Un grupo de vecinos esperan para ser atendidos en el centro de Salud del distrito de Cuzco, en Fuenlabrada.
Un grupo de vecinos esperan para ser atendidos en el centro de Salud del distrito de Cuzco, en Fuenlabrada.DAVID FERNÁNDEZ / EFE

Alerta roja. La máxima en la escala del Instituto de Salud Global de la Universidad de Harvard; la que debería tener a la población confinada en sus casas para terminar con la epidemia. En ese nivel están siete comunidades autónomas españolas. La incidencia para llegar a esta situación es de 25 positivos diarios por cada 100.000 habitantes (350 en 14 días). Madrid lleva semanas superándolo (este viernes estaba en 721,7); la siguen Navarra (662,6), La Rioja (494,6), Castilla-La Mancha (418), Murcia (404), Aragón (380,6) y Castilla y León (371,9).

“Cuando una comunidad alcanza el nivel rojo la obligación de permanecer en casa tiene que establecerse de nuevo”, consideran en Harvard. En la segunda ola, España está tratando de evitar a toda costa este escenario para no frenar aún más una economía que ha sufrido un golpe durísimo en 2020. Es el difícil equilibrio entre mantener la salud y los puestos de trabajo. Pero la situación de Madrid, por su incidencia, población y por ser nodo estratégico de comunicaciones, es crítica, según media docena de expertos consultados por EL PAÍS. Todos ellos se sitúan más cerca de las tesis del Ministerio de Sanidad de ampliar restricciones a toda la región, que de la Comunidad, que ha optado por ampliarlas solo en 45 distritos sanitarios, donde vive menos de una sexta parte de la población.

“En una ciudad densa como Madrid, confinar por zonas que a veces separan una acera y otra de la misma calle no tiene mucho sentido. Por no hablar de que la incidencia hace mucho que superó el límite que aconseja actuar con firmeza”, opina Saúl Ares, científico del Centro Nacional de Biotecnología. “Illa [ministro de Sanidad] habla de una incidencia de 500 [casos por 100.000 habitantes en 14 días], pero eso ya es tener manga ancha. El límite de 1.000 que estaba usando la Comunidad de Madrid es arbitrario y demasiado alto: es esperar a que haya un problema, como estamos viendo en las UCI y atención primaria, en lugar de actuar para evitar que el problema aparezca”, continúa.

Son muchas las voces en el campo de la epidemiología que llevan días, si no semanas, reclamando medidas más duras en la capital. Los expertos en salud pública José Martínez Olmos, Alberto Infante y Daniel López Acuña claman por ellas en diversos artículos prácticamente desde agosto. “Habría que volver a algo parecido a la fase uno de la desescalada, y cuanto antes, mejor”, explica Martínez Olmos.

Para estos y otros especialistas es una cuestión de tiempo. Cuanto antes se tomen las limitaciones en todo Madrid, podrán ser algo más laxas y durar menos. “No hay que ser experto en datos para ver que el crecimiento e inercia y tasas de incidencia en cualquier país del mundo estaría en un confinamiento muy duro”, asegura Álex Arenas, que es físico y experto en datos de la Universitad Rovira i Virgili. Sus cálculos anticiparon con bastante exactitud lo que sucedería en la primera ola y ahora es contundente: “El confinamiento perimetral de Madrid ni se considera, lo que pone en peligro a todo el país. Eso nos va a llevar a todos a una situación crítica que no queremos vivir. Nos conduce de cabeza a confinamiento domiciliario de marzo”.

“Negligencia política”

En opinión de Arenas, Madrid está viviendo una “negligencia política” que está poniendo “en peligro” la salud de los ciudadanos, algo que ya se está notando en los hospitales, cuyas UCI en la Comunidad ya operan prácticamente al 100% de su capacidad normal, lo que quiere decir que ya no realizan numerosos procesos rutinarios para dejar sitios a pacientes de covid. “Si no hacen caso [a tomar medidas más drásticas] la contundencia científica se va a imponer, ya sea porque las evidencias que estamos diciendo o porque la realidad te da un guantazo”, zanja.

Menos tajante es Fernando Rodríguez-Artalejo, catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, quien, a pesar de todo, defiende el confinamiento de algún tipo en toda la región. “Cuanto antes se haga, lo lógico es que dure menos tiempo”, asegura. Pero matiza que hay margen para la discrepancia y la discusión. “Cada uno pone sobre la mesa sus prioridades. El aumento es lineal, con lo cual sabemos más o menos cómo vamos a estar dentro de una semana. Pero para no tomar medidas ya, habría que estar bastante seguro de que las que se han puesto en marcha van a reducir considerablemente la incidencia en ese tiempo y que no va a crecer en las zonas en las que no se han implantado. Es algo que me parece muy dudoso porque no son muy rígidas y afectan solo a unas cuantas zonas. Lo lógico sería intervenir ya en todo Madrid porque en una semana es probable que estemos peor que ahora”, explica.

Varias personas hacen cola, este viernes frente al Centro de Salud Artilleros del barrio de Vicálvaro (Madrid).
Varias personas hacen cola, este viernes frente al Centro de Salud Artilleros del barrio de Vicálvaro (Madrid).FERNANDO VILLAR / EFE

Una de las razones que cuestionan la estrategia de restringir la movilidad en unos cuantos distritos del sur de Madrid la aporta un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid: el 86,5% de los trabajadores de los 37 distritos sanitarios inicialmente confinados tenían que salir a diario para trabajar en zonas no afectadas.

Margarita del Val, viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), también cree que el confinamiento de zonas no es efectivo. Ella propone una alternativa: "Hay que confinar selectivamente, no por áreas de salud, sino por personas mediante testado, rastreo, cuarentenas y aislamiento, facilitados por residencias medicalizadas. Como el confinamiento por áreas de salud tiene muchas excepciones, ni siquiera tendrá demasiado efecto en limitar la infección a esa zona. De confinar selectivamente puedes pensar: “Vaya rollo, cada dos por tres toca una cuarentena y no hay quien se organice”. Pues eso es a lo que nos ha abocado no tomar medidas antes. Y un confinamiento selectivo por personas aunque sea ‘¡vaya rollo!’ es mejor que un confinamiento total, sin duda”.

Cada día que pasa demorando medidas más extensivas, ya sean de uno u otro tipo, coinciden varios expertos consultados, es un día de crecimiento de la epidemia: más casos, que llevan a más hospitalizaciones, más ingresos en las UCI y, finalmente, más fallecimientos. “En España están muriendo cada día más de 100 personas por la covid. Parece que no le importa a nadie”, concluye Arenas.

 

La juez Amy Barrett, en una imagen de archivo.
La juez Amy Barrett, en una imagen de archivo.MATT CASHORE/NOTRE DAME / REUTERS

Amy Coney Barrett podría convertirse a sus 48 años en la juez más joven del Tribunal Supremo y en la quinta mujer de la historia en formar parte de la máxima Corte de Estados Unidos, según informa este viernes la prensa estadounidense. Para los republicanos, Barrett, católica y contraria al aborto, es la candidata ideal para un cargo vitalicio centrado en la interpretación de la Constitución. Como el fallecido juez Antonin Scalia, para quien la letrada trabajó más de 10 años, se define como una “originalista” o “textualista”; es decir, que busca atenerse de manera estricta al texto de la Constitución y trata de aplicar en sus sentencias la intención original que tuvieron sus artífices en 1787. La magistrada pertenece a la Sociedad Federalista, la organización judicial conservadora sobre la que se ha apoyado el presidente Donald Trump a la hora de elegir jueces para el Supremo.

Si la Casa Blanca confirma este sábado la candidatura de Barrett, el presidente avanzará en el plan de lograr de la mano del Senado de mayoría republicana ―complaciente con la idea― colocar a una nueva magistrada en el Supremo antes de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, alterando para muchas décadas la composición ideológica de la Corte. Una semana después del fallecimiento de la icónica juez progresista Ruth Bader Ginsburg, la batalla política para cubrir su vacante en el Supremo se augura a cara de perro e incendiaria.

En un clima de polarización social como nunca había vivido antes este país, el Tribunal Supremo, garante de la Constitución y del equilibrio ideológico del sistema, se ha convertido en el último frente de lucha política de Donald Trump, que busca consolidar una mayoría claramente conservadora en la institución. La fallecida Ginsburg pidió antes de morir que su sucesor o sucesora fuera nombrado ya por el presidente que salga de las urnas en noviembre. También los demócratas reclaman esperar a que sea elegida la nueva Administración.

Barret, a la que se apunta como candidata a entrar ahora en el Supremo, es una devota católica. Nacida en Metairie, un suburbio de Nueva Orleans (Luisiana), la candidata está casada con el abogado Jesse Barrett y es madre de siete hijos, uno de ellos con síndrome de Down y dos adoptados en Haití. Cuando fue nominada en 2017 para el actual puesto que ocupa dentro de la corte de apelaciones del Séptimo Circuito en Chicago, la magistrada vivió un duro proceso de confirmación. El comité judicial que analizaba su idoneidad para el cargo dudó de si Barrett sería capaz de dejar de lado sus fuertes convicciones religiosas a la hora de aplicar la ley. Barrett es miembro de un grupo conservador de fe cristiana conocido como People of Praise. Según varios medios de comunicación, entre ellos The New York Times y Newsweek, entre las enseñanzas de este colectivo figura la de que es “el marido el que debe asumir toda la autoridad dentro del hogar”.

De ser confirmada para pertenecer al selecto estamento que se ha convertido en las últimas décadas en una especie de tercera Cámara, Barrett sería el sexto miembro católico del Alto Tribunal. No es esta la primera vez que es considerada para el puesto. Cuando en 2018 se jubiló el juez Anthony Kennedy, el presidente Trump pensó en ella para la vacante. Pero, al parecer, según personas conocedoras de la situación, la entrevista con el magnate no fue bien. La juez, además, tenía conjuntivitis, lo que le obligó a llevar gafas oscuras durante el encuentro con el mandatario. “Sin duda, no estaba en su mejor día”, dice una fuente citada por la cadena pública de radio NPR que pidió guardar el anonimato.

Sin embargo, los encuentros en la Casa Blanca con el mandatario parecen haber ido mejor esta semana (a juzgar por la eventual nominación). Barrett ha recibido también la bendición del todopoderoso Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado, quien ve en esta jurista un currículum conservador a prueba de bombas para poder moldear la ley y la sociedad estadounidense por muchos años.

La antítesis de Ginsburg

En opinión de Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, Barrett “defiende todas las cosas a las que era contraria Ruth Bader Ginsburg”. Y añade: “Muchas cosas sobre la que la gran mayoría del pueblo americano no está de acuerdo”.

El perfil conservador con que la Casa Blanca quiere ocupar la vacante hace temer sobre el futuro de la sentencia conocida como Roe versus Wade, que desde 1973 establece el derecho al aborto. Con una mayoría ultraconservadora en el Supremo, también está en juego el futuro del Obamacare. El tribunal, de hecho, tiene previsto en su agenda un tercer asalto a la ley la semana después de la elección presidencial.

Los más críticos con el posible nombramiento de Barrett consideran que la letrada no ha sido juez el tiempo necesario como para poder desarrollar una voz propia. Pero la muerte de Ruth Bader Ginsburg ha servido en bandeja a los republicanos la posibilidad de sustituirla por una jurista conservadora que decante definitivamente el Supremo hacia el conservadurismo ideológico y religioso.

 

La rata Magawa, sobre el terreno.
La rata Magawa, sobre el terreno. AFP

Magawa, una rata gigante africana que detecta minas antipersona en Camboya, fue galardonada el viernes con una medalla de oro por la asociación veterinaria británica PDSA, que cada año recompensa a un animal por su valor, aunque en general suelen ser perros y gatos.

Entrenada por la ONG belga Apopo, Magawa puede enorgullecerse, a sus casi seis años, de haber descubierto ya 39 minas antipersona y 28 restos explosivos a lo largo de su carrera, convirtiéndose en el más eficaz de los roedores utilizados por esta asociación, señaló PDSA.

Su trabajo ha permitido limpiar de minas casi 141.000 metros cuadrados de tierra, el equivalente a 20 campos de fútbol.

La rata, con una cuidadora, So Malen, tras ser condecorada.
La rata, con una cuidadora, So Malen, tras ser condecorada. REUTERS

La asociación británica la recompensó por su "valor y devoción al deber" con una versión en miniatura de su medalla de oro, considerada como el equivalente animal de la Cruz de San Jorge, máxima condecoración civil concedida en el Reino Unido.

"Recibir esta medalla es un gran honor para nosotros", afirmó el director general de Apopo, Christophe Cox, a la agencia de noticias británica PA. "Llamará la atención del mundo sobre el problema de las minas antipersona".

Las ratas son animales inteligentes, con un talento especial para realizar tareas repetitivas cuando se las recompensa. Cacahuetes y bananas es lo que prefiere recibir Magawa. Su peso ligero evita que activen las minas al tocarlas, explica la ONG belga que las utiliza no solo para tareas de desminado sino también, por ejemplo, para detectar a enfermos de tuberculosis gracias a su fino olfato.

Con sus 70 centímetros de longitud,  puede peinar el equivalente a una cancha de tenis en 30 minutos, una tarea que le llevaría hasta cuatro días a un humano equipado con un detector

Apopo entrena a estos grandes roedores durante un año en Tanzania, su país de origen, para que aprendan a detectar el TNT que contienen los explosivos y los enseña a rascar el suelo para señalar su presencia a los humanos que trabajan con ellos. Esta técnica permite trabajar mucho más rápido que con un detector de metales.

Así, con sus 70 centímetros de longitud, Magawa puede peinar el equivalente a una cancha de tenis en 30 minutos, una tarea que le llevaría hasta cuatro días a un humano equipado con un detector de metales.

Con sus 45 ratas adiestradas, Apopo ya ha neutralizado más de 83.000 minas antipersona. Según PDSA, entre 1975 y 1998 se colocaron entre cuatro y seis millones de minas en Camboya, que mataron a más de 64.000 personas.

Saturday, 26 September 2020 00:00

El dinero te vigila

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Ilustración de Artur Galocha con foto de Getty Images.
Ilustración de Artur Galocha con foto de Getty Images.

Facebook llegará a conocer todos los libros, todas las películas, todas las canciones que usted, lector de estas líneas, haya consumido en su vida, larga o corta. La información de la que dispone la empresa informática servirá para deducir a qué bar irá usted cuando llegue a una ciudad extraña, un bar en el que el camarero ya tendrá preparada su bebida favorita. Ello lo pronostica el creador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, una de las personas más ricas del mundo, que la fundó en 2004. El presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, no se queda atrás: “Si nos dais más información de vosotros mismos, de vuestros amigos, podemos mejorar la calidad de nuestras búsquedas. No nos hace falta que tecleéis nada. Sabemos dónde estáis, sabemos dónde habéis estado. Podemos saber más o menos qué estáis pensando”.

Ha nacido el capitalismo de la vigilancia. El 1984 de Orwell se queda antiguo.

Es como si un tiburón hubiera estado nadando silenciosamente en círculos bajo el agua del mar, justo debajo de la superficie en la que se estaba desarrollando la aburrida vida cotidiana, y hubiese saltado de repente con su piel reluciente, por fin a la vista de todos, para hacerse con un buen bocado de carne fresca. Con el tiempo ese tiburón ha revelado ser una nueva variante del capitalismo, desconocida hasta hace muy poco, una variante que se multiplica con extraordinaria rapidez y que se ha fijado el dominio como meta, la hegemonía respecto a otros capitalismos (comercial, industrial, financiero…), a través del conocimiento y monetización de nuestra pequeña existencia. Una forma de capitalismo sin precedentes se ha abierto paso a codazos, casi sin previo aviso, para entrar en la historia.

El dinero te vigila
 

El capitalismo de la vigilancia es, según lo define Shoshana Zuboff, profesora emérita de la Harvard Business School y autora del monumental libro La era del capitalismo de la vigilancia, la reivindicación unilateral, por parte de un selecto grupo de empresas provenientes de Silicon Valley, de la experiencia humana privada como materia prima para su traducción en datos. Estos datos son computados y empaquetados (del mismo modo que las célebres hipotecas subprime, origen de la Gran Recesión del año 2008) como productos de predicción y vendidos en los mercados de futuros de los comportamientos de la gente. Los servicios online gratuitos, las app que no cuestan nada, solo son un cebo, no un regalo que hacen media docena de empresas magnánimas creadas por jóvenes emprendedores, casi todos estadounidenses, divertidos y simpáticos, en nada parecidos a los grandes magnates encorbatados del pasado que posaban fumando un habano.

A través de estos servicios digitales básicos comienza la extracción de datos de la vida de cada uno de los ciudadanos que utilizan Internet, la acumulación de sus comportamientos (cómo se visten, qué películas ven, qué comida engullen, los libros que leen, el deporte que practican, si son activos o jubilados…), que serán horneados para poner en bandeja un festín de predicciones listas para ser transformadas en dólares. Muchos de esos ciudadanos, desconocedores de esta realidad escondida, felices con la innovación tecnológica que hace sus vidas más cómodas, han abierto sin darse cuenta las puertas de sus casas y sus refugios más íntimos a estos monopolios que succionan nuestra información y con ella moldean nuestro futuro. El filósofo alemán de origen coreano Byung-Chul Han lo resume en esta certera frase: “Pienso que estoy leyendo un ebook, pero en realidad es el ebook el que me lee a mí”.

¿Le dice usted a su cónyuge que hoy le apetece comer paquetitos de pato crujiente con salsa hoisin y poco después, casi instantáneamente, aparecen en su teléfono móvil diversos mensajes de restaurantes chinos que se los pueden proporcionar?, ¿organiza el viaje familiar anual a San Petersburgo y Moscú, y le llueven las ofertas sobre el viaje, alojamiento y compras que puede hacer?, ¿mira en el ordenador, en la tableta o en el móvil un anuncio de camisas vaqueras que le gustan y la publicidad de las páginas web que visita habitualmente se llena de pantalones, parkas, gorras, zapatillas del mismo estilo? Este es el resultado del capitalismo de la vigilancia. Evgeny Morozov, un ensayista bielorruso experto en tecnología, que ha escrito una larguísima (y a veces despiadada) crítica al libro de Zuboff que a su vez es casi otro libro (Los nuevos ropajes del capitalismo), dice en ella: se nos está engañando por partida doble; en primer lugar, cuando hacemos entrega de nuestros datos a cambio de unos servicios relativamente triviales y, en segundo lugar, cuando esos datos después son utilizados para personalizar y estructurar nuestro mundo de una manera que no es transparente ni deseable. Se pierde cualquier atisbo de soberanía personal.

La experiencia humana como materia prima gratuita para una serie de prácticas comerciales la mayoría de las veces ocultas de extracción, predicción y ventas. Este es el nuevo y creciente capitalismo de la vigilancia, que plantea enormes contradicciones a la “democracia de mercado” en la que estábamos instalados. ¿Qué supondrá este cambio fundamental para nosotros, para nuestros descendientes, para nuestras imperfectas democracias, para “la posibilidad misma de que exista un futuro humano en un mundo digital”? (Zuboff). Para desarrollar esas antinomias, la autora se apoya en el concepto de “tiranía” utilizado por Hannah Arendt; la tiranía como perversión del igualitarismo, porque trata a todos los demás como seres igualmente insignificantes: “El tirano manda según su voluntad e interés propio (…) como uno contra todos, y los todos a los que oprime son todos iguales, es decir, carecen de poder”. La tiranía del capitalismo de la vigilancia no requiere de golpes de Estado clásicos, ni del látigo del déspota, ni de los campos de exterminio nazis, ni de los desaparecidos, ni de los gulags del totalitarismo. Es una especie de golpe incruento, aparentemente indoloro y parasitario, pero que llega al fondo de lo que pretende, la dependencia masiva de las obsesiones que nos inyecta.

Este es un libro importante. La era del capitalismo de la vigilancia es un texto multifacético. Es de economía conductista, pero también de psicología, de tecnología o —esencialmente— de pensamiento político. Tiene que encontrar sus lectores en los intersticios de esas profesiones y no ser marginado por los científicos sociales acostumbrados a las disciplinas unipolares. Es una intensa llamada de atención a la posibilidad de un golpe de Estado desde arriba y permanente, no como un derrocamiento puntual del Estado, sino más bien como un sumidero de la soberanía personal (y por acumulación, del conjunto de la ciudadanía) y como una fuerza muy poderosa en la peligrosa deriva hacia la “desconsolidación” y la falta de calidad de la democracia, que actualmente amenaza a los sistemas políticos liberales. Sus actividades representan un desafío al elemental derecho al tiempo que tenemos por delante, que comprende la capacidad del ciudadano de imaginar, pretender, prometer y construir un futuro.

 

La era del capitalismo de la vigilancia. Shoshana Zuboff. Traducción de Albino Santos. Paidós, 2020. 910 páginas. 38 euros. Se publica el 29 de septiembre.

Estatua de Charles Darwin en el Museo Natural de Historia de Londres.
Estatua de Charles Darwin en el Museo Natural de Historia de Londres. Philippe Lissac/Goodong/Gretty Images

La Inteligencia Artificial (IA) está por todas partes. Gracias a todo este mecanismo oculto, una máquina es capaz de aprender hasta 1.000 millones de parámetros y usarlos luego para dar la respuesta acertada en cuestión de segundos. ¿Cómo la hace? La explicación no siempre es evidente y eso es lo que genera desconfianza a muchos de los usuarios. Este es el objetivo que persiguió Marc Schœnauer, principal investigador en el laboratorio de Investigación Informática en el Instituto Nacional de Investigación en Ciencia de la Informática y Matemáticas Aplicadas (INRIA), en París, cuando se unió al proyecto europeo TRUST- IA. El programa, de cuatro años, se dedica a lo que se llama la inteligencia artificial explicable y empieza en octubre gracias a una financiación de hasta cuatro millones de euros por parte del Consejo Europeo de la Innovación de la Comisión Europea.

La base está en las redes neuronales artificiales. Esta red es un modelo computacional inspirado en el cerebro humano. Está constituido por un conjunto de unidades (neuronas artificiales) conectadas entre sí por nodos para transmitir las señales. Estos nodos son puntos de intersección del cual parten algo que se asemeja a ramas de un árbol. De un punto (o nodo), salen dos otras posibilidades, de estas dos, otras cuatro y así, una y otra vez.

“Si hubiese menos nodos, el usuario podría entender mejor el funcionamiento y cómo el algoritmo llega a su conclusión. Nuestro mayor desafío es lograr unos sistemas más sencillos y que puedan, por lo tanto, ser entendidos manteniendo un rendimiento similar a los que existen ahora”, cuenta el experto francés. El proyecto hará un uso extensivo de la programación genética (PG), que optimiza modelos computacionales complejos representados como árboles, con nodos y ramas. Esta imagen ilustra el proceso de decisión de la máquina, por ejemplo. De este punto, salen dos otras posibilidades, de estas dos, otras cuatro y así, una y otra vez, hasta llegar a la solución final.

La idea es inspirarse de la biología y de la teoría de la evolución de Charles Darwin para construir de manera gradual redes cada vez mejores y hacer un mayor seguimiento del proceso. “Por ejemplo, el árbol que representa la segunda ley de movimiento de Newton se representaría con un nodo (producto) y dos hojas (masa y aceleración), dando salida a la fuerza. Con estas reglas sencillas podemos entender lo que pasa”, comenta Schœnauer. La Segunda Ley de Movimiento de Newton establece (de forma muy resumida) que la aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el mismo.

Ventajas

Gracias a la PG, se crean algoritmos evolutivos: estos algoritmos harán mutaciones o posibles cruces con la población actual, de cuya mezcla saldrán los que mejor comportamiento presenten. Estos mejores se guardarán para hacer la siguiente población, y así sucesivamente. “Es una caricatura de la resistencia del más resistente, pero esa es la idea. Vamos a intentar reproducir los resultados de la red neuronal con unos modelos probablemente mucho más comprensibles”, precisa el científico francés.

Este método tiene ventajas, pues permite que intervenga directamente el usuario. En general, un algoritmo se programa con un objetivo preciso y la persona que vaya a interaccionar con él no tiene influencia en al resultado. La PG permite, sin embargo, pedir la opinión a la gente y que valore cuáles de las opciones son las más comprensibles. “Esto permite al algoritmo actuar en función del usuario para que tengan mayor confianza en el sistema. Además la buena explicación depende de a quién nos dirigimos”, argumenta el investigador que lleva años buscando cómo mejorar eso y esperando esa financiación.

Otra de las virtudes de este tipo de algoritmos evolutivos es su gran capacidad para solventar múltiples objetivos a la vez, pues encuentra la mejor compensación frente a todos los conflictos que se generan. Los expertos de este nuevo programa quieren que los resultados sean los mejores y a la vez comprensibles. Sin embargo, si solo se basa en algunos parámetros para aumentar su legibilidad, es posible que no tome en cuenta todas las variables posibles. ¿Cómo lograr entonces un equilibro entre sencillez y exactitud? “Eso queremos saber. Eso buscamos”, contesta Schœnauer.

Aplicaciones a la vida real

Para llevar a cabo el programa de investigación y confirmar su respuesta a esa pregunta, el equipo se centrará en tres casos concretos aunque sus algoritmos tengan como objetivo un uso generalista: los tratamientos médicos, el envío de productos a domicilio y el consumo de energía de los edificios. “Estos tres ámbitos nos van a ayudar a llevar a cabo el proceso a los datos del mundo real. No solo queremos un buen rendimiento de media, pero queremos también evitar malos escenarios”, comenta Gonçalo Figueira, coordinador del proyecto e investigador del Instituto de Ciencia, Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Computación de Portugal (INESC TEC). “Podremos prevenir los problemas y el impacto negativo de la IA si somos capaces de explicar estos modelos. De lo contrario, sería difícil predecir su comportamiento y confiar en ellas”, afirma antes de detallar el programa.

En primer lugar, quieren incidir en la medicina, uno de los ámbitos que se ve muy afectado por el progreso de la tecnología y la llegada de la IA: desde los diagnósticos hasta saber cuándo es mejor tomar el tratamiento o hacer la cirugía. En este último punto, TRUST-IA va a actuar como una herramienta para predecir. Su uso se destinará a un tratamiento específico para un cáncer concreto y con pacientes con sus propias características. “La idea es que el algoritmo anuncie cuándo es el mejor momento para dar el tratamiento e indique qué se debe hacer para cada caso particular”, describe Figueira. Un poco en la misma línea, otro caso de uso utilizará los modelos de IA para pronosticar la demanda de energía en los edificios. El objetivo final es simular el uso y el precio.

Además de predecir, los modelos matemáticos generados por la IA también pueden prescribir. Es el tercer caso en que se probará el proyecto: la entrega de mercancías. La intención es que el usuario se beneficie de un mejor servicio. Para ello, deberá buscar las opciones más eficientes desde el punto de vista operativo, lo que servirá tanto para evitar retrasos como para que el cliente reciba el producto en el mejor momento y al mejor precio.

Barreras y transparencia

Para Schœnauer, que las IA llegará a controlarnos en un futuro próximo, es una fantasía. “Siempre hay un hombre detrás del programa”, recuerda. El experto insiste, sin embargo, en que debemos asegurarnos de que no suceda y empezar a proteger al ciudadano introduciendo restricciones y controles en los algoritmos para que sean éticos y evitar que dañen al ser humano. Además, “el hecho de ser inteligente no significa que pueda tomar el control sobre nosotros”, opina Figueira. Los programas están hechos para hacer algo concreto, muy específico y son más inteligentes que el ser humano, quizás, en una sola cosa, así como jugar al ajedrez, o calcular en medio segundo la regla de tres. En definitiva, el objetivo de todo esto es hacer una Inteligencia Artificial transparente que deje ver qué ocurre en las zonas ocultas de su red y qué camino emprende para dar una sola y única solución.

Richard Benjamins, co-fundador de OdiseIA, el Observatorio español para el Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial, opina que el tema de este nuevo proyecto europeo es muy pertinente debido al creciente uso de la IA en muchos sectores. “La IA explicable tiene especial importancia cuando las decisiones tomadas por los sistemas tienen un impacto significativo en la vida de las personas, como ocurre con en el diagnóstico médico, la inscripción en los servicios públicos, la solicitud de préstamos, entre otras”. Cuenta Benjamins que el año pasado, la agencia de defensa de los Estados Unidos (DARPA, por sus siglas en inglés) lanzó un gran proyecto al respecto, por lo que un proyecto europeo es “más que bienvenido”. El experto de OdiseIA precisa que, sin embargo, no todos los algoritmos de IA son cajas negras, y que ya existen algunas técnicas parecidas para hacer más transparentes los que sí lo son, como el SHAP (SHapley Additive exPlanations) y el LIME (Local Interpretable Model-Agnostic Explanations). “Más allá de ello, este es definitivamente un proyecto importante”, concluye.

Saturday, 26 September 2020 00:00

Bosque de Chapultepec, otra mirada

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¿Capricho presidencial y futuro elefante blanco o una obra trascendente para millones como lo fue la remodelación del Centro Histórico de la capital? ¿Versión 4T de la infame Estela de Luz o proyecto detonador de un enorme polo turístico, comercial, cultural y ecológico?

Lo cierto es que lo que comenzó como una necesidad modesta, darle un nuevo uso a la ex residencia presidencial de Los Pinos, terminó convirtiéndose en un vasto proyecto para reconvertir casi 800 hectáreas de bosque y todo lo que contiene en la apuesta urbana más ambiciosa del gobierno de López Obrador.

Además de un presupuesto significativo, 10 mil millones de pesos en tres años (500 millones de dólares), se invitó para coordinarlo a Gabriel Orozco, una de las luminarias del arte contemporáneo internacional y él mismo un artista acostumbrado a las tempestades. Aunque muchos detalles del plan maestro no se han presentado aún, la obra ha generado una ola de descalificaciones de distinta índole y de variopinta procedencia. Muchas de estas críticas pueden atribuirse a los sospechosos comunes: adversarios políticos y detractores de AMLO que no están dispuestos a desaprovechar un proyecto tan mediático para pasarle factura, o a las acostumbradas capillas culturales que se sentían con mayor derecho a concebir y regentear la idea y a falta de ello se han dedicado a denostarlo.

Sin embargo, hay cuestionamientos de fondo que convendría considerar. En un texto reciente Jorge Volpi ha hecho una presentación de algunos de ellos: “Un proyecto que sería ideal para otro país o acaso para otro tiempo, pero no para el México de 2020”. El autor afirma que se trata de una obra centralista en detrimento del resto del territorio y en cierta forma con cargo a otras áreas culturales castigadas por la pandemia y los recortes presupuestales. “Una afrenta tanto a los trabajadores de la cultura como a los mexicanos que no viven en la capital …sus desorbitados recursos deberían redirigirse a un fondo de emergencia que atienda al devastado sector cultural en vez de a un proyecto tan brillante como superfluo”.

Un análisis de los documentos preliminares y los entretelones del proyecto me llevan a coincidir parcialmente con Volpi: se trata, en efecto, de un proyecto brillante, pero no creo que sea superfluo. Parte del equívoco, me parece, es que los críticos lo circunscriben a sus alcances culturales, como si obedeciese a una decisión esencialmente de política cultural. La confusión es explicable porque está adscrito a la Secretaría de Cultura, lo dirige un connotado artista y la motivación original surgió del deseo de convertir a la residencia de Los Pinos en un museo. Pero eso cambió desde hace mucho y drásticamente a partir de la invitación a Gabriel Orozco, quien durante su trayectoria profesional se ha interesado en temas de paisajismo urbano y permacultura.

La revisión del Plan Maestro muestra que el Bosque de Chapultepec es un proyecto urbano de enorme impacto para efectos acuíferos y ecológicos (algunos de ellos urgentes) y de trascendencia urbanística al modificar las vialidades e interconexiones de amplias zonas desvinculadas, entre otras cosas, por el parque mismo. Las obras consideradas modificarían la vida cotidiana de varios cientos de miles, si no es que millones de ciudadanos de esta parte de la ciudad y agilizaría hasta 50% la atribulada circulación en la avenida Constituyentes, cuello de botella del tránsito de la capital con el Occidente del país. Reducir el proyecto a una reiteración de museos en un espacio en donde ya hay una saturación equivaldría, estirando el argumento, a considerar que la remodelación del Centro Histórico fue una obra de exclusivo interés cultural.

Al tratarse de un proyecto transversal su financiamiento obedece a una partida especial decidida desde la Presidencia, aun cuando por motivos nominales haya sido ubicada en el presupuesto de cultura, pero esto no significa que esos recursos habrían sido manejados por este ministerio si el proyecto no hubiera existido o fuera cancelado. No es algo que se le está restando a la comunidad cultural, por el contrario, una parte se le estaría sumando.

Por otro lado, sí hay un “costo de oportunidad geográfico” al orientar estas cifras al centro del país y no a otra región. Sin embargo, frente a un panorama de recursos tan escaso la relación costo beneficio pensada en millones de habitantes permite verlo con otros ojos. Entre 15 y 20 millones de personas, según la fuente, acuden al Bosque de Chapultepec cada año. Basta asomarse un fin de semana para darse cuenta de que la gran mayoría pertenece al sector de los que menos tienen y, por lo mismo, carecen de jardines en casa o espacios de esparcimiento en sus barrios. La posibilidad de potenciar este sitio de esparcimiento, salud, cultura, aprendizaje y opciones económicas tiene un impacto redistributivo por donde se le vea, por no insistir sobre las nuevas zonas beneficiadas por la conectividad y recuperación ambiental ya mencionadas.

Por lo demás, la atención de la pandemia requiere también de la construcción de símbolos de esperanza. Por razones históricas, por su tamaño, por su importancia ecológica en el contaminado Valle de México, el Bosque de Chapultepec es emblemático para los mexicanos. Equivale a dos veces la extensión de Central Park de Nueva York y casi tres a Hyde Park de Londres. El Castillo de Chapultepec, la controvertida historia de Los Pinos y los que se alojaron allí, la ciudadanización del Campo Marte o el Campo Militar 1, ahora reintegrados al Bosque, en conjunto es algo que pertenece a todos los mexicanos y no solo a los capitalinos.

Entre las razones que se daban para construir en Texcoco un aeropuerto de primer mundo diseñado por Foster, era demostrar que México podía tener una terminal envidia de cualquier metrópoli. Hay, en efecto, valores subjetivos difíciles de calcular. Construir un proyecto brillante y multifuncional, un polo urbano, ecológico y artístico de referencia internacional, con el potencial de beneficiar a millones de mexicanos y visitantes a un costo treinta veces menor al del aeropuerto tiene un valor incalculable; el hecho de que se entregue a los ciudadanos varios cientos de hectáreas que fueron un emblema militar o recinto de la élite envía un mensaje importante para entender que algo ha cambiado, pese a todo.

Se puede diferir sobre la ubicación específica de un pabellón en tal sitio o los alcances de un nuevo museo, y habrá que esperar el detalle de cada obra, pero la mera posibilidad de construir un símbolo de esperanza me parece una tarea urgente en este país y en este momento.

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Lúcio Bellentani, que fue detenido durante la dictadura cuando trabajaba en Volkswagen, en una entrevista en 2017.
Lúcio Bellentani, que fue detenido durante la dictadura cuando trabajaba en Volkswagen, en una entrevista en 2017. Lucas Lacaz Ruiz/Folhapress

 

La filial de Volkswagen en Brasil firmó el miércoles un acuerdo extrajudicial que sienta un precedente histórico con relación a la reparación de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura brasileña (1964-1985). La automotriz alemana, cuya complicidad con la represión durante los “años de plomo” ya se había señalado en el informe de la Comisión Nacional de la Verdad de 2014, se comprometió a destinar 6,4 millones de dólares tanto para indemnizar a antiguos empleados que fueron detenidos, perseguidos o torturados como para financiar iniciativas que promuevan los derechos humanos. A cambio, se cerrarán tres investigaciones civiles que acusan a la empresa de aliarse con los militares y se vetará cualquier nueva demanda.

Es la primera vez que una empresa —una persona jurídica, no física— admite su complicidad con crímenes cometidos durante la dictadura, lo cual sienta un precedente legal para que se investigue a otras empresas implicadas en la represión. En 2014, el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad —que investigó las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre los años 1946 y 1988— enumeraba 53 empresas, tanto extranjeras como nacionales y de diverso tamaño, que contribuyeron de alguna manera a que se llevara a cabo el golpe de Estado de 1964. Entre ellas están Johnson & Johnson, Esso, Pirelli, Texaco, Pfizer y Souza Cruz.

Técnicamente, la automotriz alemana firmó un Término de Ajuste de Conducta, que se negoció con representantes de la Fiscalía federal y estatal y del Ministerio de Trabajo y que aún tiene que ratificar la Fiscalía General de la República. “El ajuste de conducta que se ha establecido en esta fecha es inédito en la historia de Brasil”, dijeron los fiscales en un comunicado de prensa, destacando que, en el mundo, no abundan las empresas que aceptan analizar su colaboración con regímenes autoritarios.

Según el acuerdo, Volkswagen también debe publicar una declaración pública sobre su complicidad con los órganos de represión en los periódicos de gran circulación. Todo ello supone un revés para el Gobierno de Jair Bolsonaro, que niega que se cometieran violaciones durante ese período y continuamente intenta desmantelar las estructuras oficiales vinculadas a la memoria y la reparación.

El acuerdo de Volkswagen es paradigmático, porque a la Justicia brasileña todavía le cuesta castigar a los represores y compensar a las víctimas. Brasil sigue ignorando ala Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace una década decidió que la Ley de Amnistía —que impide que se investiguen y castiguen las violaciones graves de los derechos humanos— debe invalidarse. El lunes, la 5ª Sala de la a Corte Superior de Justicia volvió a evocar la ley y decidió detener la tramitación de la acción penal contra cinco militares por la muerte del exdiputado Rubens Paiva en 1971. De momento, el crimen contra el congresista, cuyo cuerpo todavía no ha sido localizado, continuará sin juicio.

De la Comisión de la Verdad a la reparación

Desde que se divulgó el informe final de la Comisión Nacional, en 2014, se intentaba elucidar el papel que había tenido Volkswagen durante la dictadura militar. La empresa encargó un dictamen sobre el asunto, elaborado por el historiador Christopher Kopper, profesor de la Universidad de Bielefeld (Alemania). El documento, divulgado por la propia empresa en 2017, reconocía que agentes de seguridad de la fábrica brasileña colaboraron con la policía política del Gobierno militar desde 1969 hasta 1979.

Varios exempleados afirman que, durante la dictadura militar, la empresa proporcionó a la policía información sobre la plantilla y permitió que se realizaran detenciones sin orden judicial y se torturara dentro de la propia fábrica. Lúcio Bellentani fue una de las víctimas de esta cooperación que se mantuvo en secreto durante décadas. En una entrevista concedida a EL PAÍS en 2017, el fabricante de herramientas, que trabajó en la automotriz entre 1964 y 1972, dijo que fue detenido sin ninguna orden judicial mientras trabajaba: “Ahí mismo comenzó la tortura. Me empezaron a golpear dentro de la empresa, dentro del departamento de personal de Volkswagen. Los policías del DOPS [Departamento de Orden Político y Social] y delante del jefe de seguridad y otros guardias de seguridad de la fábrica”, dijo. Afiliado al Partido Comunista brasileño, Bellentani fue arrestado porque la policía quería que les indicara quiénes de sus compañeros realizaban actividades sindicales o políticas. Como él, otros empleados pasaron por situaciones similares, todos con el conocimiento y el respaldo de la automotriz.

Durante el curso de la investigación se determinó que el personal de seguridad de Volkswagen cooperaba con los militares y que la empresa se beneficiaba económicamente de las medidas del periodo, como la reducción de las prestaciones laborales. Que Volkswagen haya reconocido su responsabilidad y su connivencia con las violaciones de los derechos humanos es un primer paso hacia el derecho a la reparación histórica que tienen las víctimas.

De la cantidad total fijada en el acuerdo firmado el miércoles, tres millones de dólares se donarán a la Asociación Henrich Plagge, que reúne a los trabajadores de Volkswagen, y se repartirán entre los exempleados perseguidos por sus ideas políticas. Otros dos millones de dólares se destinarán a reforzar las políticas de Justicia Transicional, con proyectos para preservar la memoria de las víctimas de violaciones de los derechos humanos durante esa época. Volkswagen también pagará 1,6 millones de dólares al Fondo Federal y Estatal para la Defensa y Reparación de Derechos Difusos.

En el comunicado de prensa que han difundido, los fiscales exigen que la Justicia prosiga con los juicios a los represores y lamentan que Brasil siga siendo “un caso notable de resistencia a la amplia promoción de esta agenda” de reparaciones. “No es casualidad que reverberen manifestaciones de decepción con sus instituciones democráticas”.

Luz Maria Telumbre, madre de Christian Rodríguez, el estudiante identificado este año.
Luz Maria Telumbre, madre de Christian Rodríguez, el estudiante identificado este año.HENRY ROMERO / REUTERS

 

El ataque contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa cumple este sábado seis años. La mayoría de interrogantes siguen abiertos, sobre todo los que hospedan preguntas importantes: ¿Qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos? ¿Por qué les atacaron? La noche de Iguala sigue siendo un misterio y no por falta de información.

Las investigaciones sobre el caso de la fiscalía mexicana, del grupo de expertos independientes auspiciado por la OEA, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del equipo de forenses argentinos, además de las publicaciones de periodistas, académicos y activistas conforman ya una tradición literaria, un campo tan profundo y extenso como caótico e inasible.

Es difícil saber qué ocurrió, porque es casi imposible saber qué es cierto y qué no. La primera parte de la investigación estuvo plagada de irregularidades. Los expertos independientes trataron de alumbrar la manipulación de sus pares oficiales y apuntaron la línea a seguir. Hasta hoy se sabe que un grupo creciente de autoridades -municipales, pero también de otros ámbitos- colaboraron con una red criminal, Guerreros Unidos, para atacar a los estudiantes. Este contubernio mafioso desapareció a 43 normalistas. Solo han aparecido los restos de dos, fragmentos óseos pequeños, sobre todo en el caso de Christian Rodríguez: las autoridades identificaron un trocito de su pie este año.

El motivo del ataque permanece en el campo de la rumorología. Los actuales fiscales tratan de poner orden dentro del caos, pero el reto es formidable y el nivel de exigencia no es menos intenso. Cansadas de buenas intenciones, las familias quieren respuestas y rechazan cualquier nueva narrativa que no esté basada en hechos concretos y probados. El hueso identificado este año les animó -y a la vez les hundió- pero la pregunta es cómo llegó ese hueso al lugar donde lo encontraron. Y qué ha pasado con ese y los demás estudiantes.

A continuación, varios puntos para tratar de poner algo de orden sobre el momento del caso:

Detenciones. Una de las principales exigencias de los abogados de los 43 es que se avance en las detenciones de personas implicadas en el ataque y de funcionarios que hicieron mal su trabajo. En el primer rubro, las autoridades capturaron en junio a uno de los presuntos líderes de Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo. Según testimonios de otros detenidos, El Mochomo estaría detrás de la parte logística del ataque contra los 43. Su caso ha traído de cabeza a las autoridades, que han conseguido mantenerlo en prisión con una acusación ajena al caso Ayotzinapa. En cualquier caso, su testimonio es fundamental para mejorar el entendimiento de la noche de Iguala. En el caso de los funcionarios, las autoridades detuvieron recientemente a Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial, brazo ejecutor de la fiscalía. Arrieta aparece en un vídeo que trascendió el año pasado, torturando a uno de los detenidos, Carlos Canto, entre finales de 2014 y principios de 2015. El vídeo constata las denuncias sobre tortura que había hecho la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos en México. Según fuentes de la investigación que prefieren no identificarse, Arrieta se entregó a los funcionarios de la Comisión Presidencial para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, con sede en la colonia Roma de la capital. Menos conocida que Arrieta, la fiscalía ha detenido también a Blanca Castillo, ministerio público de la unidad de secuestros de la SEIDO, la fiscalía de delincuencia organizada, encargada de las pesquisas del caso Ayotzinapa durante el primer año. Castillo dio forma legal a las investigaciones lideradas por el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón y Gualberto Ramírez, jefe de la unidad de secuestros de SEIDO. La esperanza de los investigadores es que Castillo les ayude a llegar a Ramírez.

Tomás Zerón. El nombre más grande sobre la mesa es el de Tomás Zerón. Líder de los investigadores sobre el terreno, Zerón es el responsable de la famosa verdad histórica. Se trata de la versión del ataque y el destino de los 43 que dio el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). De acuerdo a esa versión, el contubernio mafioso asesinó a los muchachos, quemó sus cuerpos en el basurero de Cocula y arrojó los restos a un río. Negada por las investigaciones de los expertos independientes, la versión de Zerón y compañía acabó finalmente sepultada este año, con el hallazgo de los restos de Rodríguez, en un paraje a casi un kilómetro del basurero. La fiscalía busca a Zerón por delitos contra la administración y procuración de justicia. Zerón habría manipulado evidencia, que ayudó a construir su versión de los hechos. Según las mismas fuentes de la fiscalía, Zerón voló a Canadá a mediados de agosto del año pasado. Antes de que acabara el mes, viajó a Israel. Hace unas semanas, López Obrador pidió colaboración a las autoridades de aquel país para su entrega.

Órdenes de detención pendientes. Durante estos días se ha especulado con la posibilidad de que la fiscalía ordene, por primera vez, la aprehensión de militares vinculados al caso. Durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, la fuerza de reacción del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, patrulló por el municipio, cerca de Juan N. Álvarez y Periférico, uno de los dos escenarios de los ataques. Hasta ahora, la CNDH y el grupo de expertos de la OEA habían probado que los militares llegaron pasada la medianoche a un hospital cerca de Juan N. Álvarez, donde un grupo de 25 estudiantes se refugió, después de un segundo ataque registrado en ese escenario. Los estudiantes estaban allí con un compañero, Edgar Andrés, con una herida grave de bala en la cara. Lejos de auxiliarles, los estudiantes dicen que los militares les regañaron, les amenazaron y no dejaron de apuntarles con las armas. Les decían cosas como “si se mueven les disparamos”, “sigan secuestrando autobuses”, “tengan los huevos suficientes para afrontar las cosas”. Luego les hicieron fotos, les tomaron los nombres y se fueron. El responsable de la Fuerza de Reacción esa noche era el capitán José Martínez Crespo. Si se confirma que la fiscalía busca capturar a militares vinculados al caso, Crespo podría ser uno de ellos. Aunque el caso podría escalar más. Recientemente, la revista Proceso publicó parte de la declaración de un viejo detenido, presunto integrante de Guerreros Unidos, que se ha acercado recientemente a la fiscalía a aportar información. La fiscalía lo llama Juan. Según su versión, los militares tuvieron un papel activo en la desaparición de los muchachos y su entrega a criminales de Guerreros Unidos durante el ataque.

La verdad histórica. El hallazgo de un hueso de Christian Rodríguez en la barranca de La Carnicería, a un kilómetro del basurero de Cocula, ha generado cantidad de especulaciones en torno al caso. Pero lo cierto es que ya hace años que nadie defiende que los 43 fueron quemados en el basurero. Primero el grupo de expertos independientes y luego el equipo de forenses argentinos negaron esa posibilidad, después de sus peritajes en el basurero. Desde entonces, el entorno de Zerón y de su superior en la época, el procurador Jesús Murillo Karam, han planteado que igual el grupo que fue quemado en el basurero fue menor a 43. La rectificación no oficial de la fiscalía ha ocurrido sin argumentos o pruebas. Los peritajes independientes en el basurero plantean que es difícil que se diera un fuego en el basurero de las dimensiones necesarias para deshacer a un grupo grande de personas. En todo caso, asumiendo la teoría de que un grupo menor de estudiantes acabó en el basurero, ¿qué fue del resto? El testigo Juan señala que los estudiantes fueron asesinados en diferentes lugares y sus restos repartidos en diferentes sitios. La veracidad del testigo sin embargo está en duda, dado su pasado criminal.

La Secretaría de la Función Pública y la Cofepris firmaron un convenio de colaboración, para que la segunda pueda utilizar el Sistema de Control de Gestión de la SFP para facilitar el registro, administración, seguimiento y control de toda su documentación.

Durante la firma del Convenio con el comisionado federal, José Alonso Novelo Baeza, la secretaria Sandoval Ballesteros explicó que el propósito de este acuerdo es reforzar el acompañamiento de la Función Pública a la transformación de la Cofepris para erradicar toda posibilidad de corrupción. 

“A través de nuestras tareas de vigilancia hemos apoyado para que todas las actividades de la Cofepris se realicen en estricto apego a la ley y en beneficio de todos los ciudadanos, porque hoy más que nunca, por la contingencia sanitaria que se vive, se necesita un gobierno libre de intereses particulares”, precisó.

Expresó su convicción de que una de las mejores herramientas para cerrarle puertas a la corrupción es el uso de tecnologías y plataformas digitales, y aseveró que a través de este Convenio la Función Pública otorgará a la Cofepris la licencia para usar el Sistema de Control de Gestión, propio de la Secretaría, para facilitarle el registro, administración, seguimiento y control de toda su documentación.

Saturday, 26 September 2020 00:00

Francisco Gil Villegas: sobre un Weber existencialista

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Cultura

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