Para generar conversaciones en torno a la diversidad llega a las pantallas El baile de los 41
 

Para generar las “conversaciones que se crean necesarias” en torno a un tema que sigue siendo tabú en el país, como lo es la diversidad sexual, llega a las carteleras de cine comercial la cinta El baile de los 41, la cual retrata un hecho ocurrido hace 119 años: la redada policial de un grupo de 41 homosexuales, un hecho que escandalizó a la sociedad porfiriana de entonces.

Desde este jueves 19 de noviembre en las principales salas del país –también recientemente abiertas con las medidas necesarias para evitar contagios por Covid–19–, podrá verse este filme que se basa en hechos reales ocurridos a finales del siglo XIX.

En esta película dirigida por David Pablos se cuenta la historia de Ignacio de la Torre, un hombre casado con la hija del entonces presidente de México, Porfirio Díaz, quien llevaba una doble vida pues, mientras ascendía en el tradicional mundo de la política, era miembro de una sociedad clandestina. Aquel delicado balance se sostiene hasta que conoce a Evaristo, el miembro 42 de la sociedad. Una noche, los secretos salen a la luz y todo culmina en una redada policial en una de sus fiestas: el baile de los 41.

A 119 años del acontecimiento, el coprotagonista Emiliano Zurita consideró que la homosexualidad sigue siendo, desafortunadamente, un tema tabú para un gran sector de la sociedad.

El actor, quien comparte créditos con Alfonso Herrera y Mabel Cadena, refirió que, si bien ha habido ciertos progresos para la comunidad LGTB, el tema sigue siendo tabú, algo que se demuestra en esta historia.

Durante una entrevista señaló que cuando pasó el hecho en 1901, los medios de comunicación de entonces crearon una opinión pública que ridiculizó a estos hombres para hacerlos de menos, para desaparecerlos de la sociedad.

“Eso fue importante para la historia, ya que muchos hombres y mujeres homosexuales se dieron cuenta que no estaban solos, no obstante, al tratarlos de esta forma, los medios hicieron de menos el sufrimiento que tuvo el grupo, el cual fue obligado a trabajos forzados”.

Por tanto, Emiliano Zurita mencionó que, si bien no era un tema del cual se hablaba, a partir de lo sucedido en aquel año el tema se destapó y la gente tomó partido, en su mayoría de manera negativa.

Refirió que ahora, con El baile de los 41, el filme celebra a los hombres, a su diversidad sexual y a la historia. “Hay que seguir apoyando este tipo de cine porque sí juega un rol: no es que pretenda dar un sermón o una enseñanza, sino plasmar la realidad, lo que pasa, para generar la conversación entre la gente”.

Sobre su personaje, Zurita mencionó que encarna a Evaristo Rivas, un abogado de San Luis Potosí que llega a la Ciudad de México, y que sabe que debe de mantener ciertas apariencias para ser aceptado, ello sin dejar de ser lo que es, al no casarse, al pelear por su felicidad y por su visión del amor, aun entendiendo que quizá era peligroso hacerlo en una sociedad como la porfiriana.

Su personaje, consideró el arquitecto de formación, refleja a lo que pasa hoy en día, cuando muchos deciden ser felices aun sabiendo que no serán aceptados socialmente.

“Es un filme que busca marcar la diferencia de cómo se contó esta historia a cómo se puede contar hoy: de la caricaturización, del cliché, de la ridiculización a la celebración de la sexualidad, algo que se tiene que hacer hoy en día: celebrar el alma de la diversidad y las diferencias, porque se puede vivir en armonía”.

En el contexto del Covid–19, el también productor, escritor y escenógrafo confió que las salas de cine cumplirán con las medidas sanitarias que se necesitan para evitar contagios. “Trabajamos para seguir adelante, que la gente se sienta bien y pueda ver este tipo de películas que se necesitan ver con su atmósfera que se aprecia más en una sala”.

Tan bajo cayó Morena en Tehuacán, que quiere ser candidato el peor edil que ha tenido el PAN
 

Tan bajo cayó el prestigio de Morena en Tehuacán, la segunda ciudad más importante del estado, que hasta el panista Eliseo Lezama Prieto se ha anotado para buscar ser candidato por segunda vez a alcalde de ese municipio, pese a que en su momento fue calificado como uno de los peores ediles de esa metrópoli y estuvieron a punto de echarlos de las filas del Partido Acción Nacional al final de su gestión gubernamental.

Morena en Tehuacán tiene el récord de haber subido como la espuma en la popularidad electoral del municipio y en menos de un año, esa aceptación se tradujo en un brutal rechazo a este partido.

A ese escenario se llegó primero por los abusos y la corrupción del edil Felipe Patjane Martínez, quien ya cumplió un año en la cárcel por presuntos actos de corrupción y usurpación de funciones.


Luego por los ocho meses de vacío de autoridad en que no hubo un alcalde al frente del ayuntamiento.

Y ahora por la frivolidad e inexperiencia del actual presidente municipal Andrés Artemio Caballero López, que aunque es militante del Partido Encuentro Social, la población lo ve como una prolongación negativa de la 4T.

Simplemente en Tehuacán se siente que se ha vivido un trienio perdido, que no concretó nada, ningún beneficio social o de obra pública.

En la búsqueda de la candidatura a alcalde de Tehuacán han aparecido los siguientes nombres:

En el PRI se percibe a dos posibles aspirantes: Marco Antonio Balseca y Cecilia Doger, ésta última hija del exrector de la UAP José Doger Corte.

Por el lado de Morena se dice que la postulación la estarían buscando Jaime Enrique Barbosa Puertos, quien dirige el sistema operador de agua potable, así como los legisladores locales Olga Lucía Romero y Fernando Sánchez Sasia.

Y en el PAN, han aparecido dos nombres: Eliseo Lezama Prieto, quien ya fue alcalde entre los años 2011 y 2014, y Enriqueta Sánchez, quien fue directora de Tránsito en el gobierno del primero.

Cuando en 2014 acabó su gestión, dentro y fuera del PAN, muchos calificaban a Eliseo Lezama como el peor alcalde que el albiazul había aportado a Tehuacán.

Tan fuerte era el malestar en su contra que estuvieron a punto de iniciarle un proceso de expulsión del PAN, ya que en sus tres años de gestión como alcalde nunca pagó sus cuotas partidistas.

Se salvó porque en aquel entonces encabezó en Tehuacán el comité de apoyo a la candidatura de Gustavo Madero, quien en 2014 ganó la presidencia nacional del PAN.

La gestión de Lezama se destacó por emprender una serie de proyectos de obra pública cuya ejecución fue prolongada –por encima de los periodos normales de construcción– y conflictiva, pero sobre todo de pésima calidad.

Uno de sus principales proyectos fue el Centro Cultural El Calvario, que unos meses después de haber sido inaugurado quedó inhabilitado, pues no resistió la temporada de lluvias porque no le pusieron un sistema de drenaje. Luego hubo un sismo y todo acabó en catástrofe.

Con esos antecedentes, hoy muchos en el PAN, opinan que al final de cuentas el gobierno de Eliseo Lezama no fue tan malo si se compara con el trienio perdido que ha dejado el ascenso al poder de Morena en esta ciudad.

El desconocido que arribó a México en febrero resultó ser un enemigo que se reinventaba cada mes y que ya ha cruzado la barrera de los 100.000 muertos. Oficiales, porque la mortandad es mucho mayor. 100.000 vidas rotas —el octavo país del mundo en fallecidos por millón de habitantes— entre las que se incluyen las de miles de sanitarios: no hay lugar donde hayan perecido más. México recibió la pandemia con unos servicios debilitados por años de corrupción, pero con la veteranía de haber enfrentado al H1N1 una década antes; la afrontó con un Gobierno reacio a cambiar sus planes de emergencia cuando la situación lo ha requerido y ahora mira al futuro con la esperanza de recibir pronto la vacuna. Un país sumido también en una profunda crisis económica que habla de rebrote vírico, aunque quizá la epidemia nunca perdió la intensidad suficiente para mencionar un renacimiento.

Los últimos días de marzo, cuando México registraba menos de un centenar de “casos importados” de coronavirus y las autoridades sanitarias pronosticaban que la epidemia duraría 12 semanas cuando menos, Gabriela González, una embarazada de alto riesgo, con más de 40 años, llegó al hospital tras haber estado cuidando de su padre, que había enfermado y fallecido el 18 de ese mes. Un día después, fue el velorio y un doctor se acercó a dar el pésame. Todavía nadie hablaba de cubrebocas, de “sana distancia” ni de calles vacías. El virus era una incógnita.

Esa misma semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) había recibido al “paciente cero” de Monclova (Coahuila), un chófer que se contagió en Estados Unidos y que estuvo en contacto con una decena de trabajadores sanitarios, entre ellos el doctor que había ido al sepelio. Alrededor de ocho familiares se contagiaron, incluidos Gabriela y su esposo, Pedro Grande. El 1 de abril ingresaron a la embarazada y dos días después, Grande conoció “por foto” a José Luis, su segundo hijo y el primer bebé que nació en México de una madre con la covid-19. Nunca más volvió a ver a Gabriela. “No te despides, porque no piensas que va a pasar lo que pasó”.

Personal médico del hospital Juárez habla sobre los 8 meses de batalla contra la covid-19.(FOTO: NAYELI CRUZ | VIDEO: GLADYS SERRANO )

Para el 30 de marzo ya habían fallecido el chófer y el doctor que acudió al funeral. Y explotó el escándalo. A las puertas de los hospitales, los médicos protestaban por falta de apoyo. El personal sanitario está, meses después, exhausto. México tiene otro triste récord: es el país donde más trabajadores de la salud han muerto por coronavirus, al menos 1.320 profesionales, según un informe de Amnistía Internacional publicado en septiembre y aunque médicos y personal de enfermería están acostumbrados a lidiar cada día con la muerte, la pandemia les ha sobrepasado. No hay datos oficiales respecto a la situación actual.

“Están cayendo como moscas”, decía a mediados de abril el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Se refería al personal de los hospitales. Y no le faltaba razón. En Coahuila, donde murió Gabriela, médicos y enfermeras denunciaron en una carta que no contaban con el equipo necesario para combatir el virus y los días que siguieron se registró un brote masivo en la misma clínica en la que se cruzaron los caminos de la familia Grande González, el médico que se había infectado días antes y el “paciente cero” de Monclova. Esa sucesión de coincidencias desafortunadas se saldó con 26 trabajadores sanitarios contagiados, según las autoridades, y decenas de casos que convirtieron una pequeña ciudad de 230.000 habitantes en la mitad del desierto en la zona con más casos de ese Estado en la primera fase de la epidemia. “No fue un descuido ni una irresponsabilidad, simplemente nos llegó”, recuerda Grande. 

Llegado el otoño, con todas las predicciones de fin de pandemia fallidas, los equipos están ya exhaustos y su salud mental muy resentida. La segunda semana de noviembre, el Hospital Juárez en Ciudad de México empezó con nueve pacientes en la UCI y terminó con el doble. Gabriel Reyes, el jefe de Emergencias, detalla que en un día malo de mayo ingresaban unos 10 pacientes por coronavirus, una cifra que ahora se ha triplicado por la reanudación de actividades no esenciales, la llegada del frío y el relajamiento de la población. “Tenemos más trabajo que antes”, afirma Reyes.

El personal del hospital repite una y otra vez seis palabras: “El pico del Día de Muertos”. Antes fue el pico del Día de la Independencia, el del Día de las Madres, el del Día del Niño. Cada festivo y cada puente se ha saldado con un aumento de los contagios. Pero el efecto no es automático. Se refleja aproximadamente 15 días después, que es lo que tarda en incubarse y complicarse la enfermedad. Los trabajadores ya anticipan resignados el pico del Día de la Revolución.

Las conferencias diarias del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el hombre al frente de la pandemia, dejan, sin embargo, cierta sensación de sosiego. Una de las palabras fetiche en todos estos meses, sigue repitiéndose: “meseta”, ese camino plano que dibuja la curva pandémica en las gráficas oficiales, lejos de los picos que sobresaltan a la población. Y mientras se repite “meseta” como se manosea un amuleto, algunos Estados entran de nuevo en fases de máximo riesgo —Chihuahua y Durango, Ciudad de México está al borde— y los hospitales enfrentan una ocupación de camas covid como no se conocía hasta ahora. ¿Dónde está el truco?

“Ciudad de México es la que está manteniendo esa meseta de la que habla el Gobierno, porque otros Estados no tienen una población tan representativa. Pero lo que la explica, sobre todo, es el retraso de la información que se presenta cada día en la conferencia de prensa, lo que da una apariencia de normalidad”, señala la analista de datos Varenka Rico. No entra en si esa forma de graficar los datos es deliberada o debida a la dificultad de ir procesando la información de zonas alejadas, “pero el 20% de los fallecidos aparecen en la gráfica con dos o tres semanas de retraso sobre la fecha de ocurrencia, y eso es así desde agosto”. No son datos falsos, pues, pero al estar repartidos en el tiempo se evitan picos altos. “En otros países la gráfica se dibuja con las fechas exactas de los decesos, lo que permite evaluar bien la situación”, sigue Rico.

Con los contagios ocurre lo mismo, se difieren por semanas. “Juegan con los tiempos y así las gráficas no se disparan al cielo”. “Los contagios los señalan por la fecha de los síntomas, días atrás de tener la enfermedad confirmada, por eso la gráfica aparece con una tendencia a la baja. Los datos no son mentira, pero la gráfica refleja un panorama engañoso. En la base de datos de la OMS o de la Universidad Johns Hopkins la gráfica refleja los días exactos”, afirma Rico.

“Mis dos hermanos y yo nos enfermamos, pero donde me atendieron nunca me dieron un papel que confirmara el contagio y estoy seguro de que solo el mayor, que se puso más grave, entró en las estadísticas”, asegura Eduardo Flores, un vecino de Ecatepec de 43 años. El baile de datos en México ha sido uno de los síntomas más acusados de la pandemia y a estas alturas, la población muestra ya signos de descreimiento en la información oficial. Un día se supo que muertes antiguas se sumaban a los fallecimientos del día, de tal forma que no podía saberse cómo evolucionaba a diario la situación. Más adelante se añadieron a los datos oficiales de muertes por covid aquellas que carecían de pruebas, pero presentaban signos inequívocos a juicio de los médicos que certificaron la defunción, tanto en los hospitales como en casa. La verdad asomaba su cara más amarga: unos morían sin compañía en los hospitales, pero miles lo hacían con asfixia en sus casas.

La sobremortalidad era un hecho que el subsecretario reconoció en una entrevista para el Washington Post en verano, semanas después de haber acusado a los medios de comunicación de falsear la realidad en sus reportes. Iniciado julio, López-Gatell admitió que México lamentaría tres veces más muertes que las que se notificaban a diario. Las primeras comparaciones con los decesos de años anteriores dan por buenos esos cálculos. En verdad, el país no está ante el fatídico hito de 100.000 muertos. Multipliquen. El Gobierno ya se ha lanzado a defenderse acusando a los medios de lucrarse utilizando la cifra simbólica de los 100.000 muertos.

Vista del panteón municipal en el Valle de Chalco.
Vista del panteón municipal en el Valle de Chalco. HECTOR GUERRERO

En la columna de los errores, algunos mensajes no han contribuido a paliar la catástrofe: al principio de la pandemia, los voceros insistían cada día en que la gente aguantara en casa lo más posible el malestar de la enfermedad para no saturar las urgencias. Pronto se vio que miles de enfermos no alcanzaban el hospital o se morían a sus puertas, y el mensaje ha cambiado, ahora se recomienda acudir cuanto antes. La gente llega tres días después de los primeros síntomas. Es muy tarde, dice el Gobierno ahora.

Susana Chávez, de 52 años, tiene familia en todo el país y cuenta que más de 30 parientes se han contagiado y tres han muerto por coronavirus. Es la misma proporción que aqueja a México: más de un millón de casos confirmados y más de 100.000 defunciones. Ella tuvo más suerte. Fue dada de alta a finales de octubre de un hospital del Instituto de Salud para el Bienestar, la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender a la población sin seguro médico. Chávez no podía pagar un hospital privado, donde el costo promedio de hospitalización por cada infectado es de un millón de pesos (50.000 dólares), según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Además, como vive en Zimapán, una pequeña comunidad de menos de 40.000 habitantes en el Estado de Hidalgo, hacerse una prueba suponía viajar más de tres horas hasta Tecámac, en el Estado de México. 

Las pruebas, tan reclamadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la que tantos países han llegado tarde, han sido uno de los puntos flacos, casi famélicos, de México, encastilladas las autoridades sanitarias desde un principio en que no eran útiles en fases medias o avanzadas de los contagios. Esta obcecación ha obligado, a decir de algunos expertos, a seguir a ciegas el curso de la enfermedad. Los 475 centros centinela, creados antaño para rastrear cada temporada la incidencia de la influenza, se sumaron al rastreo del SARS-CoV-2, pero los analistas de datos nunca le han encontrado gran utilidad. México sigue teniendo una positividad altísima, que ronda el 40% debido a que apenas se testea a quienes muestran un contagio evidente. Se hacen pruebas a uno de cada 10 que presentan síntomas. Según la OMS, si un país presenta más de un 10% de ciudadanos sospechosos que dan positivo es que no se están efectuando las pruebas suficientes. Y si la positividad está por debajo del 5%, la epidemia puede considerarse bajo control.

El centinela se presenta hoy como un modelo agotado, también porque muchos ciudadanos no se acercan a hacerse pruebas por miedo al contagio, algo que debilita la estadística. Tan es así que algunos Estados, sin estridencias, han ido incorporando sus propios modelos de detección. Ciudad de México, por ejemplo. “Esta pandemia se ha mostrado, con el tiempo, diferente de otras. En Ciudad de México monitoreamos su avance o retroceso a partir de las hospitalizaciones y elevando el número de pruebas drásticamente, que ahora supone el 40% de todas las que se efectúan en el país, cuando tenemos un 8% de la población”, detalla Eduardo Clark, director general de Tecnología e Inteligencia de Ciudad de México. Al día, asegura, se toman unas 7.500 PCR y en breve empezarán con las de antígenos, más rápidas. Además, se han implementado 80 quioscos ambulantes para acercar los tests a la población más vulnerable. A los que dan positivo les han ofrecidos ayudas y víveres para que permanezcan en casa un tiempo. La situación de la capital, donde radican los grandes laboratorios, ha facilitado, dice Clark, este progreso en los tests para el que se apoyan en el Gobierno federal (con unas 1.500 pruebas al día) y en los institutos científicos federales.

La ventaja que para los recursos médicos supone la concentración, se vuelve fatal cuando se trata de población. En las periferias se hacinan millones de habitantes con fuertes carencias que no ponen fácil el combate al virus. A esa dificultad achacan en buena medida el incremento de los ingresos hospitalarios, que mantiene en vilo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, también contagiada de covid. Sin embargo, no son pocos los que ponen de ejemplo la gestión de la crisis en la capital y su área metropolitana, en comparación con la del Gobierno federal.

Interior de la central de abastos de Ciudad de México, uno de los puntos que más críticos de contagio.
Interior de la central de abastos de Ciudad de México, uno de los puntos que más críticos de contagio.NAYELI CRUZ

La OMS y México han compartido sin fisuras durante esta pandemia algunos mensajes clave, como la inutilidad de multiplicar las pruebas ante un contagio masivo. Después, la organización internacional dio un viraje e insistió en avanzar en los tests a la población ante los contagios que se producían a partir de personas asintomáticas. “La OMS ha cometido un error. No basta decir que se hagan muchas pruebas, hay que especificar cómo, dónde, a quiénes, cómo involucras a la población. Sus indicaciones no han sido suficientes”. Jorge Ramírez, médico epidemiólogo adscrito a la Facultad de Medicina de la UNAM, opina que las pruebas, muchas o pocas, “deben acercarse a los más vulnerables, algo que se ha hecho, aunque tarde, en la zona conurbada de la capital de México y que no se ha enfatizado suficientemente a nivel federal”. Aunque los últimos datos del Gobierno indican que se han visitado 2.300.000 viviendas y de los 196.000 atendidos, algunos con síntomas 1.353 fueron enviados al hospital.

Con 40 años de formación epidemiológica y algunos de ellos a ras de tierra, Ramírez considera que el mensaje político federal es demasiado científico y poco apegado a la gente. “Se han apoyado en grupos científicos que son de prestigio, sin duda, pero todas esas proyecciones no deberían haberse vinculado al mensaje del vocero. En una enfermedad nueva no se pueden hacer esas proyecciones y ofrecerlas al público, porque han fallado y se ha perdido la confianza”, asegura. Sonadas han sido las diversas previsiones de muertes y de semanas de duración de la pandemia que ha barajado el Gobierno.

Ejemplo de esa disociación entre el mensaje científico y el popular o político, es para Jorge Ramírez, el uso del cubrebocas. Se han necesitado bueyes tirando para que el subsecretario se lo pusiera, como aparece ahora cada tarde en la televisión. Su discurso sobre la eficacia de la mascarilla nunca se salió de los parámetros médicos hasta ahora aceptados (sirve para los enfermos, no para los sanos, y un mal uso puede ser contraproducente). Pero el coronavirus ha demostrado una efectividad de transmisión aérea desconocida. También la OMS, aliada incondicional de México en este extremo, necesitó que los científicos aporrearan su puerta para convencerse de que el uso de la mascarilla, sobre todo en lugares cerrados y el transporte público, era definitivo para atajar contagios. De nuevo los asintomáticos estaban en el punto de mira. “Ciudad de México no entró en esa polémica científica, se pusieron el cubrebocas y ya está, era una medida popular y sencilla, ¿por qué discutirla tanto? Claudia Sheinbaum siempre lo ha llevado”, una imagen a la que los más rancios dirigentes de medio mundo se han resistido.

“La verdad es que todavía, a estas alturas, hay muchísima gente que cree que el virus es un chisme del Gobierno y no toman conciencia hasta que les toca”, explica María Teresa Gómez, una comerciante de 49 años en Iztapalapa, en el oriente de Ciudad de México, la zona con más casos de coronavirus en el país. “Muchos no traen cubrebocas, sobre todo los niños, es como si los papás creyeran que sus hijos son de hule”, dice Gómez, proféticamente, segundos antes de que tres muchachos con la cara descubierta corran disparados frente a su juguetería, aprovechando los pasillos vacíos del mercado de Santa Cruz Meyehualco. El uso del cubrebocas es también escaso en otros territorios de varios Estados. No tanto en los barrios pudientes de cualquier ciudad, más vigilados y donde la población ha manifestado una responsabilidad y una voluntad de protección y autoconfinamiento que muchas veces ha agradecido el Gobierno públicamente, partidario como ha sido en todo momento de no perseguir ni sancionar al ciudadano, en el buen entendimiento de que las capas sociales de México y sus acuciantes necesidades no pueden compararse con las de otros países. Los datos económicos espantan tanto como el virus.

Un joven espera consulta a las afueras de un hospital en Ciudad de México.
Un joven espera consulta a las afueras de un hospital en Ciudad de México.HECTOR GUERRERO

No es para menos. La pandemia ha agravado una economía que ya llevaba décadas con tasas de crecimiento mediocres. En el tercer trimestre de este año, la economía rebotó un 12%, pero venía de una caída del 17% en el periodo anterior, arrastrada por la imposición a los negocios de las medidas de confinamiento más estrictas. Tras una década de reducción moderada en los niveles de pobreza, la crisis del coronavirus amenaza con borrar los avances. Casi 11 millones de habitantes corren el riesgo de caer en pobreza extrema debido a sus magros ingresos, según un análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de mayo. Se teme que los 21 millones de personas que vivían en esa situación en 2018 se eleven a más de 31 millones, en el peor escenario que contempla el organismo.

El confinamiento y la crisis económica resultante han originado la pérdida de 12 millones de empleos, tanto en la economía formal como informal, esta última da cobijo a cinco de cada diez trabajadores de estratos muy desfavorecidos. De estos, se ha recuperado alrededor del 65%, tras la reapertura gradual de los negocios. El empleo formal ha sido más lento. En octubre, se añadieron 200.000 nuevos puestos de trabajo y ya suman un total de 400.000 recuperados desde el verano. Es menos de la mitad del 1,1 millón perdido al inicio de la pandemia. La posibilidad de un recrudecimiento de los contagios mantiene a los Gobiernos locales en estado de alerta y algunos ya han endurecido las restricciones a los comercios tras meses de relajamiento.

La actuación del Ejecutivo federal ha recibido críticas por la parquedad de los apoyos a empresas y trabajadores, mientras no ha tocado los presupuestos de sus programas prioritarios. De los países emergentes, México es el que menos recursos ha destinado a su paquete anticrisis. La principal medida ha consistido en el otorgamiento de microcréditos a pequeñas y medianas empresas, pero no ha habido estímulos fiscales y tampoco se han presentado nuevos apoyos para trabajadores que han perdido su puesto de trabajo. El presidente ha anunciado este mes indemnizaciones para las familias con víctimas mortales de la covid.

“Llega un código máter sin ventilación mecánica”, alerta la jefa de enfermeras en la UCI del Hospital Juárez en Ciudad de México. “Preparen la cama 19, por favor”. El aviso de Sandra Salas, el jueves 12 de noviembre, pone en guardia a los médicos ante una emergencia obstétrica. Se trata de una mujer embarazada que tiene coronavirus y que fue enviada un día antes desde el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, uno de los centros médicos más prestigiosos del país. Pero ya no había espacio para atenderla ahí.

Minutos más tarde, la mujer es trasladada a toda prisa en una camilla cubierta con una burbuja plástica e ingresada en terapia intensiva. La covid-19 no solo afecta los pulmones, también los riñones, y causa problemas en la coagulación, por lo que el feto sufre más que en un parto normal. No hay estudios que demuestren la transmisión madre-hijo a través de la placenta, pero el bebé nacerá en un ambiente rodeado por el virus. “Puede pescarlo de inmediato”, explica Luis Antonio Gorordo, el especialista a cargo de Terapia Intensiva, donde el recién nacido pasará sus primeros días de vida.

 

La tercera causa de muerte en México

La familia Ramos en la tumba de Carolina Ramos que falleciera por la covid-19. | En video: La historia en voz de los familiares de la víctimas por esta pandemia. (FOTO: MÓNICA GONZÁLEZ | VIDEO: MÓNICA GONZÁLEZ/ NAYELI CRUZ)

Gorordo cuenta más de 30 embarazadas con coronavirus que han llegado hasta la UCI tan solo en ese hospital desde el inicio de la pandemia. El virus ya es la principal causa de muerte materna, según el Instituto Nacional de Perinatología, y está entre las tres principales causas de muerte del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“Estamos atascados, la gente no para de llegar”, admite Claudia Molina, una de las enfermeras que atiende la emergencia. “Hay un desgaste muy fuerte, la mayoría de la población ha dejado el confinamiento, pero nosotros seguimos aquí y no hay sustitutos para el personal de salud, nadie viene a relevarnos”, explica una hora después el doctor Reyes. Tan solo en ese lapso, los pasillos del hospital se paralizan cuatro veces por el traslado de personas con covid-19.

Desde principios de junio pasado, cuando el Gobierno anunció la vuelta a la normalidad con la reanudación de actividades económicas, el sentimiento generalizado era que lo peor había quedado atrás. “Cuando se escucharon frases como ‘se ha domado la pandemia’ o ‘se aplanó la curva’, la gente se relajó mucho más, pensó 'no pasa nada”, apunta Gorordo. Opina que sí se ha logrado controlar la epidemia, pero en una parte muy alta de la curva, todavía con muchos contagios.

Por comparar con otros países, una opción a la que el Gobierno mexicano recurre a menudo y a su favor, naturalmente, España concluyó el estado de alarma nacional el 21 de junio, cuando las muertes al día rondaban la veintena. Tiempo después siguieron bajando hasta contar apenas una o dos al día. Y no es precisamente el país con la gestión más eficaz, a pesar de tener un sistema sanitario, aunque debilitado, muy sólido. Y universal. El personal médico y de enfermería ha agotado todas las lágrimas en estos meses. En México, también. Víctimas, como en todo el mundo, de crueles ataques en la calle, primero, y convertidos en héroes después.

La enfermera Alejandrina Kantún, de 34 años, está cansada de que la gente le llame heroína, porque no lo es, dice, pese a su esfuerzo por seguir atendiendo a pacientes de covid-19 en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán. “Es mucha la responsabilidad que nos están echando. No somos héroes, somos seres humanos que estamos sufriendo, es muy deprimente ver a tantas personas morir. Nunca te acostumbras”. A medida que el interés por la pandemia se ha ido apagando, el desgaste ha alcanzado a las batas blancas. Kantún ha visto morir a cuatro compañeros y a cientos de pacientes.

Nietos de Carolina Ramos en el panteón Civil de Chalco.
Nietos de Carolina Ramos en el panteón Civil de Chalco.MONICA GONZALEZ / EL PAÍS

Estuvo al lado de muchos enfermos antes de morir y compartió con ellos cartas y mensajes de sus familiares. “Empecé a ir a terapia desde abril, porque llegó un momento en que no quería ir a trabajar. Cuando no tenía insomnio, me asaltaban las pesadillas. Ponerme el equipo de protección me producía ansiedad. Sentir el sudor, la comezón y no poder rascarte dentro del traje es desesperante”. “Bajé de peso, dejé de comer por el temor a ir al baño y contaminarme al sacarme el equipo. Empecé a comprarme pañales para no ir al baño. ¿Sabe lo que es eso? Te sientes sucia, es horrible. Pero no tenía otra opción”.

Miles de médicos y enfermeras han requerido de atención psicológica para continuar su labor en los hospitales. “Empezaron a tener cansancio, dolores de cabeza, insomnio, fallas de atención y de memoria para después pasar a la ansiedad, la obsesión y la fatiga por compasión, que tiene que ver con un agotamiento ante una situación inevitable de no poder ayudar porque te rebasa la enfermedad”, explica el doctor José Ibarreche del Hospital de Psiquiatría Fray Bernardino Álvarez, en Ciudad de México. “El estrés y la desesperanza constantes acaban por desarrollar padecimientos más severos como trastornos de ansiedad o depresión”, puntualiza el psiquiatra.

Depresión y hartazgo, la cara oculta de la pandemia

Desde que comenzara la pandemia, el Hospital Fray Bernardino ha dado atención psicológica gratuita en línea a miles de trabajadores de la salud y puso a disposición de la población el teléfono de la vida 800 911 2000 para dar acompañamiento a quien lo necesitara. “Hemos atendido a 253 sanitarios que requirieron atención de tercer nivel, es decir, hospitalización por intentos de suicidio, brotes psicóticos, depresión y complicaciones por consumo de sustancias. Lo mayoritario han sido crisis de pánico o ansiedad. Al comienzo de la pandemia, muchos de ellos permanecieron en el hospital dos meses sin salir ni ver a su familia”.

Kantún teme que el virus la condene a morir sola, como ha visto a tantos. “Tomo antidepresivos porque dos meses después de empezar la pandemia me diagnosticaron depresión, coincidió con que tuve que mandar a mis hijos fuera de casa porque me daba miedo contagiarlos. No puedo dejar mi trabajo porque ellos dependen de mí”. Gana al mes 14.000 pesos (685,5 dólares). El sueldo de las enfermeras es de los más bajos del sector, la mitad o menos de lo que gana en promedio un médico. Los hospitales no están mucho mejor. “Llega el punto en que les decimos a los familiares del paciente que tienen que ser ellos los que compren los medicamentos porque tardan en reponerlos”, dice Kantún.

Los paramédicos César Apresa y Ángel de Jesus Sholnck Corté atienden a una mujer que sufrió una descompensación metabólica y con un cuadro de insuficiencia respiratoria en Nezahualcóyotl. (FOTO: NAYELI CRUZ | VIDEO: EPV)

El pasado 12 de octubre cuando empezó a tener problemas para respirar, Bonifacio Estrada, de 68 años, fue llevado por su familia al Hospital HMG Coyoacán, un hospital privado al sur de Ciudad de México, pero la familia no podía permitírselo: “Nos pidieron de inicio 30.000 pesos por entrar por urgencias y después 250.000 pesos por día”, cuenta su hija Mariana Estrada.

Esa noche la familia emprendió un peregrinaje por varios hospitales de la ciudad, mientras el tiempo de Bonifacio se agotaba. Primero fueron al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero el hospital público estaba saturado al 100% de su capacidad y solo pudieron ponerle oxígeno y hacerle unas placas. Finalmente, Bonifacio Estrada acabó en el Hospital de La Raza del IMSS. "Mi padre abrió sus ojos grandes y dijo: ‘No, ahí no quiero ir porque los matan’, recuerda destruida su hija. “Pero, ¿qué íbamos a hacer? Ahí nos dijeron que estaban los mejores especialistas”, recuerda. El padre de Mariana falleció cinco días después por un paro broncorespiratorio. “No me perdono no haber tenido el suficiente dinero para pagar un hospital privado a mi papá”, se lamenta la mujer con la voz rota.

En el IMSS, ocho de cada diez pacientes que terminan en la UCI mueren, según datos oficiales. “No es anormal, pero es un reflejo de la situación nacional”, comenta Gorordo, del Juárez, y señala como factores determinantes la falta de personal especializado y de preparación en la reconversión de los hospitales, así como las enfermedades que agravan la covid-19, como la diabetes y la hipertensión, que afloran en uno de los países más obesos del mundo, según organismos internacionales. Hubo también una curva de aprendizaje. En el Hospital Juárez, en mayo, el 70% de los enfermos de Terapia Intensiva falleció y ese porcentaje bajó hasta el 30% en octubre. En dos hospitales privados en Hidalgo, en cambio, ningún paciente salió vivo.

Estos datos no solo reflejan la mortalidad en el país, también dan cuentan de un sistema de salud fragmentado y marcado por la desigualdad. La atención médica ha estado históricamente condicionada por la posición económica, social y laboral. Tan solo en el sector público hay hospitales para trabajadores del Estado, para empleados del sector privado, para militares, para marinos, para personas que laboran en el ámbito petrolero. En 2018, 71 millones de mexicanos no tenían cobertura sanitaria, según datos oficiales.

A pesar de todo, uno de los aciertos del Gobierno mexicano en esta pandemia, refieren los expertos, ha sido la conversión hospitalaria, es decir, el despliegue y adaptación de los hospitales antes de que llegara el tsunami, lo que ha ofrecido estadísticas de camas ocupadas moderadas y solo desbordes puntuales. en los últimos días han renovado el convenio con los hospitales privados lo que ha permitido aumentar el número de camas para covid en 150 más. Y se han incrementado también en los Estados que ahora pasan por su fase más crítica.

Decenas de personas esperan, a las afueras del Hospital General de México, información de sus familiares internados.
Decenas de personas esperan, a las afueras del Hospital General de México, información de sus familiares internados.NAYELI CRUZ

Pero el espectáculo ofrecido entre las autoridades federales y los gobernadores de los Estados, no ha sido el más edificante. En numerosas ocasiones, el consenso crucial que requiere una pandemia se ha quebrado con disputas políticas acerca de su abordaje. Cuando se diseñó el semáforo epidemiológico, un sistema de cuatro colores por el que tienen que transitar los territorios hasta volver paulatinamente a la normalidad, empezaron las peleas. Los afines al Gobierno han manifestado su desacuerdo más discretamente, pero los de signo contrario no se han callado un ápice.

El Consejo de Salubridad General se creó en 1917 con el respaldo de la Constitución mexicana y aún existe. Es un organismo que otorga al presidente capacidad de comandante en jefe en situación de catástrofes y emergencias, también sanitarias, como una pandemia. “Apenas se ha convocado dos o tres veces. Y es ese organismo el que debería haber gestionado la pandemia, en busca de decisiones firmes y acatadas por todos. En esa mesa están los secretarios [ministros] y representantes estatales”, empieza el epidemiólogo Jorge Ramírez. Opina que el vocero del Gobierno, López-Gatell, ha cargado demasiado peso, “y le desborda”. “Creo que los gobernadores hubieran tenido más interacción con el Consejo que con una sola persona”. Un organismo del que emanen decisiones unánimes. “Creo que estamos a tiempo de recuperar la unidad en todo el país”, afirma.

El semáforo que marcó la vuelta a una normalidad muy precoz, como se demuestra tristemente cada día, ha sido uno de los elementos más polémicos, en efecto. Y más variables. Los criterios para colorear el mapa han causado muchas tensiones y quién sabe si trampas para ir abriendo las economías antes de tiempo. Es casi imposible asegurarlo, porque faltan muchos datos públicos. Para empezar, esos criterios, que empezaron siendo cuatro o seis, ahora son 10 y sobre ellos el Gobierno parece guardar un estricto secreto. Al menos no responden cuando se les pregunta. Pero aquí están: tasa de reproducción efectiva (tendencia de casos); tasa de incidencia de casos estimados por 100.000 habitantes (ambas sujetas a la ya mencionada falta de pruebas diagnósticas, que no es igual en todo lugar); tasa de mortalidad por 100.000 habitantes; tasa de hospitalización por 100.000 habitantes; porcentaje de camas generales ocupadas y de camas con ventilador ocupadas (en muchos Estados se desconoce cuántas hay en total o si van cambiando, lo que impide tener una referencia); tasa semanal de positividad; tendencia de casos estimados por 100.000 habitantes (mide la velocidad de cambio); tendencia de mortalidad por 100.000 habitantes y tendencia de casos hospitalizados por 100.000 habitantes. Un galimatías de difícil transparencia pública que impide a los analistas determinar si las cosas se están haciendo bien o quién las hace mejor o peor. Faltan muchos datos, se quejan.

Más fácil ha sido para los periodistas, encargados de contar lo que pasaba dentro y fuera de los hospitales, recurrir a su propia mirada y a los testimonios de las víctimas. La vida y la muerte se han estado cruzando en todo es tiempo. Muchos niños han nacido bajo las balas víricas, pero en México también han muerto más que en otros países: hasta 268 menores de 14 años. En Reino Unido, por ejemplo, no hay fallecidos por debajo de los 20.

Mural realizado en homenaje al personal sanitario que ha trabajado durante la pandemia en Ciudad de México.
Mural realizado en homenaje al personal sanitario que ha trabajado durante la pandemia en Ciudad de México.NAYELI CRUZ / EL PAIS

Después de ocho meses de pandemia y cuando creíamos haberlo visto todo, el virus sigue revelando facetas desconocidas. El coronavirus se presentó como un padecimiento súbito y letal, pero han surgido los primeros casos de pacientes con síntomas prolongados, que llevan meses con dolor de cabeza intenso, pérdida del olfato y el gusto, dificultad para respirar, tos persistente, fatiga y cansancio extremo. Casos de larga duración que ya no están infectados, pero que siguen en un limbo de molestias, como Adrián Leonardo o Laura Mancilla. Los médicos todavía no saben por qué no logran recuperarse del todo, muchos de ellos temen convertirse en enfermos crónicos o quedar con secuelas físicas y psicológicas irreversibles.

“Es como ser el apestado, te ves obligado a decir que ya no tienes el virus aunque lo parezca. Soy joven para morirme, pero no dejo de pensar en ello”, dice Leonardo, de 37 años. “He gastado más de 60.000 pesos (3.000 dólares) y ya no tengo más ahorros, así que no puedo seguir tratando de dar con mi diagnóstico”, dice Mancilla, de 38 años, que lleva siete meses con problemas para respirar y sentencia: “Esto es hasta donde el bolsillo te alcance”.

Mientras, la población entera, con y sin batas blancas, sigue esperando una vacuna como el maná. México perdió el empuje internacional que tuvo hace décadas en ese ámbito y ahora su territorio es más bien un campo de ensayo para las grandes multinacionales. “Esta pandemia tiene que ser un parteaguas generacional, necesitamos estar preparados porque ya no podemos hablar de ‘si esto va a pasar’, es más bien 'cuando pase otra vez”, afirma Gorordo, del Juárez. Serán estos niños que hoy nacen los que marquen las pautas de lo que viene y los que empujen más allá de lo que se ha hecho hoy.

“Fue un milagro, nunca les había tocado atender a un recién nacido en esas circunstancias y varios días estuvo muy malito, afortunadamente no se contagió”, afirma Grande, el padre de José Luis, que pasó los primeros 18 días de su vida en observación médica. El bebé que nació con la pandemia acaba de cumplir siete meses y ya le da por gatear. “Él fue la alegría más grande en el peor momento de mi vida y el bálsamo que me dio otra vez un empujón para no dejarme caer”, afirma el padre, que se ha refugiado en la religión y en los recuerdos que Gabriela dejó en redes sociales. Lidiará con el dolor, preparará otra vez los dulces de nuez que a su esposa le gustaba vender para Navidad y buscará sacar a sus niños adelante. “Quiero que mi hijo sepa quién era su madre y trato de decirle siempre a mi otra hija que en José Luis vamos a ver a su mamá”, dice antes de colgar el teléfono. “Esta es nuestra nueva realidad”.

Trabajadores electorales de Georgia, durante el recuento de votos esta semana en Atlanta.
Trabajadores electorales de Georgia, durante el recuento de votos esta semana en Atlanta.MEGAN VARNER / AFP

La posibilidad de disputar la realidad de los resultados electorales de Estados Unidos terminó de desaparecer para Donald Trump este jueves, cuando el Estado de Georgia confirmó que, después de haber hecho un recuento manual de todos los votos, la conclusión es la misma que hace una semana: ha ganado Joe Biden. Georgia es el Estado donde la victoria de Biden ha sido más ajustada (0,2%) y donde la campaña de Trump había puesto sus esperanzas en que un recuento mostrara discrepancias o errores en el escrutinio. Hecho el recuento, la ventaja de Biden es la misma.

La ley electoral de Georgia no exige un recuento obligatorio, pero permite hacerlo a petición de parte si el margen del resultado es menor al 0,5%. La victoria de Biden en Georgia, donde se han emitido casi cinco millones de votos, es de poco más de 12.000 sufragios. Desde que Georgia fue declarada por los medios para Biden, el pasado día 7, el secretario del Estado (la autoridad electoral), el republicano Brad Raffensperger, se ha visto en el medio de una tormenta de conspiraciones y denuncias sobre la limpieza del escrutinio.

Ante las presiones inauditas del presidente de Estados Unidos, las acusaciones de fraude y los ataques a su profesionalidad por parte incluso de los dos senadores republicanos del Estado, Raffesnperger propuso hacer una auditoría a mano de todos los votos de Georgia, centrada en la elección presidencial. El encargado de las elecciones ha exigido a su propio partido que deje de atizar teorías conspirativas y arrojar dudas sobre su profesionalidad.

Los funcionarios y voluntarios de Georgia han recontado a mano los cinco millones de votos en apenas 10 días, justo a tiempo para la hora límite, fijada en la medianoche del miércoles. Este jueves, Raffensperger publicó un comunicado en el que revelaba que el “histórico recuento” (es la primera vez que se hace) “reafirma el resultado original producido por el escrutinio a máquina de las papeletas”. El recuento ha encontrado errores mínimos, tal como predecían los expertos. Por ejemplo, se han hallado 5.800 votos que se quedaron sin contar. Pero el resultado final ha variado un 0,1053%, según el informe. El error más amplio que se ha encontrado es del 0,73% en un condado.

Por ley, Georgia tiene que certificar definitivamente sus resultados electorales este viernes. Los demás Estados clave en los que Trump perdió la elección lo harán a lo largo de la próxima semana y, aunque el daño a la credibilidad del proceso ya está hecho, ahí se habrá cerrado la posibilidad de disputar legalmente esos resultados.

La campaña de Trump emitió un comunicado despreciando el recuento de Georgia poco después de conocerse el resultado. “Este supuesto recuento a mano ha resultado como se esperaba porque simplemente han vuelto a contar los votos ilegales que estaban ya incluidos en el total”, dice un “asesor legal” de la campaña.

El abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani. En vídeo, Giuliani señala la influencia de Venezuela en las elecciones de Estados Unidos. FOTO: EUROPA PRESS / VÍDEO: REUTERS

Según se ha ido haciendo más evidente que no hay ninguna forma de disputar los resultados de las elecciones como erróneos o fraudulentos, un equipo legal al servicio del presidente y capitaneado por Rudy Giuliani dio una nueva conferencia de prensa este jueves en la que dijo cosas como que el software de escrutinio ha cambiado millones de votos de Trump a Biden y que todo tiene origen en una conspiración con vínculos con Venezuela.

Mientras Estados Unidos contemplaba atónito la rueda de prensa de Giuliani, al que le caían goterones de tinte de pelo por la cara, la Casa Blanca ponía en marcha un nuevo paso en su estrategia de deslegitimar la elección, este potencialmente más dañino por sus implicaciones políticas. Trump invitó a los dos líderes republicanos en el Legislativo de Michigan a una reunión en la Casa Blanca este viernes. Según confirmaron Reuters y The New York Times, Trump pretende presionar directamente a los legisladores republicanos, que tiene la mayoría en un Estado con gobernadora demócrata, para subvertir el resultado de las elecciones.

Los Estados votan por el presidente a través de una lista de “electores” que se reúnen en el Colegio Electoral. De acuerdo con el resultado, Biden tiene 306 de esos electores y Trump, 232. Trump parece apostar por la idea de que los resultados no sean certificados y que sea el Legislativo el que presente su propia lista. Ya ha conseguido en parte el primer paso, cuando dos miembros republicanos de la junta de certificación de los resultados en Michigan se negaron a firmar los resultados. Trump llamó personalmente al menos a uno de ellos.

Es decir, Trump parece estar explorando la posibilidad de que los legisladores republicanos de Michigan subviertan el voto de sus ciudadanos y presenten electores que voten por él. Aunque es una teoría muy difícil de poner en práctica, ya que esas listas tienen que pasar el filtro de los gobernadores y de la Cámara de Representantes, se trata de un ataque al proceso electoral inaudito por parte del presidente de Estados Unidos en persona.

La fecha límite para resolver cualquier disputa en torno a las listas de electores es el próximo 8 de diciembre. El Colegio Electoral se reunirá el 14 de diciembre para elegir a Joe Biden presidente de Estados Unidos. Biden tomará posesión del cargo el 20 de enero.

Dos semanas después de las elecciones presidenciales, y a medida que se acercan irremediablemente las fechas límite para certificar los resultados en cada Estado, Donald Trump estira hasta el extremo su asalto a la legitimidad del proceso electoral de Estados Unidos, tratando de forzar el sistema para ajustarlo a su descabellado mensaje de que en realidad es él quien ha ganado. Fracasado su intento de anular un número suficiente de votos para revertir la contundente victoria del demócrata Joe Biden, que ha alcanzado un récord histórico de votos y este jueves —con algunos territorios aún pendientes de completar el cómputo— se acercaba a los 80 millones, la estrategia ahora se centra en arrojar dudas y sombras sobre esa victoria, retrasando todo lo posible el escrutinio. Una estrategia igualmente destinada al fracaso, pues la certificación de resultados cierra el camino de los tribunales, pero con el mismo inquietante potencial lesivo para la confianza de los estadounidenses en sus instituciones.

En su cruzada, arropan a Trump los palmeros habituales, entre ellos el senador Lindsey Graham, el exlíder de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, varios cargos en el Capitolio y, cómo no, el abogado personal del presidente y exalcalde de Nueva York, el controvertido Rudy Giuliani. Este último, que pidió a la campaña unos honorarios de 20.000 dólares (unos 16.800 euros) al día para asumir el mando del equipo legal del presidente en este batalla, según The New York Times, se centra en presionar a los legisladores republicanos de los Estados para frenar la certificación de los votos, tratando de boicotear la composición del colegio electoral que debe formarse el mes que viene.

El equipo legal del presidente, encabezado por Giuliani, ofreció una larguísima y disparatada rueda de prensa este jueves anunciada para “revelar evidencias” de un supuesto fraude masivo. Con ríos de tinte capilar mezclados con sudor recorriéndole el rostro, el abogado personal del presidente habló de “cientos” de declaraciones de testigos, cuyo detalle no compartió; llamó “ladrones” a los demócratas, habló de una “conspiración nacional”, criticó a los periodistas por no cubrir sus patrañas, comparó el recuento con la película de Joe Pesci Mi primo Vinny, y aseguró que esto no era más que el inicio de una gran ofensiva judicial. Volvió, además, a decir que los votos se contaron en España y Alemania por una compañía venezolana de “aliados de Maduro y Chávez” a través de una empresa española, en referencia a Indra. Esta empresa ya tuvo que salir al paso de las teorías de Giuliani la semana pasada y aclarar que no tiene ninguna “relación contractual o comercial” con las compañías citadas.

La actitud de Trump y sus aliados está causando tensiones en diversos Estados, incluidas amenazas violentas. En Arizona, la secretaria de Estado (autoridad electoral), la demócrata Katie Hobbs, pidió a los republicanos que dejen de “perpetuar la desinformación” y describió en un comunicado las amenazas que ella y su familia han recibido desde que se declarara la victoria de Biden en el Estado.

Lo mismo en Georgia, donde el recuento manual concluyó en la madrugada del miércoles, y el secretario de Estado, Brad Raffensperger, republicano, aseguró que también él ha recibido amenazas, y denunció presiones del propio senador Graham para buscar maneras de anular votos. Ante las presiones de su propio partido, incluidos los dos senadores republicanos del Estado sureño, Raffensperger aceptó hacer un recuento manual de todos los votos (más de cinco millones), solo en lo que se refiere a la elección del presidente, antes de la fecha límite para certificar los resultados. Se debía terminar de volver a contar los votos en la medianoche del miércoles. Raffensperger adelantó que el recuento manual no cambiará el hecho de que Biden se impuso en el Estado. El funcionario tiene previsto presentar los resultados este jueves. Georgia certificará sus resultados este viernes.

Al norte, en Pensilvania, otro de los territorios claves en la victoria de Biden, los legisladores estatales republicanos han solicitado una auditoría de los resultados, alegando una “letanía de inconsistencias”, a pesar de que los abogados de Trump no han logrado presentar en los tribunales prueba alguna de fraude u otros problemas en el recuento. También se han presentado dos nuevas demandas judiciales en dos condados de Wisconsin en los que se impuso Biden.

La situación ha adquirido tintes folletinescos en Michigan, donde dos miembros republicanos de la junta electoral de un condado primero se negaron a certificar la victoria de Biden (alegando insignificantes discrepancias en el recuento); después, ante el clamor contra lo que habría significado directamente suprimir cientos de miles de votos predominantes negros de un condado que incluye la ciudad de Detroit, rectificaron y aceptaron el resultado; y por último, el miércoles por la noche cambiaron de nuevo de parecer y aseguraron que retiraban sus votos para certificar el resultado. Este jueves ha trascendido que el martes el presidente llamó por teléfono a al menos uno de los dos funcionarios que cambiaron de opinión.

Tokio elevó el jueves al nivel máximo su alerta sanitaria por el coronavirus, luego de marcar un récord de 534 infecciones nuevas diarias, con lo que su gobernadora pidió a los residentes que tomasen todas las precauciones posibles a medida que se acerca la temporada de fiestas de fin de año.

El número de casos diarios de Japón en su totalidad también marcó un récord de 2 mil 363, de acuerdo a la emisora pública NHK.

Pero lo que está causando mayor alarma entre las autoridades es la propagación del virus en el área metropolitana de Tokio, que pretende celebrar los ya reprogramados Juegos Olímpicos el próximo año.

"La cifra de casos de coronavirus está aumentando así que estamos considerado qué acciones serán necesarias con la estimación de que las infecciones podrían llegar a mil por día", dijo la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike.

La funcionaria dijo que la cifra de contagios podría seguir incrementándose en línea con el aumento de las pruebas y enfatizó en la necesidad de prevenir las infecciones entre los pacientes con enfermedades graves.

La alerta máxima de Tokio en la escala de cuatro niveles indica que "la infección se está propagando", en comparación con el grado anterior en que se consideraba que "la infección está comenzando a extenderse".

El primer ministro Yoshihide Suga dijo que el Gobierno estaba considerando hacer mas estrictas las normativas sobre las salidas a comer, como limitar un subsidio destinado a elevar el consumo en restaurantes a reuniones de máximo cuatro personas.

Pero las autoridades todavía no anuncian un estado de emergencia ni ninguna medida drástica, como restricciones al movimiento de las personas, ante el temor sobre el impacto a la economía.

"Les pido una vez más a los ciudadanos que estén atentos y que tomen precauciones básicas", dijo Suga a periodistas. "Pedimos a las personas que salgan a cenar en grupos pequeños, silenciosos y con mascarillas. Yo haré lo mismo a partir de hoy", añadió.

Desde que regresó de su exilio en Argentina hace diez días, el ex presidente Evo Morales ha retomado el liderazgo de su partido y del mayor sindicato de cocaleros de Bolivia, que dirigió durante más de dos décadas, pero sus movimientos son cautelosos.

“Una vez que ha retornado nuestro presidente (Morales), retoma la dirección del partido (Movimiento al Socialismo MAS) y la presidencia de las federaciones del Chapare (cocaleros)”, dijo Gerardo García, quien ejerció la presidencia de ese partido en ausencia de Morales. 

El MAS regresó al poder con Luis Arce tras ganar las elecciones de octubre pasado, un año después de la precipitada renuncia de Morales por sospechas de fraude electoral en los anulados comicios en los que buscaba un cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder.

Después de cruzar el país en una caravana que lo trajo desde Argentina, Morales se asentó en su feudo del Chapare -en el centro del país- donde dirigió al mayor sindicato de cultivadores de coca y desde el cual saltó a la política para convertirse en el primer presidente indígena en 2006 tras el derrumbe de los partidos tradicionales.

De inmediato retomó sus actividades políticas y sindicales en el Chapare, donde es querido y se mueve rodeado de una guardia sindical que lo protege. Su base de operaciones es la población de Lauka Ñ, cuna del sindicalismo cocalero.

Aún como jefe de Estado, Morales siguió como presidente honorario de los cocaleros hasta 2018. Fue sustituido por Andrónico Rodríguez, un politólogo de 32 años de origen quechua quien ahora es presidente del Senado.

El expresidente desata sentimientos encontrados por lo que sus desplazamientos son cuidadosos y planificados. Desde su retorno se ha mostrado más conciliador, ha evitado a la prensa y sólo aparece en reuniones políticas.

El miércoles estuvo en Oruro, la ciudad del altiplano occidental donde nació, y convocó a sus partidarios “a un ampliado nacional el sábado para planificar las elecciones subnacionales”, dijo García a radio Panamericana.

Las elecciones de gobernadores y alcaldes el 7 de marzo de 2021 serán el segundo round de la disputa por el poder en Bolivia esta vez en los gobiernos locales, que son ampliamente dominados por el MAS, según analistas. 

A la ampliación del MAS han sido invitados Arce y su vicepresidente David Choquehuanca. Arce no fue a reunirse cuando Morales llegó al Chapare y públicamente evitó referirse a su mentor político. Sí lo hizo Morales, quien dijo que mantiene contactos con el presidente a quien ayuda a organizar el gobierno.

La disputa entre seguidores y detractores del exmandatario se ha traslado al gobierno, en el que partidarios de Arce y Choquehuanca buscan desplazar de los cargos públicos a los colaboradores Morales.

Arce dijo que no gobernará “a la sombra” de Morales y que hará un “gobierno para todos”. “Queremos renovar con gente nueva, pero siempre habrá coordinación con el presidente para ayudar y apoyar a una buena gestión”, señalo García.

 
 

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el anteproyecto de decreto de la Secretaría de Agricultura, publicado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que permite a todas las dependencias del gobierno federal el uso del glifosato.  

“No se va a publicar (en el Diario Oficial de la Federación) porque la instrucción es que no se utilice ese agroquímico en actividades del gobierno y que Conacyt lleve a cabo una investigación para buscar la forma de sustituirlo”, afirmó en conferencia de prensa. 

Señaló que el uso del glifosato se irá eliminando en la medida que tengamos opciones, porque en el gobierno “está prohibido… Quienes hicieron el proyecto a lo mejor no tomaron en cuenta la definición que se tiene sobre este asunto”, manifestó. Recordó que su gobierno es plural, “no es una dictadura, es una democracia, hay distintos puntos de vista, discrepancias y mucho debate, pero esto ya se acordó”.  

López Obrador resaltó que el agroquímico no se usa para la siembra de árboles maderables y frutales del programa Sembrando Vida, como tampoco está permitido el maíz transgénico. 

Por otro lado, indicó que se lleva a cabo una “revisión, una reforma” sobre el Centro Nacional de Inteligencia, porque contaba con unos tres mil empleados dedicados, en administraciones anteriores, a vigilar y al espionaje. 

“Ya no son los mismos objetivos, puede ser que se mantengan los mismos servidores públicos porque no se les puede despedir en masa, son muchos… Entonces está cambiando la función, ya no se escucha a los opositores como era antes, ya no hay espionaje político para nadie”. 

Indicó que ahora ese centro se encarga de la definición de estrategias y de inteligencia para enfrentar al crimen organizado, “pero no a la oposición política”. 

El presidente también se pronunció en contra del aval que dio la comisión de recursos hidráulicos en la Cámara de Diputados a la iniciativa de la Ley General de Aguas, que permite dar continuidad a las concesiones hasta por 30 años.  

“No estaba enterado, vamos a revisarla, pero no podemos apostar a lo mismo; es decir, no a la privatización del agua y tenemos que buscar que se ponga orden en todo lo que es el manejo del agua porque tenemos problemas serios”. 

Con lo ocurrido en Chihuahua “se demostró que hay un grupo que la acapara y ahora hay distritos de riesgo en Tamaulipas que nos están pidiendo que les ayudemos porque no van a tener agua para riego, cuando menos para medio riego, porque no hubo una distribución equitativa de los permisos y no se utilizó adecuadamente el agua durante mucho tiempo”. 

Señaló que debe haber una política distinta y planteó otorgarles a las cerveceras permisos de construcción de plantas en el sureste, en donde están el río Grijalva y el Usumacinta, en lugar de en la frontera. 

“¡Miren cuánta agua hay allá!, sí se dan los permisos porque nos afecta el agua por las inundaciones, pero en el centro del país y en el norte no hay y se tiene que garantizar que no falte para consumo humano, para la agricultura y los cultivos básicos, después para la industria, pero sí tiene que ponerse orden”. 

Más tarde, López Obrador difundió una foto en redes sociales con Jesús Ochoa, secretario general de la Asociación Nacional de Actores. Mostró la bandera que el actor ondeó en una de las marchas de 2006, “cuando luchábamos por la democracia. Hoy estamos obligados a convertir ese ideal en realidad”, apuntó.

 

 

Un juez de procesos penales federales con residencia en Toluca, estado de México, dictó auto de formal prisión al capitán José Martínez Crespo, como presunto responsable de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud.  Las autoridades lo relacionan en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

El juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó elementos suficientes para que el militar enfrente proceso penal por dicho delito. 

Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Alejandro Encinas confirmó en su cuenta la noticia.  “El Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca dictó auto de formal prisión contra el capitán José Martínez Crespo por delincuencia organizada. La acusación es por presuntos vínculos con la organización Guerreros Unidos”. 

Martínez Crespo, quien ya pasó a situación de retiro, encabezó al grupo de militares que la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 acudió a la comandancia de Iguala, supuestamente al reclamar la motocicleta de un militar que realizaba labores de inteligencia cuando los normalistas eran atacados por integrantes a de la policía de ese municipio. 

El capitán fue detenido la semana pasada y tras su captura fue trasladado a una prisión militar para ser puesto a disposición del juez federal. La captura forma parte de los resultados de las nuevas líneas de investigación abiertas por la fiscalía especial para el Caso Iguala, en el que presuntamente se iniciarían procesos penales en contra de al menos tres militares que estarían relacionados con el cártel Guerreros Unidos, organización identificada como la responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

Ilustración del interior de una fábrica. Un obrero adolescente delante de una cinta transportadora rodeado de obreros adultos.
Ilustración del interior de una fábrica. Un obrero adolescente delante de una cinta transportadora rodeado de obreros adultos.CHRISTIE TIRADO PARA PROPUBLICA
 
 

Es un poco antes de las seis de la mañana y todavía está oscuro cuando García regresa a casa del trabajo esta mañana de octubre. El apartamento donde vive con su tío y su tía está en silencio. Ya se han ido a sus propios trabajos.

Después de nueve horas regando a alta presión maquinaria en una planta de procesamiento de alimentos, García está cansado y hambriento. Pero tiene menos de una hora para prepararse para ir a la escuela secundaria, donde es un estudiante de tercer año. Se ducha rápidamente, se viste, y recalienta restos de un caldo de pollo como la comida que él llama su cena. Entonces se bebe de un trago un poco de café, se lava los dientes y sale para alcanzar el autobús del colegio que espera cerca del límite del extenso complejo de apartamentos.

Aquí en el suburbio de Chicago conocido como Bensenville, y en lugares parecidos a lo largo de Estados Unidos, adolescentes guatemaltecos como García pasan sus días en clases aprendiendo inglés y álgebra y química. Durante la noche, mientras sus compañeros de clase duermen, ellos trabajan para pagar deudas a los coyotes que les ayudaron a cruzar y a sus patrocinadores, para contribuir en el pago de alquileres y facturas, para comprar provisiones y zapatos, y para mandar dinero a casa a los padres y hermanos que dejaron atrás.

Están entre las decenas de miles de jóvenes que han llegado a Estados Unidos durante los últimos años, algunos como menores no acompañados, otros junto a un padre, y fueron parte de una ola de migrantes centroamericanos solicitando asilo en el país.

En la zona de Urbana-Champaign, sede de la Universidad de Illinois, oficiales de uno de los distritos escolares dicen que niños y adolescentes reparan tejados, lavan platos y pintan apartamentos universitarios fuera del campus. En New Bedford, Massachusetts, un líder sindical guatemalteco de origen indígena ha escuchado quejas de trabajadores adultos en la industria de empacadoras de pescado que están perdiendo trabajos que van a jóvenes de 14 años. En Ohio, hay menores trabajando en peligrosas plantas de procesamiento de pollo.

ProPublica ha entrevistado a 15 menores y jóvenes adultos solo en Bensenville que dicen que trabajan o han trabajado siendo menores en más de dos docenas de fábricas y otras instalaciones en las afueras de Chicago, normalmente a través de agencias de empleo temporal, y casi todos en situaciones donde las leyes federales y estatales que regulan el trabajo de niños prohibirían explícitamente su contratación.

Aunque la mayoría de los menores entrevistados para este reportaje ahora han cumplido los 18 años, solo aceptaron hablar bajo la condición de no ser plenamente identificados y de no nombrar a sus empleadores porque temen perder sus trabajos, dañar sus casos de inmigración o enfrentarse a sanciones penales.

Algunos empezaron a trabajar cuando tenían tan solo 13 o 14 años, empacando los dulces que los estadounidenses encuentran al lado de la caja del supermercado, cortando las tajadas de carne cruda que acaban en sus congeladores, y cociendo, en hornos industriales, la pastelería que los se comen con el café. García, que ahora tiene 18 años, tenía 15 cuando consiguió su primer trabajo en una fábrica de piezas automotrices.

Como muchos obreros adultos, frecuentemente ni saben los nombres de las fábricas donde trabajan. Se refieren a ellas, en español, por el producto que fabrican o empacan u ordenan: los dulces, los metales, y las mangueras.

Los menores usan tarjetas de identidad falsas para conseguir los trabajos a través de agencias de empleo temporal que reclutan a inmigrantes y, a sabiendas o no, aceptan los documentos que les entregan. Trabajar el turno de noche permite a los jóvenes asistir al colegio durante el día. Pero es un sacrificio brutal: se quedan dormidos en clase; muchos, a la larga, abandonan los estudios. Y algunos, como García, se lesionan. Sus cuerpos muestran las cicatrices de cortes y otras lesiones de trabajo.

Activistas laborales dicen que hace tiempo que escuchan rumores sobre el trabajo infantil, pero cuando intentan indagar más, nadie quiere hablar. Obreros adultos en algunas fábricas dicen que encuentran de forma rutinaria a niños cuando hacen sus turnos. Y maestros de colegios dicen que han tenido estudiantes que se lesionaron en el trabajo y no pidieron ayuda porque tenían demasiado miedo a meterse en problemas.

Mientras tanto, las agencias gubernamentales con la misión de hacer cumplir las leyes sobre el trabajo infantil no van buscando infracciones, aunque algunos funcionarios dicen que no les sorprende escuchar lo que está pasando. En lugar de eso, esas agencias esperan que las quejas lleguen a ellas, y casi nunca llegan.

Las empresas se benefician del silencio. Es un secreto a voces que nadie quiere revelar, menos que nadie los menores que trabajan.

Las sombras de adolescentes guatemaltecos mientras posan para una foto de grupo durante un reciente partido de fútbol de fin de semana.
Las sombras de adolescentes guatemaltecos mientras posan para una foto de grupo durante un reciente partido de fútbol de fin de semana.SEBASTIÁN HIDALGO PARA PROPUBLICA

Antes de desaparecer dentro de atestadas líneas de ensamblaje, los jóvenes inmigrantes guatemaltecos de Bensenville llegaron a Estados Unidos como parte de una nueva ola de jóvenes centroamericanos en busca de asilo que han captado el interés de la nación en años recientes.

Muchos de ellos pasaron por la red federal de albergues para menores inmigrantes no acompañados que fueron objeto de escrutinio en 2018 durante la política de la Administración Trump de separar a los niños de sus padres. Mientras esperaban semanas o meses para ser puestos bajo la tutela de sus custodios o patrocinadores, se sentían cada vez más ansiosos por sus crecientes deudas de inmigración, desesperados por salir y poder trabajar para que sus familias en sus países de origen no sufrieran las consecuencias del incumplimiento de un préstamo.

“Honestamente, creo que casi todo el mundo en el sistema sabe que la mayoría de los jóvenes vienen a trabajar y mandar dinero a casa”, dice Maria Woltjen, directora ejecutiva y fundadora del Young Center for Immigrant Children’s Rights (Centro Young por los Derechos de los Niños Inmigrantes), una organización nacional que aboga en los tribunales por los niños inmigrantes. “Quieren ayudar a sus padres”.

Pero, ya vivieran en un albergue en Florida, California o Illinois, los menores escucharon advertencias parecidas del personal de los centros: tenían que matricularse en un colegio y no meterse en líos. Los jueces de inmigración que iban a decidir sus casos, según dijeron a los jóvenes, no querían ni oír hablar de que estuvieran trabajando.

“En la casa hogar, te preguntan: ‘¿Con quien vas a vivir? ¿Él te va mantener?”, dice un joven de 19 años que pasó casi seis meses en un albergue de New York antes de que una amiga de la familia en Bensenville aceptó acogerle. “Y tú dices que sí. ¿Él se va hacer cargo de ti? Sí. ¿Él te va llevar a la escuela? Sí”.

García también había escuchado esto en el centro de Arizona donde pasó como seis semanas después de dejarse detener por agentes en la frontera de Estados Unidos y México. Sabía que no le estaba permitido trabajar, pero también sabía que no tenía opción. “No tenía a nadie aquí que me pudiera mantener”, cuenta.

Tenía 15 años y tenía deudas para pagar, empezando con los aproximadamente 3.000 dólares que debía al coyote que le había guiado a través de México desde Guatemala. Para financiar el viaje, sus padres habían pedido un préstamo bancario, usando su casa como aval. Si no pagaba la deuda, su familia podría perder su hogar.

García hizo la travesía al norte en la primavera del 2018 para escapar de las pandillas y la pobreza de Huehuetenango, la capital del Estado del mismo nombre en el oeste.

Un muchacho delgado y tímido de sonrisa fácil, a García no le gustaba imaginar su futuro en Guatemala. Otros chicos de su edad ya habían dejado el colegio, incapaces de pagar las cuotas, y trabajaban a tiempo completo. Aún si García terminara la secundaria, era probable que acabaría trabajando en la construcción para el resto de su vida, como su padre. Durante los fines de semana y las vacaciones escolares, tenía un trabajo como ayudante de albañil. Podía ganar alrededor de 350 quetzales, (alrededor de $45 de hoy día), por seis días de trabajo. No era mucho, pero normalmente era lo suficiente para cubrir las cuotas del colegio y los libros. Sus padres no siempre podían permitirse ayudarle.

“Se siente uno culpable,” dijo su madre, Juana, una cocinera de restaurante en Huehuetenango que plancha y lava ropa en su tiempo libre para ganar dinero adicional. “Dice uno, ‘Ojalá pudiera yo conseguir un buen trabajo donde me paguen bastante, para poder cumplirle los sueños a mis hijos, para que culminen sus estudios en la carrera que quieran.’ Pero por más que uno haga, no logra ganar lo suficiente para sacarlos adelante.”

Durante años, niños y familias han huido del altiplano empobrecido de Guatemala mientras corría la voz de que era fácil para menores—o adultos acompañados por un niño—entrar en Estados Unidos y pedir asilo. Desde 2012 hasta el año pasado, el número de guatemaltecos detenidos en la frontera saltó de 34.000 a más de 264.000, según informes federales. De los detenidos el año pasado, aproximadamente el 80% eran familias o niños viajando solos.

Los otros jóvenes que se establecieron finalmente en Bensenville se fueron por todo tipo de razones: uno dice que su padre le pegaba cuando bebía, quemó su mano con el motor caliente de una motocicleta, y después le echó de casa; otro asegura que temía ser agredido físicamente por ser gay; otros cuentan que vinieron para reunirse con padres que habían emigrado años antes.

Para García, emigrar representaba la posibilidad de amparo, de un diploma de secundaria, y quizás hasta de ir a la universidad y estudiar para ser arquitecto, todo mientras podía seguir ganando dólares para mandar a casa a su familia. Le dijo a sus padres que quería venir. Su madre imploró a García, el más joven de tres hijos, que no se fuera de su lado. Pero su padre, que había pasado algún tiempo en EE UU cuando García era mucho más joven, dijo que podía irse.

El viaje puede ser traumático, hasta violento. Pero García llegó ileso, viajando en autobuses y caminando largos trechos en México. Días después de entregarse a agentes en la frontera, llegó al albergue de Phoenix donde los empleados verificaron su relación con una tía materna en Bensenville quien había acordado acogerle. A través de García, su tía declinó hablar con ProPublica para este reportaje.

Los tutores tienen la obligación de garantizar que pueden cuidar a los niños, lo que incluye proporcionar apoyo financiero y una situación de vivienda apropiada, según la oficina federal de reubicación de refugiados (Office of Refugee Resettlement, en inglés), que administra el programa de albergues. Por regla general, pagan el costo de los viajes de los menores desde los albergues hasta sus casas. Y no se les permite exigir a un niño que trabaje para pagar la deuda de él o su familia o que pague por habitación y comida.

El personal de los albergues tiene la obligación de llamar para controlar la situación de los niños 30 días después de su liberación y asegurarse de que todavía viven con sus tutores, están seguros, están matriculados en un colegio, y están al tanto de las fechas de sus futuras comparecencias en las cortes de inmigración. El seguimiento normalmente termina ahí.

Pero los tutores, especialmente aquellos que no son familia inmediata, frecuentemente piden a los menores que paguen por los costos del viaje, y también por una parte del alquiler y otras facturas. Algunas veces cobran una contribución adicional que puede llegar a 500 dólares o más. Para los menores, es un intercambio justo: pueden ver que sus parientes apenas van tirando, muchas veces viviendo en lugares reducidos y trabajando en múltiples empleos.

La tía de García, que había emigrado años antes con su familia, era reacia a hospedarle. “Aquí es demasiado duro”, recuerda Juana la explicación que le dio su hermana. “Tenemos que luchar bastante. Tenemos que enfrentarnos a muchas cosas. Él está muy pequeño”. Pero ante la insistencia de García, su madre pidió otra vez. “No tengo a quien más acudir sino a ti”, imploró. “Ayúdanos para que él pueda estar allá y estar con nuestra propia familia”.

Finalmente, su hermana cedió, pero dejó claro que no podía permitirse alimentar otra boca. Sus propios envíos de dinero ya mantenían a la abuela de García en su país. Si venía, García tendría que trabajar para pagar su parte de los gastos. Él inmediatamente aceptó el trato.

Ilustración de tornillos y tuercas.
Ilustración de tornillos y tuercas.GABY HURTADO-RAMOS PARA PROPUBLICA

A los pocos días de su llegada, García acompañó a sus tíos a la fábrica donde trabajaban haciendo piezas automotrices. Fue contratado para un turno de seis de la tarde a seis de la mañana limpiando tornillos y tuercas recién fabricadas con una pistola de aire. Los obreros usaban gafas de seguridad para protegerse de las esquirlas de metal que saltaban contra sus caras. Era un trabajo sucio. “No me gustó, trabajar así con mucho aceite”, recuerda García. “Y siempre era peligroso”.

García no era directamente contratado por la fábrica. En vez de eso, consiguió el empleo a través de una “oficina”, la palabra que inmigrantes hispanohablantes usan para describir las docenas de agencias de trabajo temporal que emplean a miles de obreros en Illinois. En algunos casos, los menores entrevistados por ProPublica —todos varones menos uno— dicen que ni conocen el nombre de la agencia de contratación que les emplea; es simplemente el sitio donde alguien les dijo que podían encontrar trabajo.

En décadas recientes, las fábricas americanas han intensificado su giro hacia agencias temporales de empleo para cubrir sus puestos de trabajo. Las agencias ofrecen flexibilidad en el empleo y pueden ayudar a las empresas a escudarse contra asuntos legales relacionados con el estatus migratorio dudoso de algunos empleados o reclamaciones de compensación laboral porque las agencias son el empleador directo. ProPublica ha reportado ampliamente sobre lesiones y explotación vinculadas al trabajo temporal. Algunas agencias activamente reclutan a inmigrantes; durante los últimos meses, al menos dos agencias temporales llenaron el césped del complejo de apartamentos en Bensenville con carteles promocionando empleos, incluido uno que ofrecía una bonificación de 200 dólares después de cuatro semanas de trabajo.

Según las versiones de los menores, la edad raramente surge como tema cuando intentan conseguir empleos.

Ramos tenía 14 años y acababa de terminar el octavo grado cuando consiguió su primer trabajo en el verano de 2018. No sentía la misma presión que algunos de los otros jóvenes del complejo residencial para pagar deudas de migración o ayudar con el alquiler. Esto era porque había venido con su madre y hermanos menores en el otoño pasado para juntarse con su padre, que había inmigrado a los Estados Unidos años antes.

Pero por la noche, Ramos veía a su padre volver a casa del trabajo exhausto después de turnos consecutivos en dos fábricas. “Los fines de semana estaba cansado. Siempre estaba durmiendo”, dice Ramos, un joven flaco con el pelo rizado. “Le dije que quería ayudar. Decía: ‘No, mejor estudia’. Pero yo siempre estuve insistiendo”.

Una tarde mientras caminaba a casa desde la parada del autobús después de las clases del colegio de verano, Ramos recibió una llamada de otro chico que vivía en el complejo avisándole de puestos vacantes en una planta de empacamiento de dulces. “Me vine corriendo y le dije a mi mamá”, recuerda. “Mi mamá dijo que estaba bien. Luego me preparó algo de lonche”.

En menos de una hora, Ramos estaba aprendiendo los protocolos para lavar las manos y llevar la redecilla del pelo en la planta. Empezó a trabajar aquel mismo día, agarrando cajas de dulces ácidos empaquetados mientras pasaban velozmente por la línea de ensamblaje, y amontonándolas en palés de madera.

Nadie le pidió la edad, dice. “Me dijeron que si andaba estudiando”, recuerda Ramos. “Les dije que sí. Y me dijeron: ‘Oh, está bien”.

Solo dos de los 15 jóvenes entrevistados para este artículo aseguran que su edad había sido un obstáculo en sus intentos de ser contratados, e incluso ellos finalmente encontraron empleos.

Un menor cuenta que una prima mayor le llevó a la oficina de una agencia temporal poco después de su llegada de Guatemala en 2014. Tenía 15 años, pero su tarjeta de identidad decía que tenía 21. El personal de la agencia no le creía. Su prima intervino e imploró: “Tú sabes para qué nosotros vinimos a este país, no para darnos lujos sino para trabajar”. La agencia, dice el menor, le consiguió un empleo en una fábrica.

Otro adolescente, Miguel, también tenía 15 años cuando intentó conseguir un trabajo con una tarjeta de identidad que decía que tenía 19. Señala que los empleados de la agencia se burlaron de él: “Casi no lo dejaban a uno trabajar por la estatura. Miraban la carita de niño que uno tenía. Decían, no, tú no puedes trabajar”.

Decepcionado, Miguel volvió al complejo y le contó a un amigo lo que había pasado. El chico, que tenía 14, dijo que había vacantes en la empresa de reciclaje de metal donde él trabajaba con su madre. Días después, Miguel tenía un empleo allí.

Ilustración de una escena de fábrica. Un supervisor revisa el documento de identidad de un obrero adolescente.
Ilustración de una escena de fábrica. Un supervisor revisa el documento de identidad de un obrero adolescente.ILUSTRACIÓN DE UN ESTUDIANTE ESCRIBIENDO SOBRE UN PUPITRE EN CLASE, UNA MANO VENDADA DESCANSA SOBRE SU PIERNA.GABY HURTADO-RAMOS PARA PROPUBLICA

A su edad, Miguel tendría que haber estado en la escuela, aunque en realidad no se matricularía hasta algunos meses más tarde. La ley federal limita el trabajo de menores de su edad a un máximo de tres horas en días de escuela y ocho horas los sábados o domingos, y prohíbe que trabajen turnos de noche. También hay límites estrictos del tipo de trabajo que chicos de 14 o 15 años pueden ejercer; el empleo en una planta de reciclaje de metal no se permite, por ejemplo. Pero allí estaba él, haciendo turnos de noche de 12 horas, frecuentemente seis días a la semana.

Mark Denzler, presidente y director ejecutivo de la asociación de fabricantes de Illinois (Illinois Manufacturers’ Association), afirma en una declaración escrita que las agencias de empleo son consideradas como el empleador oficial y “están obligadas por ley a revisar correctamente a los aspirantes, incluyendo la verificación para empleo”. Denzler agrega que su grupo “exhorta enérgicamente a todos los fabricantes y empleadores a cumplir con todas las leyes federales y estatales especialmente en lo que concierne a las leyes de trabajo infantil”. “No consentimos las infracciones de estas leyes”, zanja.

Dan Shomon, un lobista para la asociación de servicios de personal de Illinois (Staffing Services Association of Illinois), que representa a algunas agencias de empleo, declinó hablar de cómo las agencias garantizan que sus trabajadores no son menores de la edad legal, pero dice que las compañías con las cuales él trabaja “cumplen con docenas y cientos” de reglamentos federales y estatales.

“Nuestra meta como asociación es hacer que la gente trabaje y tratar a la gente bien porque esto nos hace buenos empleadores y necesitamos conseguir gente todo el tiempo”, defiende, “así que no nos beneficia ser un empleador de pacotilla sino un buen empleador”.

Miguel no tuvo quejas de la planta de reciclaje de metales; agradecía tener el empleo. Pero era un trabajo difícil, que implicaba frotar trozos de metal con químicos de limpieza calientes. A veces, los químicos le salpicaban y quemaban sus antebrazos. Asegura que se acostumbró. “Cada día llegan diferentes piezas”, detalla Miguel, que ahora tiene 18 años y está en último año de secundaria. “Uno lo tiene que limpiar bien, tallarlo con esponjas bien talladitos. El jefe regaña mucho si sale mal… tardé como una semana nomás para agarrarle”.

Hasta este verano, cuando se mudaron a una casa alquilada más grande, Miguel y su padre vivieron durante casi tres años en un apartamento de dos cuartos en el complejo de Bensenville con 11 parientes y amigos de la familia. Miguel y su padre dormían sobre mantas en el suelo del salón, al lado de dos hombres y sus hijos pequeños. A veces, Miguel se despertaba y veía cucarachas pasar corriendo.

“La verdad fue malo ver también a los niños allí, durmiendo en el suelo”, lamenta Miguel, un adolescente tranquilo con un piercing en la oreja, tatuajes y sueños de llegar a ser jugador de fútbol profesional. “Yo pensé que estoy grande, yo me debo acostumbrar a dormir en el suelo. Pero no ellos”.

Mientras su padre se encargaba del alquiler y otras facturas, Miguel mandaba la mayor parte de sus ganancias semanales de casi 600 dólares a su madre y tres hermanas en Guatemala. Pensaba sobre todo en su hermana más pequeña, que solo tiene seis años, cuando enviaba el dinero.

“Mi hermanita pequeña, quiero que ella vaya a la escuela, que tenga su carrera”, dice, “que no pase por lo que yo he pasado”.

Ilustración de tres escenas de fábrica. Cada escena muestra un par de manos trabajando. Izquierda: metal; medio: cargando una bandeja de dulces; derecha: empacando carne.
Ilustración de tres escenas de fábrica. Cada escena muestra un par de manos trabajando. Izquierda: metal; medio: cargando una bandeja de dulces; derecha: empacando carne.GABY HURTADO-RAMOS PARA PROPUBLICA

Un cúmulo de edificios de ladrillo de tres plantas escondidos detrás de un parque industrial y un campo de golf, el complejo de apartamentos en Bensenville alberga tanta gente de la misma región de Guatemala que algunos residentes lo llaman “Pequeño Huehue,” por Huehuetenango.

Olas de inmigrantes se han juntado con amigos y parientes quienes les dijeron que era un sitio conveniente para encontrar trabajo en fábricas y almacenes. A unas pocas cuadras se asienta un pequeño centro comercial con un restaurante guatemalteco, tiendas que ofrecen servicios de cambio de moneda y envío de paquetes, y una agencia de empleo temporal.

Pero el mundo casi hermético del complejo de apartamentos nutre a un distrito escolar en Elmhurst, un municipio más próspero justo al sur de Bensenville. La Escuela Secundaria Comunitaria York puede ser un choque cultural para los adolescentes; casi tres cuartos de los estudiantes son blancos y solo el 5% estudia inglés como segunda lengua.

Miguel y los otros se perdían en el inmenso edificio de ladrillo, diferente a cualquier cosa que hubieran visto en su tierra. Y a diferencia del complejo de apartamentos o las fábricas donde casi todo el mundo habla español, aquí les costaba entender lo que se decía en inglés. Se mantenían juntos, raramente interactuando con los estudiantes blancos no latinos con quienes tenían pocas clases, y ni siquiera con otros estudiantes latinos más americanizados.

De alguna forma, Miguel es uno de los estudiantes guatemaltecos afortunados en York porque su padre le puede apoyar financieramente, lo que le permite trabajar menos turnos, o turnos más cortos, durante el año escolar para enfocarse en sus estudios y hasta jugar en el equipo de fútbol. Este otoño dejó de trabajar para intentar mejorar sus notas. Pero ha habido periodos en los que tuvo que dar prioridad al trabajo.

Dejó de asistir a clases por varias semanas el año pasado cuando pensó que su madre podría necesitar atención médica cara en Guatemala, y otra vez cuando su padre fue brevemente detenido por el servicio de inmigración. En esos tiempos, trabajó turnos consecutivos para ganar dinero adicional, explica.

Algo parecido le pasó a Ramos. Esta primavera, cuando la pandemia del coronavirus cerró la fábrica donde trabajaba su padre, Ramos se convirtió en el único sostén de la familia durante algunos meses, trabajando en una empresa que envasaba carne. Cuando empezó el colegio de nuevo en el otoño, pasó a un turno de tiempo parcial en una planta que empaca libros; su hermana de 15 años recién cumplidos se unió a él.

Su madre, Lucy, agradece el dinero que ganan, pero les recuerda que quiere que tengan una educación. Cuando era una niña creciendo en Guatemala, no pudo ir al colegio porque tenía que trabajar en el campo. Sus hijos ahora le están enseñando a escribir su nombre y los números. “Son mis tesoros”, dice Lucy. “Quiero que estudien para que salgan adelante”.

García, sin embargo, siempre ha tenido que priorizar el trabajo porque tiene que mantenerse a sí mismo. Después de un mes en la fábrica de piezas automotrices, encontró un nuevo trabajo lavando la maquinaria de procesar alimentos donde podía hacer un turno más corto, normalmente de ocho de la noche a 5.30 de la mañana. Pero una vez que se matriculó en la escuela, dormía solo tres o quizás cuatro horas cada tarde.

No lograba mantenerse despierto en clase. La mayoría de los maestros fueron comprensivos, pero las reprimendas de una de las maestras todavía le molestan. García intentó explicar a su maestra en su limitado inglés por qué estaba tan cansado. “Eso no es mi problema”, la recuerda diciendo. “No sé por qué trabajan y no estudian”.

Encontrar la forma de responder a las necesidades de estos estudiantes ha sido un desafío, asegura Lorenzo Rubio, que dirige el departamento de Idiomas del Mundo de York. Y no es solo porque los estudiantes están agotados; muchos tienen lagunas importantes en su educación, lo que significa que están retrasados respecto a sus compañeros en temas básicos como matemáticas y ciencia.

Cuando Rubio empezó su carrera docente en York hace nueve años, había solo una estudiante guatemalteca recién llegado al programa de aprendizaje de inglés (EL, por sus siglas en inglés), recuerda. A medida que aumentaba la inmigración de América Central, el número de estudiantes guatemaltecos en York subía “a ocho, después 15, después 30”, afirma Rubio. El año escolar pasado, hubo 79 estudiantes nacidos en Guatemala matriculados en York, según los registros estatales.

Lorenzo Rubio, director del departamento de idiomas del mundo en la Escuela Secundaria Comunitaria York.
Lorenzo Rubio, director del departamento de idiomas del mundo en la Escuela Secundaria Comunitaria York.SEBASTIÁN HIDALGO PARA PROPUBLICA

Como respuesta a la afluencia, York expandió su programa EL y contrató a más maestros, incluidos algunos que enseñan cursos opcionales muy solicitados, como mecánica automotriz. Esto facilita a los estudiantes guatemaltecos poder tomar una mayor variedad de clases y conocer a estudiantes fuera del programa.

Sin embargo, solo 57% de los estudiantes que estudian inglés en York se gradúan en cuatro años, según archivos estatales del año escolar 2018-2019. La parte más difícil para York es responder a las necesidades de los estudiantes que trabajan turnos de noche, apunta Rubio.

Educadores en varios distritos escolares cercanos dicen que ellos, también, están adaptándose a una afluencia de centroamericanos recién llegados que trabajan turnos de noche en fábricas, restaurantes y hoteles. En la escuela secundaria Fenton, a unas millas de York, la mayoría de los aproximadamente 80 estudiantes que están aprendiendo inglés son de Guatemala y acaso la mitad trabajan en fábricas, señala Michelle Rodríguez, quien coordina el programa de inglés como segunda lengua.

Ahora que su colegio ha pasado a la enseñanza a distancia en respuesta a la pandemia del coronavirus, Rodríguez ve que los estudiantes algunas veces acceden al sistema de aprendizaje virtual desde las salas de descanso de las fábricas. Dice que está siendo difícil mantenerles involucrados en línea. Pero incluso antes de la pandemia, sabía que muchos estudiantes tenían la tentación de dejar el colegio para trabajar a tiempo completo. “Tenemos, digamos, tres años con el estudiante”, explica. “Intentemos en esos tres años darles la mejor educación que podamos”.

Los adolescentes pueden ser reacios a hablar del trabajo, aun con los adultos del colegio en quienes confían. Becky Morales, una maestra de EL en York, es uno de esos adultos. Cuando se hacían clases presenciales antes de la pandemia, permitía a los estudiantes tomar siestas durante la hora del almuerzo si se mantenían despiertos durante matemáticas o ciencia. “Si no tienes los básicos de comida y de sueño y de ser amado”, defiende, “no vas a ser capaz de aprender nada”. (Las clases se han hecho en persona de forma intermitente durante este año escolar debido a la pandemia).

Por casualidad un día del invierno pasado, notó que la mano de García estaba hinchada, envuelta en gasa y embadurnada de sangre seca. Morales sacó a García a un lado y él le explicó lo que había pasado. En medio de su turno la noche anterior, dijo, se había cortado el nudillo de su mano izquierda con la manguera de alta presión que usaba para limpiar maquinarias. Un chorro fuerte de agua hirió su mano, rompiendo el guante de goma y cortando la piel. Él creía que podía ver el hueso.

Dijo que fue a un supervisor y pidió que le llevaran a una clínica. El supervisor le preguntó si tenía “el seguro bueno”, o sea, el permiso para trabajar legalmente. “Y eso no lo tenía”, dice García. “Entonces ya no me llevaron”.

En la escuela, Morales encontró un botiquín de primeros auxilios, le limpió la mano y le dijo que fuera a la enfermería. Cuando la enfermera le preguntó qué le había pasado, García dijo que se había cortado con un cuchillo de cocina. La enfermera le dijo que la herida era demasiado profunda para ser de un cuchillo, y preguntó otra vez, explica García. “Después hice como que ya no le estaba entendiendo. Como me estaba hablando en inglés, hice como no le estaba entendiendo”.

Ilustración de un estudiante escribiendo sobre un pupitre en clase, una mano vendada descansa sobre su pierna.
Ilustración de un estudiante escribiendo sobre un pupitre en clase, una mano vendada descansa sobre su pierna.GABY HURTADO-RAMOS PARA PROPUBLICA

Temió que si admitía que se había lesionado en el trabajo, tendría problemas por usar una tarjeta de identidad falsa o que su tía iría a la cárcel por permitirle hacerlo. García nunca buscó atención médica adicional. Casi un año después, dice que todavía siente el hueso dislocado.

Otros tres adolescentes entrevistados por ProPublica cuentan que sufrieron lesiones en el trabajo. Dos de ellos ya tenían 18 años cuando se hicieron daño, aunque ambos habían trabajado desde los 16 en empleos que, bajo la ley federal, les tendrían que haber sido vetados porque son considerados peligrosos. Uno se fracturó el talón cuando la máquina elevadora que estaba manejando se deslizó sobre su pie en una empacadora de carne. El otro se cortó el pulgar con un cuchillo en una empacadora; un supervisor le llevó a un centro de atención médica primaria para que le dieran puntos.

Miguel se cortó la palma de su mano izquierda con un trozo afilado de metal en la planta de reciclaje durante un turno este año, cuando tenía 17 años. La herida era profunda, como dos pulgadas de largo. Tuvo miedo, pero no se lo contó a nadie. Más tarde, cuando volvió a casa, se lavó la herida y la vendó. Al día siguiente, llevó mangas largas al trabajo para esconder su mano lesionada y así evitar que alguien le hiciera preguntas. “Mejor no dije nada”, relata.

A diferencia de los casos donde se sospecha abuso de niños, los funcionarios laborales del Estado aseguran que no conocen ningún requerimiento que obligue a denunciar por infracciones sobre trabajo infantil. Cuando se le pregunta si había considerado denunciar el incidente de García a las autoridades, Morales vacila. Es un asunto sobre el que ha pensado mucho.

“Es muy duro. ¿A quién se supone que tengo que informar? Ni siquiera sé”, dice. “Sabemos que lo hacen para poder mantenerse. Si fuera a un estudiante y le dijera ‘tienes que dejar de trabajar porque es peligroso’, probablemente dejaría la escuela y seguiría trabajando”.

“Digamos que pongo una denuncia al Estado de Illinois… entonces todos estos chicos podrían perder sus trabajos. ¿Entonces qué pasa? Siento como que les pondría en una situación peor”.

Becky Morales, una maestra de EL en la escuela York, durante un partido
de fútbol estudiantil de fin de semana.
Becky Morales, una maestra de EL en la escuela York, durante un partido de fútbol estudiantil de fin de semana.SEBASTIÁN HIDALGO PARA PROPUBLICA

En general, los departamentos de Trabajo son sistemas basados en denuncias. Si nadie se queja, rara vez se hace una investigación proactiva o se vigila su cumplimiento.

Archivos federales muestran que ha habido sanciones por trabajo infantil contra solo una fábrica de Illinois en los últimos cinco años, y ninguna relacionada con agencias temporales. Y no se ha hecho ninguna denuncia de este tipo al Departamento de Trabajo de Illinois durante el mismo periodo.

El Departamento de Trabajo estatal hace controles aleatorios de las nóminas de los empleadores y otros documentos, pero es poco probable que se descubra infracciones de trabajo infantil porque los controles se basan en papeleo, y los menores normalmente usan tarjetas de identidad falsas. Oficiales del departamento dicen que se reúnen de forma rutinaria con organizaciones de la comunidad y activistas laborales que tienen relaciones de más confianza con obreros vulnerables para averiguar si hay otros asuntos sistémicos que no se están denunciando. Pero el tema del trabajo infantil en agencias temporales o fábricas no ha surgido en estas conversaciones, apunta Yolanda Carrillo, la consejera general del Departamento de Trabajo estatal.

Ella y otros funcionarios del Estado dijeron que tomarían medidas si supieran dónde buscar. “Si no sabes dónde está pasando, a quien está pasando, en qué lugar empezar tu investigación, es difícil enfrentarse al tema de forma integral”, dice Carrillo. “Y no es por falta de voluntad”.

De forma parecida, el fiscal general Kwame Raoul del Estado de Illinois, cuya agencia tiene una oficina de derechos en el lugar de trabajo y ha puesto denuncias civiles contra agencias temporales en años recientes, dice en una declaración escrita que su agencia está dispuesta a “actuar sin demora” en concierto con otras agencias para asegurar la integridad física de niños y el cumplimento de leyes de trabajo infantil. Pero ellos tampoco han recibido una sola denuncia.

Una posible razón que explica la falta de atención al asunto es que los jóvenes guatemaltecos vinieron a este país recientemente y están desconectados de las organizaciones que sirven tradicionalmente a inmigrantes hispanohablantes, la mayoría de los cuales son mexicanos. Los guatemaltecos que hablan de forma primaria una de los muchas lenguas indígenas maya están todavía más aislados.

Sin embargo, a Carrillo —y a casi todos los activistas laborales, académicos, oficiales consulares, abogados de inmigración y otros entrevistados para este reportaje— no les sorprende conocer las experiencias de los jóvenes guatemaltecos. Antes de entrar en el Departamento de Trabajo el año pasado, Carrillo había trabajado para organizaciones legales que atienden a obreros de bajo sueldo, incluidos inmigrantes, sobre asuntos laborales.

“No me asombra”, asegura. “El problema es que la gente no comparte. Usted [como reportera] puede entrar en una conversación y conseguir que la gente comparta información… No digo que sea imposible, pero es mucho más difícil para una agencia entrar y lograr que la gente comparta información”.

Pero ha habido pistas en años recientes sobre niños y adolescentes que trabajan en fábricas de las afueras de Chicago.

Un adolescente caminando desde su trabajo en la fábrica de noche a la escuela en la mañana.
Un adolescente caminando desde su trabajo en la fábrica de noche a la escuela en la mañana.ILUSTRACIÓN DE UN ESTUDIANTE ESCRIBIENDO SOBRE UN PUPITRE EN CLASE, UNA MANO VENDADA DESCANSA SOBRE SU PIERNA.GABY HURTADO-RAMOS PARA PROPUBLICA

El mes pasado, la oficina del fiscal federal de Chicago denunció a una pareja guatemalteca en Aurora, otro suburbio al oeste, por trabajos forzados por presuntamente haber obligado a una adolescente, de 16 o 17 años, a trabajar para pagar deudas del viaje, según la denuncia. Al menos uno de los empleos era en una fábrica, fue obtenido a través de una agencia de empleo, y requería que la joven tuviera 18 años.

Y en un caso que generó alguna atención pública el año pasado, las autoridades encontraron a una guatemalteca de 15 años trabajando por medio de una agencia de empleo en una planta de procesamiento de comida rápida en Romeoville, en las afueras del sudoeste. Era una de más de dos docenas de personas que vivían en la casa de una mujer con quien supuestamente tenían deudas de inmigración, además de alquiler y otras expensas. La mujer se ha declarado culpable de una de las acusaciones por trabajo forzado, además de otros cargos, y está esperando su sentencia.

En ningún caso las autoridades presentaron cargos criminales contra las agencias de trabajo que empleaban a los menores en las fábricas que, sabiéndolo o no, se beneficiaban de su trabajo. Un portavoz de la oficina del fiscal federal declina hacer comentarios mientras los casos permanezcan abiertos.

Estos casos se enfocaron en los individuos involucrados y no en el sistema más amplio que permite el uso de trabajo infantil. La política es parecida cuando los departamentos de Trabajo hacen investigaciones proactivas de trabajo infantil, precisa Janice Fine, una profesora de asuntos laborales e investigadora en Rutgers, quien hizo un sondeo reciente en los departamentos de trabajo estatales acerca de cómo vigilan el cumplimiento de las leyes laborales (Illinois no fue parte del sondeo).

La estrategia que se emplea normalmente para responder al trabajo infantil—investigadores haciendo redadas en comercios donde es probable que se emplee a menores, como las ferias veraniegas, o restaurantes— no es una solución eficaz a largo plazo, sostiene.

“No están pensando ‘¿qué impulsa el trabajo infantil y cómo podemos enfrentarlo de forma sistemática para determinar en esta industria qué es lo que lo impulsa, quiénes son los actores claves, quiénes son los empleadores claves y de qué tipo de esquemas de empleo están aprovechándose para incurrir en este tipo de actividad?”, relfexiona Fine. “La cuestión de cómo se convierte de verdad en un cambio estructural a largo plazo no es lo que están intentando solucionar”.

El problema es más grande que el asunto de hacer cumplir la ley; es un reflejo de la pobreza insuperable en los países que mandan migrantes de todas las edades aquí y de la fuerza de atracción de un mercado laboral americano ávido por contratarlos.

“En resumidas cuentas, si interfieres con la situación, ese menor todavía va a trabajar”, dice Woltjen, del Centro Young. “Si algo pasa y teme que va a ser entregado a las autoridades, huirá y no va a volver a la escuela y todavía va a ir a trabajar”.

Durante los 17 años en que ha trabajado con menores inmigrantes no acompañados, ella y sus colegas han visto muchos jóvenes, desde chinos a centroamericanos, llegar a este país sintiendo un deber personal de trabajar para pagar sus deudas y enviar fondos a casa. “Están decididos a hacerlo”, señala.

Los jóvenes de Bensenville no se sienten explotados. No están pidiendo ser rescatados. Quieren seguir trabajando y ayudar a sus familias en Guatemala y contribuir en los hogares donde viven.

“Uno que es así, de países donde hay más pobreza, tiene la necesidad de trabajar para poder ayudar”, explica García. “No tiene uno la opción entre escoger solo estudiar y solo trabajar. Entonces siempre tenemos que estar trabajando y estudiando. Allá, hay otros menores que se salen de estudiar”.

Aquí, al menos, está recibiendo una educación, dice.

Billy A. Muñoz Miranda, cónsul general de Guatemala en Chicago, sabe lo que está pasando con sus jóvenes compatriotas en Bensenville y a lo largo del país. En una misión anterior como cónsul en California del sur, asegura, sabía de adolescentes que trabajaban turnos de noche en restaurantes y fábricas, y después se presentaban en la escuela solo para quedarse dormidos en las clases.

Como oficial consular, tiene la responsabilidad de proteger a los guatemaltecos aquí, y cree que los menores no deberían trabajar en fábricas, ganando sueldos mínimos, en condiciones a veces peligrosas. Pero nunca nadie se ha quejado al consulado de esta práctica, incluidos los menores y sus familias, afirma. “No lo ven como un crimen”, señala. “Lo ven como una fuente de ingresos.”

A nivel personal, admira lo duro que trabajan. “Gracias a su labor y trabajo y esfuerzos están dando estabilidad y paz social a Guatemala”, incide. “Y sin que lo sepamos, han sacrificado su niñez para esto”.

Adolescentes de Bensenville juegan a fútbol los fines de semana. Algunos vienen antes y después de sus turnos en las fábricas.
Adolescentes de Bensenville juegan a fútbol los fines de semana. Algunos vienen antes y después de sus turnos en las fábricas.SEBASTIÁN HIDALGO PARA PROPUBLICA

Cuando hablas con los jóvenes que viven en el complejo de apartamentos, suenan como adultos. Responsables. Pragmáticos. Estoicos. Pero hay momentos que hacen recordar que son todavía niños. Dicen que echan de menos a sus madres. Se entretienen con videojuegos en sus teléfonos celulares. Y, casi sin excepción, adoran el fútbol, el club de fútbol Barcelona, y la superestrella Lionel Messi.

Pocos de ellos pueden imaginarse jugando para el equipo de York; con la escuela y el trabajo, no tienen tiempo para actividades extracurriculares. Pero en una mañana fría y lluviosa de septiembre, una docena de ellos se juntaron para jugar un partido en un parque no lejos del complejo de apartamentos. Varios habían fichado al final de su turno en fábricas solo unas horas antes. Pero parecían llenos de energía. Se reían, bromeaban unos con otros, y se pasaban una pelota mientras hacían ejercicios de calentamiento.

Morales, la maestra de York, estaba en la línea de banda, mojada y tiritando. Empezó a organizar los partidos el otoño pasado para conectar con sus estudiantes y crear una oportunidad para que lo pasaran bien fuera del trabajo y la escuela. Les llama “mis hijitos,” y trae a sus propios hijos a los partidos o cuando visita el complejo para entregar provisiones de una despensa de comida comunitaria local. Durante los partidos, se esfuerza en llamar por el nombre de cada chico al menos una vez.

Los partidos reflejan los dos mundos que habitan los jóvenes, uno por el día y el otro por la noche. A veces, juegan contra hombres con quienes trabajan hombro con hombro en las fábricas. Otros días se enfrentan a un equipo de una escuela secundaria suburbana. Es incierto dónde aterrizarán al final; si al convertirse en adultos continuarán trabajando en las fábricas, o terminarán la escuela e irán a la universidad.

Varios de los adolescentes guatemaltecos dicen que les gustaría estudiar en la universidad algún día, aunque pocos tienen una idea clara de cómo esto podría suceder. Su futuro en este país es incierto. La mayoría ya han estado esperando durante años mientras sus casos de asilo evolucionan en un sistema de tribunales que está tremendamente obturado. Sus casos han experimentado demoras adicionales con las cambiantes prioridades federales, las jubilaciones de jueces, y ahora la pandemia del coronavirus. Saben que algún día pueden ser deportados.

A García no le gusta imaginar una vida de vuelta en Guatemala. “Allá es un poco más difícil la vida”, dice. “A veces hay trabajo y a veces no”.

El joven asegura que le gustaría ir a la universidad en Estados Unidos. Se ha sentido atraído por la arquitectura desde que era niño en Guatemala porque tiene un primo que hace este trabajo allí. “Sé dibujar y me gustan las matemáticas”. No sabe cómo pagaría la matrícula. Ha visto a amigos graduarse de la secundaria y decir que van a trabajar un par de años para ahorrar y matricularse en la universidad. “Creo que no muchos acaban”, dice. “Igual se quedan en una fábrica”.

García cuenta que preferiría intentar conseguir una beca, o alistarse en las Fuerzas Armadas o mejorar sus notas para poder acceder a las ayudas por mérito académico. Durante la mayoría de su tiempo aquí, su horario de trabajo ha hecho casi imposible aprender y mantener su enfoque en la clase, y sus notas han sufrido. Este año, dejó el empleo en la fábrica e intentó trabajar menos horas en un restaurante para tener más tiempo para dormir. Pero cuando irrumpió la pandemia esta primavera, el restaurante cerró. Al mismo tiempo, York hizo el cambio a enseñanza virtual y jornadas escolares más cortas. García no pudo aprovecharse del tiempo extra para estudiar; le hacía falta dinero.

Volvió al turno de noche.

Traducción por Carmen Méndez

Ilustración de una fábrica por la noche.
Ilustración de una fábrica por la noche.GABY HURTADO-RAMOS PARA PROPUBLICA

Este reportaje fue producido por ProPublica, un medio independiente y sin fines de lucro, y ha sido copublicado en español por EL PAÍS.

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Cultura

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