México Libre, una organización creada por el ex presidente de México, Felipe Calderón (2006-2012) y Margarita Zavala, no obtuvo el registro como partido político por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) debido a que el 8.2% de sus ingresos no tenía claro el origen.

Sin embargo, el ex mandatario calificó esta acción en su cuenta de Twitter como una injusticia, pues asegura que la organización entregó todos los recibos y documentos que justificaban las donaciones que se hicieron a Libertad y Responsabilidad Democrática A.C (nombre oficial de la organización).

La organización realizó un video, compartido poco después por Felipe Calderón, en el que muestran diversas aportaciones y explican como se llevaron a cabo la recaudación de las mismas.

Las donaciones se habrían llevado a cabo por medio de un dispositivo de la aplicación Clip, el cual es utilizado para hacer transferencias bancarias. La organización asegura que para que la autoridad electoral pudiera identificar cada una de las transferencias bancarias le fueron entregados cuatro documentos.

El primero de ellos sería un recibo de aportaciones de simpatizantes en el que se estipulaba el nombre completo, dirección, RFC, clave de elector y los cuatro últimos números de la tarjeta bancaria del donante.

El Consejo General del INE le negó a la organización el registro como partido político con una votación final fue de 7 consejeros a favor y 4 consejeros en contra (Foto: Reuters/Ginnette Riquelme)El Consejo General del INE le negó a la organización el registro como partido político con una votación final fue de 7 consejeros a favor y 4 consejeros en contra (Foto: Reuters/Ginnette Riquelme)

Además habrían entregado la copia de credencial de elector, una carta bajo protesta en el que el donante firmaba que esa aportación era hecha con su consentimiento y un recibo de Clip donde quedó registrado el día, la hora y la localización en la que se hizo dicha aportación.

Finalmente, aseguran que ante la multa “injusta”, varios de los aportantes enviaron copia de la tarjeta bancaria y/o número de cuenta.

Anteriormente el INE anunció la multa de 2.3 millones de pesos a México Libre por irregularidades. Señaló que es por no presentar muestras de los servicios contratados, pero sí registrados al omitir los contratos, ni las credenciales de elector de los aportantes y recibir poco más de un millón de pesos de personas no identificadas.

El dictamen de Fiscalización del Consejo General del INE, consultado por El Universal, detalla que las irregularidades serán puestas a discusión y votación para determinar si se recibieron o no dichas aportaciones. Además de que podría darse vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE).

Las donaciones se habrían llevado a cabo por medio de un dispositivo de la aplicación Clip (Foto: Facebook@MexLibre)Las donaciones se habrían llevado a cabo por medio de un dispositivo de la aplicación Clip (Foto: Facebook@MexLibre)

De acuerdo con una declaración que personal de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE le dio al portal informativo Animal Político, México Libre habría recabado más de 1 millón de pesos a través de operaciones con una plataforma bancaria que se usa en establecimientos para realizar cobros con tarjetas de crédito y débito por medio de una terminal vinculada a smartphones o tabletas.

Con este dispositivo, los poseedores de la terminal únicamente pueden conocer los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, pero no el nombre de su titular, por lo cual el INE los consideró ilegales, pues le impide su trabajo de fiscalización.

El Consejo General del INE le negó a la organización el registro como partido político con una votación final fue de 7 consejeros a favor y 4 consejeros en contra, de acuerdo con los datos que compartió el INE a través de su Twitter oficial. 

“En virtud de que hay un 8.2% del ingreso en el que el INE no tiene claro su origen, decidí votar en contra del registro de la organización México Libre como partido político nacional”, escribió el Consejero Presidente Lorenzo Córdova.

Ángela López no encaja en el perfil de alguien que se salta las normas. Pero tiene una hija de 7 años con problemas respiratorios, y se ha visto entre los padres dispuestos a desafiar a las autoridades españolas y la orden de regresar a las escuelas.

Les preocupan unas medidas de seguridad que consideran mal financiadas en medio de una nueva oleada de contagios en el país. Temen que los alumnos contagiados puedan infectar a parientes con más riesgo de contraer el Covid-19, la enfermedad que provoca el virus. Y afirman que han invertido en computadoras y mejorar sus conexiones a internet para prepararse para las clases a distancia, incluso para enseñar ellos a sus hijos si fuera necesario. 

Muchos de los padres rebeldes, incluida López, también están dispuestos a plantarse ante la norma genérica de educación presencial para todos en España aunque eso suponga afrontar cargos por absentismo escolar, que puede conllevar de tres a seis meses de prisión.

La hija de López nació con un problema que la hace más propensa a sufrir episodios de espasmos bronquiales, que pueden causar dificultades respiratorias. Como el Covid-19 afecta al sistema respiratorio, López no quiere arriesgarse.

“Nos sentimos un poco desamparados y un poco ofendidos, la verdad. Te obligan un poco a cometer actos ilegales casi porque no dan alternativa”, dijo López, que vive en Madrid.

“Es una cuestión de estadística. Cuantos más casos hay o menos medidas se toman, pues más probabilidades consideras que hay de contagiarte”, señaló.

Más de medio millón de personas se han contagiado del virus en España, y al menos 29 mil 500 han muerto, aunque las estadísticas oficiales dejan fuera a muchos enfermos que fallecieron en marzo y abril sin llegar a hacerse la prueba.

Con una media de 229 casos por cada 100 mil habitantes en las últimas dos semanas, España tiene ahora la mayor tasa de contagios de Europa occidental. Lidera en su región lo que muchos expertos ya están llamando una segunda oleada de la pandemia, aunque el gobierno español insiste en que ahora identifica la mayoría de los casos porque hace más pruebas y mejor dirigidas.

Las autoridades también señalan que más de la mitad de los casos identificados no muestran síntomas, lo que explica por qué los hospitales que se vieron abrumados en el pico de la epidemia en primavera ven ahora menos pacientes con Covid-19.

Los últimos 365 días de la vida de María Elena Ríos Ortiz han sido lentos y dolorosos. Son los mismos desde que esta saxofonista mixteca sobrevivió a un intento de feminicidio que todavía la hace despertar cada mañana con miedo.

A un año del ataque con ácido que trastocó su vida, continúa a la espera de una justicia que no ha llegado completa, y cuyo camino ha sido espinoso, aunque reconoce que ha tenido aprendizaje y crecimiento personal.

María Elena se escucha tranquila al hablar con EL UNIVERSAL, vía telefónica, sobre la cotidianidad que ha tenido que aceptar ante el confinamiento por el Covid-19, que retrasó sus tratamientos. Actualmente se esfuerza por colaborar en algunas de las labores de su hogar.

Recuerda que hace un año, cuando el ácido afectó gran parte de su cuerpo, no podía moverse o caminar; sin embargo, ha encontrado en su familia la motivación para superar un día a la vez.

La justicia tarda

A pesar de ello, Malena insiste en que su tranquilidad no estará completa hasta que el quinto implicado en la tentativa de feminicidio que sufrió sea detenido y remitido ante las autoridades.

En abril pasado, el autor intelectual del primer ataque con ácido contra una mujer en Oaxaca se entregó a la justicia, y días después fue llevado ante el juez; el fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos, se comprometió a ejecutar todas las órdenes de aprehensión de los implicados.

María Elena dice que ha visto de manera remota las conferencias de la fiscalía en las que se asegura que hay pistas sobre el paradero del último de los agresores; además, señala que en redes sociales hay personas que afirman haberlo visto en la carretera y otros sitios públicos.

A ello se suma que la pandemia ha aletargado el proceso, apunta, pues los juzgados están cerrados. “Hay muchísimos procesos que están detenidos, pero sé que, por disposición oficial, las órdenes de aprehensión no se han detenido, pues están consideradas como actividades esenciales”, dice.

Desde la región Mixteca, donde hace más de seis meses se mantiene aislada, lamenta que haya cada vez más mujeres que padecen e, incluso, pierden la vida a causa de la violencia.

Un caso que resuena en su mente es el de Danna, la joven calcinada en Baja California, feminicidio al que el fiscal estatal justificó haciendo referencia a su cuerpo tatuado.

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“Cómo es posible que se criminalice a una mujer por los tatuajes que ella misma decidió hacer en su propio cuerpo... pero nada sucede con la impartición de justicia en los casos de las personas a las que nos dañan y nos ponen tatuajes que nosotros no consentimos. A mí me tatuaron y yo no lo pedí”, resalta.

Desde que su caso se dio a conocer a través de las páginas de EL UNIVERSAL, María Elena y su familia han alzado la voz para hacer valer su derecho a la justicia.

“A pesar de que se han ejecutado órdenes de captura, estamos preocupados. El proceso avanzó gracias a la presión mediática, porque nuestro sistema educativo no nos instruye sobre cómo actuar legalmente, y las instituciones encargadas de impartir justicia no procuran la reparación del daño como lo estipula la ley”, indica.

Este año, la vida de la familia Ríos Ortiz se transformó. Antes, la rutina estaba llena de trabajo y música, pero ahora es dolor, miedo y angustia. “Con todo lo que ha pasado, aún siento la responsabilidad de exigir justicia por mí y también por las mujeres y niños que viven o han vivido en círculos de violencia... para que se atrevan a denunciar lo que les han hecho”, sentencia la joven.

“Desgastante, vivir con desconfianza”

La fuerza para María Elena ha venido poco a poco. Algunos días son de recaída, de tristeza por ver las cicatrices en su cuerpo y sentir el dolor físico y emocional.

Ha pasado un año y cada mañana aún despierta asustada. En la cercanía de cumplirse un año de la agresión, recuerda que en esos días estaba en un curso de música y pendiente de sus tareas del día, cuando su vida cambió en menos de un minuto.

“Hoy te puedo decir que no puedo hacer un plan de vida, un proyecto, porque eso depende de que la ley no se vaya a torcer. Para mi familia es muy desgastante salir con desconfianza, cuidarnos, [ver] hasta los retrovisores... vivir así es cansado y frustrante”, lamenta.

Las condiciones de la pandemia y el encierro pausaron la terapia física de Malena, pues el hospital donde las recibía se reconvirtió para atender a pacientes con coronavirus.

Aunque algunas consultas sí han podido suceder, el proceso de recuperación será más largo. Además, el estrés por el encierro y por el estado de su piel ha afectado su ánimo e inspiración en la música, actividad que había retomado. “Cuando estás triste, no hay inspiración”, dice.

María Elena está consciente de que el ataque no sólo cambió su vida, también la volvió más fuerte de carácter. Asegura que muchas mujeres al conocer su testimonio han alzado la voz, pero también, señala, tanto dependencias como funcionarias de todos los niveles se han acercado a ella para conocer el caso y “colgarse” de él.

“Desafortunadamente en México ser mujer pareciera ser una desgracia. No encontramos apoyo en las instituciones. Por ejemplo, en la Secretaría de la Mujer se han acercado a mí para decirme: ‘Aquí estamos’, pero no me queda claro para qué, porque no me han apoyado en nada.

“Hay diputadas que creen que por ponerse un sombrero y un huipil ya están ayudando, y que abiertamente se han colgado de mi caso diciendo que me están ayudando, pero ni siquiera me han llamado”, sentencia.

“Las organizaciones siempre han estado y siguen estando, me dan fuerza y me motivan. Me doy cuenta que no estoy sola”, afirma.

También recuerda que tras la agresión, el Congreso local tipificó las agresiones con ácido, cambios significativos para evitar que este tipo de ataques queden en la impunidad.

A un año del día que cambió su vida, María Elena Ríos Ortiz se reconoce como una mujer más sensible, pacífica, que trabaja a diario la empatía hacia los demás y hacia ella misma.

“Hasta que no te pasa algo, no te das cuenta de lo grave que estamos como país, de la falta de justicia y valores... yo he aprendido a valorar mi vida y a los que me rodean. Aprendí que de verdad vale la pena vivir, porque yo no me quería morir y decidí no morirme”.

En una carpeta de cartulina amarilla, la señora Martha Castillo guardaba este lunes siete carteles de papel duro. En cada cartel aparecía una cara distinta, unos rasgos, unos recuerdos. Son Manuel, Yaneth, Javier, Arturo, Rogelio, Adriana y Sergio. Son sus hijos y nietos. Todos desaparecieron entre 2013 y 2014 en Tamaulipas y la señora Castillo trata de saber qué fue de ellos.

Con 56 años y evidentes problemas de salud, Castillo es parte del colectivo de familiares de desaparecidos que se mantiene en la toma de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, en Ciudad de México. Llegó la semana pasada con sus compañeras. Y atestiguó con ellas la llegada del colectivo feminista Ni Una Más, que se ha hecho fuerte en la instalación. Los dos grupos comparten el espacio. Las primeras quieren soluciones para los casos de sus familiares desaparecidos. Apoyo económico en las búsquedas. Y sobre todo, respeto y empatía.

Para el colectivo feminista Ni Una Más -o colectiva, como se hacen llamar- la protesta de las víctimas de la violencia ha servido de plataforma para sus reivindicaciones, más genéricas que las de la señora Castillo y sus compañeras. Ni Una Más maneja un centro de acopio en la puerta de la CNDH y plantea convertir el edificio, un viejo caserón del centro histórico, en un refugio para mujeres víctimas de la violencia. Este lunes, sus integrantes han sacado a la calle los cuadros de cuatro próceres llenos de pintadas -José María Morelos, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Miguel Hidalgo- y los han colocado boca abajo, sobre la banqueta. “¡No estén llorando por ese cuadro, ese cuadro no siente!”, gritaba una de ellas, “¡las mamás que buscan a sus hijas sí sienten!”.

El dolor de estas mujeres atraviesa varios Gobiernos, sus promesas y aspavientos. No es cosa solo de la CNDH, o de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, o de la Secretaría de Gobernación. O del mismo presidente. Es una cuestión de fondo que, vistos los actuales niveles de violencia, parece difícil que cambie en poco tiempo. Son decenas de miles de víctimas de asesinato, desaparición o secuestro. Son ellos y sus familias, que dependen de la precaria economía de la atención a víctimas del Estado para sobrevivir y para fiscalizar la actuación de las autoridades, encargadas de hacer justicia.

Y es precisamente esa economía la que está en peligro. Al menos ese es el motivo que ha llevado a las mujeres a manifestarse en la CNDH y, finalmente, a tomarla. Una de las compañeras de la señora Castillo, Maria Icela Váldez, explica que el dinero que han recibido estos años para apoyar las búsquedas de sus hijos sobre el terreno -en fosas clandestinas- ya no les va a llegar. También peligran los apoyos que el Estado les ha dado en cuestiones de comida y alquiler. “Le están quitando el dinero a las víctimas, nos están quitando la posibilidad de encontrar a nuestros hijos. Le hago un llamado al fiscal, ¿por qué no investigan nuestros casos, por qué no quieren encontrar a nuestros hijos?”.

La toma de la CNDH es pues simbólica, no una queja dirigida a la institución, sino una llamada de atención, una muestra de hartazgo. De hecho, el grupo de Martha Castillo y Maria Icela Valdez mantienen a la vez un plantón en el hall de la CEAV. “Yo solo quiero que me ayuden a saber qué pasó con mi familia”, decía este lunes la señora Castillo. Su hijo Manuel desapareció en febrero en 2013 en Reynosa, en la frontera entre Tamaulipas y Texas. “Se lo llevaron policías estatales de un antro”, explicaba la mujer. Manuel tenía 19 años cuando sucedió. En noviembre del año siguiente desaparecieron los otros seis. Yaneth, su hija, Arturo, Javier y Rogelio, sus hijos, y Sergio Adriana, hijos de Yaneth y nietos suyos.

Hipertensa, este lunes la señora se sofocó a media tarde y tuvo que subir a una ambulancia estacionada junto a la CNDH. Maribel Medina, una de sus compañeras, terminó de explicar su historia. “A los seis se los llevaron de la casa de la hija -Yaneth-. Los trabajadores de un taller que había enfrente dicen que llegaron camionetas con gente armada y se llevaron, primero a Yaneth, un hermano suyo y sus hijos. Los otros dos hermanos de Yaneth habían salido por unas medicinas y cuando volvieron se encontraron todo el revoltijo. Ese mismo día más tarde, las camionetas volvieron y… se los llevaron también”.

Martha Castillo se arruinó. Los que se llevaron a los seis pidieron rescate y ella vendió lo que tenía y les pagó dos millones de pesos. Pero no aparecieron. Acudió a la fiscalía local, pero le metieron miedo. Le dijeron que “ya no los iba a encontrar, que ya estaban muertos”. Y no insistió. Luego conoció a Maribel y las demás compañeras y se agarró de ellas para tratar de encontrar justicia.

En el universo ideal, el reparto de una vacuna nueva y escasa, como la que eventualmente está en desarrollo para neutralizar el Covid-19, sería equitativo entre la comunidad de naciones. 

El antídoto, conforme a las guías publicadas por instancias como la Organización Mundial de la Salud (OMS), llegaría primero al personal médico, después a los más vulnerables (personas de la tercera edad y en riesgo por enfermedades crónicas), seguido por las poblaciones que habitan en focos de infección que no dan tregua; al final, el resto. 

Si la respuesta fuera igualmente coordinada, partiendo del principio de que el objetivo esencial es frenar la expansión del virus, la repartición sería con la mira a crear un aro de protección en torno a los puntos con mayor número de brotes, posteriormente seguirían doctores y enfermeras, población vulnerable, y los demás.

Todo indica que no será así. Por el contrario, la carrera por la anhelada vacuna desembocará en una contienda en la que los estados verán por sus propios intereses. El rompimiento de filas sobre quién obtiene primero la vacuna ya se refleja en los datos de instancias como la firma londinense Airfinity, los cuales muestran que son los países ricos quienes llevan la mano en la lista de pedidos a las farmacéuticas

Las naciones más prósperas han apartado más de 2 mil millones de dosis con las farmacéuticas que van en las fases más avanzadas. El pactar con varias compañías simultáneamente eleva las posibilidades de que serán los primeros en obtener la “pócima”, puesto que se estima que sólo 10% de las vacunas pasará del laboratorio a la fase de aprobación final. 

Si nos atenemos a las características demográficas de los países, el gobierno del británico Boris Johnson encabezaría la lista de pedidos con 300 millones de dosis, es decir, cinco vacunas por habitante. Le sigue la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, quien con su bandera de América Primero ha firmado contratos por 800 millones de dosis. La Casa Blanca está en posición de aumentar su solicitud, de poco más de dos por habitante a casi cinco. 

El gobierno del premier canadiense Justin Trudeau, cerró a finales de agosto acuerdos con dos compañías estadounidenses por hasta 114 millones de dosis, tres por habitante. 

La Unión Europea, en conjunto, ha sellado la compra de 300 millones de dosis con la farmacéutica AstraZeneca, con opción de adquirir 100 millones más. Sin contar las adquisiciones individuales de los 27 Estados miembros, por la vía comunitaria, estará garantizada la cobertura de una vacuna por cada ciudadano mayor de 13 años.

Japón también ha amarrado millones de vacunas, casi dos por cada ciudadano, seguido por Vietnam que ya tiene pedidos para cubrir la mitad de sus 95 millones de habitantes, pero con opción de triplicar la cuota. 

“Los australianos estarán entre los primeros del mundo en recibir una vacuna Covid-19”, reza un comunicado de la oficina del primer ministro de ese país, Scott Morrison, divulgado tras suscribir un acuerdo con la compañía AstraZeneca. “Con este acuerdo, todos los australianos (25 millones) podrán recibir la vacuna Covid-19 de la Universidad de Oxford de forma gratuita”, precisa. 

Suiza suscribió un acuerdo para la adquisición de 4.5 millones de dosis con Moderna y está en contacto con otras firmas. “Dado que serán necesarias dos dosis, podremos vacunar a 2.25 millones de personas”, dice la Oficina Federal para la Salud Pública. Suiza registra una población de 8.6 millones, alrededor de 18% tiene más de 65 años. 

Economías emergentes 

Más allá del bloque de las naciones más prósperas hay países en desarrollo que ya levantaron el dedo para apartar sus vacunas.

Destaca Indonesia, con contratos con diversas farmacéuticas equivalentes a 300 millones de dosis, 1.1 por habitante; así como el de Serbia, que ya puso sobre la mesa 500 millones de euros con miras a hacerse de la vacuna rusa.

El presidente serbio, Alek-sandar Vucic, dijo en julio que su país será uno de los primeros en hacerse de la vacuna a finales de noviembre o principios de diciembre.  

Anuncios de compras se han hecho además en América Latina, Israel y China, entre otros, aunque lejos están de ofrecer una cobertura universal para su población. 

Bajo la iniciativa global con la que se creó el Centro de Acceso Global a Vacunas (COVAX), la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene previsto garantizar que la vacuna llegue veloz a 172 países, más de la mitad de economías medianas y pobres, y que en conjunto suman 70% de la población global. Pero la meta de COVAX es producir 2 mil millones de dosis para 2021, equivalente a 0.37 por habitante de los países destinatarios. 

Desafíos 

Las fichas de las potencias ya están puestas sobre las farmacéuticas favoritas a resultar ganadoras en la ruleta del antídoto contra el coronavirus, integrada por un portafolio de 170 vacunas en desarrollo. No obstante, el atinarle a la farmacéutica ganadora no significará que los almacenes de los hospitales de las naciones más ricas sean abastecidos en automático. 

Incluso, aquellas clínicas que se encuentran en la punta de la fila deberán ser pacientes debido a los desafíos que supone tanto la fabricación como la ruta para que el producto final llegue al destinatario. 

En el más reciente boletín de la OMS, Melanie Saville, miembro de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), afirma que “para satisfacer la demanda de miles de millones de dosis de manera oportuna tenemos que comenzar desde ahora a desarrollar la capacidad de fabricación.

“Esto significa que deben establecerse varias plantas de producción para productos que tal vez nunca se fabriquen, un riesgo... Creemos que las instalaciones de fabricación existen, pero deben adaptarse a la fabricación de las vacunas contra el Covid”.

A este desafío, continúa la médica especializada en virología, con 20 años de experiencia en el desarrollo y aprobación de vacunas, añade otros relacionados al empaquetado, etiquetado, licencias y canales de distribución. 

Al ser cuestionada sobre la decisión de varios países de seguir su propio camino, haciendo acuerdos bilaterales que comprometen al fabricante, dice que es natural que cada país quiera proteger a su población, pero en un contexto de pandemia como en el que nos encontramos, los acuerdos bilaterales presentan algunas desventajas importantes.  

“Primero, excluyen a los países que no están en condiciones de hacer arreglos bilaterales, dejando a gran parte de la población mundial al margen. En segundo lugar, los acuerdos bilaterales que se centran en una o dos vacunas exponen a estos países al riesgo de que apoyen al candidato equivocado. En esta etapa todavía no conocemos el candidato que tendrá éxito”. 

De llegar la vacuna, vaticina que habrá escasez en 2021, por lo que considera vital que desde ahora la comunidad internacional establezca un sistema que garantice la justa repartición. “Necesitamos asegurarnos que las personas que necesitan la vacuna la reciban, porque habrá escasez durante algún tiempo”.

 
 
 
 

Son cerca de 72 mil estudiantes de preparatoria y licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 20% del total de la matrícula estudiantil, quienes están en peligro de abandonar sus estudios tras la pandemia por el Covid-19 o ya se dieron de baja para el ciclo escolar que comenzará el 21 de septiembre próximo, alertó el secretario General de la institución, Leonardo Lomelí Vanegas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que 10% son quienes están en riesgo y entre 10% y 12% quienes se tuvieron que dar de baja para el próximo semestre y que “por el momento” no pueden tomar clases. 

Los principales desafíos a los que se enfrentan sus alumnos, especialmente los de contextos más desfavorecidos y los que vienen a estudiar de otros estados,  son la situación económica de sus familias, la falta de equipo y conexión a internet para tomar sus clases en línea, y los problemas emocionales que enfrentan derivados del confinamiento.

Adelantó que el próximo semestre arrancará el 21 de septiembre, pero que será completamente en línea y no en una modalidad híbrida, como se había anunciado hace meses, y que difícilmente se podrán reanudar este año las actividades presenciales o semipresenciales.

¿Se mantiene el 21 de septiembre como la fecha para regresar a actividades semipresenciales en la UNAM?

—Sí, pero serían en línea.

¿No regresarán al esquema presencial?

—En lo que resta de este año lo más probable es que no. Tendríamos que llegar a semáforo verde, pero se ve muy remoto. No lo podemos descartar en la medida que veamos la evolución de la epidemia, pero aún si hay semáforo verde la Universidad haría su evaluación y tendríamos que planear cómo usar las instalaciones y organizar la docencia para que sólo viniera un tercio de la población escolar.

Son nueve meses con la Universidad cerrada, ¿qué representa para la comunidad?

—Un gran reto de mantenerla unida aunque físicamente no pueda estar congregada. Ha sido una experiencia que nos va a marcar a todos; así como con el terremoto de 1985, esta generación quedará marcada por la emergencia sanitaria. Pero también nos da la oportunidad de reflexionar cuáles serán las mejores formas de apoyar a la comunidad estudiantil. Para que la Universidad siga caminando necesitamos encontrar la manera de sumar a todos y que nadie quede fuera.

¿Cuál es el diagnóstico de la situación de los estudiantes?

—En bachillerato, 11.4% de los estudiantes no presentó y 8.8% no aprobó, 8% más que el año anterior. En licenciatura, tenemos 4% de no aprobados frente a 14% de no presentados. Es un incremento de 4% o 5% de lo que se observa en otros años.

¿Cuántos de sus estudiantes están en peligro?

—Varía mucho de un nivel a otro, pero entre 60% y 90% de los estudiantes cuentan con laptop o tablet para hacer sus tareas, y 70% tiene conexión a internet. Nos preocupan quienes no los tienen. En promedio es 20% de toda la población estudiantil, entre bachillerato, licenciatura y posgrado.

¿Son ellos quienes están en riesgo de dejar la escuela luego de la pandemia?

—En principio creemos que es 10% de la población.

¿Han tenido bajas?

—Instrumentamos un mecanismo de excepción en el cual se pudieron dar de baja los alumnos que consideraron que no tenían condiciones para acreditar sus materias, prácticamente hasta el final del semestre. Aunque no se dieran de baja el semestre anterior, y probablemente haremos lo mismo para este semestre, no contará para efectos de regularidad. Esto quiere decir que no se les aplicarán los tiempos reglamentarios para concluir la carrera; tampoco para los estudiantes del bachillerato, para que puedan ejercer su pase reglamentado.

¿Cuántos estudiantes se dieron de baja?

—La mayoría hizo un esfuerzo por acreditar y lo logró, pero tenemos cerca de 10%, en algunos casos hasta 12%, que están en riesgo por el momento de no poder tomar las clases. No queremos que sea por no poder acceder a ellas. También por eso se mantienen las becas monetarias. Nos preocupan los estudiantes que no siguen, no porque no tengan acceso a las clases, pero que las condiciones familiares se tornaron adversas por la situación económica.

¿Qué factores suman a la deserción escolar?

—Nos preocupa más en bachillerato y si sumamos a los de licenciatura es mayor. Hay quienes no están en condiciones de seguir por la situación económica de sus familias, los estudiantes foráneos a quienes sus familias ya no pueden sostener aquí en una situación de crisis y otro factor de deserción, no menor, pero que se ha agudizado con la crisis sanitaria son los problemas sicológicos; son alumnos que necesitan apoyo para no desertar.

¿Cuál es la dimensión humana de que un joven se vea obligado a truncar su vida académica?

—Es una tragedia, siendo tan difícil entrar y tener la oportunidad, no poder seguir por un entorno familiar que se vuelve muy complicado por la crisis económica, por la falta de acceso a las tecnologías que le permitan seguir sus clases o por problemas emocionales propios.

¿Qué les diría a los estudiantes que están en riesgo de dejar la escuela?

—Que hagan el esfuerzo por seguir estudiando, pero que, en el peor de los escenarios, si están enfrentando una situación compleja aprovechen la oportunidad de que este año no contaría en sus historias académicas si se dan de baja temporal y que posteriormente reanuden sus estudios.

Lo ideal es que no se vayan, que sigan estudiando y aunque sea inscriban una materia. Es importante mantener el vínculo, pero si enfrentan una situación difícil tómenlo como algo temporal, no se rindan, dense una tregua, pero regresen en cuanto mejore su situación. Haremos todo lo posible para que no se vayan y esperamos que no se vayan.

¿Cómo van a abordar esta problemática?

—El rector nos ha instruido a que organicemos con las facultades de Medicina y Psicología y con las FES Iztacala y Zaragoza un programa más amplio de atención sicológica.

A poco más de un mes de que se aprobó en el Congreso de Oaxaca, ya entró en vigor la adición del Artículo 20 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la cual se prohíbe la venta y suministro de productos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad, conocidos como “comida chatarra”, lo anterior luego de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

La adhesión de este artículo, aprobada con 31 votos a favor por los integrantes de la 64 Legislatura, fue propuesta por la diputada morenista Magaly López Domínguez, quien aseguró que este hecho “representa un gran avance en la lucha para erradicar grandes problemas de salud pública: la obesidad y diabetes en las niñas y niños.

“En Oaxaca uno de cada tres niños padece problemas de sobrepeso, lo que deriva en este tipo de enfermedades crónico degenerativas”, señaló la legisladora al anunciar que en Oaxaca la prohibición de vender de manera directa productos “chatarra” a menores de edad ya es ley.

“Hago un llamado al gobernador Alejandro Murat a cumplir con lo mandatado en la ley, y realizar a la brevedad, una campaña de socialización del contenido de la misma, a fin de que los ciudadanos tomen conciencia sobre la importancia de que los niños y niñas consuman alimentos nutritivos y tengan hábitos saludables en su día a día”, señaló la impulsora.

La publicación del Decreto 609, con el que se agrega el artículo bis a la ley, se dio el pasado 5 de agosto, pero fue hasta este lunes que se dio a conocer y se hizo público.

“Agradezco el apoyo y participación por parte de la ciudadanía en la construcción de esta medida jurídica”, señaló la diputada, quien destacó que “en todo momento se escucharon las posturas del sector empresarial, con la finalidad de puntualizar que esta ley no atenta contra los pequeños comercios, que expenden dentro de sus productos refrescos y alimentos con alto contenido calórico”.

Lo anterior lo aclaró la legisladora luego de que el sector empresarial y comercial tanto de la entidad como a nivel nacional, encabezado por la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) entregó más de 30 mil firmas al gobernador Alejandro Murat, solicitando frenar la iniciativa. Además, lanzaron la campaña “Prohibido prohibir”.

Ante ello, López Domínguez celebró que “se privilegie la salud de la niñez por encima del intereses económicos de las grandes industrias, que buscan enriquecerse a costa de la salud de la población”.

La iniciativa aprobada en Oaxaca contó con la simpatía de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal y vocero del avance de la pandemia de Covid-19 en el país.

Además, desató una ola de propuestas similares en al menos 24 estados, según Coparmex, de los cuales en Tabasco ya fue votada y aprobada, siguiendo de esa manera los pasos de Oaxaca y convirtiéndose en el segunda entidad con una prohibición similar.

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Escritores de Puebla podrán ver publicadas sus obras con el concurso Letras confinadas
 

La comunidad literaria de Puebla podrá poner a concurso sus novelas, cuentos y poesía, mismas que, de resultar seleccionados podrían ver publicadas con mil ejemplares que serán distribuidos por la Secretaría de Cultura (SC) estatal. 

Se trata de la convocatoria Letras confinadas que fue lanzada en esta contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, como un apoyo a los escritores y poetas de la entidad.  

Organizado por la dirección de Fomento Cultural de la SC mediante el Programa de Apoyos a la Cultura, en su vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura, el concurso de publicación de obras para novela, cuento y poesía está vigente hasta el 16 de octubre del presente año. 

En dicho certamen se seleccionarán tres obras de cada género literario participante -realizadas por escritores poblanos o residentes de la entidad- que se premiarán con la publicación e impresión de mil ejemplares de cada una de manera gratuita. 

Los autores deberán presentar libros inéditos de temática libre, con extensión de 90 a 120 cuartillas para novelas, de 80 a 100 cuartillas para cuentos y de 70 a 90 cuartillas para poesía.  

Los escritos deberán enviarse al correo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., junto con la documentación requerida en la convocatoria. 

Las bases completas están disponibles en el sitio web sc.puebla.gob.mx.  

Los resultados se darán a conocer el 16 de noviembre, mediante la página oficial de la dependencia y a través de sus redes sociales: Secretaría de Cultura de Puebla en Facebook y @CulturaGobPue en Twitter. 

La pesadilla de la pandemia es hoy madre de muchas tragedias. Pero, además, de un negocio aún más rentable para quienes siempre han explotado a los más débiles.

Hoy, en medio de las batallas entre quienes buscan sacar rédito político de la pandemia, el drama de miles de familias que luchan por encontrar sustento y la migración de millones que huyen del caos, el desempleo y la miseria, las organizaciones criminales con ofertas de paraísos imposibles en el norte y los gobiernos que responden con el cierre de fronteras, son hoy los principales responsables de este calvario infernal.

Según la Oficina Internacional de las Migraciones, durante 2019 un mínimo de 810 personas mientras cruzaba desiertos, ríos y áreas remotas de las diferentes rutas migratorias del continente americano, convirtiendo a ese año en el más letal desde que se lleva ese tipo de registro.

Los datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de esta Organización para el hemisferio occidental compilan las cifras oficiales de los Gobiernos y las Organizaciones No Gubernamentales, así como los reportes de la prensa.

La OIM empezó a documentar las muertes de migrantes en América en 2014 y, de entonces, a la fecha ha dado cuenta de más de 3800 decesos, con 2019 como el año más fatal.

Además, según el informe de la Oficina del Trabajo Internacional en Ginebra, el trabajo forzoso afecta hoy a 25 millones de personas y produce un estimado de 150 mil millones de dólares al año , lo que lo convierte en “uno de los delitos más rentables del mundo”.

Los principales beneficiarios de esta industria de trata de personas son organizaciones criminales, grupos terroristas y armados, empresarios y regímenes abusivos que socavan el tejido social mientras obtienen enormes ganancias.

Paradójicamente, la explotación de millones en el mundo desarrollado, se ha convertido hoy en el último reducto de la “estabilidad financiera” para millones de familias y para gobiernos que, como el de México, ven estas remesas el más eficaz remedio para combatir la pobreza y reducir la presión social.

El colapso económico atizado por la pandemia ha agravado este éxodo de desesperanza y explotación.

Aunado a ello, Cuando los cierres de fronteras bloquean los viajes, los sobrevivientes que escapan de sus traficantes se encuentran varados en campamentos o refugios fronterizos donde pululan las enfermedades, los abusos oficiales y del crimen organizado.

Ahí está el caso de la frontera de México con Estados Unidos que se ha convertido en una franja de refugiados tras la implantación del Programa Permanezca en México, una de las grandes concesiones del gobierno mexicano al presidente Donald Trump.

En medio de trámites engorrosos y largas esperas para lograr un estatus como refugiado en EU, aumentan la probabilidad de que los trabajadores migrantes acepten ofertas de trabajo potencialmente fraudulentas para sobrevivir.

Hoy, distintas organizaciones calculan que una de cada cuatro víctimas del trabajo forzoso ya era un trabajador migrante antes de la pandemia; ahora, muchos más son potencialmente vulnerables a la trata y la explotación.

El poderío militar, recortes en los gastos en atención a la salud, migración, superioridad, nacionalismo y apostar por la inteligencia artificial y la biotecnología, son los planteamientos de Donald Trump, en su estrategia por alcanzar la reelección como presidente de Estados Unidos, afirmaron expertos de la UNAM.

Si continuara como presidente, mantendría su lógica nacionalista fuera del sistema de organizaciones internacionales, y un liderazgo basado en el poder militar, señaló Alejandro Chanona, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), en el encuentro virtual “Las propuestas para la reelección de Donald Trump”, organizado por esa entidad académica.

Uno de los pilares que mantendrían su estrategia de seguridad nacional sería la protección de los estadounidenses y de la patria contra cualquier amenaza; otro sería promover la austeridad en el plano económico y, finalmente, preservar la paz a través de la fortaleza militar, nuclear, espacial y la inteligencia, para mejorar la imagen de su país ante el mundo.

Mientras los demócratas procuran en sus discursos corregir los errores del pasado, Trump (republicano) apela a un sentimiento nacional acompañado de un discurso religioso, en relación con una nación, dijo.

“Make America great again” es el eslogan político del mandatario, y hay pocos tan claros y efectivos como éste, consideró Armando Basurto, posdoctorante de la FCPyS. Con esta frase se pone en el centro la idea de que la decadencia del gran imperio es un mito.

No obstante, “es interesante porque podría ser resultado de contradicciones: por un lado son grandes, pero por el otro tienen que volverse grandes. En su discurso de política exterior no aparecen los contextos excepcionales históricos que ha enfrentado EU, sino la superioridad moral, técnica, política, militar y económica. Para él liderazgo significa ser superior a los demás”, comentó.

Al referirse al tema de la migración, Tomás Muñoz, académico de la FCPyS, indicó que Trump emitió un documento que enumera 19 logros, donde categoriza la política migratoria en tres elementos: de contención para evitar que llegue una mayor cantidad de inmigrantes (documentados e indocumentados), criminalización constante en su discurso y acciones hacia las minorías, así como la imposición en materia de política exterior hacia México y Centroamérica.

“Uno de sus grandes objetivos era construir un muro en la frontera, que fue un fracaso porque entre México y EU existen más de tres mil kilómetros de frontera compartida y hasta el momento se han edificado sólo 100 kilómetros, aproximadamente. Él reitera que está en contra de la inmigración documentada, aunque sus abuelos fueron inmigrantes”, enfatizó.

En este contexto, la Unión Americana ha tenido éxito en agilizar las deportaciones: en 2019 expulsaron a 267 mil personas; sin embargo, ese mismo año México detuvo a 186 mil 750 migrantes, lo que significa que está haciendo el “trabajo sucio” por los estadounidenses, dijo.

Además, el vecino del norte “ha reducido el ingreso de refugiados y asilados, y con ello ha violentado una serie de normatividades internas y compromisos internacionales. En el último año de Obama, las cifras de refugiados superaban los 80 mil; en 2019, Trump abrió espacio para 30 mil; y para 2020 se redujo a 18 mil”.

Hacia su reelección, propone el pago del muro a través del peaje a automovilistas que van de México a ese país, “lo que pudiera ser factible, pero traería repercusiones económicas serias ante un escenario de pandemia, donde lo que más se necesita es reactivar el comercio”.

En su oportunidad, Samuel Ortiz, de la Facultad de Economía, expuso que “en su plan económico 2021-2024, Trump establece el proyecto de ley de infraestructura de dos billones de dólares, como parte del próximo paquete de ayuda por la crisis sanitaria, así como acelerar la inteligencia artificial, las ciencias de la información cuántica, la fabricación avanzada y la biotecnología”.

También propone extender la Ley de Recortes de Impuestos y Trabajos más allá de 2025, y otorgar créditos fiscales para el programa de Becas para la Libertad de la Educación. Y en el tema de salud, recortar los gastos de atención médica durante la próxima década, en particular en los programas Medicaid (900 millones de dólares) y Medicare (450 mil millones de dólares).

Mientras el candidato a la presidencia Joe Biden plantea reparar la reputación de Estados Unidos trabajando con las naciones aliadas para hacer frente a China, Trump sugiere hacer mejores acuerdos comerciales para crear empleos, proteger la propiedad intelectual y a los productores nacionales.

De igual manera, proyecta apoyar el surgimiento de Estados Unidos como uno de los principales productores de energías (no renovables), y disminuir para 2021 el presupuesto para el Departamento de Educación, que será de 66.6 millones de dólares, ocho por ciento menos con respecto a 2020.

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Cultura

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