Hoy toma posesión como rector (2021-2025) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) Francisco García Salinas, el doctor Rubén Ibarra Reyes. Fue electo por sufragio universal de acuerdo con su Ley Orgánica (LO), vigente desde 2001: “Art. 11. La forma de gobierno de la UAZ será la de una democracia representativa, cuya autonomía reside en la comunidad universitaria. Art. 12. Es facultad exclusiva de los universitarios, consecuentes con el carácter autónomo y el espíritu republicano de la institución, elegir a los integrantes de los órganos de gobierno y a las autoridades, mediante el voto universal, directo, secreto, libre, ponderado por sector, en proporción de 45 por ciento para estudiantes, 45 por ciento para académicos y 10 por ciento para trabajadores administrativos, en sus respectivas áreas y unidades académicas.” Como se aprecia, se elige de esta manera democrática y original (por la ponderación) no sólo al rector, sino a todas las autoridades y los integrantes de los órganos de gobierno. La LO vigente, aprobada por el Poder Legislativo estatal, se derivó de iniciativa de LO presentada por el rector de la Universidad que tiene esta facultad estipulada en la Constitución Política de Zacatecas. La iniciativa deriva, a su vez del Congreso General de Reforma Universitaria (1987-88). Una historia inédita. Nada parecido existe a nivel federal: ni la UNAM ni el IPN son mencionados en la Constitución de la República. El director general del IPN es nombrado por el secretario de Educación Pública. El rector de la UNAM y los directores de facultades, escuelas e institutos son nombrados por su junta de gobierno (JG), constituida por 15 miembros nombrados por el “Consejo Universitario Constituyente” en 1945. El nombramiento dura hasta que cumplan 70 años. Las vacantes (por edad, incapacidad o muerte) se cubren con nombramiento del Consejo Universitario, pero las derivadas de renuncia las nombra la propia JG. En El Colegio de México (Colmex) la JG nombra al presidente y a los directores de los centros de estudios. De los siete miembros de la JG, cinco son nombrados por el gobierno federal disfrazado como asamblea de socios fundadores (SEP, UNAM, BdeM y FCE) a propuesta de la propia JG; los otros dos deben ser profesores-investigadores del Colmex en activo, también los nombra la asamblea a partir de ternas propuestas por el Consejo Académico. IPN, la UNAM y el Colmex son instituciones no democráticas, a diferencia de la UAZ.

Pero la UAZ no es la única institución con elecciones abiertas. Romualdo López y coautores, en “Las formas de elección de los rectores. Otro camino para acercarse al conocimiento de las universidades públicas autónomas” (en Perfiles educativos, vol. 33, núm. 131, enero 2011) analizaron las leyes orgánicas y estatutos vigentes en 2007, de 36 universidades públicas autónomas del país y encontraron:

“Tres formas generales para la elección del rector, cada una de ellas con variantes, a saber: por una JG (13 de las 36 universidades; 36 por ciento), por el consejo universitario (18 de las 36; 50 por ciento), por votación universal secreta y directa de la comunidad (cinco de las 36; 14 por ciento). Hay modalidades entre las universidades que optan por esta última forma: cuatro otorgan el mismo peso a cada uno de los votos y una establece un voto ponderado: el voto de los estudiantes representa 45 por ciento, otro 45 por ciento corresponde al voto de los académicos y el 10 por ciento a los trabajadores. [Los autores no lo dicen, pero los lectores ya saben que es la UAZ]. ¿Qué implicaciones tiene la modalidad de voto universal no ponderado? Como el que gana es el que obtiene el mayor número de votos, la elección implica la realización de “campañas” entre los votantes para ganar el voto y “campañas” dirigidas a donde se concentra el mayor número potencial de votos: los estudiantes. Todas las universidades que optan por esta forma ofrecen educación media superior, que representa entre 33 y 60 por ciento del total de votantes. Los testimonios que se tienen sobre este tipo de elección muestran un rechazo de buena parte de los miembros de la universidad por considerar que no es el mecanismo idóneo para elegir a las autoridades. [Los autores señalan lo siguiente en la sección de conclusiones]: Cada modalidad tiene características particulares, aspectos positivos y problemas, ventajas e inconvenientes. En este trabajo se han advertido algunos de los problemas principales de cada modalidad: en la votación universal, la manipulación de los jóvenes, sobre todo los de educación media superior; en los consejos universitarios, la debilidad de la representación de sus miembros; en las JG, la falta de transparencia en la decisión. También se han resaltado las virtudes: el consenso mayoritario y alta legitimidad cuando el rector es electo por toda la comunidad; la elección razonada, confrontada y debatida en el caso de los consejos universitarios; la decisión basada en cuestiones más académicas que de otra índole, en el caso de las JG”.

Mi opinión, que tendría que fundamentar más, es que la modalidad única de la UAZ, de voto universal ponderado, logra combinar las ventajas (reales o supuestas) que los autores ven en cada modalidad y atemperar sus desventajas. Logran la paridad entre estudiantes y profesorado, característica de muchos consejos universitarios, en la elección de autoridades. Los autores citados señalan que los profesores representan sólo entre 2 por ciento y 6 por ciento de la suma de estudiantes más profesores en las cinco universidades que tienen votación universal. Está claro que la votación universal sin ponderadores que equilibren el peso del profesorado no es sensata. Tampoco son sensatos los procedimientos de la UNAM y el Colmex donde un grupo ajeno a la institución (ni profesores ni estudiantes) eligen al rector y a directores de facultades y centros de estudio. En la UNAM ello llevó a la formación de cacicazgos en algunas facultades. En La Jornada (3/03/18), Hugo Aboites señaló sobre la elección de rector por las JG: “Su problema fundamental es el hecho de que deja totalmente en manos de un pequeño grupo de notables la determinación de quién debe ocupar el cargo. Las JG han resultado muy vulnerables a presiones desde el poder. Y por esto, cada vez más, con el uso de esta modalidad se presentan casos de protestas e incluso conflictos importantes”. El procedimiento de designación de autoridades cuenta y cuenta mucho. En 2005, por propia iniciativa, antes que la JG eligiera al presidente del Colmex, los profesores votamos en urna entre los candidatos registrados para expresar nuestra opinión colectiva y enviamos una carta a la JG con los resultados. El candidato electo por la JG semanas después, Javier Garciadiego, sacó sólo 9.5 por ciento de los votos, y la JG ignoró al candidato que obtuvo la mayoría absoluta (51.9 por ciento). Los profesores no somos ciudadanos de nuestras universidades, excepto en la UAZ, y quizás en alguna más.

Rubén Ibarra Reyes fue secretario general de la UAZ entre 2016 y 2021. Su desempeño como promotor incansable y eficaz solucionador de problemas explica la abrumadora ventaja con la que ganó: obtuvo 77 por ciento del voto ponderado. Su legitimidad es plena, lo que augura el éxito de su difícil tarea.

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en México, ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los partidos políticos a adecuar sus leyes y reglamentos para permitir que los mexicanos residentes en el exterior puedan competir por cargos de elección popular al Congreso Federal, a partir de los comicios de  junio de 2021.

El fallo del TEPJF es la mayor victoria de derechos políticos de la comunidad migrante mexicana en su historia, y un reconocimiento a la lucha que durante décadas han librado individuos y organizaciones civiles para que se reconozcan sus derechos político-electorales a nivel federal.

La decisión aprobada por unanimidad, tuvo lugar en respuesta al juicio de apelación interpuesto el mes pasado por Fuerza Migrante y organizaciones que lo conforman como son el Frente Nacional de Inmigrantes, e Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C. en el que solicitaron se emitan acciones afirmativas para que la comunidad migrante mexicana residente en el extranjero pueda postularse a diputaciones federales, como parte del cumplimiento a la sentencia dictada por el TEPJF (SUP-RAP-121/2020).

El fallo es una derrota para quienes buscaban utilizar lo "avanzado del proceso electoral" en marcha, o la necesidad de un "estudio a profundidad" como argumentos para retrasar o negar a los migrantes los derechos que garantizó el Tribunal en su fallo el 24 de febrero. 

"Ahora nos corresponde como comunidad, como mexicanos en el exterior; el garantizar que estos espacios que se acaban de abrir sean ocupados por mujeres y hombres comprometidos con una agenda que atienda la problemática real de la comunidad migrante y nuestras familias en México. La vinculación urgente que tenemos que hacer es fortalecer el trabajo al interior de la comunidad", señaló Jaime Lucero, presidente de Fuerza Migrante y uno de los demandantes ante el TEPJF.

Así mismo, el Consejo Binacional de Fuerza Migrante destaca la necesidad de fortalecer las alianzas con las comunidades indígenas, que conocen y atienden la problemática económica y social que se vive en nuestros lugares de origen.

La orden del Tribunal pide al INE que de cara al proceso electoral de 2021, diseñe e implemente acciones afirmativas para residentes en el extranjero, cumpliendo con el principio de paridad.

El proceso ante el Tribunal contó con el liderazgo y asesoría del Dr. Daniel Tacher y acciones interpuestas por ciudadanos migrantes: Teresa Vivar, Lupita Adabache, Jaime Lucero, Oscar Hernández, David Miranda, Carlos Arango, Chalino López y David Herrera, todos miembros del Consejo Binacional de Fuerza Migrante.

Políticos y activistas expresaron este jueves su disgusto por la supuesta reapertura de un centro de detención en Florida para inmigrantes menores de edad que no están acompañados por adultos, y que había cerrado en medio de acusaciones de maltrato.

El centro de detención de Homestead, en el sur de Florida, albergó a más de 3.000 menores indocumentados hasta que cerró en agosto de 2019, en medio de las protestas contra las políticas migratorias del expresidente Donald Trump y reportes de prensa según los cuales el lugar no estaba preparado para proteger a los niños en caso de huracán.

La herida se reabrió el martes, cuando el diario local Miami Herald reportó, citando fuentes anónimas del Departamento de Seguridad Interior, que el gobierno del nuevo presidente demócrata, Joe Biden, planea reabrir este centro tras haber hecho lo mismo con otro en Texas esta semana.

La Oficina para el Reasentamiento de Refugiados (ORR), un programa del Departamento de Salud que opera estos refugios, no confirmó a la AFP esta aseveración.

Pero Thomas Kennedy, coordinador en Florida de la organización de derechos de los inmigrantes United We Dream, apuntó con el dedo a la vicepresidenta Kamala Harris, quien había prometido cerrar estos centros de detención privados cuando los visitó como senadora y precandidata demócrata en 2019.

"Esperamos que (Harris) muestre el mismo nivel de entusiasmo para oponerse a este centro, ahora que ella tiene un papel destacado como vicepresidenta del gobierno", dijo Kennedy.

El refugio, que se compone básicamente de una serie de carpas, fue objeto de polémica nacional tras reportes de maltrato infantil y se volvió símbolo de la crisis migratoria de 2018, cuando una política de Trump separó en la frontera a miles de niños que migraban con sus padres. Aún falta reunir a cerca de 500 niños con sus familias.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, al que pertenece Homestead, escribió en Twitter el miércoles que estaba "decepcionada de escuchar que el centro de detención será reabierto".

Añadió que urge al presidente Biden a "explorar otras opciones para albergar a los menores no acompañados".

Melissa Taveras, de la Florida Immigrant Coalition, dijo en la conferencia de prensa frente al ayuntamiento de Homestead que "existen alternativas" distintas a estos cuestionados refugios de ORR para los niños que migran solos a Estados Unidos.

"Ellos tienen familia, hay organizaciones como la nuestra, iglesias y otros líderes comunitarios que estarían felices de tenerlos con ellos y apoyarlos mientras completan su proceso de asilo", afirmó Taveras.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó el miércoles que estos refugios de ORR "no se trata de niños apresados en jaulas", una situación que se ha registrado en las instalaciones de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), en el límite con México.

Dijo que el gobierno "no expulsará a los niños sin acompañantes en la frontera, eso sería inhumano" y que, debido a la pandemia, se necesita encontrar lugares donde los menores estén seguros mientras son transferidos a familiares o representantes.

con información de agencias

Como resultado de la conversación privada entre los secretarios Marcelo Ebrard y el estadunidense Antony Blinken, la cancillería mexicana reiteró el interés nacional por atender las causas de la migración y ofreció compartir con Estados Unidos los avances y las experiencias del Plan de Desarrollo Integral que despliega en colaboración con Honduras, Guatemala, El Salvador y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Además, México ofreció mantener el diálogo bilateral sobre materia energética y cambio climático.

Asimismo, Ebrard Casaubón propuso que dicha estrategia – que ya se despliega actualmente e incluye mecanismos de transferencias directas que minimizan potenciales desvíos- sea tomada en cuenta en los distintos mecanismos de cooperación regionales.

“De este modo, trabajaremos de manera conjunta para gestionar una migración ordenada, segura y regular”, subrayó el secretario de Relaciones Exteriores.

En la reunión virtual se discutió también la agenda de cooperación en materia de seguridad binacional y donde – indica la SRE- nuevamente México estableció que detener el tráfico de municiones y armas de alto calibre es una prioridad para la seguridad nacional.

Resaltó igualmente la necesidad de atender las causas sociales detrás del crimen organizado.

Respecto a tales planteamientos, la cancillería mexicana ubicó la respuesta de Blinken como coincidente.

“Expresó que ambos países compartimos las mismas prioridades y que están abiertos al diálogo para escuchar las propuestas de México a fin de trabajar de manera conjunta e innovadora en aras de alcanzar dicho objetivo”.

Respecto a la agenda energética, Ebrard Casaubón reiteró la satisfacción mexicana por el retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre cambio climático, y “el canciller Ebrard reiteró la disposición del gobierno mexicano de mantener un diálogo sobre la materia, así como de impulsar una agenda verde en la región”.

Norma Pimentel, directora de la Casa del Migrante en McAllen (EE UU), acompaña en el puente fronterizo a migrantes que cruzaron este viernes.
Norma Pimentel, directora de la Casa del Migrante en McAllen (EE UU), acompaña en el puente fronterizo a migrantes que cruzaron este viernes. Héctor Guerrero
 

“Gracias a Dios estoy aquí”, fue lo primero que atinó a decir Onelia Alonso, una exiliada política cubana de 61 años, el jueves tras llegar entre aplausos a la estación de autobuses de Brownsville, en Texas. Su cruce junto a otros 26 solicitantes de asilo desde Matamoros, en el norte de México, suponía el principio del fin de un campo de refugiados levantado a pocos metros de Estados Unidos, al otro lado del Río Bravo, por migrantes que esperaban allí, debido a las duras políticas en materia de inmigración del expresidente Donald Trump, a que un juez escuchara sus pedidos de protección. Y con el que Joe Biden se ha propuesto acabar cuanto antes.

Alonso huyó de Cuba a Trinidad y Tobago a finales de 2017 tras sufrir amenazas por parte del Gobierno de la isla por pertenecer a grupos opositores como las Damas de Blanco. Transitó por una decena de países y pasó por la peligrosa selva del Darién antes de llegar a México, donde acabó varada tras toparse con los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), por los que Trump mandó a México a más de 71.000 solicitantes de asilo. La semana pasada, el Gobierno de Biden comenzó el proceso para recibir a los más de 25.000 que todavía tienen sus casos activos para que puedan esperar la decisión de los jueces en territorio estadounidense.

Onelia Alonso cruza el puente fronterizo acompañada de personal de Instituto Nacional de Migración mexicana y las Naciones Unidas.
Onelia Alonso cruza el puente fronterizo acompañada de personal de Instituto Nacional de Migración mexicana y las Naciones Unidas. Héctor Guerrero

Junto a Alonso, cruzaron una mujer transgénero salvadoreña que quería llegar a EE UU para poder ser ella misma sin temor a la violencia, un campesino guatemalteco en muletas que huyó de su tierra tras ser atacado por un conflicto de tierras, varias familias y al menos una mujer embarazada que vivieron durante meses en el campo de refugiados de Matamoros. El traslado de un lado a otro de la frontera fue rápido e incluyó una prueba de antígenos para descartar que los migrantes estén contagiados de coronavirus. En los próximos días, se espera repetir esa misma operación con todos los casos activos de MPP hasta acabar con el campo de refugiados, un proceso que podría tardar entre ocho y 10 días.

“Se termina un ciclo, una etapa que no debía haber sucedido”, afirma Juan Sierra, encargado de la Casa del Migrante de esa ciudad. Aunque lleva años recibiendo a personas en tránsito hacia EE UU, dice que nunca pensó que vería un campamento como este, que llegó a acoger a cerca de 2.000 personas antes de la pandemia. Según el censo que se hizo esta semana, hasta el miércoles lo ocupaban 750 personas que han vivido los últimos días entre la alegría y la expectativa de quienes van a cruzar y la tristeza por quienes llevan meses esperando como ellos, pero no podrán pasar porque les fue denegado el asilo o no han tenido la oportunidad de pedirlo.

Borrar el legado migratorio de Trump

Desde que se implementó el MPP en Matamoros en el verano de 2019, las familias pasaron de dormir en la calle a construir un auténtico vecindario con las carpas donadas por organizaciones no gubernamentales e iglesias. A las tiendas de campaña se le fueron sumando baños portátiles, duchas, plantas purificadoras de agua, cocinas, puestos para la distribución de donaciones, escuelitas y talleres para los niños, iglesias y hasta un hospital de campaña que se levantó por la pandemia.

Pese a las ayudas, los migrantes han sufrido todo tipo de circunstancias adversas. De las temperaturas extremas de esta zona de la frontera a la crisis del coronavirus, que puso a los migrantes en un limbo mayor después de que EE UU decidiera cerrar la frontera en marzo de 2020 y paralizara las audiencias de asilo del MPP. A eso hay que añadirle la violencia del crimen organizado. Nadie se atreve a decirlo en voz alta, pero quienes han pasado por el campamento saben que La Maña, como llaman al grupo que controla esta zona de Matamoros, campa a sus anchas en el asentamiento. Allí se han registrado ataques violentos, extorsiones y violaciones, según los propios migrantes para quienes el programa también deja un legado de trauma.

Un letrero en apoyo a Joe Biden y Kamala Harris cuelga de una de las pequeñas carpas en el interior del campamento.
Un letrero en apoyo a Joe Biden y Kamala Harris cuelga de una de las pequeñas carpas en el interior del campamento. Héctor Guerrero

“Durante todo este tiempo hemos conocido a muchas personas que se han traumado y que han tenido problemas psicológicos”, reconoce Yamalí Flores, una solicitante de asilo hondureña de 35 años que fue regresada a México con su esposo y sus tres hijos en agosto de 2019. “Yo estuve yendo al psicólogo porque ya no aguantaba y mi hijo mayor no comía y solo pasaba durmiendo. Me decía que ya no quería estar más aquí”, explica Flores. Lo más difícil, asegura, ha sido velar por la seguridad de sus hijos de 15, 10 y ocho años, que llevan casi dos años sin ir al colegio, y tratar de crearles una sensación de normalidad. “Como mamá, siempre me siento a la par de los tres y les pido que mantengamos la fe y la esperanza, que sabemos que esto pronto acabará”, afirma.

Para Biden, terminar con el campo de refugiados de Matamoros, uno de los símbolos de las políticas más duras de Trump, era una prioridad. Pero mientras abre la puerta a este grupo, su equipo lanza el mensaje de que la frontera sigue cerrada a nuevos casos. Mientras tanto, migrantes como Yamalí Flores alistan sus pertenencias y se despiden de quienes se han convertido en su familia del campamento. Sus hijos han donado sus bicicletas y juguetes a otros niños que se quedan. “Sé que esto nos va a marcar nuestras vidas por siempre y vamos a valorar más la vida”, dice la hondureña que viajará con unos amigos a San Francisco cuando llegue a EE UU. “Yo sé que, al estar allá, cada vez que me levante en la mañana, siempre me voy a recordar que ya no estoy durmiendo en una carpa”.

Vista aérea del campamento a las orillas del Río Bravo.
Vista aérea del campamento a las orillas del Río Bravo. Héctor Guerrero
Friday, 26 February 2021 00:00

Karina Pérez Popoca: medias verdades

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La presidenta municipal de San Andrés CholulaKarina Pérez Popoca, ha querido vender su solicitud de licencia como un acto de congruencia con la equidad democrática en el marco de la actual coyuntura electoral.

Lo que ha ocultado, y es la verdadera razón de su solicitud de licencia por 90 días sin goce de sueldo a partir del 9 de marzo, es que no sólo se registró como aspirante a presidencia de San Andrés Cholula en el proceso interno de Morena.

Pérez Popoca también se registró como candidata a diputada local por el distrito 18 con cabecera en Cholula de Rivadavia, lo que necesariamente la obliga a pedir licencia ya que no se trata, en este caso, de una reelección.

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A propósito.

Ahora que Karina Pérez Popoca está por irse de campaña, al interior del Cabildo se cruzan apuestas sobre a quién le encargará el changarro en los tres meses que dejará el cargo.

La versión más socorrida es que la sustituirá temporalmente el regidor de Obras PúblicasDesarrollo Urbano y Agua PotableRoberto Maxil Coyopol o en su defecto el regidor de Gobernación y Seguridad Pública, Ismael Mino Vicens.

Sin embargo, no habría que descartar en esta coyuntura un ajuste de cuentas por parte del grupo de Morena contrario de Karina.

Según esta versión algunos regidores estarían valorando proponer al síndico Josué Xicale Coyopol como presidente municipal interino, sobre todo si su padre Adán Xicale Huitlé no es favorecido por Morena con alguna candidatura a un puesto de elección popular.

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Cuentan los enterados que en el transcurso de los próximos días podrán salir nuevas denuncias de venta de candidaturas de Morena en algunos municipios de la Mixteca poblana como Tilapa, Huehuetlán El Grande y Huehuetlán El Chico, así como de la Sierra Norte que implicarían a familiares de los principales dirigentes de este partido.

Hasta donde se sabe entre los personajes a los cuales se les trató de vender una candidatura figuran Guadalupe Espinosa, prima del arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa y Carlos Barragán Amador.

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Correos electrónicos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" rel="noopener">periodistasoy@hotmail.com y This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" rel="noopener">rruiz@e-consulta.com

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El día de ayer, en el Centro Escolar Morelos, se instaló el Comité Local de Organización del XVI Congreso Nacional de Investigación Educativa (CNIE) y del VI Encuentro Nacional de Estudiantes de Posgrado en Educación (ENEPE) 2021, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE); este congreso, será responsabilidad de Puebla, por primera ocasión. La experiencia que está generando este congreso, resulta esperanzadora, para quien escribe, ya que como saben, soy promotor del trabajo conjunto entre los diferentes actores sociales. En este caso, el Gobierno del estado recibe el respaldo y aval, de la treintena de miembros del COMIE que radicamos en Puebla.

Para ubicar al lector, hay que decir, que el CNIE, es el más importante a nivel latinoamericano, en materia educativa; convoca a 4000 personas en promedio, durante una semana. Acuden a éste, especialistas, del más alto nivel, tanto nacional como internacional, es un espacio de encuentro entre los estudiosos del campo educativo. De manera adicional, habrá que mencionar, que Puebla, en la semana del 15 al 19 de noviembre, hará historia, organizando el primer CNIE y ENEPE, de la serie, en modalidad virtual.

Este congreso, es auspiciado por el COMIE, asociación fundada en 1993 y que agrupa a casi 700 investigadores educativos de todo el país, e incluso de otras latitudes y que investigan sobre las diversas realidades educativas nacionales. Puebla, cuenta con una treintena de miembros, encontrándose distribuidos en instituciones de financiamiento público, tales como el BINE, la UPN 211, el Instituto Torres Bodet y la BUAP, pero también en otras, de financiamiento privado, como la IBERO, la UPAEP y la UDLAP.

Como lo mencioné en su momento, la formalización de la postulación de Puebla, como sede del XVI CNIE y VI ENEPE, fue hecha, por el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación; y avalada en abrumadora mayoría, por los miembros COMIE en Puebla. Justamente, el texto de esta semana lo dedico a la instalación del Comité Local, porque en los comités, se incorporan varios de los miembros del COMIE en Puebla, sin distingo de institución de adscripción, es decir, sin importar si es “pública o privada”. Culturas distintas, la del entorno de la administración pública, de las instituciones educativas públicas y la de las instituciones educativas privadas, trabajando juntas; de ahí la esperanza, cuando somos capaces de liberarnos de los estigmas que dividen y debilitan, somos capaces de emprender tareas, tan retadoras como la que aquí se trata. El perfil académico del actual Secretario, sin duda, ayuda, sin embargo, se hace posible la tarea, cuando se combina con las voluntades de los diversos actores convocados.

Como miembro COMIE que soy, no puedo dejar de mencionar que el CNIE y el ENEPE, que se realizan cada dos años, es una magnífica oportunidad de encuentro con investigadores y sus formas de pensar y hacer investigación, pero también con profesores que investigan, así como con estudiantes que encontrando en la investigación su vocación, hacen sus aportes. Así qué, investigadores, profesores, estudiantes y público en general interesado en la educación, no dejen de consultar la convocatoria, disponible en: http://bit.ly/XVI_CNIE 

Espero que la experiencia de apertura, mostrados al momento, se convierta en práctica común en la actual administración de la Secretaría de Educación, de tal forma que finque los tan necesarios puentes de encuentro con quienes, desde la diversidad de posiciones, están en disposición de colaborar en la construcción de una mejor educación desde Puebla.

Altar a Santa Cristina García, una de las víctimas de la matanza, en su casa en la municipalidad de Comitancillo, Guatemala el 3 de febrero de 2021.
Altar a Santa Cristina García, una de las víctimas de la matanza, en su casa en la municipalidad de Comitancillo, Guatemala el 3 de febrero de 2021. Héctor Guerrero

 

Los 12 policías detenidos por el asesinato de al menos 15 guatemaltecos en la masacre de Tamaulipas confesaron haberlos matado, pero no haberlos desmembrado ni quemado, según ha podido saber un grupo de congresistas de Guatemala. Los parlamentarios están de visita en Ciudad de México, donde han participado en reuniones con las autoridades mexicanas para conocer el avance de las investigaciones de la matanza del 22 de enero en Camargo, en un camino rural cerca de la frontera con Estados Unidos en la que fallecieron 19 personas, la mayoría migrantes.

“Lo que nos han explicado es que los policías ya han aceptado que ellos mataron a los migrantes. Lo que no han aceptado ellos es que los quemaron y que los desmembraron. Ese es un tema muy complicado porque están desmembrados y quemados. Es algo horrible. Esto aparentemente podrían haber sido ya grupos locales”, le dijo a EL PAÍS el diputado Carlos Barreda, jefe de la bancada del partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). A principios de febrero, la Fiscalía de Tamaulipas informó de que al menos 12 policías del grupo de élite GOPES estaban involucrados en la masacre. El titular de esa oficina dijo que los agentes estaban acusados de asesinato, abuso de autoridad y falsedad en sus informes, pero evitó dar detalles sobre el papel exacto que tuvieron en la matanza.

Según las informaciones que han recibido estos días Barreda y sus colegas, la principal teoría es que hubo un enfrentamiento entre los coyotes que llevaban a los migrantes y ese cuerpo policial. “Aparentemente, en el área de Camargo, en Tamaulipas, hay una zona de distensión entre dos carteles”, el del Noreste y el del Golfo, explica. Citando las versiones que le han ofrecido, el diputado dice que es probable que los migrantes guatemaltecos se alejaran por algún motivo de ese lugar de paso y entraran en una zona más peligrosa donde se produjo una balacera.

Ahora, el parlamentario está sorprendido tras conocer que los agentes estarán representados en el proceso penal por abogados privados, según sus informaciones. “No sé quién les está pagando la defensa cuando, si eran policías, lo más probable es que tuvieran una defensa pública”, ha dicho.

Rostros de los migrantes asesinados en Tamaulipas.
Rostros de los migrantes asesinados en Tamaulipas. Foto: Cortesía

 

A Barreda, jefe de la bancada de la UNE, lo acompañan otros ocho congresistas de su partido. En la capital mexicana se han reunido con legisladores, con el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y con el director general de América Latina y del Caribe de la Secretaría de Cancillería mexicana, Martín Borrego. También participaron en una reunión virtual con el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios. Aunque la visita es promovida por su grupo parlamentario y no por el Congreso, ha recibido el apoyo del embajador guatemalteco, Mario Búcaro.

Según ha explicado Barreda, el plan inicial era viajar a Tamaulipas, donde se produjo la masacre, para poder conocer el avance de las investigaciones sobre el terreno, pero lo descartaron por motivos de seguridad después de que Búcaro tuviera que irse la semana pasada de ese Estado tras sufrir amenazas. “Tuvo que salir rápido de Tamaulipas hacia Monterrey, en bus, porque al hotel donde él estuvo estuvieron llegando, intimidándolo”, ha afirmado.

Entre las demandas que piden los parlamentarios en México está que el crimen no quede impune y que reparen a las familias de las víctimas. El lunes, el comisionado del INM se comprometió a que el Gobierno mexicano cubra los costos de la repatriación de los restos de los migrantes, una de las demandas de los familiares para poder cerrar el duelo. “La fecha dependerá de la Fiscalía porque los restos son una prueba y hasta que no hayan concluido todo lo que tengan que hacer, no pueden entregarlos”, ha dicho otro de los miembros de la comitiva guatemalteca, el diputado Mario Gálvez, del departamento de San Marcos, de donde procedían casi todos los migrantes.

Desde hace más de una década, Tamaulipas se ha convertido en uno de los pasos más peligrosos para los migrantes. En 2010, un grupo criminal asesinó a 72 centroamericanos y sudamericanos. Un año después, las autoridades hallaron casi 200 cuerpos en fosas clandestinas en ese mismo municipio, la mayoría migrantes. En 2012, dejaron los cuerpos desmembrados de 49 personas, entre ellos migrantes, en Cadereyta, cerca de Monterrey, en la salida de la ruta hacia Reynosa.

Por el momento, los diputados guatemaltecos regresan a casa con la promesa de que esta vez el crimen no quedará impune. “Vemos que en todos los diputados ha pegado mucho el discurso del presidente Andrés Manuel [López Obrador] que dice que esto no va a ser un nuevo San Fernando”, ha dicho Barrera sobre las reuniones que ha tenido en México. “El manejo político del tema ha sido decirnos que van a hacer su esfuerzo y que el peso de la ley va a caer y que están dispuestos a reparar a las familias y que hablemos de una agenda de trabajo para que esto no pueda suceder”.

Interior del laboratorio mexicano Liomont, donde se envasa la vacuna de AstraZeneca para América Latina, el 22 de febrero pasado. Foto: AFP 
 

 

Latinoamérica dispone de decenas de millones de vacunas de AstraZeneca guardadas en almacenes. Un laboratorio argentino está fabricando 18 millones de dosis cada mes. Pero de momento no pueden utilizarse por falta de insumos básicos como filtros, bolsas estériles, viales o excipientes biológicos en el laboratorio de México encargado de terminar el producto.

La “vacuna latinoamericana” contra la covid-19, producida en una factoría bonaerense del empresario argentino Hugo Sigman y financiada por la fundación del magnate mexicano Carlos Slim, se ha visto frenada por un problema mundial de desabastecimiento. Sigman considera que habrá que seguir esperando hasta el mes de abril.

El gigante farmacéutico AstraZeneca renunció hace casi un año a obtener beneficios de su vacuna mientras durara la pandemia y, a través de la Fundación Bill Gates, buscó filántropos que asumieran los altos costes de producción. En Latinoamérica encontró a Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. Slim aceptó con la condición de que la vacuna se fabricara en el continente. AstraZeneca decidió que la fabricación del principio activo se realizara en mAbxience, una moderna instalación argentina perteneciente al grupo Insud, propiedad del matrimonio compuesto por la bioquímica Silvia Gold y el médico Hugo Sigman. El producto básico sería enviado luego a los laboratorios mexicanos Liomont, que se ocuparían de terminarlo y envasarlo para que AstraZeneca realizara la distribución.

Pero el plan ha chocado con el desabastecimiento planetario de productos tan elementales como soluciones salinas, frasquitos y jeringas. Schott, el mayor fabricante mundial de viales, avisó ya en junio de que no podía hacer frente a pedidos de cientos de millones de frascos. Al mes siguiente, Pascal Soriot, director ejecutivo de AstraZeneca, admitió que el problema no era “fabricar la vacuna en sí misma, sino llenar los viales”, porque no había suficientes en el mercado.

El laboratorio de mAbxience empezó a fabricar en el plazo previsto y el 20 de enero exportó a México el equivalente a seis millones de vacunas. El 2 de febrero exportó otros seis millones de dosis. Ahora mismo, mAbxience produce a un ritmo de 18 millones de dosis cada mes y en abril alcanzará los 25 millones de dosis mensuales. Ese material permanece paralizado, en los laboratorios mexicanos de Liomont y en Argentina, a la espera de que se resuelva el desabastecimiento de viales.

Un portavoz de Liomont aseguró que los suministros necesarios estaban ya “garantizados” y que el envasado empezaría “próximamente”. “Los primeros lotes se envasarán la semana entrante”, dijo Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales de México. Sin embargo, las dosis envasadas deberán esperar entre tres y cuatro semanas para que las autoridades regulatorias comprueben su estabilidad, esterilidad y dosificación. “Estos tiempos no pueden recortarse porque se trata de procesos biológicos”, explicó la funcionaria. “Una vez verificados los primeros lotes, la liberación de los siguientes será más rápida”, añadió.

Para paliar el retraso, AstraZeneca ofreció exportar a Argentina y México parte de la producción de su factoría en India. Según Hugo Sigman, ya llegaron 580.000 dosis de esta procedencia y en marzo llegarán otras 580.000. También encontró otra solución temporal. Como la vacuna de AstraZeneca no está autorizada aún en Estados Unidos (la luz verde se prevé para abril), la factoría estadounidense de la multinacional, sin problemas de desabastecimiento, se encargará de realizar por unas semanas la tarea de Liomont. “Ya hemos enviado el equivalente de 6.400.000 dosis desde Argentina a Estados Unidos y la semana próxima saldrán otras 6.400.000”, dijo Sigman.

Se trata de una situación frustrante. Liomont, cuya planta es una de las mayores de Latinoamérica (1,6 millones de metros cuadrados), tuvo que acometer un proceso de adaptación en sus instalaciones para contar con la tecnología necesaria y prepararse para una producción masiva. “Liomont tiene unos laboratorios excelentes y ha hecho todo lo que debía hacerse, pero ha topado con un problema planetario que sufren también en Europa: hay mucha demanda de insumos y poca oferta”, comenta Hugo Sigman.

Hay cientos de vacunas en desarrollo o ya en el mercado y una carrera contra el reloj para inmunizar a los 7.500 millones de habitantes del planeta. Pero la industria mundial no produce más de 20.000 millones de viales al año, destinados a la producción farmacéutica ordinaria. La irrupción de las vacunas ha provocado una situación cercana al colapso. “Nadie podía estar preparado para esto, harán falta meses para que el suministro se normalice”, dijo Sigman.

No hay peor pesadilla que el sueño cumplido…En esa máxima, se inspiró el viejo dibujo animado de Disney en el que los sobrinos del pato Donald piden que se repita ad infinitum su día de Navidad. Al cumplirse su deseo, pasan de la felicidad inicial ante el sueño alcanzado a la saturación. El hartazgo, a posteriori, adorna imaginariamente las rutinas de la vida cotidiana de antes, menospreciadas por aburridas, con innumerables virtudes y bondades. 

A 12 meses de que México registró el primer caso oficial de Covid-19 y a 11 de que la Secretaria de Educación Pública (SEP) cerró las escuelas, docentes y alumnos hemos perdido el empuje con el que pretendíamos, en un principio, sobreponernos a circunstancias que siempre consideramos adversas pero que esperábamos de duración breve. No ocurrió así y compartimos ahora con el resto de la sociedad lasitud y desasosiego.  Hoy, el retorno a la escuela es objeto de incontables pero desmesuradas expectativas, expresadas por los niños y los jóvenes, sus familiares, sus maestros y los especialistas en la salud mental de infantes y adolescentes. Ya no criticamos nada, solo añoramos lo que fue, amnésicos de las críticas de la que eran objetos, apenas un año atrás, las escuelas y los docentes. 

En ese escenario, no sorprende el revuelo desencadenado por el reciente anuncio, hecho por la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP) que los colegios particulares reanudarían sus labores el 1ero de marzo 2021, en aras de preservar el bienestar psicológico de los alumnos y de garantizar su desempeño.  El 23 de febrero, para frenar en seco ese movimiento, la SEP reiteró que las escuelas serían autorizadas a recibir alumnos sólo allí donde el semáforo epidemiológico este en luz verde.

Esa confrontación se presta a varias lecturas. La declaración de la ANFE-ANEP fue probablemente un ensayo para medir fuerzas con la titular de la dependencia, Mtra. Delfina Gómez, que acaba de tomar posesión como Secretaria de educación pública.  Se trató quizás de un testeo para negociar eventualmente una salida a la crisis que azota la educación privada.

En efecto, debido al alargamiento del cierre de las instalaciones y a la crisis económica, un número, todavía indeterminado, de familias retiró sus hijos de las escuelas particulares. Muchos establecimientos están al borde del colapso, por falta de cuotas y, por ende, de recursos. No por eso, conviene interpretar la intentona de reapertura sólo como una estrategia para recuperar matricula o contrarrestar la caída de beneficios cobrados por unos cuantos inversores o accionistas. Si muchas escuelas particulares cesan sus actividades, su cierre provocará una ola de despidos, entre docentes, administradores y proveedores de servicios auxiliares. Para botón de muestra, recordemos que las instituciones privadas emplean casi 400000 personas en labores de enseñanza y concentran el 30.5% del total de plazas en 2019-2020. Su clausura definitiva presionará, además, un sistema público obligado a recibir los tránsfugas del privado en todos los niveles. No sabemos cuántos jóvenes están transitando de uno a otro sector pero la cantidad de matrícula inscrita en establecimientos particulares deja sospechar que los flujos podrían ser significativos, en ciertos niveles y lugares.

El episodio, más allá de su desenlace, fue ampliamente comentado en redes sociales, en mensajes que comprobaron que las expectativas sobre un pronto retorno a la escuela eran muchas. Pero esa aspiración, por compartida que sea, no debe opacar el hecho que las instalaciones educativas, al igual que cualquier lugar de congregación de personas, son susceptibles de volverse clusters de contagio. Tanto las ingratas experiencias de reapertura prematura, habidas en otros países, como la situación actual en México indican que escuelas y universidades son susceptibles de esparcir el Covid-19. En el país, en febrero, el número de contagios y decesos superó el registrado en julio, cuando la SEP decidió aplazar el regreso presencial, calendarizado para agosto. Cuidar la salud de todos sigue siendo una prioridad, en una circunstancia en el que el lento arranque del proceso de vacunación no contrarresta todavía una curva epidemiológica al alza.

En ese contexto, me parece atinada la decisión de mantener el cierre de los establecimientos, a pesar de las crecientes presiones colectivas en pro de una pronta reapertura y de la desesperanza que a muchos (nos) invade ante una crisis multifacética e duradera. A su vez, programar cuidadosamente dicha reapertura, como lo asumió la SEP, será una operación compleja y delicada. 

No se agotará en un cálculo de los aforos escalonados, en una supervisión de las medidas sanitarias o en la incorporación de la profesión docente entre las prioritarias para la vacunación, condiciones importantes todas ellas pero insuficientes. Más allá del control de los daños a la salud, supondrá una remediación de los estragos causados por la pandemia en el aprendizaje, en el funcionamiento de las organizaciones escolares, en las condiciones de trabajo, en la equidad y en la atención a los jóvenes. En una profesión altamente feminizada, implicará responder al agobio emocional de las maestras y profesoras, obligadas a desempeñar simultáneamente roles de madres, cuidadoras, amas de casa y profesionistas, durante largos meses.

Regresar a la escuela es necesario. Lograrlo no será un proceso terso, no nos hagamos ilusiones, ni alberguemos la quimera de que acceder de nueva cuenta a las instalaciones equivaldrá a un pase asegurado hacia un futuro “normalizado”. Puede desviarse y traducirse en un caos cuyo descontrol agrave los sentimientos de desamparo, las percepciones de incompetencia y las tensiones preexistentes, en un contexto social y político explosivo.

 

 

Cinvestav

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