistema que consideran injusto. En el último año y medio, ha habido protestas en Chile, Colombia y en Ecuador, donde los ciudadanos de entre 18 y 30 años han tenido un rol importante para cambios profundos en sus democracias. Las demandas son muy variadas y responden a las urgencias de cada país. En ocasiones respaldan la agenda de otros grupos, como la de los pueblos indígenas en Ecuador. Sin embargo, hay un común denominador: el factor generacional, acompañado de las herramientas y los códigos de comunicación habituales entre los jóvenes. Por ejemplo, el uso de las redes sociales.

Los manifestantes recurren a ellas para congregarse, organizarse y ayudar a los heridos o buscar a los desaparecidos. También para lanzar sus reivindicaciones y documentar las marchas a través de canales creados por ellos mismos en plataformas como Instagram, Facebook o TikTok, con los que desafían la narrativa de los medios tradicionales cuando consideran que no reflejan su punto de vista. “A lo largo del tiempo las juventudes han sido un actor muy importante para el cambio social y ahora pasa lo mismo. Hay una similitud, pero las herramientas que tienen al costado para poder defender una democracia son diferentes y hacen que se reduzca el espacio y el tiempo para la organización, la convocatoria, la viralización, el en vivo y consiguen que todo se arme muy rápido”, explica la socióloga peruana Noelia Chávez, quien acuñó el término Generación del Bicentenario para referirse al grupo que ha estado al frente de las protestas en Perú, una nación que en 2021 celebra dos siglos de existencia.

 

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, más de la mitad de los jóvenes de entre 18 y 24 años participó en las protestas. Si la vacancia o destitución de Vizcarra sacó a las calles a miles de ellos de manera espontánea, la represión policial de las manifestaciones pacíficas, que dejó dos muertos y decenas de heridos graves y que fue transmitida a través de sus propias redes, masificó la movilización. “La plaza San Martín [de Lima] estaba repleta y había una idea de que se metieron con la generación equivocada”, afirma Chávez. “Este es el espíritu que debería tener la ‘Generación del Bicentenario’: una ciudadanía reclamando su derecho a una democracia y a tener representantes mejores. Pelean por eso. No es como una categoría sociológica, sino como una narrativa política para poder pensarnos como país de una manera menos pasiva, menos apática y mucho más activa en el cambio”.

La generación que creció sin miedo

Las causas que sacaron a los peruanos a las calles eran tan variadas como las múltiples razones por las que sienten que su clase política y sus instituciones les ha fallado, pero hay dos exigencias que se acabaron alzando como prioritarias entre muchos manifestantes: que se lleve a cabo una reforma policial, una petición surgida tras ver la violencia con la que respondieron las fuerzas del orden durante las marchas, y que se implementen cambios en la Constitución vigente, aprobada durante el Gobierno de Alberto Fujimori. Ambas demandas son similares a las de las movilizaciones que comenzaron el 18 de octubre del año pasado en Chile, que también tuvieron a los jóvenes como protagonistas. El conocido como “estallido social” comenzó como una revuelta de estudiantes de secundaria en Santiago que decidieron saltarse los torniquetes del metro en rechazo al alza del precio del billete y en pocos días se extendió a todo el país, con decenas de miles de personas exigiendo cambios profundos de un sistema económico que ha dejado una profunda brecha de desigualdad.

“Había la sensación de que el sistema siempre te perjudica”, dice Nelson Duque, un estudiante universitario de 22 años que desde el primer día de las protestas participó activamente en las asambleas vecinales que se formaron en su barrio, la comuna de La Florida, en el sureste de Santiago. “Yo ya estoy endeudado siete u ocho años por una educación que no sé si vale esa plata”, lamenta el joven. En ese país que se vendía como un oasis de estabilidad y crecimiento económico en América Latina, él, como muchos otros jóvenes, vivían día a día las grietas de un modelo que considera que sólo beneficiaba a las élites. Para Duque, los síntomas de la desigualdad eran ver cómo su padre, comerciante, sufría para mantener a la familia con tres empleos en dos años o cómo algunos de sus parientes mayores tenían que seguir trabajando porque sus pensiones no eran suficientes para mantenerlos.

 

“Mi generación ya no entiende por qué las cosas se protegen tal y como están. Por qué tanto empeño en proteger un sistema que claramente está roto, algo que claramente no funciona”, opina Mariana Contreras, una estudiante de Derecho de 20 años. El año pasado, cuando estallaron las protestas, la estudiante montó junto con otros compañeros de la Universidad de Chile un piquete legal para asistir a los manifestantes que fueron víctimas de violencia, detenciones o abusos policiales. Para reprimir las marchas, que en ocasiones se volvieron violentas, el Gobierno de Sebastián Piñera decretó un polémico estado de emergencia por el que sacó al ejército a las calles e instauró toques de queda en varias ciudades. La represión dejó 34 muertos y miles de heridos, entre ellos numerosas personas con lesiones oculares graves, y las denuncias de brutalidad policial se multiplicaron.

La estudiante de Derecho de la Universidad de Chile Mariana Contreras participó en las protestas del año pasado y se unió a un piquete legal para asistir a las víctimas  de la represión.
La estudiante de Derecho de la Universidad de Chile Mariana Contreras participó en las protestas del año pasado y se unió a un piquete legal para asistir a las víctimas de la represión.SOFÍA YANJARI

 

Conteras recuerda cómo para su madre, que en su juventud se opuso a Augusto Pinochet (1974-1990), la actuación policial ordenada por Piñera despertó fantasmas del pasado. “Mi mamá luchó para que la dictadura se acabara de manera activa. El día que pusieron el toque de queda, me llamó y me dijo: ‘Te vienes al tiro [ya]. No puedes estar en la calle’. Esa generación vivió con el miedo”, afirma. La joven cree que, en parte, la movilización del año pasado se desató porque “no hubo una sanación de la sociedad después de la dictadura: no hubo justicia, no hubo reparación, quedó todo muy abierto como si nada hubiera pasado y en algún punto eso le explota también a la sociedad en la cara, a las élites que intentaron seguir como si nada”, agrega.

El académico de la Universidad de Valparaíso Juan Sandoval, quien codirgió una investigación sobre las protestas estudiantiles chilenas de 2006 y 2011 llamada Una generación sin miedo, coincide en el análisis de Contreras al hablar de un “recambio generacional” en este grupo de jóvenes que “ya no están tan marcados por las dictaduras militares” frente a sus padres, “para los que una participación muy activa en política era poner un poco en juego el propio cuerpo con la posibilidad de ser desaparecido o exterminado”. “Esta generación no es que no sienta miedo al ver las fuerzas de carabineros, pero la sensación de miedo que cualquier ser humano siente ante cualquier acto represivo se vive a partir de una ambivalencia emocional que va entre euforia y la rabia, la sensación de indignación con lo que el Estado hace”, apunta.

Pese a que las encuestas publicadas cuando comenzó el “estallido social” hablaban de una generación con pocos índices de participación política y un alto rechazo a los partidos y líderes tradicionales, con su movilización demostraron querer involucrarse en la configuración de la sociedad, pero de una manera distinta. De hecho, sondeos preliminares apuntan que los jóvenes fueron masivamente a las urnas el mes pasado para votar en en el plebiscito en el que casi el 80% de los chilenos aprobó sustituir la Constitución de la época de Pinochet, una consulta que se considera un logro de las protestas. “Podría ser hipotéticamente plausible pensar que cuando los jóvenes perciben que en la elección convencional se pone en juego algo sustantivo sí participan”, apunta Sandoval.

Un grupo de mujeres se reúnen en el exterior del Estadio Nacional de Santiago para pedir la liberación de los presos de las protestas.
Un grupo de mujeres se reúnen en el exterior del Estadio Nacional de Santiago para pedir la liberación de los presos de las protestas.SOFIA YANJARI

 

“Sí que es una generación muy política, pero política en otro sentido”, indica su colega Manuela Badilla, una socióloga de la Universidad de Valparaíso que para sus investigaciones sobre las transformaciones generacionales en la forma de hacer memoria en Chile ha hecho numerosas encuestas a jóvenes de entre 18 y 28 años de la periferia de Santiago. Para ella, la incógnita de los próximos años estará en ver si la generación está dispuesta a canalizar ese activismo más horizontal y sin líderes hacia la política institucional. “Habrá que ver cómo se formula finalmente y cómo se escribe la Constitución y si ese aumento de la participación en el plebiscito, que fue súper significativo, se va a traducir en una votación en abril cuando habría que elegir a los constituyentes”, afirma. “La dificultad está en entender quiénes son los actores hoy en día y saber leer esa nueva forma de hacer política, que no responde a con la que uno creció”, añade.

Para Mariana Contreras, la estudiante de Derecho, el plebiscito fue la primera vez que pudo acudir a las urnas. “Es súper simbólico la primera vez que uno vota cambiar todo”, dice. “Fue emocionante, un momento de felicidad que uno podía sentir también en las calles. La gente estaba vocineando, gritando”. Para ella, el desafío ahora será poder elegir a las personas que van a integrar la Convención Constitucional y lograr consensos “para que la Constitución pueda evolucionar con la sociedad y no esté llena de candados”.

Ese sentimiento de responsabilidad tras las protestas lo comparte Alba Ñaupa, la estudiante de periodismo peruana que se sumó a las protestas de su país a principios de mes. “Muchos dicen que la memoria del pueblo peruano es frágil, que el pueblo peruano olvida rápido y yo les decía a mis amigas: ‘Puede ser cierto. Vimos que votaron por Fujimori, votaron por Alan García, pero al menos nosotras ya no somos el futuro, nosotras somos el presente del país y está en nosotras no olvidar esto, no dejar que esto se vuelva a repetir e informarnos antes de emitir un voto”.

Intérpretes de la sociedad

La memoria fue precisamente uno de los resortes que unió a decenas de miles de estudiantes en las manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque en Colombia. En las protestas, que alcanzaron su apogeo en noviembre de 2019 y este año sufrieron los efectos de la desmovilización derivados de la pandemia de coronavirus, las demandas de las nuevas generaciones se sumaron a las reivindicaciones de los sindicatos. Los jóvenes, sin embargo, se convirtieron en los principales intérpretes de las aspiraciones de amplísimos sectores de la sociedad en un país que acaba de salir de un conflicto armado de más de medio siglo y que aún está lejos de resolver el problema de la violencia. Bajo el hilo conductor de la paz, el rechazo a los constantes asesinatos de líderes sociales y la muerte a manos de la policía del estudiante Dilan Cruz, en el Parque de los Hippies de Bogotá, la plaza símbolo de las concentraciones, se respiraba hace un año un clima de cambio. Un ambiente en el que el fin de la guerra ha abierto la puerta a una transición profunda de Colombia.

Las movilizaciones estudiantiles fueron ya a finales de 2018 el primer frente del Ejecutivo de Duque, quien se opuso a los acuerdos de paz con las FARC y gobierna con un proyecto económico eminentemente neoliberal. Ganaron algunos pulsos, consiguieron mayor inversión. Pero sus metas son estructurales. Alejandro Palacio tiene 22 años y estudió Ciencia Política en la sede de Medellín de la Universidad Nacional, el principal centro público del país. Fue representante en el Consejo Superior Universitario y acaba de ingresar a una maestría de Economía con una beca en Bogotá. “Yo entré en la universidad en 2016 y justo en el segundo semestre se dieron movilizaciones por la paz. Esa es la agenda de futuro y de cambio”, razona Palacio, que creció en una familia de clase media y es un firme defensor de la enseñanza pública. “La educación puede ser un instrumento para eliminar desigualdades, pero si no es inclusiva puede ser un instrumento para potenciarlas”, continúa.

Esas desigualdades son una de las premisas de las convulsiones que agitan el país. La brecha social de Colombia es una de las más amplias del mundo, según la OCDE. “No es posible que para salir de la pobreza según una familia tengan que pasar 12 generaciones”, lamenta este estudiante. Palacio defiende que esta es “la generación que más quiere reafirmar sus derechos” y rechaza las acusaciones de algunos sectores políticos de “ser una generación paga”. “Ese imaginario es muy dañino. Esta no es una generación paga, no es mediocre, no lo quiere todo regalado”, afirma. También su apuesta es quedarse en lugar de buscar oportunidades en el extranjero: “Los jóvenes tenemos que quedarnos en Colombia tratando de impulsar nuestro país, participando en la vida pública”. En definitiva, quiere un futuro mejor para su país. El año pasado en las movilizaciones se escuchaban eslóganes como “yo quiero estudiar para cambiar la sociedad”. Y de eso se trata, de cambio integral que va más allá de una agenda nacional.

Alejandro Palacios, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, posa delante de un mural en Bogotá.
Alejandro Palacios, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, posa delante de un mural en Bogotá.IVÁN VALENCIA

“La plataforma y la agenda de los movimientos estudiantiles es más amplia de la que tenían en el pasado”, explica la la politóloga e internacionalista Sandra Borda. De la defensa del medio ambiente al feminismo. “Eso les da la posibilidad de aglutinar a mucha más gente”. La mezcla de las reivindicaciones de los estudiantes de universidades públicas y privadas hizo además que el movimiento fuera más transversal al quitarle el componente de clase, señala. Borda, que plasmó en el libro Parar para avanzar la crónica de aquellos días, considera también que “estos movimientos estudiantiles son mucho más globalizados que en el pasado”. Es decir, no se pegan exclusivamente a la agenda de política pública de sus propios países. Un ejemplo: una de las acciones más simbólicas de las protestas en Bogotá fue la marcha hacia el aeropuerto El Dorado. “Esa idea de tomarse el aeropuerto fue heredada de los movimientos estudiantiles de Hong Kong”.

Esta politóloga resalta la capacidad de conexión de los jóvenes con la clase media colombiana, tradicionalmente poco dispuesta a movilizarse. “Entendieron aquello de que los movimientos sociales tienen que ser amplios y comunicarse con el resto de la sociedad”. Sin embargo, duda sobre el camino. “Lo que no tengo tan claro es en lo que vayan a transformar su activismo de estudiantes hacia el futuro. En medio del confinamiento la conversación política se hace muy difícil. Esto dificulta mucho la protesta y el accionar de los movimientos sociales. Pero el año que sigue es un año electoral en Colombia y es una oportunidad enorme para ellos. Los cambios que piden los movimientos sociales normalmente no ocurren en los Gobiernos de turno, sino en los siguientes”.

Una encuesta realizada por la Universidad del Rosario y la firma Cifras y Conceptos antes de la adopción de las medidas de confinamiento por la covid-19, es decir, antes que se produjera un repliegue, señalaba que los jóvenes colombianos se indignan principalmente por la apatía y el conformismo, el machismo, la corrupción y la desigualdad. A eso se añaden las preocupaciones propias de la coyuntura de la emergencia sanitaria. “Los jóvenes somos víctimas de la pandemia, estamos en la encrucijada económica de la pandemia. En la crisis global de 2008 y 2009 y ahora en 2020 somos los jóvenes los más afectados”, continúa Palacio, quien cree que Duque, el presidente más joven de la historia reciente de Colombia –tiene 44 años- ha dado la espalda a las nuevas generaciones, mientras que otros líderes políticos como la alcaldesa de Bogotá, la verde Claudia López, encarnan el cambio.

“Sería bueno que el sector político y el sector privado se dieran cuenta de ellos, de que los jóvenes no solo son consumidores, no solo están en TikTok”, señala Sergio Guzmán, analista político y director de la consultora Colombia Risk Analysis. “Los jóvenes flexionando sus músculos y estas protestas demuestran que tienen dos cosas, poder de convocatoria y flexibilidad. Existe la sensación de que el sistema está construido no para ellos, ellos alimentan el sistema y no está estructurado para darles poder. Perú es el primer país donde vamos a ver su peso en las elecciones del próximo año”, agrega.

En 2021 se celebran elecciones también en Ecuador, donde varios colectivos estudiantiles se sumaron el año pasado a las movilizaciones impulsadas por los pueblos indígenas contra el Gobierno de Lenín Moreno por el retiro de los subsidios al combustible. Esta semana muchos exigieron en la calle la destitución de María Paula Romo, la ministra con más visibilidad del Ejecutivo, finalmente aprobada por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, las especificidades del país son distintas y su protagonismo no ha alcanzado los resultados que tuvo el movimiento, por ejemplo, en Perú. Los jóvenes también estuvieron presentes en la llamada “revuelta de los pititas” contra Evo Morales en noviembre de 2019, cuyo derrocamiento se debió finalmente a un movimiento interno del Ejército que le retiró la confianza y le forzó a dimitir. Y las nuevas generaciones son todavía, pese a la migración masiva, la columna vertebral de las movilizaciones que desde hace años buscan forzar una renuncia de Nicolás Maduro en Venezuela. Perú, sin embargo, será el primer verdadero banco de prueba de su implicación en la política real y su capacidad de impulsar un cambio a través de las urnas.

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Cultura

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