La tradición política de Occidente se ha fundado sobre dos realidades que corren paralelas: la legalidad y la legitimidad (el poder temporal y el poder espiritual, el derecho y la justicia, la potestas y la auctoritas). La legalidad es la ley que, cuando no es obedecida, recurre a la fuerza. La legitimidad, por el contrario, es aquello que pertenece al orden de la ética, al orden de lo que es justo en sí y no necesita de la fuerza para ser obedecido, es la cualidad sustancial de la ley. Cuando una quiere reinar sobre la otra, la anomia se instala en el cuerpo social con resultados catastróficos. La legitimidad es, en la medida en que no requiere de la fuerza, débil. Pensemos para ejemplificarlo en el Imperio Inglés y Gandhi. El imperio tenía la ley y obligaba a la India a obedecer sin legitimidad alguna. Gandhi, por el contrario, carecía de poder, es decir, de legalidad, pero tenía la legitimidad de su lado. El divorcio entre una y otra generó el estado de anomia de las luchas por la independencia de la India que concluyeron con la salida del imperio y el restablecimiento de la legalidad (detentada por Nehru) y la legitimidad (detentada por Gandhi).

México desde hace mucho perdió su legitimidad. Reducida esta última al momento electoral, los gobiernos han querido gobernar, amparados por la fuerza, con reglas y procedimientos jurídicamente prefijados. La consecuencia, como sabemos y vivimos cada día, ha sido la injusticia y la anomia. Los gobiernos, sometidos al interés del dinero, han hecho de la legalidad y la fuerza un instrumento que se usa para sostener la corrupción, el crimen, la hipoteca de los territorios del país a intereses industriales depredadores, la criminalización de la protesta y la negación sistemática de su legitimidad.